Dependencia económica y mayor injerencia norteamericana
“Un capitalismo que, como el de todos los países marginales, parece destinado a la putrefacción antes de haberse acercada -ni de lejos- a madurez y forma “.
“Ahora, (estamos) sometidos a los vaivenes de una política capitalista, que a título de libertad económica ha permitido el ingreso del imperialismo en el país, no ha defendido la economía nacional (…)”Luis Hierro Gambardella, Prólogo a K. Didizián, “Julio César Grauert, discípulo de Batlle”, 1968, p. 22.
A comienzos de la década del 60 se había iniciado el predominio del capital financiero gestado por las nuevas condiciones generadas a partir de los cambios producidos en el campo internacional Esto coincidió con la política exterior norteamericana, empeñada en frenar el impacto que en A. Latina generaba la revolución cubana.
El reajuste conservador avanzó con lentitud y no siempre consiguió sus objetivos, ante las resistencias obreras y populares, de algunos sectores empresariales de la industria amenazada por la política de apertura y también de ciertas capas de la administración y de las empresas públicas marcadas todavía con la impronta batllista Resistencias, en fin, del entretejido social y político formado durante decenios al amparo del paternalismo estatal.
Con el advenimiento del bloque en el poder liderado por el sector financiero, concentrado y extranjerizado, dentro de los partidos tradicionales primero y luego dentro del aparato del Estado, creció la influencia de los sectores de derecha y de extrema derecha, ligados al incremento de la presencia norteamericana en las FF.AA. y la policía, especialmente en los servicios de inteligencia.
En el campo internacional esos años coinciden con la intensificación de la acción norteamericana en América Latina.
Es el momento en que la intensificación de la guerra en Vietnam abre una profunda brecha en la sociedad norteamericana Es el fracaso de las propuestas de Johnson de “gran sociedad”, es el año del nacimiento de los grandes movimientos culturales de oposición al tradicional “american way of life”, y del nacimiento de los “beatnik”,‘ de las campañas contra la discriminación racial, de la violencia urbana, Panteras Negras, Poder Negro y de los asesinatos políticos (Martin Luther King. Robert Kennedy). El período, en fin, en que el número de soldados americanos trasladados al escenario de la guerra alcanza su cifra más alta.
Para América Latina fue un período de incremento de la presencia militar-policial norteamericana preocupada por el crecimiento de las acciones guerrilleras y la eventualidad de enfrentar un nuevo estallido revolucionario simultáneo a la confrontación que se desarrollaba en el sudeste asiático.
El aumento de la presencia norteamericana en Uruguay, tanto en las FF.AA., la policía como en la sociedad civil (sindicatos, comunidades, etc.) está documentado en numerosas fuentes (Veneroni, Wilson Fernández, Alain Rouquié, etc.).
Penetración en la cultura
Tomemos a título de ejemplo un episodio de ese período: el 22 de junio de 1966 la prensa informa del pedido de informes formulado por el PDC en el Consejo Directivo de la Universidad sobre el financiamiento de la llamada “Encuesta 503″, consistente en 94 preguntas a realizar a 450 universitarios organizada por la “Special Operation Research Office” (SORO) vinculada al gobierno de los EE.UU. La misma contenía una suerte de indagatoria exhaustiva que exhalaba un aire que para muchos era más policial que científico. -
La encuesta - se señala - tiene analogías con el proyecto “Camelot”, “estudio realizado por los sociólogos de la muy poco civil American Universiry de Washington”. (A. Rouquié. “El Estado militar en América Latina”. S. XXI Ediciones, México, pág. 163).
Según Mario Wschebor, “los objetivos del proyecto Camelot (1964) eran definidos como los de un estudio para ser posible la previsión de cambios sociales. Esto incluiría procedimientos programados para evaluar el potencial capaz de generar guerras internas”.
El programa se desarrolló a partir de una carta de reclutamiento enviada a intelectuales en distintos países. La misma agregaba que “el ejército norteamericano tiene una misión importante en (…) la construcción nacional de los países subdesarrollados, así como una gran responsabilidad en dar asistencia a los gobiernos amigos en el tratamiento de los problemas de la insurrección nativa”. Estas actividades del ejército de los EE.UU. eran descritas como “profilaxis de la insurrección“. (Luis Horowitz, “Vida y muerte del proyecto Camelot”).
Wschebor cita también expresiones de Robert Kennedy a propósito del plan Camelot: “El verano pasado se nos dio a entender que entre 40 y 50 de estos estudios en países extranjeros eran financiados por los departamentos militares”. (Ob. cit., págs. 18 y 19).
En los años que precedieron al advenimiento de Pacheco, desde el gobierno y la diplomacia norteamericana se alentó la organización de entidades civiles como la ORPADE (Organización de Padres Demócratas), liderada por el Dr. Stajano, que ejercía una suerte de “patrullaje ideológico” en la enseñanza pública; el lUDES (Instituto Uruguayo de Educación Sindical), que actuó en el campo gremial y sobre el que hablaremos más adelante; la “Legión Artiguista”, encabezada por el Cnel. Victoriano Domínguez, etc.
A fines de la década del 60, la mayoría de los dirigentes blancos y un amplio sector de los colorados, con el apoyo de las cámaras empresariales, impulsan políticas económicas cada vez más resistidas por el movimiento sindical.
Para doblegar estas resistencias la represión fue haciéndose cada vez más dura. El recurso a las Medidas Prontas de Seguridad se hizo más frecuente, se aplicaron sanciones a los gremios, se destituyeron huelguistas y se encarcelaron dirigentes sindicales. La represión fue “leve” si se la compara con el despotismo de Pacheco y sus sucesores, pero contrastaba con el período anterior, el ya vivido, de mayores entendimientos sociales y formas más tolerantes y democráticas de accionar político.
A través de su prensa y de sus partidos, la burguesía aboga con insistencia por un Ejecutivo fuerte, la planificación centralizada del gasto público y un mayor control sobre la emisión y el crédito. A eso apuntó, en 1966, la reforma constitucional presidencialista.
Se fue acuñando la idea de que el país precisaba un “hombre fuerte” y para ese fin se diseñó la imagen del Gral. Oscar Gestido. La Ley de Lemas y el 21.3% de los votos lo hicieron Presidente de la República.
Cuando, al poco tiempo de asumir la Presidencia, murió, el cargo y los poderes conferidos por la nueva Constitución los heredó una figura hasta entonces poco conocida: Jorge Pacheco Areco.
La inflexión autoritaria de la que Pacheco es figura expresiva, responde a las necesidades impuestas por la ejecución de un vasto proyecto de remodelación económico-social del país.
Leer: El 68 uruguayo (III)
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