El 68 uruguayo (III)

La resistencia obrera y la crisis del neo batllismo

“La burguesía industrial utilizó las condiciones favorables del proteccionismo pero no tuvo un proyecto nacional de desarrollo que implicara la eliminación de los grupos de su misma clase que impedían el crecimiento autosostenido de la economía.
Simplemente aprovechó las condiciones de mayor rentabilidad de inversiones industriales protegidas por el Estado y aceptó un esquema de poder político populista, de distribución parcial de ingresos a los sectores productivos asalariados, que asegurara un mercado para la producción destinada únicamente al consumo interno.
Tampoco existió en las burocracias de los partidos tradicionales ni un provecto ni una imagen de país a construir”.
Germán Rama: “El club político”. Arca. 1971, pág. 10.

Producidos los reacomodamientos de la economía mundial de mediados de la década del 50 (reconstrucción de Europa, nuevo impulso de la expansión norteamericana hacia América Latina), los equilibrios y compromisos del neo-batllismo se alteraron.

En el país se acentuó el estancamiento productivo, se instaló una crisis duradera y, finalmente, el sistema de derechos sociales y políticos fue agredido y modificado hasta sus raíces, desde el poder político y económico.

Debilitado por el estancamiento del proyecto “dirigista” e “industrialista”, Luis Batlle Berres fue desplazado en las elecciones de noviembre de 1958 por la fracción ganadera y fondo monetarista que detentaba la hegemonía dentro del P. Nacional.

Un punto de inflexión, según S.Lichtensztejn y otros lo constituye la Ley de Reforma Cambiaria y Monetaria aprobada en la primera etapa del primer gobierno blanco (diciembre de 1959).

A partir de ese momento, la situación socio-económica del país, en un proceso complejo que no excluye áreas y breves períodos de recuperación, tiende a deteriorarse y no solo para la clase obrera. Se inicia un largo ciclo de estancamiento, empobrecimiento, resistencia y represión.

Como bien decía Lichtensztejn: “La Reforma Monetaria y Cambiaria con que se inauguró la década de los 60 señala el punto de inflexión de nuestra curva de dependencia. Si hasta ese momento la dependencia económica está sujeta a coordenadas básicamente comerciales, en las que el Estado juega un papel orientador; la Reforma Monetaria y cambiaria culmino una apertura de la economía a la influencia financiera externa, y el Estado desecha expresamente la intervención en las corrientes comerciales”. (”El Uruguay en la conciencia de la crisis”. Pág.177).
“(…) Por último la incorporación del Uruguay al concierto dependiente de esta época se sella con la alineación programática a las directivas del organismo financiero del imperio: el FMI”. (Ob.cit., pág.178).
“La dependencia financiera se gesta por las nuevas condiciones generadas a partir de los cambios producidos en el orden capitalista mundial; pero también prospera por la adecuación de los intereses de grupos sociales internos a las nuevas relaciones”. (Pág.179).

Como tendencia general del período, que en lo político-institucional tiene un punto de inflexión en junio de 1968, se puede afirmar que sectores cada vez más poderosos de la burguesía, liderados por el sector financiero, apuestan a otro modelo de país (aceptación de la dependencia impuesta por las nuevas condiciones económicas internacionales, primacía de lo financiero sobre lo productivo, subestimación del mercado interno, redistribución del ingreso en favor del capital, disminución del gasto público destinado a políticas sociales, resignación de soberanía hacia los organismos internacionales, etc).

