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2/11/08

El capitán por su boca muere o La piedad de Eros. Ensayo sobre la mentalidad de un torturador.



En 1996, un artículo denunciaba como torturador, durante la dictadura, al Capitán de Navío (R.) Jorge N. Tróccoli. Días después éste respondía con una carta abierta y se sucedieron entrevistas en la prensa. Ese mismo año Tróccoli publicaba un libro. Lo dicho y escrito por el militar, "aporta un material de enorme valor, dado que es el único testimonio de un protagonista del terrorismo de Estado en Uruguay... lo que dijo y cómo lo dijo, será el objetivo de este ensayo... trataremos de escuchar, al pie de la letra, sus declaraciones y pensamientos" afirma D. Gil. Y se plantea -y aporta elementos de respuesta-: "¿cómo es posible que un hombre pueda infligir sufrimiento a otro, incluso hasta matarlo? Y esto, no presa del odio, de la pasión, sino en el marco del cumplimiento de una función. ¿Es posible hacer sufrir al otro, al prójimo, sin maldad, es decir sin odio? En otros términos: ¿el mal es banal?" Daniel GIL, psicoanalista, entre otros ha publicado, "El yo herido" (Trilce, 1995), "Sigmund Freud y el cinturón de castidad" (Trilce, 1997) y compiló "Antiguos crímenes" (Trilce, 1994).

7/9/08

El aparato paralelo de la CIA - Clara Aldrighi

Fragmento del libro inédito de Clara Aldrighi

La intervención de Estados Unidos en Uruguay a través de la CIA, las revelaciones del ex agente Bardesio al MLN, la creación del Escuadrón de la Muerte, a partir de la ejecución de Dan Mitrione, son relatados por la historiadora Clara Aldrighi, en un libro aún inédito, del cual se transcribe un fragmento: "En los dieciocho meses que van desde agosto de 1970 a abril de 1972, el accionar de la guerrilla ocupó un lugar preponderante en la escena política. Así lo revelan los informes policiales y la prensa de la época, los debates parlamentarios y demás fuentes públicas. Las acciones y reacciones se sucedían a ritmo vertiginoso. Detrás de la escena, no obstante, iban ocurriendo cambios decisivos. En forma sostenida, invisible para la opinión pública y el Parlamento, la estación de la CIA multiplicó sus efectivos. Comenzaron a llegar decenas de funcionarios, algunos adscritos a las distintas secciones de la embajada, otros con cobertura no oficial. El equipo de Seguridad Pública mantuvo sus dimensiones reducidas. Pero su trabajo fue apoyado por decenas de hombres de la CIA. A tal punto que tres años más tarde, al iniciarse el proceso del golpe de Estado en febrero de 1973, el primer secretario Frank Ortiz comunicó a Washington que afortunadamente había llegado la hora de reducir el número de funcionarios de la misión, absolutamente desproporcionado en relación al tamaño del país, al volumen del intercambio comercial y a las inversiones estadounidenses. En agosto de 1970 las personas rentadas por el gobierno de Estados Unidos que cumplían funciones en la embajada eran 110; dos años más tarde, en 1972, su número ascendía a 363. Entre ellos, aproximadamente 150 pertenecían a la CIA o la DIA -informaba Ortiz- y podrían en la nueva situación ser devueltos a casa.

En el otoño de 1971, algunas de estas personas formaron otro grupo, más selecto y secreto, que dio comienzo a las ejecuciones y desapariciones de militantes de las organizaciones guerrilleras. La elección de las primeras cuatro víctimas (Abel Ayala, Manuel Ramos Filippini, Héctor Castagnetto e Ibero Gutiérrez) mantuvo una relación, directa o indirecta, con el caso Mitrione. También la elección de las personas ejecutadas durante las represalias del 14 de abril de 1972 estuvo, muy probablemente, relacionada con el caso. Los ataques efectuados por la DNII en las fincas de Amazonas y Pérez Gomar fueron proyectados y supervisados por los instructores estadounidenses de la Policía que habían sucedido a Mitrione, que prepararon, también, el carácter (que definen "devastador") de los operativos. Entre los atacantes se hallaban por lo menos dos integrantes del escuadrón de la muerte, el inspector Víctor Castiglioni y el comisario Hugo Campos Hermida. Mucho de lo que sabemos sobre el escuadrón proviene de fuentes internas a la red, de informaciones suministradas por los propios terroristas. Las revelaciones más conocidas son las declaraciones de Nelson Bardesio al MLN, durante su secuestro en la cárcel del pueblo, entre el 24 de febrero y el 15 de mayo de 1972. Algunos de los miembros del escuadrón fueron posteriormente identificados como agentes de la CIA. Entre ellos, como se dijo anteriormente, el propio Bardesio". (Extracto del borrador del libro inédito "La intervención de Estados Unidos en Uruguay (1965-1973)- Tomo II", de la historiadora Clara Aldrighi, presentado como prueba judicial).

22/8/08

El 68 uruguayo - Hugo Cores




Inicialmente este trabajo se propuso abordar las relaciones del movimiento obrero con la crisis política entre los años 1968 y 1973. Con ese contenido se editaron, en San Pablo (1984), en forma bastante rudimentaria alrededor de 500 ejemplares.

Ese material primario destinado a los compañeros que impulsaban la reorganización del movimiento obrero después de la dictadura, formaba parte de un proyecto más amplio que intentaba abarcar los aspectos más significativos de la historia del movimiento obrero desde los inicios de la Guerra Fría en 1947 hasta el final de la dictadura en 1984.

De este plan hasta ahora sólo se logró cumplir el primer tramo: “La lucha de los gremios solidarios 1947-1952″.

Trabajando en el país, hemos reunido documentación sobre el curso del Sindicalismo en los años siguientes En función de los debates planteados más recientemente decidimos separar el tratamiento del año 1968 del resto de esos años críticos

Lo hicimos así en el entendido de que los cambios producidos en el gobierno semi-dictatorial de Pacheco constituían un corte profundo en la historia del Estado y de la sociedad uruguaya y marcaban definitivamente el fin de una época caracterizada por determinados equilibrios y contradicciones.

En estas páginas, junto a los documentos de la época daremos nuestra Opinión sobre las orientaciones políticas y sindicales que prevalecieron en el movimiento obrero y sobre aquellas no tan influyentes, que estuvieron presentes contribuyendo a componer el intrincado haz de acontecimientos y problemas que se sucedieron vertiginosamente.

Entendemos que las luchas sindicales y políticas que se desarrollaron en esos años, contuvieron elementos que deben ser valorados no solo como aciertos o errores “prácticos”, sino que esas decisiones existían puntos de referencia teóricos, de concepción política, que es interesante examinar.

La encrucijada de los años 60, como todo acontecimiento histórico, es irrepetible en su contingencia, en su singularidad.

Sin embargo, examinar aquellos errores puede contribuir a pensar la realidad actual deslastrados de algunas concepciones que la experiencia de las luchas obreras y socialista ha puesto en evidencia: las simplificaciones estrategistas, el foquismo, la aversión a la política, la retórica que, con el peso aplastante de palabras prestigiosas, que gratifican más por el aire familiar, ya oído, de su verbalización que por su contenido como guía para la acción, actúa como una especie de cáscara protectora que obstaculiza pensar lo nuevo, registrar los matices y discutir francamente.

Examinar también los bloqueamientos y derrotas a que conduce la adopción de conductas adaptativas, noveleras o conciliadoras, disfrazadas de “realismo” ante relaciones fuerza desfavorables, atajos de derecha tales como exagerar el carácter nacional y hasta asignarle vocación antiimperialista a alguna fracción de la burguesía o “descubrir” la existencia de aliados en los mandos de las Fuerzas Armadas del sistema.

En cuanto a la izquierda, en aquellos años se produjo una cambio fundamental: de un modo u otro la mayor parte de las organizaciones y no sólo el MLN entendieron que había que prepararse para la violencia revolucionaria. Tal como surge, no ya de “confesiones” (post facto) sino de la prensa de la época, tal como se verá en este trabajo, no sólo los partidos sino también una parte considerable de la intelectualidad, incluyendo a las iglesias, creyeron en la necesidad y la viabilidad de una estrategia de conquista del poder a través de la lucha armada.

Visto desde 1997 uno puede aquilatar la desmesura de esa “intención revolucionaria”. También es preciso analizar esto con honestidad intelectual, disposición bien distinta a la de muchos “arrepentidos” que hoy critican el “izquierdísmo” del 68 procurando blanquear un pasado que los llevó a predicar la lucha armada si no antes por lo menos en la misma época que empezaron a hacerlo las organizaciones que posteriormente se comprometieron con esa línea de acción. Si el lector tiene paciencia suficiente para transitar estas páginas quizás se sorprenda de la flamígera prosa que en los 60 exhibían algunos de los actuales intelectuales orgánicos de la derecha. Seguramente ninguno de ellos celebrará esta memoria.

Nuestro trabajo tiene como campo de investigación principal, aunque no único, lo que ocurre en el movimiento sindical.

Como se verá, la importancia adquirida por los sindicatos en ese período, los convierte en protagonistas fundamentales no solo de las luchas sociales sino de las grandes confrontaciones políticas. Eso explica también los debates internos y la pugna entre las varias organizaciones o tendencias políticas que procuran gravitar en su conducción.

Al mismo tiempo, el cambio de actitud de las clases dominantes con relación al movimiento sindical, es una característica del período. El reajuste conservador de la economía y de la sociedad, la brusca redistribución del ingreso en favor de los capitalistas exigieron. y así se hizo, una verdadera reestructura del Estado orientada a excluir, neutralizar o reprimir al movimiento obrero.

En la medida que en el trabajo se aborda también la crisis del sistema político, hemos incorporado el examen no solo de las líneas de acción política de las organizaciones partidarias, incluyendo a los partidos tradicionales, sino también indicios acerca del estado de ánimo de distintas capas sociales expresados a través de algunas de sus manifestaciones culturales.

Dada su vinculación con todas las formas que asumió la lucha popular, inclusive la acción armada, pareció interesante rastrear la evolución de la Iglesia uruguaya que conoce lo que entonces se llamó una “inesperada primavera”.

Para todo este recorrido resultaron imprescindibles las páginas de “Marcha”, que recogió con amplitud y agudeza lo principal del pensamiento y el acontecer político de esos años,

En cuanto a otras fuentes, el lector notará que en muchos temas que resultaban (y resultan) polémicos hemos registrado no sólo las posiciones de los protagonistas de izquierda sino también de quienes no participaban de esa visión o de quienes comulgando con ella entonces, a veces hasta en forma radicalizada, hoy aportan su concurso a los partidos en el gobierno.

Casi treinta años después de los acontecimientos todavía no se ha terminado de disipar “la polvareda” que ensombrece siempre la visión de un pasado demasiado reciente. No obstante, las expresiones de creatividad heroísmo, sacrificio y tenacidad evidenciadas por la clase obrera y el pueblo uruguayo a lo largo de ese período merecen algo más que el olvido o la caricatura.

Además deben tenerse en cuenta, para recobrar o desechar como componente imprescindible para pensar nuestro presente, las formas cómo se reflexionó en aquellas circunstancias, los conceptos, los sustentos teóricos de las estrategias ensayadas y que siguieron orientando las acciones de la izquierda durante los años siguientes Ese será el objeto de otro trabajo que abarcará el período que va de 1969 a 1973.

El año 68 mostró dos aristas de un movimiento histórico; por un lado, la resistencia ante el crecimiento del autoritarismo y a la vez instaló el debate acerca de las posibilidades, desde esa resistencia, de una revolución socialista en el Uruguay tal como muestra el texto de Carlos Quijano del 10 de mayo de 1968 que transcribimos a continuación:

Creemos por otra parte, y asimismo lo hemos repetido hasta el cansancio, que la verdadera “salida” exige, sin duda, un cambio del sistema. El “sistema “, como tal, sólo puede lograr soluciones parciales que nos permitan sobrevivir con resguardo de ciertas libertades esenciales. No ignoramos que éste es el punto crucial de ciertos debates; pero tenemos el convencimiento de que hoy aquí para repetir la manida consigna, Uruguay no puede realizar un cambio de sistema, no puede, solo, débil, circundado por enemigos alertas, y todavía poderosos, intentar una experiencia socialista cabal, cumplir una revolución socialista.

