El 68 uruguayo - Hugo Cores

PRIMERA PARTE

CAPITULO 1
Antes y después de junio de 1968

El año 68 constituye un hito importante en el ciclo de instauración en el Uruguay de un régimen autoritario y una nueva relación de fuerzas entre las clases, en perjuicio de los trabajadores. Este proceso culminó entre 1973 y 1985. Tuvo como eje una reestructura del sector financiero y la concentración del poder y de la riqueza.

El ciclo autoritario produjo cambios profundos y duraderos en el país, en el estado y en la sociedad: en la vida cotidiana de la familia trabajadora y en los anhelos y las esperanzas de los jóvenes, en la confianza o no en los destinos del país, en la educación pública y en la cultura popular, en la administración de justicia, en las formas de actuación policial y en los medios de comunicación. Nada quedó al margen de los cambios.



Empobrecimiento y emigración
Para tomar uno de los aspectos económico-sociales - el de la distribución del ingreso - de la nueva situación generada a partir del gobierno de Pacheco, como dicen los autores de “El Proceso Económico del Uruguay”, dirigidos por el Cdor. Samuel Lichtensztejn, “El decreto del 28 de junio de 1968, por el que congelaron salarios y precios, instauró una nueva etapa en el proceso político y económico nacional, generando un verdadero cambio cualitativo en las formas sociales de relación y en las luchas entre clases y grupos sociales”. (Pág. 409).

Investigaciones relativamente recientes (marzo de 1991) del CLAEH (‘Indicadores básicos del Uruguay”. Tomo 2. Economía) confirman las conclusiones de estos autores y permiten visualizar que el año 1968 constituyó un punto de inflexión en el proceso de caída del salario real.

Efectivamente, tomando como base 100 el promedio anual de salarios de 1957, el promedio del año 1967 se encontraba en 86.0 (es decir, había perdido 14 puntos en 10 años). En el curso de 1968 el promedio anual del salario real (públicos y privados) cae al 73.2.

Vale decir, cae, en el curso del año 68, 12.8 % . Expresado de otro modo: en un año casi tanto como en diez. Si es que la evolución del salario real interesa un poco para conocer la historia de una sociedad hay que admitir que estas cifras aportadas por el CLAEH dicen algo.

Se iniciaba así un ciclo en el que se incrementa aceleradamente el despojo salarial alcanzando, al final de la dictadura, su punto más bajo: un 40.4% en relación a 1957. (CLAEH. Ob. cit. pág.171).

No se dispone, para ese período, de estudios serios sobre la evolución de otros indicadores de la realidad social como ser tasas de mortalidad, alimentación, condiciones habitacionales, jornada de trabajo, rendimiento escolar, etc.

Una línea interesante para la investigación de la pobreza podría ensayarse siguiendo la evolución del otorgamiento del “carnet de pobre”. A modo de “noticia” anotemos que los días 11 y 12 de enero de 1968 la prensa montevideana se ocupa de los incidentes producidos en una oficina estatal de la calle Mercedes y Gaboto donde se había producido una aglomeración en la entrega de los carnets. Según El Popular del 11 de enero (pág. 7) el número de los carnets entregados había pasado de 25 mil (no especifica el año) a 106 mil. Se estimaba que para la obtención del boleto urbano rebajado ese año la cifra alcanzaría los 200 mil.

La hondura de la política antipopular llevada adelante durante ese período afectará la propia cohesión nacional al iniciarse un profundo corte demográfico. Este es un tema sobre el que hay documentación y estudios publicados.

Hacia fines de 1967 un editorial del diario “El País” mostraba preocupación acerca de la emigración uruguaya, manejando la cifra aproximada de 2.000 personas ese año.

Según Israel Wonsewer (”La emigración uruguaya 1963-1975″. CINVE-1985), manejando sin duda datos más precisos, la cifra para 1967 es de 2.602, constituyendo el 1.19 % del total de emigrados entre 1963 y 1975. En 1968 la cifra de uruguayos emigrados salta a 8.020, multiplica por 3 los números de 1967, constituyendo el 3.67°/ del total. Se inicia así un crecimiento vertiginoso en la salida de compatriotas que alcanza en el correr del año 1974 a 64.646. Entre ese año y el siguiente se irán del país más de 121.000 personas, casi duplicando el número de crecimiento vegetativo de la población (págs.74 a 77).