El mismo autor agrega: “En general se afirma que el capitalismo financiero desarrollado es exportador de capitales y se apropia de las ganancias que de aquella exporta se deduce.
“Esta apropiación queda ampliamente demostrada cuando se indica que cada dólar que penetra en América Latina extrae en el transcurso del tiempo entre 2 y 3 dólares de utilidades.
“Este proceso no resultará extraño pues él constituye un fruto del desigual desarrollo en el mundo capitalista. Tampoco debe extrañarnos el alto monto de retorno de utilidades.
“Lo que sí resulta extraordinario es que ese proceso de retorno de utilidades y remesas en general no se realice en muchos casos disponiendo de un capital propio; sino aplicando los capitales disponibles en los países subdesarrollados. El Uruguay es un caso típico. Entre 1962 y 1966 hay una fuga de capitales del orden de los 246 millones de dólares. Esta es la cifra oficial; pero se estima que ese monto está por debajo de la realidad.
“Pues bien, frente a esa suma de fuga de capitales, el monto de préstamos externos recibidos por el país es, en el mismo período, de 184 millones de dólares. En resumen, Uruguay es un exportador de capitales (…) En buen romance, esto significa que las empresas estadounidenses que funcionan en la región latinoamericana financian su capital de trabajo y su capital de reposición no con los fondos originarios de sus países sino con los ahorros locales”. (Ob. cit., págs.181 y 182).



Una política contra los trabajadores
El modelo que se fue construyendo a partir de esta situación de dependencia implica inevitablemente terminar con las conquistas arrancadas por los trabajadores a lo largo de muchos años de lucha.
Implicaba además una tendencia -que avanzó con lentitud - a disminuir las bases de apoyo popular al sistema, al generar malestar y frustración en amplios sectores de las capas medias.

En una palabra, alterar el sistema de alianzas de clases y fracciones sociales sobre las que reposaba “el consenso” y como contrapartida acrecentar la “coerción”. Tal ecuación, aplicada a una sociedad fuertemente politizada, condujo a restringir la vigencia de las garantías y derechos democráticos que habían caracterizado la vida del país hasta ese momento.

A partir de 1959 la utilización de la fuerza estatal para obstaculizar la acción de las organizaciones sindicales, se fue haciendo cada vez más frecuente.

En setiembre de 1959, a pocos meses de asumido el gobierno por el P. Nacional, se decretaron Medidas Prontas de Seguridad contra los trabajadores de UTE. En marzo de 1961, al realizarse el cambio en la Presidencia del Consejo Nacional de Gobierno, se anuncia que ese año será el de la reglamentación sindical. En febrero de 1963 se aplican nuevamente Medidas Prontas de Seguridad contra los trabajadores de UTE.
Se repetirán luego, en 1965, en dos oportunidades, cuando el gobierno nacionalista recurre al mismo arbitrio, en octubre y diciembre, particularmente agravado con la detención, previa al decreto, de cientos de sindicalistas.

Ante el desafío planteado, la unidad sindical se fue abriendo camino. Poco a poco, la disgregación orgánica tiende a superarse. La lucha de tendencias toma cada vez más la forma de debates sobre táctica o estrategia sindicales que no impiden la unidad de acción ante algunos acontecimientos sentidos por toda la clase trabajadora.

Algunos hechos del contexto latinoamericano, particularmente la revolución cubana, contribuyen a mirar la realidad nacional en el marco de otras polarizaciones (el antiimperialismo; las luchas contra las dictaduras militares en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay; la solidaridad latinoamericana) que contribuyen al acercamiento de distintas corrientes en el movimiento sindical.



1964: Amenazas de golpe y nacimiento de la Convención Nacional de Trabajadores
En un período en que la búsqueda de las coincidencias políticas se hacía cada vez más frecuente, de ampliación de la sindicalización y de crecientes enfrentamientos con el gobierno, el año 1964 marcó una etapa.

En el plano latinoamericano se intensifica el cerco contra Cuba, no sólo en el plano militar y económico sino a través de campañas políticas de fuerte tonalidad “macarthista” dentro de las sociedades latinoamericanas procurando revertir las simpatías surgidas ante las primeras realizaciones del gobierno revolucionario.
El golpe militar en Brasil sacude al continente y algunos militares uruguayos se sienten convocados a una misión similar.