Pudo la URSS con 23 millones de kilómetros cuadrados en condiciones históricas muy particulares, realizar a través de ingentes sacrificios, y dos guerras, una revolución de ese tipo. Pudo Cuba, en una coyuntura histórica también especial, lanzarse a la gran experiencia en la cual está inmersa. La situación de Uruguay no es la de Rusia, pero tampoco es la de Cuba y creemos que incurren en un grave error, error de visión y perspectiva, aquellos que consideran que la historia puede repetirse. No ignoramos las críticas y hasta las burlas, que convencimiento semejante provoca en algunos sacudidos por generosas impaciencias y en otros, ebrios de retórica que se descubren, entre el alba y el crepúsculo de un día, una vocación de revolucionarios y se niegan a comprender que nos espera una larga y sufrida marcha; que la historia no se hace en una noche; que el salto exige preparación y oportunidad; que nos ha sido atribuida, por ahora la noble, limpia, y humilde tarea de ir armando a los cuadros y las gentes, en el combate diario y por la elaboración de la teoría, para las batallas decisivas y que tenemos el deber, el muy difícil deber, de no perder nunca de vista el objetivo, cualesquiera sean los confusos vapores que emanen de los hechos y los naturales desfallecimientos y errores. Siempre el mismo rumbo. Siempre el mismo propósito. Siempre la misma voluntad. Y cada vez más ricos de experiencia. Conocimiento constante de la realidad; interpretación proba y sin pausa afinada, de la misma para transformarla. El tiempo, sin la ayuda del cual todo corre peligro de abortar; trabaja a favor de esa transformación; pero hay que ayudar al tiempo”.


(”Esta angustia colectiva”, Marcha, 10/5/68. Los subrayados son nuestros).

Este libro fue publicado por Banda Oriental en setiembre de 1997.

Leer el libro completo: El 68 uruguayo - Hugo Cores

11/8/08

15 días que estremecieron al Uruguay - Alvaro Rico


227 documentos; 129 testimonios; 79 fotografías de lo que sucedió en los 15 días que estremecieron al Uruguay. ¿Qué hace el estado en un golpe de Estado? El comportamiento de los gobernantes, políticos y militares; las negociaciones; discursos y decretos; la disolución de las Cámaras y la nueva institucionalidad; la represión y las medidas sociales. Qué hace la sociedad movilizada? La huelga general y las ocupaciones; los documentos sindicales, volantes y polémicas; la Universidad, los estudiantes y las organizaciones sociales; las parroquias y los barrios; el interior del país; el contexto regional y mundial; la solidaridad internacional. Qué hace la “otra” sociedad? Las inercias y rutinas sociales; el fútbol del fin de semana, la selección y los espectáculos; Miss Uruguay, el abastecimiento de comida y el Montevideo nocturno; las noticias sociales y los programas de TV; y los titulares de los diarios. A poco más de tres décadas del golpe de Estado y la huelga general , esta ambiciosa investigación rescata y ordena cronológicamente una cantidad de hechos históricos, documentos y testimonios que reconstruyen las vivencias de los protagonistas de aquellos 15 días que estremecieron al país y cuya onda histórica expansiva nos llega hasta hoy día. Un libro imprescindible para entender el presente de los uruguayos.

7/7/08

Los fusilados de abril


En ""Los fusilados de abril", de oportuna reedición, la escritora Virginia Martínez reconstruye minuciosamente las dramáticas circunstancias que rodearon al salvaje asesinato de ocho militantes comunistas por parte de las fuerzas represivas, en la pesadillesca jornada del 17 de abril de 1972.

En este documentado libro, la autora recrea una escenografía de terror, instalada en uno de los tiempos más sangrientos de nuestra historia contemporánea.

Apenas algo más de un año antes del golpe de Estado, nuestro país se debatía en cruentos enfrentamientos, violencia política y una estremecedora escalada represiva contra el movimiento popular, los partidos de izquierda y los sindicatos.

Juan María Bordaberry continuó con la política del garrote inaugurada a fines de 1967 por Jorge Pacheco Areco, gobernando ­aún antes de la ruptura institucional­ mediante medidas prontas de seguridad, suspensión de garantías individuales, masivos encarcelamientos, torturas, ilegalización de organizaciones políticas y sociales y censura de prensa.

La luctuosa jornada del 14 de abril de 1972, apenas dos meses después de la asunción del mandatario colorado, fue el comienzo de uno de los tramos más duros del proceso que condujo a nuestro Uruguay al abismo autoritario.

La reveladora crónica de Virginia Martínez da cuenta de las convulsas horas que se vivieron ese día, desde los mortales atentados guerrilleros contra militares y civiles vinculados al aparato represivo del Estado, hasta los asesinatos perpetrados por las denominadas fuerzas conjuntas.

En el marco de ese auténtico caos, un episodio marcó a fuego el tortuoso itinerario de nuestro país rumbo a la dictadura: la toma por asalto de la sede central del Partido Comunista por parte de un comando armado del escuadrón de la muerte.

El patético episodio evidenció la impunidad con la que ya operaban los grupos de ultraderecha y el odio visceral que por entonces devoraba a la sociedad uruguaya.

Mediante numerosos testimonios, la escritora recrea todo lo sucedido en el local del PCU, mientras ­paradójicamente­ en el Palacio Legislativo, la Asamblea General debatía una propuesta del gobierno para la declaración de guerra interna.

Desarrollando dos relatos paralelos, la autora describe el estupor experimentado por los militantes comunistas que padecieron la ilegal agresión -que jamás fue investigada por el gobierno de la época- y la tensa sesión legislativa.

Virginia Martínez retrata la claustrofóbica atmósfera de ese 14 de abril, salpicado de enfrentamientos armados y graves denuncias parlamentarias, que ­mediante pruebas irrefutables­ pusieron al desnudo las actividades y delitos cometidos por las organizaciones fascistas que operaban en el país.

Uno de los planteos más enérgicos fue el del senador frenteamplista Zelmar Michelini -asesinado cuatro años después en Buenos Aires- quien advirtió que se avecinaba un auténtico baño de sangre.

Las acusaciones están registradas en las actas parlamentarias. De estos documentos surge nítidamente la responsabilidad, directa o indirecta, del gobierno de Bordaberry.

Según Virginia Martínez y otros testimonios recogidos en esta obra, el copamiento de la sede central del Partido Comunista fue una suerte de ensayo de la posterior masacre perpetrada en el seccional 20 de dicha fuerza política de izquierda.

La aprobación de facultades excepcionales al Poder Ejecutivo arrojó aún más leña al fuego, permitiendo a militares y policías actuar con absoluta discrecionalidad y desarrollar operaciones sin previa orden judicial.

La pesadilla registrada en este libro testimonial, transcurrió entre el domingo 16 y la madrugada del 17 de abril de 1972, cuando ocurrió efectivamente la masacre.

El relato, de trazo realmente desgarrador, es una auténtica crónica del espanto, que denuncia la barbarie del monstruo autoritario que ya crecía en el vientre de la sociedad uruguaya.

La narración registra, hora por hora, lo sucedido el domingo previo al genocidio, cuando el seccional 20 del Partido Comunista, emplazado en el barrio Paso Molino, sufrió reiterados allanamientos y varios de los militantes fueron detenidos sin motivos, al amparo de las medidas excepcionales que permitían a la represión actuar al margen de las normas constitucionales.

Por esos días, la población capitalina vivía aterrorizada, por la sucesión de atentados fascistas contra locales partidarios y dirigentes opositores y la presencia callejera siempre amenazante de efectivos uniformados.

Ese domingo 16 de abril permanece impreso en la memoria colectiva de numerosos vecinos, quienes, desde muy temprano, ya advirtieron que algo terrible se avecinaba.

Las calles del barrio eran permanentemente patrulladas por vehículos militares y policiales que trasladaban personal armado a guerra y en actitud visiblemente intimidatoria, lo que provocó un auténtico estado de conmoción.

El relato, que reconstruye esta trágica historia real acaecida hace más de treinta y tres años, da cuenta de una ciudad virtualmente sitiada como si se tratara de una ocupación por parte de una fuerza militar extranjera.

Varios testimonios recabados para este trabajo, contradicen la versión oficial sobre lo sucedido, tanto antes como después del bárbaro ataque perpetrado contra el local partidario.

No es un detalle menor que los medios de prensa estaban sometidos a una severa censura, que les impedía informar libremente sobre las actividades de las fuerzas conjuntas.

La estricta mordaza sembraba la confusión entre la población, que, salvo excepciones, estaba imposibilitada de acceder a información fidedigna en torno a qué estaba realmente sucediendo en nuestro convulsionado país.

Varios apagones seguramente provocados como parte del plan, incrementaron considerablemente la tensión y el temor que agobiaba a la perpleja población de Montevideo.

Sin embargo, aunque intuían que algo inusual estaba por suceder, ni siquiera las víctimas pudieron imaginar la magnitud del drama que, pocas horas después, se abatiría sobre ellas.

Ante la falta de una versión oficial medianamente confiable sobre los hechos, la autora acude a testimonios particulares ­algunos de ellos pertenecientes a sobrevivientes- que permiten recrear los momentos más estremecedores de la matanza.

Las fuentes interrogadas por la investigadora, que están claramente identificadas y en su mayoría no son miembros del Partido Comunista sino pobladores del barrio, garantizan la necesaria objetividad en la que se sustenta este trabajo.

Las afirmaciones de los testigos oculares y otras personas consultadas que debieron refugiarse en sus casas para evitar transformarse en blancos de la salvaje represión, confirman que los obreros comunistas fueron asesinados sin piedad.

Un detalle que no es ciertamente menor, es la probada participación en el cruento operativo de personas vestidas de civil, que, al igual que los uniformados, disponían de poderoso armamento.

La sangrienta jornada, cuidadosamente camuflada para evitar la condena pública, incluyó también masivas detenciones de otros militantes o presuntos sospechosos, cuyos derechos humanos fueron groseramente violados en los centros de detención.

Obviamente, la investigación no se agota en la mera descripción de la masacre de los ocho obreros comunistas, sino que trasciende a la mera crónica de lo sucedido en la luctuosa jornada del 17 de abril y los días sucesivos.

Los hechos posteriores demuestran- con absoluta contundencia- el dramático curso que estaba tomando la situación. En tal sentido, cabe recordar la grave responsabilidad política del gobierno encabezado por Bordaberry, que jamás investigó lo sucedido.

Las denuncias parlamentarias que con el acopio de pruebas confirmaron los asesinatos, colisionaron contra las evasivas y subterfugios de las autoridades, que difundieron una versión inmoralmente distorsionada de los hechos.

Tampoco fue posible integrar una comisión que pudiera trabajar para esclarecer los hechos, por la permanente actitud cómplice del oficialismo colorado y sus aliados estratégicos.

"Los fusilados de abril" es un libro de lectura imprescindible, que contribuye a superar las fracturas de la memoria en torno a uno de los episodios más trágicos de nuestro pasado reciente.

Cuatro años después de su primera edición, este trabajo conserva toda su fuerza de denuncia, en un momento histórico crucial para la épica lucha por la verdad y la justicia. *

(Edición de la Banda Oriental)

3/7/08

Silencio de Estado - Sergio Israel

El sistema político uruguayo no quiso tomar 'acciones que pudieran afectar (la) institucionalidad' en el caso del chileno Eugenio Berríos.

El libro del periodista Sergio Israel, 'Silencio de Estado', identificó al actual jefe de Policía de Canelones, Sergio Guarteche, como uno de los que denunciaron a legisladores, a través de un anónimo, lo ocurrido en noviembre de 1992 con el bioquímico en una comisaría de Parque del Plata.

Durante la crisis político-militar generada entre 1992 y 1993 por el caso del bioquímico chileno Eugenio Berríos, desaparecido y luego asesinado en Uruguay, el gobierno del entonces presidente Luis Alberto Lacalle "no habría podido tomar medidas drásticas" con la cúpula castrense. Además, la oposición de aquel entonces -el Partido Colorado y el Frente Amplio- asumían que no era pertinente adoptar "acciones" que pudieran poner en riesgo el proceso democrático en el país.