Por su parte, César Aguiar agrega: “entre 1965 y 1975 el país había perdido más población que toda la inmigración que atrajo en el siglo XX”. (”Uruguay: país de emigración”. Ediciones de la Banda Oriental. 1982, pág.44).



Un proceso gradual
Con el respaldo mayoritario de los dirigentes de los Partidos Tradicionales y de las cámaras empresariales se fueron creando las condiciones para que este proceso avanzara y así el cuño dictatorial se fue imponiendo desde el Poder Ejecutivo, sin renunciar al mantenimiento de la continuidad formal de la Constitución.

El proceso autoritario fue creciendo desde dentro de las estructuras institucionales y administrativas del Estado. La represión sindical y política se hizo en nombre de las mayorías, apelando a la legitimidad formal del estado de derecho, a la paz social, para “defender la democracia” y, con ese discurso, contó, con excepción de algunos enfrentamientos episódicos, con la aquiescencia de la mayoría del Parlamento.

Para los militantes sindicales y de izquierda saber ante qué se estaba, caracterizar adecuadamente la naturaleza política del régimen fue objeto de no pocos debates. Si para algunos ya desde 1964-65 se trataba de una tiranía que colocaba en el orden del día la lucha armada, para otros, en el régimen de Pacheco todavía subsistían garantías como para confiar en el “acceso del pueblo al poder” a través de las elecciones previstas en la Constitución para noviembre de 1971 y sobre esa certidumbre basaron no solo su acción política sino también su estrategia sindical.

Para la FAU-ROE el régimen inaugurado en 1968 era una “dictadura constitucional” El Concepto se mostró suficientemente adecuado para mostrar el carácter real de un régimen que sin mengua del cepo duro del autoritarismo no desdeñó en ningún momento cubrirse con las formas exteriores del Estado de Derecho y el discurso democrático.

La violencia represiva desatada en 1968 generé el estallido de diversas formas de resistencia desde el campo popular, incluyendo la lucha armada.

Centrando su discurso en la práctica de esta, el MLN construye una identidad y un protagonismo propios a partir de agosto de 1968, ya no solo como expresión de resistencia callejera sino como estrategia global, como desarrollo de una línea revolucionaria.

En lo Político, el ciclo se inició con la clausura de algunos periódicos y la disolución de algunos partidos (el 12 de diciembre de 1967) y culminó con el golpe de estado del 27 de junio de 1973.

A la manera de Hobsbawn se podría decir que hubo un 68 largo (iniciado con las ilegalizaciones de Géstido) que se prolonga y se extrema luego con el gobierno de Bordaberry. En medio de ese período hay un significativo paréntesis: la política económica y social de 1971, preparatoria de las elecciones de ese año: aumento de salarios y jubilaciones, retraso cambiario - el llamado “dólar electoral” y como consecuencia enlentecimiento de la inflación, etc.



Nuevas Interrogantes para la izquierda
Hubo una cierta continuidad legal y constitucional entre los gobierno de Pacheco y de Bordaberry: las Medidas Prontas de Seguridad de 1968, toleradas por la mayoría del Parlamento, y el golpe del 27 de junio de 1973, expresión del crecimiento gradual del autoritarismo de Estado que, como un chaleco de fuerza, se fue ciñendo sobre la Sociedad, cancelando la vigencia de los derechos individuales y colectivos, las libertades políticas y Sindicales.

Tal como se verá en este trabajo el proceso mostró la debilidad de las fracciones liberal-democráticas de los Partidos Tradicionales y también la voluntad de la mayoría de las direcciones políticas, empresariales y de la administración estatal de respaldar la torción autoritaria. También la dirección de los grandes diarios, las principales radios y todos los canales de TV.