Atento al conjunto de estas realidades en el movimiento sindical uruguayo los acontecimientos se desarrollaron hasta culminar en la convocatoria a una convención nacional de trabajadores.
En abril del 64 había llegado a Montevideo, rodeada de la solidaridad, de los sindicatos más combativos, de los sectores más informados e inquietos del movimiento estudiantil, y de un amplio sector de la opinión pública, una nueva marcha cañera.

Se vivía un período de enfrentamiento a la política conservadora impuesta por el segundo gobierno blanco.
Después de participar en la celebración unitaria del 1° de Mayo, los cañeros de UTAA instalan su campamento en un terreno baldío en la calle Cuñapirú, no muy lejos de la Facultad de Medicina y la de Química.

El campamento se convierte en un centro de solidaridad, donde diariamente llegan delegaciones de los gremios más movilizados. El 14 de mayo del 64 la policía atacó con gases, balas y sables el campamento cañero.

De inmediato, el Congreso Obrero Textil, el Sindicato de Artes Gráficas, la UOES de FUNSA, entre otras organizaciones, buscan el acuerdo de los dirigentes de la CTU (en cuyo seno gravitaban fundamentalmente los militantes del PC), para la convocatoria a una Convención Nacional de Trabajadores.

Mientras tanto, la situación política del país se hace más tensa. Trasciende el nombre del General Mario Aguerrondo alentando una conspiración de la derecha militar. Para enfrentarla, se realizan cientos de asambleas y el conjunto del movimiento obrero decreta un paro general que se llevará a cabo el 17 de junio.

Es en ese momento que se adopta por primera vez la decisión de decretar la huelga general por tiempo indeterminado en caso de golpe de Estado. Confirmada en los Congresos I y II de la CNT se pondrá en práctica a partir del 27 de junio de 1973 enfrentando el golpe de Bordaberry y los mandos militares.

El sábado 27 y el domingo 28 de junio de 1964 se realizan las primeras convenciones de trabajadores con tres puntos en el orden del día: “Programa para la acción conjunta, coordinación permanente y sus formas y planes de lucha”.

Gerardo Gatti que, como delegado del Sindicato de Artes Gráficas, tuvo participación en las instancias de coordinación general sindical, escribió sobre este período lo siguiente:

“La marcha por la tierra, la insuficiente solidaridad o en algún caso el claro sabotaje con recurrencia a los peores métodos de UGT, la represión policial que se había cebado con la gente de UTAA mereciendo respuesta sólo de los propios «peludos» y de escasas organizaciones solidarias, la polémica que todo esto provocó, las amenazas de cercamiento de las libertades sindicales y públicas, el agravamiento de la situación económica de los trabajadores, son factores que inciden en las discusiones sobre la necesidad de la convención. Las discusiones son extensas, o por momentos hay graves enfrentamientos.
Se suceden reuniones sindicales de distinto nivel, los sindicatos de General Electric, FUNSA, textiles, gráficos y la CTU presentaban bases de acuerdo.
En setiembre de 1964, sobre la base de la autonomía de cada sindicato y el compromiso mutuo de cumplir los acuerdos logrados con un mecanismo de coordinación, con garantías para todas las organizaciones y con representación en los cargos permanentes de todas las tendencias y actividades sindicales, por decisión de un plenario nacional, queda constituida la Convención Nacional de Trabajadores”. (Gerardo Gatti. “Apuntes para una historia del movimiento obrero”. (Inédito).




La fundación de la CNT
Junto con los sindicatos orientados por militantes comunistas, sindicalistas de otras orientaciones que militaban en gráficos, FUNSA, cañeros, contribuyeron a incorporar, en el proceso de unificación, algunos de los rasgos más positivos de la CNT, que le permitirán convertirse en poco tiempo en la central obrera más amplia y gravitante de la historia del país.

Esos gremios, muchos de los cuales provenían de la tradición autónoma, aportaron su espíritu combativo, su permanente presencia solidaria y el prestigio de su trayectoria.

Contribuyeron a fortalecer también un estilo de trabajo sindical contrario al burocratismo y a la utilización político-partidaria del quehacer gremial.