Estas impresiones forman parte de un informe que el embajador chileno acreditado en aquella época en Montevideo, Raimundo Barros Charlín, envió a su Cancillería, en Santiago de Chile, luego de entrevistarse con el entonces ministro de Relaciones Exteriores, el actual senador blanco Sergio Abreu. El caso de Berríos, un científico chileno que trabajó para los servicios de inteligencia del régimen de Augusto Pinochet y que llegó a Uruguay protegido por militares chilenos en el marco de operativos coordinados por oficiales de ambos países, cobró notoriedad pública luego de que el propio Berríos se presentara en la Comisaría de Parque del Plata (Canelones) pidiendo protección y alegando que estaba secuestrado.

A partir de allí se generó una serie de consecuencias y el hecho, acaecido en noviembre de 1992, fue informado a medios de comunicación, legisladores y políticos por un grupo de policías de Canelones, entre los que estaba el actual jefe de Policía de ese departamento, Sergio Guarteche. Estos y otros episodios están contenidos en el libro "Silencio de Estado. Eugenio Berríos y el poder político uruguayo", escrito por el periodista Sergio Israel. La obra, de 283 páginas, es editada por el sello Aguilar de la editorial Santillana y se pondrá a la venta a partir del jueves 26.

El autor describe en su trabajo el complejo panorama político e institucional que vivía el país en 1992 - habla de "inestabilidad", por ejemplo- y evoca que el lunes 16 de noviembre de ese año, "al día siguiente de que Berríos pidiera asilo en la Comisaría de Parque del Plata, comenzó la huelga policial". Berríos era un ex agente de la DINA chilena, acusado de haber estado involucrado en asesinatos políticos, fabricación de armas químicas y bacteriológicas y narcotráfico, Durante estos episodios, el teniente general Juan Modesto Rebollo era el comandante en jefe del Ejército. El cuerpo de 16 generales lo completaban Nelson Rodríguez, Daniel Legnani, Ricardo Galarza, Daniel García, Juan Curutchet, Yelton Bagnasco, Julio Ruggiero, Raúl Mermot, Néstor Bertrín, Mario Aguerrondo, Fernán Amado, Yamandú Sequeira, Aurelio Abilleira, Luis Pérez y Luis Abraham.

Los restos de Berríos, cuya identidad fue confirmada casi un año después, aparecieron en una playa de El Pinar (Canelones) el 13 de abril de 1995. Después de permanecer casi siete años en la morgue judicial de Montevideo, los despojos mortales del químico chileno fueron enterrados el 9 de octubre del 2002 en Chile. El embajador y Abreu. Precisamente a raíz del caso del ex agente de inteligencia chileno, el libro consigna que en junio de 1993 las relaciones entre Chile y Uruguay "estaban en un pésimo momento". El 11 de junio de ese año, el embajador chileno Barros Charlín remitió "el mensaje 191, secreto y urgente" a su jefe, el canciller Enrique Silva Cimma. Lo hizo luego de una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Sergio Abreu.

"Hoy primera hora fui citado por el canciller Sergio Abreu en relación con Berríos. (...) Me planteó por encargo de su gobierno, en forma oficial, transmitiera a nuestras autoridades requerimiento preciso en orden a conocer si en hechos son de pública notoriedad habrían tenido participación o conocimiento oficiales FFAA chilenos. Asimismo canciller Abreu fue entáfico para manifestar ante solidaridad institucional demostrada por Ejército uruguayo y apoyo irrestricto a sus altos mandos y aval de estos últimos a niveles subalternos, presidente Lacalle no habría podido tomar medidas drásticas en cúpula castrense", dice el mensaje en su primera parte.

Luego, textualmente, agrega: "Gráficamente indicó, gobierno, una vez más, había tenido que doblar el pescuezo. (...) Ante férrea posición corporativa FFAA, opositores (Partido Colorado y Frente Amplio), si bien exteriorizarían disconformidad por decisión Lacalle no relevar mandos o modificaciones de gabinete, en plano interno ambas colectividades estarían conscientes que no eran convenientes acciones pudieran afectar institucionalidad".

El "anónimo" de Guarteche

A todo esto, y motivados por "una genuina solidaridad con el compañero amenazado unos y por deseos de frenar a Rivas, otros", apunta el autor, un grupo de comisarios y subcomisarios -entre ellos Juan Bautista Suárez, Sergio Guarteche y Javier San Martín- "comenzó a organizarse para develar el secreto" de Parque del Plata. Guarteche actualmente ostenta el grado de inspector mayor (r) y se desempeña como jefe de Policía de Canelones, un cargo de confianza política del Poder Ejecutivo.

Ramón Rivas, un coronel retirado del Ejército, era el jefe de Policía de ese departamento cuando Berríos se presentó en la Comisaría de Parque del Plata y fue relevado de su cargo por no informar a su superior, el ministro del Interior Juan Andrés Ramírez, de las diversas irregularidades relacionadas con el misterioso episodio.

En el verano de 1993, el comisario Elbio Hernández, quien estaba al frente de la sucursal policial de Parque del Plata cuando Berríos se presentó allí, informó "bastante asustado" a varios de sus colegas que "estaba recibiendo amenazas y que lo seguían". Además, dice el periodista, las amenazas provenían de militares. Hernández les contó además que el jefe Rivas "le había ordenado destruir toda la documentación relacionada con el caso".

Luego de esto, varios oficiales decidieron montar guardia en su casa de Las Toscas (Canelones). Israel destaca que Suárez, Guarteche y San Martín "luego de varias deliberaciones clandestinas (...) escribieron un relato anónimo acerca de lo que había ocurrido en Parque del Plata y lo enviaron por correo al fiscal nacional de Policía, Rafael Lanzón, tomando todas las precauciones para no ser identificados".

El libro relata que ante la falta de respuesta, la misma carta con la firma "Grupo de los 333" fue enviada a los entonces senadores Hugo Batalla y Walter Santoro, así como a los diputados Jaime Trobo, Matilde Rodríguez Larreta, León Lev, Bah González y Heriberto Sosa. Trobo informó casi de inmediato acerca de la denuncia recibida al ministro Juan Andrés Ramírez. Fue el sábado 5 de junio de 1993.

Pero Ramírez, asegura el autor, desde noviembre del 2002 "había sido advertido por el vicealmirante (James) Coates", comandante en jefe de la Armada. El episodio que protagonizó Berríos tuvo como directos actores a militares uruguayos que actuaban en los servicios de Inteligencia, tanto del Ejército como del Ministerio de Defensa. De hecho, el coronel (r) Gilberto Vázquez, preso en Uruguay desde hace más de dos años por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, era el jefe de Inteligencia del Ejército.

Pero los uruguayos procesados por este caso en Chile, donde aún permanecen luego de ser extraditados desde Uruguay, son los coroneles Tomás Casella y Wellington Sarli y el teniente coronel Eduardo Radaelli. Los tres oficiales fueron procesados en Santiago por asociación ilícita y secuestro. En la página 151, el autor señala que en noviembre de 1992 "la tensión fue tal que el presidente Lacalle, un político de raza que se caracteriza por no bajar los brazos y es capaz de presentar batallas aun en situaciones adversas, llegó a pensar seriamente en renunciar e incluso temió un golpe de Estado, una situación que se repetiría en agosto del año siguiente".

Dice además, que durante la "crisis" que se produjo mientras duró la huelga policial -que comenzó el 16 de noviembre de ese año- el entonces jefe de la División de Ejército IV, Daniel García, le pidió al entonces vicepresidente Gonzalo Aguirre que se trasladara a Minas (sede de ese cuerpo militar) para mantener un encuentro reservado. "Allí le informó que algunos oficiales se habían acuartelado por su cuenta y que para evitar la indisciplina había dado la orden de suspender las licencias por un día en toda la división a su mando", relata el periodista.

Según Israel, al regresar Lacalle de un viaje a Gran Bretaña el 9 de junio de 1993, cuando el caso había estallado en la opinión pública, la cúpula de la fuerza de tierra respaldó sin fisuras al comandante Rebollo. "Se anunciaron pedidos de pase a retiro en masa para el caso de que tocaran a Rebollo" y se "cerraban filas para que el fuero civil no se entrometiera en lo que consideraban un asunto de militares, y en los cuarteles había movimiento".

"Cuando Lacalle llegó, se reunió con (Mariano) Brito -ministro de Defensa- y luego con el comandante Rebollo, en el séptimo piso del Edificio Libertad. El plan original era recibir primero a los comandantes de la Fuerza Aérea y de la Armada, y luego con Rebollo para relevarlo", cuenta el autor. "Sin embargo, ante el unánime respaldo a Rebollo que habían expresado los generales, el presidente optó por no dar ese paso. Mantuvo con los generales una reunión breve, en la cual les dio una tibia diatriba, y los hizo salir por el garaje subterráneo para evitar a la prensa. El golpe técnico se había consumado", afirma el autor.

En el último tramo del libro, Israel consulta al ex presidente y actual precandidato blanco Luis Alberto Lacalle sobre este punto. El periodista señala que "durante estos años se ha insistido" en que Lacalle salió de Londres "con ímpetu de adoptar medidas, pero que ello no fue posible. Incluso se habla de un golpe de Estado técnico por parte de los generales" y pregunta: "¿qué panorama encontró al llegar a Montevideo y qué pudo hacer?".

Lacalle no aceptó una entrevista directa, afirmó el periodista, y respondió al cuestionario vía correo electrónico descartando de plano que durante su gobierno se hubiera registrado "un golpe de Estado técnico". "Rechazo enfáticamente toda versión de menoscabo de mi autoridad como presidente en ésta o en cualquier otra oportunidad", afirmó el ex presidente de la República.

9/6/08

Quince años en el infierno - José Calace



Jose Lorenzo Calace Peñalva, ex agente de la Dirección de Informaciòn e inteligencia, hace de èste, su primer libro, un instrumento de denuncia sobre una realidad que el pueblo uruguayo conoce a medias. Habiendo ingresado en el DLL el 1 de marzo de 1973, su relato desnuda 15 años de corrupciòn, torturas y hasta tráfico de drogas -elementos de una concepción ideològica, que afirma, está imbuida en ese organismo. A la vez que desarrolla su proceso autocrítico a una ideología inculcada, que comienza a contradecirse con su propia realidad externa e interna, llegando a la discrepancia total que lo llevaría a un proceso de concientización y finalmente a la firma por el referendum para derogar la ley que convierte en impunes los delitos cometidos por policías y militares. El presente testimonio está constituido por datos en su mayoría inéditos, tanto del pasado como del presente, que se transforman en valiosos aportes para el análisis de esta democracia y su futuro.

3/6/08

Secuestro en la Embajada. El caso de la maestra Elena Quinteros


Los compañeros Sara Méndez y Raúl Olivera han editado la tercera edición de su libro “Secuestro en la Embajada. El caso de la maestra Elena Quinteros.”. Publicamos el epílogo a esta edición que actualiza la situación del caso de Elena Quinteros.

Los autores
Agosto de 2004




Detrás de una cancha de fútbol, al borde de un abigarrado monte de sauces a los fondos del Batallón de Infantería Mecanizada Nº 13, el 2 de setiembre de 2003 una pesada excavadora extraía grandes cantidades de tierra, bajo vigilancia militar, de lo que parecía ser una cañada. Se distinguían montículos de tierra y un pozo abierto de grandes dimensiones. Se trataba de trabajos que formaban parte del Plan Municipal de Saneamiento.[1]

Las autoridades municipales aseguraban que los trabajos no afectaban los lugares donde podían existir enterramientos clandestinos. El ministro de Defensa decía no tener indicación del presidente Batlle para preservar la zona, ya que “no hay ningún indicio de que allí haya algo”.[2]

La noticia motivó que ese mismo día el juez penal Gustavo Mirabal, a cargo de la causa promovida por Juan Gelman, ordenara de oficio suspender esos trabajos por 30 días, en un radio de 500 metros en torno a la cancha.