Es importante registrar, además, que la violencia estatal (policial primero y militar después) contra los gremios y luego contra toda forma de oposición, operó sobre una sociedad en la que durante más de medio siglo el ejercicio de la dominación burguesa se había realizado, a diferencia de otros países de la región, en forma predominantemente pacífica

¿Cuánto subsistía del viejo sistema de equilibrios sociales y políticos del Uruguay liberal? ¿Hasta qué punto el país se había “latinoamericanizado” y no había otro camino que el de la revolución?

Como se verá en este trabajo, una parte considerable de la izquierda, de la intelectualidad y de la Iglesia se inclinó por esta opción. Desde este denominador común se pensaron y se ensayaron distintas estrategias.

En la mayoría de los intentos sin la elaboración de un pensamiento consistente, con “marcado atraso teórico en relación a la riqueza de las luchas que se venían desarrollando” dirá por entonces Raúl Cariboni.

Para las corrientes “marxista leninistas” (pro-soviéticas, maoístas, etc.) la “teoría científica” ya existía, pre-existía. Se trataba de “conocerla” y aplicarla “correctamente”. Cabe aquí la descripción formulada por Pablo González Casanova para los “pioneros del marxismo-leninismo en América Latina”: “(…) influyeron las categorías de una antigua y renovada cultura acostumbrada a pensar en forma de credo, a creer en forma de dogma, a interpretar la realidad con juicios de autoridad.” (”Imperialismo y liberación en América Latina”. Ed. Siglo XXI. 1978, pág.118).

Lo “teórico” consistía en estar al tanto de lo ya pensado en otro tiempo y otros países. La validez del argumento nacía de la autoridad del citado, más que de la adecuación al debate específico.

Para las corrientes que surgieron (o resurgieron muy cambiadas) en la década del 60, el énfasis se ponía en “los hechos”, desdeñando “la teoría” a la que a menudo se aludía como un pasatiempo inconducente.

Hemos puesto énfasis en analizar las visiones que se tenían desde el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, la Resistencia Obrero Estudiantil y la Federación Anarquista Uruguaya.

Le damos importancia al examen del PCU porque ninguna otra fuerza política de izquierda tuvo el grado de elaboración de propuestas, de conducción política, de unidad interna y presencia militante que, en ese período, tuvo el PC.

De hecho, y pese a la represión de que fue objeto durante la dictadura, se puede afirmar que entre 1955 y 1990 creció ininterrumpidamente, constituyéndose en una fuerza respetada, a la que era imprescindible tener en cuenta para cualquier proyecto sindical o político de signo popular y antiimperialista.



El Uruguay estancado
Con altibajos, durante la primera mitad de este siglo, por lo menos hasta 1955, la inserción del capitalismo uruguayo en el mercado mundial había sido menos desfavorable que para otras regiones de América Latina. Habilitó cierto desarrollo económico y, con “impulsos y frenos”, políticas de protección y fomento a la producción en la industria y en la agricultura.

En lo social, el bloque en el poder promovió po1iticas de “conciliación” a través de un Estado que, junto con su función específica de reproducción del “orden” capitalista era capaz de cumplir una tarea “de distribución y redistribución social de los recursos”[4]. i

En lo político, cuando en la mayoría de los países de la región (de arraigado predominio oligárquico) se alternaban regímenes militares, en Uruguay, una sociedad más integrada y, en cierto modo, más “igualitaria”, sobrevivía un núcleo dirigente heredero de las tradiciones de la burguesía liberal y democrática laica y civilista de principios de siglo. Y un Estado acorde con las políticas sociales de “compromiso”, teñido, si no de un fuerte espíritu nacionalista por lo menos de cierta confianza en cuanto a la viabilidad del país.

Hasta la década del 50, el sector hegemónico de las clases dominantes había impulsado una política de desarrollo económico y particularmente de su sector industrial, dentro de los marcos de una economía dependiente, en la órbita económica, militar e ideológica de los EE.UU.

Hacia mediados de la década los límites de ese desarrollo fueron alcanzados.

La burguesía industrial uruguaya, y más en general el núcleo político dirigente, de acuerdo a su tradición y a la mentalidad predominante entre sus líderes, no se dispuso, en esa época, a asumir políticas de carácter antiimperialista o aun de tibio nacionalismo.