Una tradición que hacía hincapié en el funcionamiento democrático de los sindicatos y en la participación protagónica de la mayor cantidad posible de trabajadores en la discusión y adopción de decisiones por parte del gremio.

En la discusión de los estatutos de la CNT, algunos de los sindicatos influidos por la “tendencia” (como la Unión de Obreros y Empleados y Supervisores de FUNSA), junto con otros que compartían estos criterios por su propia concepción sindicalista y “autonomista” (prácticamente la mayoría de las organizaciones no controladas por el PC), situaron sus aportes en tres puntos: primero, para prevenir el surgimiento de desviaciones burocráticas, la Convención no tendría dirigentes rentados.

Segundo, para evitar lo que se entendía había sido la utilización por parte de partidos políticos de las representaciones sindicales, se establecía la incompatibilidad entre los cargos de dirección sindical y el desempeño o candidatura para cargos políticos electivos.

Tercero, en tiempos de aguda confrontación, para marcar se independencia de todo centro hegemónico a nivel mundial, la nueva organización unitaria de los trabajadores uruguayos, la CNT, no se afiliaría a ninguna central internacional.

Al mismo tiempo, la propia denominación de “convención” apunta a señalar el carácter abierto, de discusión y consulta permanente con los trabajadores.

La inflación acelerada tiende a disminuir los salarios reales, particularmente de los trabajadores del sector público. A lo largo de la década, se produce un crecimiento importante de la sindicalización tanto en la Administración Central como, fundamentalmente, en los Entes Autónomos, donde se destacan los cambios producidos en la Federación ANCAP y en la Agrupación UTE, protagonista ésta de movilizaciones que conmovieron al país y pusieron a los trabajadores en el camino de una agremiación más estrecha, más apuntada a la confluencia con otros sectores sindicales.

La naciente CNT se va a nutrir de este proceso, incorporando a sus filas amplios contingentes de trabajadores del sector público, si bien con escasa experiencia gremial anterior; amplía la convocatoria del movimiento obrero en lo que constituye uno de los acontecimientos significativos del período.

La sindicalización erosionó por dentro la manipulación clientelística de las empresas estatales. Al mismo tiempo incorporó en la agenda de los sindicatos estatales los problemas estructurales y de gestión del área nacionalizada de la economía incorporando un protagonista esencial en el debate sobre las reformas necesarias para incorporarlas a una estrategia de desarrollo económico de carácter nacional y popular.

A esto hay que agregar el proceso de extensión del sindicalismo a las áreas rurales, particularmente a los sectores azucarero, remolachero, arrocero y de peones de tambo que van a protagonizar diversas luchas y movilizaciones.



El Plan de lucha del 65
A principios de 1965 la CNT elaboró un plan de movilizaciones que será luego un punto de referencia constante para los sectores más radicales del movimiento y que culminó el 6 de abril con un paro general y un acto central en el que hizo uso de la palabra, a nombre del secretariado de la CNT, Gerardo Gatti.

Como señalan Jorge Rodríguez López y Claudio Trobo: “El plan de lucha fijado en enero de 1965 para un semestre, se basó en la disposición de las organizaciones de pasar a ofensiva, de no esperar -para actuar - a ser golpeadas una por una; de no jugar al contragolpe frente al gobierno y patronales y, por el contrario, actuar de conjunto escalonando progresivamente las luchas según un plan previamente elaborado”. (”Construcción. Historia de un sindicato”. (Ed. Proyección, 1989).

La propuesta de un “plan de lucha” fue aprobada por todas las tendencias y todas las organizaciones que componían la CNT.

Contenía acuerdos sobre algunos criterios, como la idea de “pasar a la ofensiva y no actuar de contragolpe” y aplicar un plan, previamente elaborado, en el que participara el conjunto de las fuerzas del movimiento obrero.

La idea será retomada permanentemente luego por distintas organizaciones y aparecerá como propuesta en distintos congresos y asambleas, sobre todo a partir de 1968.