Cuando Mirabal toma la resolución, ya conocía el pedido del fiscal Enrique Moller para que la investigación sobre los restos de la nuera del poeta argentino se detuviera, en virtud de la ley de caducidad.[3] Por eso, en los fundamentos de su resolución deja una constancia que aún hoy es desoída “...que, aun de resultar clausurada la presente investigación, perviven los derechos de los deudos de la víctima a conocer el lugar donde sus restos se encuentran, u obtener datos que permitan esclarecer cuál fue su destino final”.[4]

Casi simultáneamente, en el juzgado donde estaba radicada la causa contra Juan Carlos Blanco, el pit-cnt reclama que se tomen medidas para localizar el cuerpo de Elena y que se suspendan los trabajos de remoción del terreno en el Batallón Nº 13 de Infantería y medidas cautelares en el Nº 14 de Paracaidistas de Toledo.

Como lo que el pit-cnt solicitaba ya había sido dispuesto por otro juzgado, el juez Cavalli se limita a solicitar los antecedentes.

En el marco de los debates previos al Congreso del Frente Amplio, dirigentes políticos de izquierda e integrantes de organizaciones humanitarias fueron consultados sobre qué hacer con la ley de caducidad. Los primeros coincidieron en responder que la ley debía mantenerse, en tanto los segundos opinaron que debía haber verdad y justicia.[5] Mientras, en la vecina orilla, la nulidad de las leyes de impunidad dispuesta por el Congreso tenía sus primeros efectos al reabrirse causas paralizadas desde 1986 y 1987 por la aplicación de esas leyes. En esas causas se dictarán posteriormente múltiples procesamientos de militares y policías. En Uruguay, el hecho de que 18 años después de denunciada la existencia de cementerios clandestinos en unidades militares, la justicia se interesara en ello, no igualaba los avances que se producían en Argentina, pero era un paso importante.

Durante este período los hechos que ocurren en una margen del Plata tendrán su inmediata influencia en la otra. Esto se manifestará en forma relevante en un enfrentamiento entre el gobierno argentino y el presidente Batlle.[6]

La lentitud y la “pereza” política de la mayoría de la dirigencia de la izquierda no le permiten evaluar adecuadamente la magnitud y el alcance de la política de Batlle en derechos humanos. En el mismo momento en que esa política se pone de manifiesto en los casos de Gelman y de Elena, por iniciativa de un diputado de izquierda,[7] el Parlamento hace un reconocimiento a la labor de ese gobierno en la Comisión para la Paz.

El 8 de setiembre un matutino informa que un testigo que participó en las inhumaciones en el Batallón 13 confirmó la posible ubicación de los restos.[8]

La sede a cargo del juez Cavalli se encontraba abocada a resolver la situación procesal de Blanco, a quien se le había otorgado la libertad provisional. Se enfrentaban las posiciones discordes de la fiscalía, el juez y la defensa de Blanco. En ese marco, el 9 de setiembre el expediente pasa a consideración del Tribunal de Apelaciones. De acuerdo a lo que éste resolviera, el ex canciller tenía ante sí tres posibles situaciones: 1) continuar procesado en un delito de homicidio especialmente agravado y esperar su proceso en libertad provisional, como sostenía Cavalli; 2) volver a prisión, como pedía la fiscal Guianze; 3) que el juicio en su contra fuera clausurado, como pretendía su defensor, y que quedara definitivamente en libertad.

A fines de octubre, aquejado por una grave enfermedad, Cavalli es suplantado por el doctor Alejandro Recarey.

El nuevo magistrado debe resolver, entre otras cosas, acerca de la solicitud presentada por el pit-cnt, ya que la medida cautelar tomada por Mirabal de suspender los trabajos había cesado en los primeros días de ese mes.

El 6 de noviembre Recarey, en acuerdo con la fiscal, accede a la solicitud, disponiendo, a fin de “proteger un ámbito físico en el cual podría hallarse evidencia relevante (...), la prohibición de innovar, consistente en la orden de suspensión y/o orden de no iniciar o continuar cualquier tipo de obra que altere el terreno de las dependencias del Batallón de Infantería Nº 13. Esta vez la prohibición “se extenderá temporalmente hasta que recaiga nueva resolución”.

El nuevo juez tomaba recién contacto con el caso. El expediente en el que constaban todos los antecedentes se encontraba en ese momento en el Tribunal de Apelaciones, por lo que en la misma resolución dispone: “Cítese al denunciante Raúl Olivera para audiencia, el próximo lunes 10”.

La comparecencia de este y otros denunciantes permitió poner en conocimiento del magistrado todos los antecedentes y que el juez dispusiera los primeros pasos para “la necesaria profundización indagatoria pendiente”.

Recarey inicia una intensa y sostenida actividad de la que, por primera vez, los denunciantes son debidamente informados. Se toman declaraciones a periodistas, ex prisioneros políticos, parlamentarios, técnicos, testigos e integrantes de la Comisión para la Paz. Se solicita información a otras dependencias del Estado y a la justicia italiana.[9] Se reclama al Poder Ejecutivo que informe de las investigaciones que realizó en torno a la denuncia sobre la Operación Zanahoria y “el elenco de razones que hayan sustentado la inclusión” en la ley de caducidad.[10]



Comienzan entonces las citaciones a militares.
No comparecen ante el juez: Ramón Díaz, Ernesto Soca, Benito Velásquez, Juan Casco, Zenia García, Roberto Scarabino, Mario Genta, Selva de Mello, Liliana González y Juan Carlos Larcebeau. Otros se presentan y declaran: Wilfredo Lamanna, Samuel Lamanna y Jesús Lamanna.

Es la primera vez que se le piden explicaciones al Ejecutivo respecto del uso arbitrario y discriminado de la potestad que le otorga la ley de caducidad. Para colmo, se cita a declarar a militares. Es demasiado para el “estado del alma” de Batlle.

El 28 de noviembre el presidente uruguayo envía al presidente de la Corte un mensaje solicitando que “se suspendan todas las diligencias presumariales” y se le remita la causa para determinar si esos hechos estaban o no amparados por la ley de caducidad.[11]

El intento de Batlle no logra su objetivo. El 2 de diciembre Recarey resuelve que no es de aplicación, en el caso, la ley de caducidad y que “continuarán en su curso normal las indagatorias probatorias destinadas a acotar en el tiempo y en el espacio la cautela de no innovar, oportunamente adoptada”. Ese mismo día dispone citar a Jorge Silveira y Manuel Cordero para los días 8 y 9 de diciembre.

El miércoles 3 comparecen ante el juez el ingeniero agrónomo Daniel Panario, profesor titular de geomorfología, la asistente licenciada Ofelia Gutiérrez, ambos de la Facultad de Ciencias, y el antropólogo forense doctor Horacio E Solla, del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial.[12]

El juez les solicita que presenten un informe preliminar con el fin de determinar si en el Batallón de Infantería Blindada Nº 13 existían enterramientos, primarios o secundarios. De ser detectados, les solicita que determinen si los mismos eran congruentes con las declaraciones formuladas al respecto. Les pide también determinar la racionalidad de los movimientos de suelo a partir de 1975, hacer un inventario de las construcciones y analizar la modificación propuesta por el Ejército al trazado del saneamiento de la Intendencia Municipal de Montevideo. En función de los resultados, recomendar los pasos a dar para obtener una ubicación precisa de enterramientos o indicios que ameriten el comienzo de una etapa de excavación.

Desde el gobierno se incrementa la furibunda campaña para poner fin a las actuaciones de Recarey. Se anuncian los desacatos de Silveira y Cordero. El juez ordena la detención y conducción de tres militares que, citados, no se habían presentado.[13]

La Corte explica públicamente que ningún recurso del Ejecutivo debe ser presentado ante el organismo; lo que corresponde es presentarlos ante el juzgado de Recarey. El 4 de diciembre Batlle presenta un nuevo recurso ante el magistrado para que se suspendan las citaciones y se cumpla con la ley de caducidad.

Al día siguiente el magistrado resuelve no suspender las actuaciones, “no corresponde hacerlo (...) podría ser visto por la opinión pública como una especie de amoldamiento a una estrategia de gestión política por completo ajena al deber de aplicar las leyes en orden de hacer justicia”, afirma.

A través de la prensa se informa, el 7 de diciembre, que el coronel (R) Silveira se había refugiado en una unidad militar y desobedecería la orden del juez. Se trataría de una decisión del comandante en jefe del Ejército, teniente general Carlos Daners, dirigida a brindar “protección institucional” a los militares citados por la justicia.



El ministro Fau, por su parte, no tenía “ni la menor idea”.
Se presentan a declarar el capitán de navío ® Jorge Tróccoli, quien desmiente tener algo que ver con el caso, y el contralmirante Alex Lebel.

Se suceden las reuniones y consultas para encontrar la forma de poner freno a las citaciones de militares.[14] Se presiona al fiscal de Corte para lograr el desplazamiento de la fiscal Guianze.

El desacato militar da lugar a que el ministro Fau sea seriamente cuestionado por el senador Francisco Gallinal, quien afirma que Fau “parece el secretario general del sindicato de los sectores radicalizados de las Fuerzas Armadas”.[15]

La firme decisión de Recarey de seguir adelante tensa las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, en tanto se hacen públicos los pronunciamientos de distintos actores políticos, sociales y académicos.



El abogado del pit-cnt es amenazado telefónicamente.
El lunes 8, día en que Silveira debía presentarse a declarar, la situación se desactiva con el regreso anticipado del juez Cavalli de su licencia médica, que se extendía hasta el 16 de diciembre.

La mejoría súbita de un juez que hasta horas antes estaba internado en una clínica afectado por una grave enfermedad venía a poner punto final a la actuación de Recarey.

Cavalli volvió y detuvo las actuaciones. La noticia generó alivio en el gobierno. Para borrar el desacato que, sin lugar a dudas, existió en esos días, el Ejecutivo solicita la nulidad de todo lo actuado por Recarey, según las potestades que le otorga la ley de caducidad.

A las 9 de la mañana el juez Recarey abandona la sede penal de la calle Misiones, destacando que antes “no había nada en el expediente y ahora se logró reunir datos a nivel científico técnico. Se avanzó. Hay un equipo de antropólogos y geólogos que está trabajando en el tema”.

La actitud valiente y decidida de Recarey para terminar con las trabas burocráticas, con la falta de coraje y la contumaz política de impunidad, parecía haber sido sólo una corta primavera de esperanza.

Sin embargo, algunas de las medidas tomadas por este juez habían seguido su curso y reaparecerían para interrumpir la siesta de la justicia con relación al caso de Elena.

Cómo se desactivó la actuación de Recarey es un enigma en torno al cual se tejieron múltiples versiones. Una de ellas habla de un eventual contacto entre Batlle y ministros de la Corte durante una ceremonia social. Si bien fue desmentida por integrantes de la Corte, uno de ellos afirmó que “en alguna reunión social, o en algún encuentro entre magistrados o integrantes del Poder Ejecutivo (...) se puede haber conversado, y es lógico que el Poder Ejecutivo haya trasmitido por alguna vía su preocupación”.[16]

Cavalli, por su parte, declara que en su reintegro “no hubo ningún misterio (...) el médico me dijo que hiciera vida normal”.[17] Asegura a los denunciantes que seguiría adelante con las investigaciones “a su manera” y tomándose “su tiempo”.

Dos aspectos en los que se había avanzado, afortunadamente se mantuvieron: el predio del Batallón 13 continúa sujeto a la medida cautelar que impide la remoción del terreno. Por otra parte, el equipo de antropólogos de la Universidad de la República continuó trabajando en el informe que se le solicitara para establecer indicios sobre posibles excavaciones y exhumaciones. Estos dos elementos perturbarían posteriormente el lento y cansino ritmo de las actuaciones de Cavalli.

Quedaría en el camino la información exhaustiva pedida a Batlle sobre los elementos que indujeron, en su momento, a Sanguinetti a incluir la Operación Zanahoria en los beneficios de la caducidad.

Una semana después de su intempestivo regreso, Cavalli retoma su licencia médica, sin fecha de reintegro prevista. Un inusual sorteo entre los posibles suplentes determina la designación de la jueza Barcelona en el cargo.

La atención del turno correspondiente y el comienzo de la feria judicial paralizan el caso hasta febrero de 2004.