A diferencia de lo que había pasado en otros países de América Latina, predominaba en la clase dirigente uruguaya una cierta identificación con los objetivos históricos de las grandes potencias atlánticas, como EE.UU e Inglaterra.

El Uruguay no había vivido, por lo menos desde 1852, ni el despojo territorial (como México, Colombia, Cuba) ni las invasiones (como Haití, Nicaragua Santo Domingo). Ni siquiera la intensidad de la expoliación de grande empresas como la United Fruit en Centro América, las petroleras en Venezuela o la minería en la región andina, que mostraran la presencia directa de la expansión imperialista norteamericana.

Cuando en los prolegómenos y durante la Segunda Guerra Mundial surgieron en América Latina algunos gobernantes o líderes (como los influyentes sectores nacionalistas y militares neutralistas en Argentina, como Lázaro Cárdenas en México, o Getulio Vargas en Brasil), que buscaron contrapesar la influencia norteamericana con gestos o insinuaciones diplomáticas o económicas con las potencias centrales, particularmente Alemania, en Uruguay la pertenencia al bando de los Aliados era incuestionable[5].

Terminada la guerra, gran parte de la elite empresarial y política uruguaya apuesta a mantenerse aferrada a la “locomotora del progreso” de la economía de los EE.UU. y hasta se alzan voces criticando el Plan Marshall y la poca atención que merecía el fortalecimiento de la economía uruguaya, la de una nación insospechablemente democrática, que nunca había coqueteado con los regímenes totalitarios y con tantas afinidades con los EE.UU. Se convoca al “panamericanismo económico” y a una visión “hemisférica” de los problemas mundiales[6].



“Empates” y compromisos.
Hasta 1958 el país había estado conducido por un bloque en el poder integrado, básicamente, por la burguesía industrial, con aliados importantes en otras fracciones burguesas, que logró, como vimos, a través del control del Estado, un importante “consenso”, estabilidad social e integración nacional.

Las contradicciones de este bloque con las clases altas rurales fueron de carácter secundario y se fueron resolviendo en tanto ambos se oponían a cualquier alteración profunda del orden social existente.

Por lo demás, como bien señala Octavio Rodríguez “la atención de los intereses de la industria no implica que los intereses conectados con la producción agropecuaria sean sometidos por completo a aquellos o que sufran una total postergación, entre otras cosas porque la fracción de la clase terrateniente en la cual se concentra la riqueza y el poder económico, pronto establece lazos con segmentos también poderosos de la burguesía industrial, directamente o a través del sistema bancario“. (Octavio Rodríguez: CINVE, págs. 81 y 82).

Durante el largo período que precedió a los sacudimientos de los años 60, el bloque burgués dominante contó con el apoyo de la plana mayor de la burocracia civil y de los mandos militares, y, durante un largo período, de la mayoría de los profesionales liberales y de la intelectualidad, del mediano y pequeño comercio y de gran parte de los funcionarios públicos, docentes, municipales, etc.

Simultáneamente las fracciones burguesas dominantes procuraron captar el respaldo electoral, “reglamentar” las relaciones de trabajo y absorber la resistencia de los trabajadores, en especial de la clase obrera industrial, mediante un sistema de “compromisos”. Lanzaro llega al extremo de sostener la existencia de una “alianza entre la burguesía industrial y la clase obrera“, plasmado en una legislación laboral que amparaba e institucionalizaba algunas demandas sociales.

Jorge Lan ha examinado en qué medida estas conquistas eran a la vez mecanismos apropiados para mejorar las condiciones de reproducción del capital: “El capital en su forma mercantil privada no asegura nunca la reproducción integral de la fuerza de trabajo y el Estado tiene que asumir a su cargo la parte que no es asumida por el capital(…)”. (”Desarrollo del capitalismo y formas de reproducción de la fuerza de trabajo en el Uruguay, 1930-1968″, Universidad Metropolitana Iztapalapa, Méjico 1980. Tomo 1, pág.47).