La crisis bancaria de 1965 dará un nuevo empuje al proceso inflacionario, que como señalan Lichtensztejn y Couriel: “forma parte de los medios que apuntalan la redistribución en favor de determinados grupos capitalistas y en contra de quienes únicamente cuentan con la fuerza de su trabajo”. (”El FMI y la crisis económica nacional”. Fundación de Cultura Universitaria. Pág. 170).

Este concepto es de importancia, pues sitúa el análisis de la inflación en términos de intereses, de lucha de clases y no como fatalidad económica. Desde el punto de vista de su elaboración se profundiza en la obra colectiva del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, “El proceso económico del Uruguay”.




Auge de la actividad especulativa y crisis bancaria
Una vez más son válidas las apreciaciones del Cdor. S. Lichtensztejn: “Urugua asiste, en el transcurso de los últimos años a un intenso proceso especulativo. Este proceso especulativo no es comercial sino básicamente financiero, desde que las ganancias esperadas surgen de los cambios de la cotización de la moneda extranjera.

“Este proceso especulativo acrecienta la dependencia financiera del Uruguay (…) Sabido es que la crisis del año 1965 constituye una culminación de este proceso especulativo; una primera instancia culminante, ya que en el trienio siguiente continuaron las presiones especulativas sobre el mercado.
“De todos modos, esa crisis bancaria de 1965 pone al descubierto varios aspectos. Por una parte, demuestra el alto nivel de endeudamiento al que accede la banca cuando procura hacerse de mayores recursos.
“Además, demuestra el mayor entrelazamiento de intereses entre grupos internos y extranjeros. Por fin, informa del enorme interés con que la plaza uruguaya cuenta como centro de actividades financieras, para ciertos bancos extranjeros.
“Ese interés se afirma en la libertad y el papel estratégico que caracteriza a Uruguay en materia financiera. Pero responde al fenómeno de expansión que EE. UU. adopta desde fines de la Segunda Guerra Mundial.
“En efecto, desde 1955 hasta 1967, las instituciones bancarias estadounidenses crecen de 111 dependencias a 298 en los países subdesarrollados. En igual período, el número de dependencias bancarias de los EE. UU. en América Latina asciende de 56 a 134″. (S.Lichtensztejn. Ob. cit., págs. 180 y 181).

Un capítulo de trascendencia lo constituyó el estallido de la crisis bancaria y la forma como AEBU (Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay) y los trabajadores se colocaron frente a las evidencias de fragilidad que mostraba la bancarrota del Banco Transatlántico del Uruguay (BTU).

Como ha señalado José J. Martínez en “La telaraña bancaria en el Uruguay”, la crisis de 1965, que amenazó al sistema bancario privado en su conjunto, fue la expresión de un conflicto muy fuerte que puso al Banco Transatlántico del Uruguay enfrentado al resto del sistema financiero.

La crisis se hizo evidente a comienzos de 1965 y, en función del desarrollo que había alcanzado el BTU (había dispuesto de sucursales itinerantes, a través de un sistema de ómnibus que recorría la zona de pequeños y medianos propietarios de Montevideo y Canelones), llevó a que cundiera el pánico entre los casi 200.000 pequeños ahorristas que conformaban su cartera.

El BTU se encontraba en ese momento segundo en el “ranking” nacional de bancos. En pleno proceso inflacionario como modalidad especulativa apostó a la inversión en tierras, mientras el resto de la banca apostaba a la compra de moneda extranjera.

Después de un largo forcejeo, el sector financiero liderado por el Banco Comercial consiguió someter al BTU, abriendo una brecha en el sistema bancario del país. Un feriado bancario, entre el 21 de abril y el 17 de mayo, la amenaza de una “corrida” bancaria, la suspensión de actividades y la intervención por parte del Banco de la República del BTU, colocan al país ante la eventualidad del derrumbe de todo el sistema financiero privado.



Los trabajadores frente a la crisis bancaria
En ese marco, la actitud de los trabajadores bancarios organizados en AEBU significó tina muestra de fuerza y disciplina gremial para actuar ante tan compleja y singular coyuntura.