Terminada la feria judicial, los técnicos de la Universidad de la República entregan un extenso y detallado informe con el resultado de sus investigaciones. Se revela allí que son varios los puntos del terreno en los que es necesario trabajar para determinar si existen restos de los desaparecidos.[18]

En los primeros días de marzo de 2004 el juez Cavalli retomó su actividad al frente de la sede judicial. Días después, el Tribunal de Apelaciones de 3er Turno resuelve la nulidad de lo actuado por Recarey durante el tiempo en que suplió a Cavalli, con excepción de la medida cautelar de no innovar en el Batallón 13 de Infantería. La nulidad se funda en que Recarey debió esperar que el Tribunal resolviera la situación de Blanco. Al considerar nulo lo actuado, el Tribunal no se expidió sobre el reclamo presentado por el Ejecutivo de que se dejaran sin efecto las citaciones a militares por imperio de la ley de caducidad.

El 30 de abril el mismo Tribunal de Apelaciones, con votos discordes de dos ministros, resuelve el enjuiciamiento de Juan Carlos Blanco por coautoría de un delito de homicidio muy especialmente agravado, a título de dolo eventual, manteniendo la libertad provisional de que gozaba.

Vuelto el expediente al juzgado y contando con el informe del equipo de especialistas, nada sucede.

El 16 de junio el pit-cnt se presenta nuevamente reclamando “la incorporación de la información de las actuaciones anuladas”, que se realicen las citaciones pendientes, y se reclame a los miembros de la Comisión para la Paz que identifiquen las fuentes testimoniales que los llevaron a informar de la muerte de Elena. Por otra parte, se pide que se disponga que el equipo multidisciplinario geoarqueológico acceda al Batallón Nº 13 a hacer una inspección ocular del lugar, y se disponga una medida cautelar en el Batallón Nº 14 de Toledo, donde según la Comisión para la Paz existiría un cementerio clandestino conocido como Arlington. Finalmente se pide el procesamiento de Álvaro Álvarez, Julio César Lupinacci y Guido Michelín Salomón, los otros tres civiles cómplices de Blanco.

Sobre las decisiones que deberán tomarse en un expediente que luego del desplazamiento de Recarey poco y nada ha avanzado, ¿seguirá pesando la política de impunidad emergente del poder militar?





[1] La República, 2-IX-03.

[2] Boletín informativo por Internet de Comcosur, 2-IX-03.

[3] Batlle finalmente considerará que esos hechos están amparados por los beneficios de la ley de caducidad. Actualmente se considera ante la Corte un recurso de inconstitucionalidad.

[4] Mirabal incluye una transcripción del Convenio Relativo a la Protección Debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, ratificado por Uruguay, que establece: "Las autoridades detenedoras velarán por que los fallecidos en cautiverio sean enterrados honrosamente, si es posible según los ritos de la religión a que pertenecían, y por que sus tumbas sean respetadas, convenientemente conservadas y marcadas de modo que siempre se las pueda localizar (...). Las autoridades detenedoras conservarán cuidadosamente las cenizas, que serán remitidas, lo antes posible, a los parientes más próximos, si éstos lo solicitan (...) se darán todos los detalles necesarios para la identificación de los fallecidos y la ubicación exacta de las tumbas”.

[5] Los dirigentes políticos consultados fueron Reinaldo Gargano, José Korzeniak, Liber Seregni, José Bayardi, Raúl Sendic, Carlos Baraibar, Eleuterio Fernández Huidobro y León Lev. Por organizaciones humanitarias respondieron Nicolás Guigou (Amnistía Internacional), Ariela Peralta (Serpaj), Jorge Pan (Ielsur) y Luis Puig (pit-cnt). Datos tomados de Brecha, 5-IX-03.

[6] La crisis entre ambos gobiernos tendrá dos ejes, el caso Gelman y la designación del capitán de navío Craidallie como representante de Uruguay en Argentina.

[7] Edgar Bellomo.

[8] La República, 8-IX-03.

[9] Allí se encontraban las únicas declaraciones de José Félix Díaz, ex esposo de Elena, recabadas por el juez Garzón.

[10] Resolución de Recarey de fecha 19-IX-03.

[11] Mensaje 84/003 del Ministerio de Defensa.

[12] A los técnicos universitarios citados se sumaría la asistente del Departamento de Arqueología de la Facultad de Humanidades, licenciada Elizabeth Onega.

[13] Los soldados Ernesto Soca, Juan Casco y Zenia García, ex integrantes del sid.

[14] El ministro de Educación y Cultura, Leonardo Guzmán, y Carlos Ramela presentan a Batlle distintas opciones.

[15] Después de mucha pirotecnia mediática, inesperadamente Gallinal desactivó la moción de censura que había promovido contra Fau.

[16] Declaraciones del doctor Leslie Van Rompaey, La República, 10-XII-03.

[17] Últimas Noticias, 10-XII-03.

[18] El análisis de una serie de 14 fotos aéreas, cartografía y otros materiales documentales que datan de entre 1945 y 2000, permitió determinar las áreas prioritarias de interés para una investigación arqueológica.

30/5/08

La caída: el dictador Bordaberry y su canciller presos


En "La caída: el dictador Bordaberry y su canciller presos", el periodista Walter Pernas elabora una obra de fuerte impronta testimonial, destinada a esclarecer las diversas etapas del juicio que terminó con la impunidad de los aberrantes asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo.

En este minucioso trabajo documental, el colega registra la prolongada secuencia de más de tres décadas, que transcurrió entre los crímenes acaecidos en mayo de 1976, y los procesamientos del ex mandatario de facto y su ministro de Relaciones Exteriores.

Para graficar desde el comienzo las circunstancias en las cuales sucedieron ambos magnicidios, el autor incluye inicialmente una carta remitida por Zelmar Michelini al periodista argentino Roberto García, en la cual el legislador advertía que su seguridad personal corría serio peligro.

Por entonces, las fuerzas represivas de ambas márgenes del Plata estaban cerrando el cerco sobre el dirigente frenteamplista, el diputado nacionalista Héctor Gutiérrez Ruiz e incluso sobre el propio líder blanco Wilson Ferreira Aldunate.

Pernas aporta abundantes referencias históricas acerca de la escalada autoritaria que devino en el golpe de Estado de junio de 1973, la violencia política, la polarización ideológica y la creciente injerencia de los militares en la vida institucional del país.

Sin desestimar juicios de valor en torno a las actitudes de los actores políticos de la época, el investigador construye un cuadro singularmente revelador, que denuncia sin ambages la operativa del terrorismo de Estado.

El relato, concebido con un afinado rigor cronológico, apunta a ubicar al lector en la génesis del fenómeno autoritario y de la coordinación represiva desplegada por las dictaduras de la región.

Las revelaciones confirman que ambos legisladores asesinados fueron vigilados desde el comienzo de su exilio en Buenos Aires, aunque existen elementos de juicio para presumir que estaban siendo espiados incluso desde antes de la consumación de la ruptura institucional en nuestro país.

Ello constituye un cabal testimonio de las actividades que desarrollaba el aparato de inteligencia estatal desde el gobierno de Jorge Pacheco Areco, cuando, en el marco de las medidas prontas de seguridad y la suspensión de garantías individuales, se indagaba, detenía y torturaba a opositores políticos.

Tras el arrasamiento de la democracia, la arquitectura represiva estaba bien consolidada y preparada para entrar en acción, sin las restricciones que normalmente imponen la Constitución y la Ley.

La acumulación de pruebas y testimonios permite inferir el alto grado de responsabilidad del gobierno encabezado por Juan María Bordaberry en los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, pese a que fueron perpetrados en la capital argentina.

Resulta ciertamente intolerable que se pretenda negar la implicancia del ex dictador y del ex canciller Juan Carlos Blanco en los homicidios, ya que ambos fueron actores de primer nivel del gobierno autoritario.

La decisión de invalidar los pasaportes de los exiliados a la cual no estuvo naturalmente ajena la cancillería de la época, constituye una prueba contundente de que la intención era inmovilizar y acorralar a ambos dirigentes políticos.

A ello se suma, naturalmente, la decisión de las autoridades argentinas de no otorgar la residencia a los legisladores y promover su expulsión del territorio del vecino país.

Sin embargo, de la documentación que aporta el autor quizás lo más significativo sean los "prontuarios" de Michelini y Gutiérrez Ruiz, que permanecieron guardados en los archivos secretos de los servicios de inteligencia militares y policiales.

Los tramos vertebrales de este libro son los consagrados a las audiencias judiciales en las cuales prestaron declaración el ex dictador y su canciller.

Los interrogatorios son minuciosamente reconstruidos, lo que permite ratificar la permanente actitud elusiva de Bordaberry y demuestra, con absoluta cabalidad, la extrema fragilidad de su defensa.

Insólitamente, el ex mandatario negó tener conocimiento de la actuación que le correspondió al gobierno que él mismo encabezaba, con relación a los asesinatos de los políticos.

No parece muy creíble que el dictador ignorara todo lo que estaba sucediendo en torno suyo y no participara en las decisiones cruciales, como, por ejemplo, la cancelación de los pasaportes de los legisladores exiliados.

El testimonio de Juan Carlos Blanco ante el juez y la fiscal de la causa, resulta un capitulo no menos esclarecedor del proceso contra los dos ex jerarcas de la dictadura.

El interrogatorio realizado al ex canciller que está reproducido en este libro, aborda aspectos medulares de la investigación de ambos homicidios.

Las respuestas del ex ministro del gobierno autoritario resultan casi siempre erráticas y reveladoras de una persistente actitud de ocultamiento de la verdad.

También en este caso, parece inverosímil el desparpajo del acusado, quien niega toda eventual participación en la toma de decisiones y las actuaciones diplomáticas que culminaron con la clausura de los pasaportes.

Tal cual lo corrobora este trabajo, ni siquiera la profusión de pruebas y documentos ­de una abrumadora contundencia- logró modificar el falaz discurso de los acusados, que siempre deslindaron responsabilidades en otros jerarcas y servicios de la época.

Entre las evidencias aportadas a la investigación que fueron empleadas por la Justicia, se destacan ­particularmente­ documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano.

El autor también incluye referencias a declaraciones del ex presidente Julio María Sanguinetti, quien explicó a la Justicia los criterios de aplicación de la Ley de Caducidad durante su primer período de gobierno.

Pernas reconstruye la tensa audiencia judicial de junio del año pasado, en la cual Bordaberry mantuvo su contumaz negativa a admitir sus cada vez más claras responsabilidades penales en el proceso que derivó en los magnicidios.

Sin embargo, en varios pasajes de su exposición, entra en claras contradicciones con dichos y actitudes del pasado, que resultan elocuentemente incriminatorias.

Al reproducir las declaraciones de Juan Carlos Blanco ante los magistrados actuantes, Pernas acusa al ex secretario de Estado de mentir, demostrando que el imputado quedó atrapado en su propia tela de araña durante los interrogatorios.

Según documentos oficiales de la época, el Consejo de Seguridad Nacional que el propio Blanco integraba, en cuyo ámbito se habrían resuelto ambas muertes, tenían directa injerencia en las actividades de represión del aparato estatal.

La situación más gruesa, que ciertamente no resiste el menor análisis, es la afirmación de los acusados de que desconocían la existencia del denominado Plan Cóndor.

En una detallada síntesis, Walter Pernas recrea el largo periplo judicial del expediente que inculpaba a los dos ex jerarcas del gobierno autoritario.

En ese contexto, describe las iniciales marchas y contramarchas, el archivo y la posterior sentencia del Tribunal de Apelaciones que dictaminó la reapertura del caso.

Intercalando abundantes referencias históricas que coadyuvan a una mejor comprensión del tema, el autor analiza el cuerpo de la sentencia condenatoria, poniendo particular énfasis en los alegatos, que contextualizan las circunstancias en las cuales se consumaron los crímenes.

El libro transcribe todas las actas judiciales inherentes a la causa, lo que permite conocer, en detalle, la historia del emblemático juicio que culminó con el procesamiento con prisión de Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco.

Aunque parte del material reproducido en esta obra es conocido, la profusión de documentos y la reconstrucción de las audiencias comportan un vasto escenario de análisis que convoca a la reflexión.

"La caída" es un trabajo prolijo y minucioso, que revela el alto grado de profesionalidad del autor y su compromiso con la verdad, en el abordaje de una temática crucial de nuestro presente.