En ese período en nuestro país “Se trata de un sistema marcado por la diversidad y por la descentralización, que corresponde bien a la descentralización y la heterogeneidad del capital que prevalece en la etapa y que políticamente tiene consecuencias muy precisas: obstaculiza la organización y la acción unitaria de los trabajadores, consolida el “efecto de separación” que tienen en genera las estructuras sociales capitalistas, y dificulta el pasaje de la acción corporativa a la acción “general” (política) (…). Estos elementos se presentan en términos muy marcados en el régimen de Consejos de Salarios implantado a partir de 1943″. (Ob. Cit. Tomo 2, págs.32 y 33).

“El aparato de gestión pública de la reproducción de la fuerza de trabajo constituye una forma de la relación entre el capital, la clase obrera y el estado, que establece un vínculo orgánico entre estado y sindicatos un puente entre la organización política (Pública) general y la organización privada corporativa“. (Ob.cit Tomo 3, Pág.8).

(…) Los órganos que ejercen la disciplina del salario y administran los servicios de seguridad social (…), configuran una malla institucional a través de la cual se teje una relación política productiva, organizada en forma estatal pública. Ese aparato constituye la sede en que se traba la lucha de clases en torno a una cuestión nodal de la estrategia de desarrollo capitalista como es la regulación del precio de la fuerza de trabajo”. (Ob. Cit. Tomo 3, pág. 9).



Desvirtuación de la democracia: clientelismo, burocratización, ausencia de instancias participativas.
“Una realidad dígase en forma breve, que es una olla podrida de estatismo capitalismo especulativo, de dirigismo e intervencionismo esporádicos y promesas, muchas promesas de una planificación futura”.
Real de Azúa. 1964.

El “clientelismo” (largamente estudiado en trabajos pasados y recientes, entre ellos el de Francisco Panizza), las leyes electorales que habilitaban todo tipo de “conglomerados”, la ausencia de funcionamiento de organismos partidarios (convenciones, congresos) capaces de orientar y controlar la gestión de los dirigentes políticos en cuyas manos quedaba el gobierno eran realidades que, aunque muchas veces protestadas, a veces por los propios responsables, seguían y siguieron formando parte espesa del país real.

A los partidos o líderes que no participan en la red jerárquica construida desde el Estado se les empieza a hacer cada vez más difícil desarrollar alternativas políticas.

Crece la dependencia de las organizaciones políticas al aparato del Estado. Tal “estatización” de los partidos que coparticipan en la administración va a tener consecuencias duraderas al ir perdiendo estos contenidos programáticos y capacidad para conformar corrientes de opinión y cuadros políticos insertos en la sociedad.

A la vez, en el aparato estatal, la autonomía, constitucional y de hecho, que tenían los Entes Autónomos permitía el desarrollo de áreas de poder administrativo, relativamente descentralizadas, movidas por la lógica del favor inmediato, poco propicias a la aceptación del planeamiento económico (que empieza a ponerse en boga a principios de los 60) del ahorro del gasto público y desburocratización que comenzaban a exigir los organismos internacionales y las necesidades de racionalización económica que percibían los sectores más lúcidos de las clases dominantes.

A diferencia del primer batllismo, el bloque en el poder no se propuso llevar adelante un proyecto de desarrollo económico nacional independiente. Por el contrario, se desenvolvió adaptándose estrictamente a los condicionamientos externos, presentados como una fatalidad o como “un hecho de la naturaleza”[7].

La expresión político partidaria de este bloque de fuerzas había sido el batllismo liderado por Luis Batlle Berres y algunos sectores del P. Nacional.

Aunque buscó y obtuvo apoyo electoral en los trabajadores, el bloque en el poder enfrentó, y a veces lo hizo con dureza, a la clase obrera. Por ejemplo, durante las Medidas Prontas de Seguridad de 1951 y 1952.

En el período de proteccionismo industrial la acción de las organizaciones sindicales y los intereses políticos e ideológicos de la burguesía, la concepción “intervencionista” y “dirigista” de los representantes políticos del bloque en el poder, dieron lugar al desarrollo de una extendida legislación social de protección a los trabajadores y un nuevo crecimiento del área estatal de la economía.

Como veremos, los sectores industrialistas, partidarios del rol protector del Estado, que podrían englobarse en el discutido concepto de “burguesía nacional”, no fueron capaces de desplegar un proyecto alternativo a la subordinación económica que fueron imponiendo, cada vez con más rigor, los organismos internacionales y el capital transnacional



La acción de la izquierda y el mantenimiento de la independencia de los sindicatos
Para abordar los acontecimientos de los años 60 es importante registrar, aunque sea someramente, características de la historia del movimiento obrero uruguayo que le marcaron decisivamente y algunos rasgos que bajo una forma u otra reaparecen en las confrontaciones del período que nos ocupa[8].

En nuestro país, el sindicalismo tuvo un desarrollo temprano, como lo muestran abundantes investigaciones. Fue creciendo, a medida que se extendió la industrialización y inmigración obrera procedente de Europa.

A través de mutuales, asociaciones o “sociedades de resistencia” el movimiento obrero impulsó el logro de conquistas para los trabajadores y contribuyó al desarrollo de un entretejido social y cultural que impulsó el progreso social y el desgaste del estado liberal-oligárquico, expresión política de la alianza del capital inglés y la burguesía agro-exportadora prevaleciente a finales del siglo pasado.

A diferencia de lo que ocurrió en otros países de América Latina, el anarquismo y el anarco-sindicalismo no fueron concepciones totalmente aisladas en la sociedad. Las propias características del país y del momento, bien estudiadas por José P. Barrán, B. Nahum, Carlos Real de Azúa, Carlos Martínez Moreno, entre otros, habilitaron no solo el desarrollo de esas corrientes sino también abrieron puertas para que su influencia tiñera algunos aspectos de la vida cultural y hasta de la legislación civil, sobre todo en la primeras décadas de gobiernos batllistas.

El impulso modernizador y los cambios sociales y políticos desarrollados en las primeras décadas del siglo son impensables sin la existencia de estas organizaciones obreras, minoritarias pero activas y tenaces.

Su campo de acción no era solo el de las reivindicaciones inmediatas, sino también las cuestiones éticas y culturales, que enfrentaban al autoritarismo de la sociedad oligárquica y patriarcal, al clericalismo conservador y respondían a una concepción ideológica sustentada en valores de solidaridad de dignidad del trabajador y la mujer, de libertad y justicia social.

La idea del sindicato como instrumento “finalista” en la lucha por la emancipación de los trabajadores, le incorporaba a la acción de los anarco-sindicalistas no solo la independencia orgánica, con relación al Estado y los partidos del sistema, sino también los desafíos de ir creando una contracultura, una ética, una educación en torno a los valore morales que, según su concepción, sustituirían a los de la sociedad autoritaria y egoísta vigente.

Esta visión del mundo se construía en la vida cotidiana de la organización por medio de la prensa, de las conferencias y debates, de la solidaridad con los presos (como Simón Radowisky) o con las luchas de otros pueblos (manifestaciones de repudio al asesinato en Barcelona del maestro Francisco Ferrer y Guarda en 1909, de celebración del 1º de Mayo, en solidaridad con Sacco y Vanzetti entre 1920 y el 23 de agosto 1927, fecha de su ejecución, de defensa de la República, durante la guerra civil española, la lucha antifascista en Italia, etc.

A esto se sumaba las actividades culturales propias (bibliotecas, conferencias científicas), de los conjuntos teatrales (llamados “filo-dramáticos”) que ensayaban y actuaban en la propia sede sindical y finalmente en la práctica de discusión en asambleas, instancia máxima de decisión en toda organización anarquista.

Su rechazo al “estatal-capitalismo” llevó a la mayoría (porque hubo excepciones, como los llamados anarco-batllistas) a no involucrarse e incluso condenar el avance de la legislación social que, bajo el influjo del batllismo, se desarrollaba.

Hasta la década del 60, los sindicatos de “acción directa” no participaban en los Consejos de Salarios, establecidos por ley en 1943, ni en el desarrollo de la legislación laboral: el estado era tan temible como el capital.

Esta concepción antiestatista tenía como corolario la independencia frente a los partidos en la medida que, para los anarco-sindicalistas, la propia organización sindical, a través de la acción directa, era el verdadero instrumento para la liberación de los trabajadores y la construcción de una nueva sociedad.