El libro está dotado de un tratamiento eminentemente periodístico, lo que permite comprender los aspectos medulares de un juicio que abrió una segunda grieta en el muro de la impunidad, luego del procesamiento de ocho conocidos represores militares y policiales por delitos cometidos durante el gobierno autoritario.

(Edición de Cauce)

WALTER PERNAS PUBLICÓ SU LIBRO SOBRE EL PROCESAMIENTO DE BLANCO Y BORDABERRY




El periodista Walter Pernas presentó su libro La caída: el dictador Bordaberry y su canciller presos, que presenta un panorama general de los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw, y analiza el expediente judicial correspondiente.

Pernas se ha desempeñado como cronista judicial para varios medios de comunicación, y publica habitualmente en el semanario Brecha notas vinculadas con la actuación de la Justicia en relación con violaciones de los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar.

El libro está pensado para que la gente no familiarizada con la especialidad de Pernas pueda acercarse a este caso, explicó el autor a la diaria.

Con lenguaje claro, la obra busca introducir a los lectores en el recinto de la calle Misiones por el que circularon destacadas personalidades como el ex presidente Julio María Sanguinetti o el ex parlamentario Alberto Zumarán, y en el que se procesaron voluminosos expedientes y archivos desclasificados, a medida que la fiscal puncionaba para lograr la expulsión de pus en las declaraciones de los acusados.

La primera parte del libro está dedicada a contar cómo fueron asesinados los parlamentarios Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, cuyos cuerpos se encontraron el 20 de mayo de 1976 en las afueras de Buenos Aires, junto a los de Rosario del Carmen Barredo y William Whitelaw, integrantes de una escisión no armada del MLN. También analiza por qué esos crímenes debieron tramarse al más alto nivel de la dictadura, en el que se movían Juan María Bordaberry y su canciller Juan Carlos Blanco.

El autor dedica un capítulo a cada uno de los dos procesados.

Allí se repasa cuándo quedaron en evidencia, cuándo quisieron desmentir documentos oficiales y cuándo les vino amnesia.

El ex dictador no recordó que había felicitado al policía que impidió poner el pabellón nacional sobre el féretro de Gutiérrez Ruiz, y aseguró que los cuatro asesinatos se debieron a un enfrentamiento entre guerrilleros, como quisieron hacer creer quienes dejaron volantes apócrifos junto a los cuerpos. Bordaberry tampoco recordó la cancelación de los pasaportes de los legisladores, ni otros hechos de relevancia relacionados con el crimen.

Blanco dijo tener presentes algunos contactos telefónicos para averiguar la suerte de los legisladores asesinados, pero arguyó que nunca dispuso seguimiento “ni de Michelini ni de ninguna otra persona”. El hecho de que se haya reunido pocos días antes de los asesinatos, el 7 de mayo de 1976 y sobre el río Paraná, con el contralmirante César Guzzetti, ministro de Relaciones Exteriores del dictador argentino Jorge Videla y hombre de confianza del comandante Emilio Massera, fue “una total coincidencia” según el ex canciller.

Luego de contextualizar y de recorrer pasajes jugosos del expediente, Pernas recuerda el bumerán de Sanguinetti, la puertita que dejó abierta el ex presidente cuando amparó en la Ley de Caducidad a los crímenes pero excluyó a los civiles. También repasa la operación mediática de Pedro Bordaberry, el día del dictamen fiscal, la búsqueda de la policía a la hora de la captura y varios archivos de cancillería, así como el fallo de la fiscal y el auto de procesamiento.

Lo que sigue es parte del diálogo del colega con la diaria.

-¿Cuál es la responsabilidad del periodismo en estos temas?

-La responsabilidad del periodista es ser agudo, profundo, no bajar el tema de la agenda por cuestiones coyunturales. Por suerte hoy sí está en la agenda, y la responsabilidad es informar de la mejor forma, la más profunda, para que la gente entienda que estos temas no son del pasado.

-¿La idea del libro es reciente, la fuiste procesando a medida que trabajabas en Brecha?

-La primera parte del libro tiene que ver con artículos que escribí para Brecha en el último año y medio, pero el acopio de información arrancó con la denuncia en el 2002. Acceder al expediente, más de tres mil fojas donde había mucha información, es la base fundamental de la obra. De todas maneras creo que el libro fue creciendo con la propia historia de la denuncia y el proceso.

-¿El centro de tu atención estuvo en los asesinatos o en los procesamientos?

-En Uruguay no había justicia por este asunto pero ahora la Justicia empezó a llegar, y eso fue lo que más me atrajo. En los últimos tres años, con una denuncia utópica de Hebe Martínez Burlé y Walter de León, se empezó a generar la expectativa de que finalmente pudiera caer alguien. Fueron procesados dos civiles, y creo que más personas podrían caer por este caso: no hay que dejar de lado la responsabilidad militar.

-¿Cuál fue el papel de Mirtha Guianze en todo esto?

-Fue preponderante. Es una fiscal emblemática en la lucha jurídica por los derechos humanos, que incorporó a la jurisprudencia nacional conceptos internacionales en la materia. Uno puede ver en el libro cuál fue el comportamiento de ella, absolutamente agudo. Fue verdaderamente destacable su trabajo en los interrogatorios, en la ampliación de la documentación, en la pelea por la obtención de la documentación de éste y de otros casos.

Entrevista de Guillermo Garat

29/5/08

Cuadernos de la historia reciente 3



En esta tercera entrega de "Cuadernos de la historia reciente - 1968 Uruguay 1985", que completa una trilogía testimonial inaugurada el año pasado, diez minuciosos trabajos permiten reabrir renovados debates en torno a la escalada represiva de la década del sesenta del siglo pasado, el oscuro período dictatorial y la epopeya de resistencia y restauración democrática del pueblo uruguayo.

Este libro reúne diversos testimonios, ensayos y entrevistas, que permiten interpretar el fenómeno autoritario en sus diversas facetas, enfatizando particularmente en los graves efectos provocados por la grosera conculcación de las libertades públicas y las salvajes violaciones a los derechos humanos.

Como se recordará, la segunda entrega de este conjunto literario, que se editó en el primer semestre del año, incluyó trabajos del ex preso político Jorge Tiscornia, que ya había participado en el número inaugural, del docente Diego Sempol, un testimonio de la ex presa política y militante social Raquel Baratta, un sustancioso ensayo del extinto luchador social y figura referente de la izquierda Hugo Cores, un reportaje realizado por Gabriel Bucheli y Jaime Yaffé al ex militante comunista Gabriel Calzada y un análisis de Javier Correa Morales, en torno al proceso de ruptura de Zelmar Michelini con el Partido Colorado.

El primer trabajo de este libro, cuyo autor es el ex preso político Walter Phillips Treby, recopila numerosas historias y anécdotas nacidas del vientre del suplicio.

El narrador explica el origen de estos relatos que abrevan de la realidad y de la creatividad de los luchadores confinados en las prisiones de autoritarismo.

Estos "Cuentos de la picada" confirman el espíritu indomeñable de los combatientes, quienes pergeñaron diversas estrategias para sobrevivir y conservar la cordura en condiciones infrahumanas.

Las narraciones orales, transmitidas a través del boca a boca y amplificadas por los eventuales relatores, están impregnadas de un humor tan sardónico como desopilante.

Algunos cuentos refieren a personajes realmente inefables, como el célebre folclorista Aníbal Sampayo, que solía interpretar su repertorio tanto para compañeros como para carceleros. Sus ocurrencias merecen un sitial de privilegio en esta auténtica antología de humoradas carceleras.

No le va en zaga el "Viejo" Paiva, quien mantuvo un recordado altercado con un soldado duro e intransigente, que el recluso dirimió con mucha imaginación y una picardía bien criolla.

Todos los relatos tienen la intransferible impronta de la creatividad popular, que en este caso actuó como herramienta idónea para exorcizar los recurrentes fantasmas del miedo y la incertidumbre provocada por el encierro y la tortura.

El segundo aporte, que está a cargo de colega Fabián Werner, es una extensa entrevista a la ex guerrillera tupamara Yessie Macchi, que permaneció catorce años privada de su libertad en cárceles y cuarteles.

El reportaje, que mixtura el relato periodístico con el testimonio, es una auténtica crónica del horror, que nos permite conocer no sólo a la combatiente, sino también a la mujer de carne y hueso que subyace debajo de la leyenda.

La narración comporta un cuadro desgarrador, que da cuenta de las pérdidas --el compañero asesinado y el embarazo interrumpido por la tortura-- pero también de los grandes triunfos y de la inclaudicable batalla contra el miedo y la prepotencia.

Esta historia, que es realmente conmovedora, permite al lector aproximarse a una mujer que padeció el suplicio del maltrato, la violación de los derechos humanos y el aislamiento extremo como rehén de la dictadura.

Uno de los fragmentos sin dudas más removedores de este dantesco periplo por las cárceles fue su relación con Elisa Michelini, hija del mártir Zelmar Michelini, quien también soportó lo insoportable.

Sin embargo, el relato --de una crudeza inenarrable-- se erige en un auténtico ejemplo de temple, fortaleza e inclaudicable voluntad para derrotar al encierro y a los fantasmas que la acosaron luego de su liberación y durante su traumática reinserción en la sociedad.

Uno de los trabajos sin dudas más convocantes es el reportaje que María Noel Domínguez le realizó al general (r) Oscar Pereira, autor del polémico libro "Recuerdos de un soldado oriental del Uruguay".

En este jugoso diálogo, el militar aboga por la anulación de la Ley de Caducidad, con el propósito de demoler definitivamente la arquitectura de la impunidad y permitir el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura.

El entrevistado califica al período posdictatorial como "democracia cívico militar", alegando la necesidad de seguir trabajando por la verdad y la justicia.

En ese contexto, reitera que las Fuerzas Armadas deben pedir perdón por los crímenes cometidos, denunciando, además, la existencia de persistentes amiguismos y prácticas de nepotismo en la interna castrense.

Asimismo, Domínguez publica un breve reportaje al periodista Antonio Dabezies, quien evoca la efímera historia de "El dedo", la revista humorística que sacó de casillas a los militares y sus aliados.

También resulta muy valioso el aporte del docente Gastón Goicoechea, quien desarrolla un minucioso análisis en torno a la propaganda del gobierno dictatorial que procuraba la adhesión de la ciudadanía a su reforma constitucional de corte fascista en 1980.

El trabajo, que se nutre básicamente del contenido de 21 avisos oficiales publicados entre el 1º y el 27 de noviembre en el diario "El País", resulta esclarecedor para interpretar las motivaciones que inspiraban al régimen.

Mediante una profunda relectura de los mensajes, el autor destaca la recurrente utilización de los conceptos de familia, patria y nación, así como de las dicotomías orden-caos y paz-violencia.

También identifica la iconografía simbólica de impronta totalitaria, el espíritu de la doctrina de la seguridad nacional y la falsa dualidad entre cultura occidental y cristiana y comunismo ateo.

El ex preso político y escritor Jorge Tiscornia, que participó también de los dos números anteriores de esta colección, remonta los senderos de la memoria para reconstruir cruciales momentos de su prolongado tiempo de confinamiento.

Su relato, que recuerda llegadas y traslados a cuarteles y cárceles militares, recoge removedores episodios de la pesadilla y humillación padecida en los calabozos.

Uno de los aportes más significativos de este libro es el reportaje realizado por el historiador Jaime Yaffé al ex diputado blanco Oscar López Balestra, quien está alejado de la actividad política.

Su relato nos permite redescubrir a un hombre de confianza del caudillo nacionalista Wilson Ferreira Aldunante, quien participó en la resistencia a la dictadura y votó contra la Ley de Caducidad, en una encomiable actitud que le enfrentó a su propio partido y a su referente político.

Un aporte de dimensión cuasi pedagógica es la "Breve guía para la lectura de la investigación sobre detenidos desaparecidos", a cargo del docente y cientista político Alvaro Rico, quien coordinó ese trabajo testimonial de cinco tomos, con los historiadores Gerardo Caetano y José Pedro Barrán.

El análisis ingresa en el núcleo más duro de uno de los temas más traumáticos de nuestro pasado reciente.