El desarrollo industrial y la modernización del estado capitalista abrieron otros campos para la acción reivindicativa de la clase obrera en rápido crecimiento, por lo que el anarco-sindicalismo tendió a perder fuerza a partir de los años veinte, época en que surgieron nuevos nucleamientos sindicales impulsados por otras tendencias.

A partir de esos años, la diversidad de tendencias en el movimiento sindical condujo a la existencia de más de una Central Obrera, según las concepciones predominantes en cada sindicato o federación. El antagonismo entre marxistas y anarquistas y luego entre comunistas, anarquistas y socialistas originó divisiones profundas y duraderas.

No obstante su debilitamiento, algunas de las ideas y formas de acción que formaban parte de la doctrina anarquista y anarco-sindicalista siguieron presentes en el movimiento, en la memoria colectiva o a través de periódicos (”Solidaridad”, “Voluntad” que se editaron hasta la década del 60) y de militantes individuales o pequeños grupos.

Las confrontaciones de los años 60 contendrán elementos de esa tradición, tanto en las consignas, como en los métodos (asambleas de base, funcionamiento no burocrático) y el estilo de acción (empleo de la violencia).



Independencia de clase en el período de “desarrollo industrial acelerado”.
A diferencia de lo que ocurrió en otros países de A. Latina, en nuestro país los sindicatos consiguieron mantener su independencia frente al Estado y los partidos de la burguesía también en el período de industrialización que se abre a partir de 1930.

Según J.Millot y C.y L. Silva “los establecimientos en la industria manufacturera pasan de 6.570 en 1930 a 21.102 en 1955 y los asalariados de 54.158 a l61.879 (…) En ese período la industria manufacturera creció a una tasa acumulativa anual del 5%”. (págs.21 y ss.).

Otros países de A. Latina conocieron períodos de rápido aumento de la mano de obra empleada en la industria. Pero, mientras que el peronismo en Argentina, el varguismo en Brasil, el cardenismo en Méjico, el APRA en Perú, Acción Democrática en Venezuela desplazaban a las corrientes de la izquierda clasista y subordinaban la organización sindical a los nuevos estados populistas, en nuestro país la izquierda, aunque debilitada por la división, pudo mantener su influencia en el movimiento obrero aun en el período de crecimiento industrial, conquistas sociales y mejora del salario.

En la década del 40, con la fundación de la UGT, al amparo de la polarización mundial suscitada por la Guerra contra el fascismo, con el auge del “browderismo”[9] en el movimiento comunista internacional, los sindicatos controlados por el P. Comunista generaron movimientos de “unidad nacional” con los gobiernos colorados de la época (Gral. A. Baldomir, Dr. J. J. de Amézaga).

En ese cuadro se extiende la legislación laboral a la que hicimos referencia más arriba.

No obstante esta “desviación de derecha” y “seguidismo de la burguesía” (así definida posteriormente por el propio PCU), por diversas razones, no canceló la vigencia de la autonomía orgánica del movimiento frente al Estado y al batllismo más “obrerista”.

Ni el PC renunciaba totalmente a su identidad marxista leninista, ni al mismo tiempo estaba en condiciones de controlar al conjunto del movimiento obrero, donde el “autonomismo” sindical era fuerte y otras tendencias disputaban el terreno.

Estos elementos constituyeron una particularidad del país y tienen que ver con las modalidades específicas en que se desarrollaba la lucha de clases y la ideología dominante, apegada a la tradición de la democracia representativa más próxima a los modelos liberales y social-democráticos europeos que a las variantes del populismo latinoamericano.

El neo-batllismo no se propuso, a diferencia de otros movimientos de masas latinoamericanos, dotarse de una base sindical propia, encuadrada en el partido de gobierno y el estado.

Los esfuerzos por romper la unidad de clase fueron impulsados desde afuera, sin apoyo significativo del gobierno: la CSU, nacida en enero de 1951, proclamó desde sus inicios su vocación divisionista y anti-comunista.

En el momento de su fundación sus apoyos no fueron desdeñables, pero su composición era muy heterogénea y si bien algunos dirigentes se corrompieron, en la mayoría de los gremios que la componían, la CSU nunca tuvo mucha influencia en las bases del movimiento.

Después de 15 años de desgajamientos y disputas, a veces muy duras, con los sindicatos clasistas, se autodisolvió en junio de 1966[10].



Notas
[1] Este libro fue publicado por Banda Oriental en setiembre de 1997. En momentos que se están realizando debates en oportunidad de cumplirse 40 años del mayo francés, nos pareció importante empezar a poner a disposición de los lectores, este libro. El hecho de que el mismo se encuentre agotado y sobre todo por su absoluta vigencia, nos llevado a que semanalmente con la renovación de nuestro sitio web, vayamos integrando capitulos de los 16 que integran esta obra.

[4] Real de Azúa: “El impulso y su freno”, 1964. Este esquema se sustentaba en lo fundamental en el excedente generado por la exportación agropecuaria. Parte de ese excedente era transferido al estado y a la protección de la industria.

[5] Es justamente a partir de la poca propensión de las clases dirigentes para llevar adelante una reversión de la dependencia económica que son compartibles las expresiones de Samuel Lichtensztejn cuando luego de examinar otras propuestas se inclina por lo que llama “la solución interna al problema de la dependencia (…), es decir a resolver (…) frontalmente las contradicciones que esa misma dependencia presenta, (se trata) de resolver la contradicción de la dependencia, quebrando las bases que internamente sustentan tanto la concentración del poder económico y político en determinados grupos, como el mal uso o desaprovechamiento de los recursos sociales Esta es la posición que aborda la lucha contra la dependencia como una lucha en favor de una nueva estructuración u organización socio-económica de nuestro país”. (”Uruguay en la conciencia de la crisis” Pág. 186).

[6] “En lugar del bello “Mundo Unido” tenemos al menos tres grandes mundos (…) 1- la Rusia comunista y sus satélites esclavizados o semi-esclavizados; 2- Inglaterra, Francia e Italia socialistas; 3. Este hemisferio occidental que aún sostiene la bandera de la libertad “. (J.Kemper, Presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. (CICYP) Montevideo, octubre 1947). Uruguay se encontraba naturalmente como un país lleno de promesas en el “hemisferio de la libertad”.
[7] Sobre este tema hay un trabajo valioso del economista Gonzalo Pereira: “El viraje de la 15. Del dirigismo económico al neo-liberalismo“. Ed. Gandhi. 1988.
[8] Sobre la rica historia de luchas del movimiento sindical uruguayo, se han producido invalorables contribuciones por parte de Héctor Rodríguez, Germán D’Elía, Wladimir Turiansky, José Bottaro, Enrique Rodríguez, Francisco Pintos, Lucía Sala y Jorge Landinelli, Pedro Alfonso, Carlos Zubillaga. Y. González Sierra, U. Rodríguez Díaz, F. López D’Alessandro.
[9] Earl Browder fue Secretario General del Partido Comunista norteamericano. Nació en 1891. “Los partidos coministas influidos por Browder que había llegado a sostener el fin del imperialismo norteamericano y el inició de una política de los Estados Unidos favorable a la paz, la democracia la industrialización y la liberación de las colonias, los partidos comunistas latinoamericanos (en esos años) no encabezaron ya ningún movimiento antiimperialista” (Pablo González Casanova Ob. cit. pág. 199).
[10] En la fundación de la CSU participaron 17 organizaciones: Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas. Federación de Obreros y Empleados de la Bebida. AEBU, Federación Ferroviaria. Sindicato Autónomo de la Industria de la Construcción. Asociación de la Prensa Uruguaya. O. Obreros y Empleados del Omnibus Interdepartamental, Asociación de Empleados de Amdet, Soc. Empleados de Peluquerías, Sindicato de Artes Gráficas, Sindicato de Ladrilleros, SUA, Federación Obrera del Vidrio, Organización O. Textil Cotton, Asociación Nacional de Funcionarios Públicos. Unión Nacional de Trabajadores del Aceite y Pinturas y Sindicato Metalúrgico “El Acero”. (”El Sol”, 9 de enero de 1951).

Leer: El 68 uruguayo (II)