El último texto de este compendio testimonial es una investigación de campo realizada en nuestro país, por la docente de ciencias políticas de la Universidad de Long Island J. Patrice Mc Sherry.

El texto releva aspectos vertebrales de la coordinación represiva regional en el marco del Plan Cóndor y de la injerencia norteamericana en el cono sur, en alianza con los gobiernos autoritarios que asolaron a nuestro continente.

Los trabajos incluidos en este libro constituyen sustantivos insumos para la interpretación de nuestro pasado reciente, por su indudable valor documental y testimonial.

El intenso ejercicio de memoria habilita la visualización de un nuevo horizonte, que coadyuva a la insoslayable tarea de restañar las heridas del pasado, sin renunciar a la verdad ni a la justicia.

Esta tercera entrega de "Cuadernos de la historia reciente" es un crucial aporte a la reflexión colectiva y una invalorable materia prima que realimenta el debate en torno a los orígenes del autoritarismo y la heroica resistencia popular que posibilitó la restauración democrática. *

(Edición de la Banda Oriental)

Cuadernos de la historia reciente 4



Banda Oriental presenta una nueva edición de los Cuadernos de Historia Reciente. Como en números anteriores, la idea de la obra sigue siendo la reconstrucción a través de testimonios, entrevistas, documentos y análisis de distintos autores, de los hechos acaecidos en el Uruguay durante el terrorismo de Estado. La obra llega a las librerías este 19 de mayo.
El cuaderno 4 tiene como primer trabajo una recopilación y edición de entrevistas de Clara Aldrighi a distintos integrantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Eleuterio Fernández Huidobro, Mauricio Rosencof, Carlos Liscano, Henry Engler, David Cámpora, son sólo algunos de los seleccionados para esta publicación que sirve a su vez como antecedente a un futuro libro de la autora, que también editará Banda Oriental.

Por otro lado, en una sección denominada "La vida de los otros", se realiza un análisis de la censura en distintos ámbitos de la cultura nacional; el teatro, la música y la propia edición de libros. Para este trabajo se cuenta con la colaboración de Leo Maslíah y Roger Mirza. En un sentido similar, el profesor Oscar Destouet comparte sus investigaciones sobre el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores durante el gobierno de facto.

Con la cámara de Yuyo Rasmussen, la publicación entra al Museo de la Memoria, ubicado en la ex casa de Máximo Santos, que bajo la dirección de Elbio Ferrario sigue recibiendo material para clasificar y luego compartir y luego compartir con el resto de los uruguayos.

Jaime Yaffé entrevista a Efraín Martínez Platero, un ex tupamaro exiliado en Cuba y a quien se le adjudica la formación de Colonias en la isla de Fidel Castro.

Acompañan la publicación un extenso análisis de Gabriel Bucheli sobre los orígenes de la violencia en Uruguay, un recuerdo de Julio Listre para Horacio Ramos y la introducción de Diego Achard a su libro "Se llamaba Wilson", editado de manera póstuma.

El material de este cuaderno, al igual que los tres que lo proceden, tiene como propósito el análisis de hechos y acontecimientos más relevantes del período autoritario y dictatorial, a través de diferentes miradas.

La cantidad de documentación y lo vasto de la temática abordada obligan a trabajar sin interrupciones en la preparación del próximo número, que estará a la venta antes del mes de setiembre.

Fragmento del capítulo "Memorias de la insurgencia", con entrevistas a Eleuterio Fernández Huidobro y Mauricio Rosencof.
Fragmentos del capítulo "Memorias de la Insurgencia", entrevistas a ex tupamaros, publicado en el Número 4 de Cuadernos de la Historia Reciente", editado por Banda Oriental.
Herméticos, dogmáticos, sensibles, víctimas, victimarios, presos políticos, dirigentes, gobernantes, todas características que se le pueden adjudicar a quienes participaron del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros desde su fundación hasta nuestros tiempos. Pues Clara Aldrighi * se dedicó años a realizar largas entrevistas para publicar La izquierda armada, Ideología, ética e identidad del MLN. Presentamos un resumen de algunas de las conversaciones de Clara que integrarán en breve un nuevo libro de Ediciones de la Banda Oriental.


Eleuterio Fernández Huidobro
Uno de los primeros impulsores del proyecto de lucha armada con objetivos revolucionarios en el Uruguay y fundador del MLN.

¿Qué opinaba de la violencia contra las personas que aplicó el MLN en varias oportunidades, desde los ataques a fascistas hasta el ajusticiamiento de torturadores?

Estoy contra la pena de muerte, entendiendo por ella la ejecución de un prisionero inerme. También lo estaba en esa época. Sin embargo, no tenía problema en matar en el marco de un enfrentamiento. No sólo en el tiroteo casual y esporádico, sino también en casos como el de Morán Charquero y otros. Es decir, si un torturador, sabiendo que hay una guerra declarada -porque lo estaba por nosotros- hace lo que hace, asume todas las consecuencias. Y yo también asumo las mías. La guerra es así. El mejor general de la guerra es aquel que puede sorprender a sus enemigos cuando están durmiendo y matarlos a todos. La guerra consiste en matar al enemigo o que te maten a vos.
El ejército uruguayo estudia eso todos los días. Con los impuestos que nosotros pagamos. Se preparan para -en caso de guerra- matar al enemigo, en lo posible durmiendo, y sin bajas propias. Eso hacían Napoleón, Julio César, Artigas, Eisenhower, Montgomery, Lenin, Trotsky, Mao.

Dentro de la guerra, hay crímenes de guerra, que están legislados por la Convención de Ginebra y la Cruz Roja Internacional. Por ejemplo la matanza de My Lai contra la población civil vietnamita. Hiroshima, Nagasaki, no por haber lanzado la bomba, sino porque ya no era necesario. Los bombardeos sobre Europa nadie los enjuicia.

En nuestro caso, creo que los de los cuatro soldados fue un error, lo del Peón Báez un crimen.

Cuando se considera que se está combatiendo una guerra, en este caso irregular ¿no se vuelven imprecisos para los militantes los límites de lo justo y lo injusto y se tiende a considerar lícito todo aquello que pueda justificar la victoria? En especial cuando no existen, como no existían en el MLN, discusiones y resoluciones al respecto.

Para muchos militantes eso es así. Si en el caso del peón rural me hubieran consultado, hubiera dicho que no. Cuando me enteré, y todavía nadie lo sabía, no había aparecido en los diarios, les dije que era un gigantesco disparate.
Se dice que hubo una desviación militarista: en realidad hubo falta de militarismo. Los compañeros no habían leído suficientes cuestiones de carácter militar, como para saber que eso no se hace. Quien mejor te puede explicar que eso no se hace son los propios militares, que tienen normas para la guerra, normas que están fundadas en una vieja sabiduría humana.

Mauricio Rosencof
Escritor, fue detenido en 1972 y declarado rehén al año siguiente. Actualmente se desempeña como Director de Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo.

¿Por qué razón los dirigentes del MLN resolvieron no salir de Uruguay durante la ofensiva represiva de 1972?


Nuestra dirección cae presa -caemos- en 1972, pero el Bebe está aún en la calle. Le mandamos decir que se vaya del país y nos responde que no le importa la resolución ni la mayoría. Que con toda la gente que caía presa y estaba siendo torturada, no se iba. Puede parecer importante irse al extranjero para reorganizar, pero el Bebe no pensó así.
Te puedo decir más. Cuando estábamos como rehenes los suecos gestionaron un canje: un aporte comercial muy importante para Uruguay, a cambio de sacar rehenes para el exterior. Los familiares nos fueron consultado, en la medida de las posibilidades, y ocurrió que todos nosotros respondimos lo mismo: "Si no salen todos los compañeros, no nos vamos".

¿Qué recuerdos conserva de su experiencia carcelaria, de los nueve años soportados en condiciones de rehén?

No te hablo sólo de mi experiencia, sino de la de todos los compañeros. A los que estuvieron en cana se le interrumpió la vida, pasaron por una "biaba" muy dura que a muchos les dejó secuelas. Por ejemplo, una gran vulnerabilidad en el relacionamiento con los demás compañeros o con sus familias. Otros dejaron niños pequeños y los reencontraron en edad de votar, muchas parejas se rompieron, se vivía la impotencia de tener una familia que mantener y no poder hacerlo.
En cuanto a mis años como rehén, los describo en Memorias del calabozo. Estábamos totalmente incomunicados, en calabozos de dos metros por uno, a media ración, solíamos comer insectos, cuando no nos daban comida y si no nos daban de beber debíamos reciclar nuestras orinas.

Un coronel dijo públicamente -y fue denunciado en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas- que dado que no habían podido matarnos cuando caímos presos, nos iban a volver locos. Dos compañeros enloquecieron, uno murió en el calabozo y otro, el Bebe, murió a raíz de las afecciones contraídas en el período carcelario. Ese régimen de vida soportado durante tantos años nos redujo las defensas orgánicas. Por eso Sendic murió en pocos meses, a pesar de tener una afección que en otras condiciones le hubiera permitido vivir ocho o diez años más.

¿Qué cosas positivas me quedan de ese período? Te diría que la más importante es la que registra una publicación cubana que me hicieron llegar a poco de salir, donde un coronel uruguayo decía algo como "Judío de mierda, se está haciendo el guapo, ahora va a saber quiénes somos nosotros".

El hecho de haber tenido que enfrentar situaciones difíciles y no haber trasladado al prójimo la cruz que me tocó por esos días, es el primer elemento positivo. Esos días de interrogatorios sucesivos -que fueron nueve meses, con dos internaciones en el hospital- denunciados por Michelini en la Cámara, me dejaron una firmeza, una seguridad y una limpieza que me permitieron poder contemplar a mi viejo, en el momento en que pude contemplarlo, y a mis compañeros, de frente.

Esto me dejó una gran seguridad para enfrentar lo que venga. Mientras no se pasa por una instancia de esa naturaleza es muy difícil decir: "Tengo esa seguridad". No sé si la tendré hoy, enfrentando esa misma situación, pero actúo como si la tuviera, porque pienso que sí, porque hubo una instancia en que lo comprobé.

El segundo elemento que rescato es que el hombre es capaz de prenderse a la vida como la hiedra al muro, que si tiene una canción para cantar, la canta en cualquier condición. Durante ese período establecí una relación muy especial con la guardia. Les hacía acrósticos -ellos decían "acrílicos"- sonetos cortos y cartas de amor. Hasta seduje una mujer.

Cierto día alguien irrumpe en el calabozo -donde entraban nada más que las ratas- y siento una voz: "Manda a preguntar el sargento si usted es el escritor". Dije que sí. Y el soldado: "Ordena el sargento que le escriba una carta a su novia". Se la hice, le gustó a la novia, luego hubo una segunda, se corrió la voz y la guardia -que tenía prohibición terminante de comunicarse con nosotros- empezó a pedir, cada vez que podía, un verso para la novia, la madre o la hermana.
Escribí de esa forma cientos, miles de "acrílicos" y de cartas. Un guardia en una ocasión me dijo: "Estoy enamorado, ella no me tiene confianza, pero yo la quiero bien". Me pareció sincero, le escribí, le dio cita y al poco tiempo estaban prometidos para casarse. Al cabo de dos años de la "Vuelta al Uruguay en calabozo", llegué a ese lugar otra vez y me lo encuentro: "¡Pero qué alegría, ¿vio?!" El guardia: "Mire lo que me pasa, mi señora protesta, me dice que cuando éramos novios le escribía unos versos muy lindos y ahora nada". Tuve que reservarle algunos versos.

Todo esto tenía un determinado valor: un cacho de pan, dos cigarrillos, un huevo duro, a veces la parte inferior de un bolígrafo. Sobre hojillas de fumar y con letra muy pequeña escribí las obras que venía pensando en todo ese tiempo. Porque la única posibilidad que tenías era la de pensar, ya que la realidad estaba en tu imaginación, en tus sueños. Porque la realidad tangible no era vivible.

La Margarita, por ejemplo, y otras obras, fueron escritas en el calabozo. Arrollaba las hojillas con un nylon, hacia un tubito y las ponía en el dobladillo de la camiseta, que mi familia se llevaba para lavar. Así salieron esos poemas, que fueron leídos con carácter de póstumos en 1976, en un festival de teatro en España. Porque con motivo de mi fallecimiento me dedicaron un festival de teatro...

Otra cosa que me dejó la cárcel es un paladeo de los elementos más triviales de la vida, que me dan un disfrute muy elevado. Durante años, cuando salía a la calle, no salía a caminar, sino a respirar. Porque respiramos "caldo" durante años. No teníamos aire ni ventilación. La ventanita estaba tapiada. Eran calabozos de dos por uno, a veces más chicos. En Minas, por ejemplo, estuvimos durante meses sentados en un banquito que se movía, de espaldas a la puerta y contra la pared, quietos. No nos dejaban parar. Sólo acostarnos de noche, cuando te entregaban el colchón.

En Paso de los Toros estuvimos dos años en unas catacumbas donde corrían las ratas. Teníamos un espacio de un metro diez por un metro ochenta, pero había una tarima (que no podías utilizar) que reducía el espacio a sesenta centímetros. No podías caminar.

Cada vez que voy al baño, se me produce una asociación. Nos llevaban a orinar una vez por día, la vejiga la tenías en la cabeza. Si orinabas en la celda quedabas sancionado, toda la noche de plantón.

En esa vuelta andábamos siempre juntos el Pepe Mujica, el Ñato Fernández Huidobro y yo. El Pepe tuvo trastornos renales, alucinaciones auditivas y un problema muy serio de incontinencia. Todo eso por la falta de agua: no nos daban de beber. Había orden de dejar agua. Aunque a veces la volcaban, pero habían cumplido con el reglamento. El Pepe se enfermó, le dieron agua "por prescripción médica": un balde de lavar el piso, de dos litros.

Luego empezó la "batalla de la pelela". Hubo una resolución del comando de las Fuerzas Armadas para que se le otorgara a Mujica la pelela. La familia intervino, habló con el Comandante en Jefe -el Goyo Alvarez- que la autorizó. Luego de obtenerla comenzamos la "batalla de la lata". El problema es que cada vez que tenías un traslado -cada tres meses te trasladaban- no te llevaban con la lata y había que reiniciar la batalla. Además , por el uso, se perforaba.

Con esto quiero decir que la comida, los aromas, el caminar, el cielo estrellado -durante trece años no vimos el cielo - lo vivo con delectación.

En suma, pasé por una experiencia interesante, donde mantuve mis convicciones con firmeza. Las afecciones que me quedaron forman parte de las leyes del juego y también de los años. Lo más positivo es que puedo hablar con cualquiera. Me siento con la seguridad de que cuando tuve que jugarme una parada difícil, la jugué con dignidad.

¿Qué pensó acerca de la posibilidad de establecer una alianza con militares "nacionalistas" durante las tratativas de 1972?

En este tema tuve mucha participación. Me encontraba en el 9º de Caballería, "en la punta del Obelisco". Me habían trasladado desde otra unidad en un estado inquietante. Cuando vuelven a empezar otra vez los interrogatorios, me muestran la cédula de identidad de un compañero, un contacto que era oficial de las Fuerzas Armadas y que por supuesto conocía.

Quien me interroga sobre eso era el mayor o el comandante, no recuerdo. Me dice: "¿Usted identifica a esta persona?". Entonces me salió una de esas cosas que tuve en otras oportunidades, fuera de la lógica: "¿Se da cuenta que a su nivel y a mi nivel, no podemos estar preguntándonos quién fue que tiró los volantes en 18 y Andes? ¿No piensa que tenemos que sentarnos a conversar cómo encauzamos esta situación y terminamos con esto? ¿No se da cuenta que nuestra responsabilidad, la que usted tiene frente a sus compañeros y yo frente a los míos, por el nivel en que nos encontramos, es sentarnos a conversar sobre lo que pasa y en cambio usted me viene a preguntar tonterías?". Al rato dice: "Tiene razón".

Me mandaron de vuelta al calabozo y a la semana se produce la primera reunión.
Un día me vienen a buscar, me hacen bañar y me llevan con capucha y esposas. Antes de entrar me comunican que fulano de tal había venido a conversar conmigo. Allí estaban, en el salón, el Goyo Alvarez con su estado mayor, y Cristi con el suyo. Tenemos dos reuniones, una de ocho horas y otra de seis. No eran interrogatorios: discutíamos sobre el pensamiento de la organización, sobre qué salida había, sobre el pensamiento de los militares, sobre lo que buscábamos nosotros y qué margen de entendimiento teníamos.

Recuerdo que Cristi insistía: "Todo es posible sobre la base de la rendición incondicional". Y yo: "A eso no le respondo, si le respondiera le diría que no. Acá hay dos fuerzas en juego y no puede haber rendición incondicional. En todo caso, una capitulación. La rendición incondicional ni la acepto, ni la admito, y mucho menos la propongo o la transmito".

El Goyo por su parte decía: "Pero bueno, algo podemos ver, se puede conversar". Recuerdo situaciones anecdóticas, por ejemplo, cuando le explico el tema de las amatistas, sobre el que tenía algo de información. "Este es un país que tiene catorce habitantes por kilómetro cuadrado, permítame" y le agarro la fusta, indico en el mapa la zona de las amatistas. "Hay un alemán, Becker, que es dueño de los campos de El Catalán y las exporta como muestra gratis sin valor o como lastre".

Mientras explicaba me quedaba sin cigarros y Cristi me mandaba a buscar más.
Así empezaron las negociaciones, en el 9º de Caballería, con una cierta altura. Se endurecen por momentos, un alférez de esa unidad muere en un enfrentamiento. La organización tenía mucha fuerza afuera.

Al cabo de un tiempo reúnen a los dirigentes de la organización presos en el Batallón Florida. Durante ese período no interrogaron a quienes participamos en las conversaciones. Desde que se produjo el primer contacto hasta que pasamos a la condición de rehenes hubo, no un alto el fuego, sino un respeto.

En el Batallón Florida nos encontramos para iniciar las negociaciones. Allí me encuentro con el Ñato, con Manera -que tenía los testículos ensangrentados por el caballete- con Nepo Wasem, a quien le habían dado una "zalipa" bárbara. A las veinticuatro horas de estar allí nos informan que Enrique, el compañero que estaba al frente del taller de berretines, escapó de la custodia de su guardia y murió.

Dicho sea de paso, la creación de berretines es una concepción de la columna Tres. Inclusive los compañeros fueron a explicarla a otros países.

Nos reunimos en Florida y en la primera reunión planteo que cierto individuo a quien habían incluido, no debía participar porque estaba proporcionando información. Lo sabía porque había estado con él tiempo antes, en el Departamento 5, donde nos habían dado una "zalipa" durísima. Yo estaba con la cabeza envuelta en leucoplasto, para impedirme la visión, bastante tirado, y ahí nos vienen a buscar, porque yo estaba requerido por siete u ocho unidades.

Siento entonces una voz: "¡Guardia, guardia, me acordé me otro, me acordé de otro!". No me doy cuenta quién es, no me encontraba en muy buenas condiciones. Estaba recostado y me tiro como desmayado. Sigo la orientación de la voz: por los espacios que quedan abiertos, al lado de la nariz, veo a cierto individuo sentadito, con un casco en la cabeza.

Pero además nos preguntaron si queríamos que participara en las negociaciones también ese muchacho, Amodio Pérez. No era tan sencillo lo de Amodio. Era uno de los fundadores de la organización, un hombre que reclutó a Marenales, que comandó la operación de Pando, que desarrolló toda la técnica. Políticamente nunca tuvo ningún peso, pero tenía gran ambición.
Que Amodio estuviera en la dirección no se debió a que nos tragamos un tranvía. Si afirmamos eso nos pareceríamos a los que cada vez que tienen un traidor dicen que es un infiltrado de la CIA. No, Amodio era un linotipista, un obrero, tenía un cierto crédito por eso, era audaz y militarmente muy capaz. Con todos los cuestionamientos que tenía, los compañeros deciden que quien comande Pando sea él. ¿Sabés como zafa de Pando? Agarrando con gran audacia el volante del furgón donde se transportaba la urna y atravesando el cerco con él.

Todo lo del funeral con el que llegamos a Pando lo había concebido yo. Porque el problema que teníamos era cómo llegaban seis comandos sin llamar la atención. Se me ocurrió entonces que podíamos similar el entierro de unos restos mortuorios traídos desde Buenos Aires. Nos juntamos en Martinelli, con seis vehículos y un furgón, simulando un funeral que no iba para Pando sino para Soca. Había ido antes con mi compañera a ver nombres creíbles en el cementerio de Soca.

Volviendo a las negociaciones: otra persona que estuvo en un primer momento fue Alicia Rey Morales, la "Negra". Cuando nos llevaron de vuelta a nuestro "alojamiento", le digo al Ñato: "Oíme, si el Negro Amodio anda en eso, la Negra también, porque estos más que pareja son culo y calzón. Nos están metiendo un “tapado””.

Nos reunimos entonces con el capitán Calcagno, con Camacho, con el comandante Legnani (que tenía todo bajo control pero que no participaba) y el “Guacho” Méndez, hijo del general, que entonces era alférez. Nos reunían para encarar en serio las tratativas, para lo cual era necesario tomar contacto con Sendic afuera.

Lo primero que dijimos fue: "Si vamos a jugar, jugar limpio. Nos están metiendo en la reunión a una persona que es confidente de ustedes y trajeron a cierto individuo para lo mismo. Si es en esos términos no continuamos".

Calcagno responde: "Si, tenés razón. Yo dije que no lo hiciéramos porque ustedes no mascan vidrio". A partir de entonces se desarrollaron las conversaciones.
Había que conseguir un contacto afuera, con Sendic. Ninguno de nosotros lo tenía porque hacía tiempo que habíamos caído. Finalmente, se logró. Decidimos que saliera el Ñato y se produce una cosa muy interesante.

Cuando se hace el contacto, la persona que viene, enviada por el ejecutivo de la organización, le dice al Ñato: "Hace tiempo que perdimos contacto contigo, te tenemos confianza, pero sabemos cómo anduvo el Ruso". Los compañeros sabían que de mis interrogatorios no habían obtenido nada. "Queremos un contacto con él". El Ñato vuelve con el mensaje y yo salgo en el Volkswagen de Calcagno. Con él al lado, porque me dio el volante.

Me dejó en un lugar de la ciudad y en el bar Añón me encontré con el compañero. Era el 30 de junio de 1972, día de mi cumpleaños. Ese compañero tenía una bufanda larga y me la regaló. Volví a entrar al Florida. Días después salimos el Ñato y yo a una reunión con el ejecutivo.

Inclusive un compañero de la dirección nos propuso no retornar al cuartel. Nuestra respuesta fue un no rotundo. No podíamos arriesgar a los que quedaban en los cuarteles, haciendo trampa para rajar nosotros. También porque no podíamos crear un clima de desconfianza en el otro bando para mejorar nuestra situación. Nos hubieran sacado al exterior, pero los compañeros que quedaban iban a ser masacrados.

A esta reunión del ejecutivo Sendic no fue. Estaban "Octavio" (Henry Engler) y otros. Con Raúl pasó una cosa mucho más interesante: entró al Florida y salió. La lucha entre enemigos suele ser así. ¿Cómo se entendería de lo contrario que entre Hezbollah y el ejército israelí, que se revientan mutuamente, cada tanto hagan un alto para devolverse cadáveres?

Las negociaciones se efectuaban a distinto nivel dentro de las Fuerzas Armadas. Había un nivel de capitanes, que era el que estaba más interesado, porque eran los que salían a la calle a dar la cara, los que golpeaban la puerta, la abrían y podían recibir el primer balazo. Empezaron poco a poco a adherir oficiales de otras unidades.

Llegamos a elaborar, con Manera, con Nepo Wasem y el Ñato, las bases de una capitulación. No era una rendición incondicional. Esas bases implicaban que los compañeros fueran amnistiados, pero que los dirigentes cumpliríamos cinco años de reclusión abierta en las tierras de Silvia y Rosas, que se iban a convertir en una cooperativa cañera. Teníamos derecho a trabajar con nuestras familias. Hablábamos de los recursos pesqueros, de la tierra.



* Clara Aldrighi es docente de historia contemporánea en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República.