El gremio se declaró en huelga, denunció los negociados y fraudes impulsados por el gran capital financiero y reclamó, en asambleas masivas, la nacionalización total de la banca privada.

Reclamó la prohibición de instalar nuevos bancos, la eliminación de las sociedades financieras, la creación del Banco Central con participación en su Directorio de los trabajadores y una reestructura de la banca de acuerdo a las necesidades del país.

Al mismo tiempo, se buscó la defensa de los ahorristas perjudicados así como el mantenimiento de la fuente de trabajo de más de 1.500 trabajadores que quedaban en la calle por el cierre definitivo del BTU.
Apenas iniciada la huelga bancaria contó con el apoyo de la CNT, de la CTU, del Congreso Obrero Textil, portuarios, gráficos, de UTE, de ANCAP, cañeros, etc.

La demanda de nacionalización de la banca tenía un perfil programático coincidente con la elaboración que, en ese terreno, venía realizando el conjunto del movimiento sindical, a través de la Central de Trabajadores del Uruguay (CTU) como parte de una respuesta obrera y popular a la crisis del sistema.

Eso facilitó el acercamiento en el plano programático de AEBU con el resto de las organizaciones clasistas.

Desde otro punto de vista, la crisis bancaria fue importante también para la evolución interna de AEBU. En los primeros meses del año 65, miles de trabajadores bancarios sintieron por primera vez la amenaza de la pérdida del empleo, amenaza inherente a todo asalariado y a la que hasta entonces habían estado virtualmente al margen.

Fue una “sacudida” que contribuyó a despejar la idea que subsistía en algunos sectores de considerar a los bancarios como una gran “familia”, casi como una profesión al margen de la lucha de clases, como un estamento superior y privilegiado en relación al resto de los trabajadores.

La inteligencia y la solidaridad con que operó el resto de los sindicatos contribuyó para afianzar este sentimiento de pertenencia a la clase asalariada y facilitó el acercamiento que luego se volvió de estrecha unificación con el resto de los trabajadores agrupados en la CNT.

La crisis bancaria del 65, al tiempo que ponía a la luz pública las grietas que debilitaban al Uruguay tradicional, o por lo menos su sistema financiero, facilitó el acercamiento de decenas de miles de trabajadores a la idea de un programa que fuera más allá de las reivindicaciones laborales inmediatas, un verdadero programa nacional y popular para responder a la crisis.

Simultáneamente se desenvolvía una de las experiencias de acción sindical conjunta más significativa de todos esos años: el Plan de lucha aprobado por la CNT.



Congreso del Pueblo
La actividad de las organizaciones sindicales tendrá un punto alto en la convocatoria al Congreso del Pueblo en el que una serie heterogénea de aspiraciones programáticas encontró un cauce de discusión conjunto, permitiendo alzar la mira y echar las bases de lo que sería ya no sólo una plataforma inmediata sino un programa nacional de signo popular, democrático y antiimperialista.

Los días 16 y 17 de agosto de 1965, 1.376 delegados, representando a 707 organizaciones sindicales, cooperativas, profesionales, estudiantiles, campesinas y de jubilados, se reunieron para elaborar una propuesta programática común sobre un conjunto de grandes problemas nacionales.

Según señala Héctor Rodríguez en “Marcha” del 27 de agosto de 1965, “el programa aprobado (…) configura una estrategia para todo un período de tiempo, determina objetivos y alinea fuerzas para obtenerlos mediante acción conjunta (…) El acuerdo sobre la necesidad de la acción conjunta incorpora de por sí un elemento táctico y abre el camino para la elaboración de una táctica común “.

En ese marco la CNT programó una jornada de lucha para el 7 de octubre a la que el gobierno respondió estableciendo Medidas Prontas de Seguridad. Hubo más de 500 detenidos, clausura de locales sindicales y medios de prensa.

Levantadas las Medidas Prontas de Seguridad, se realiza el 13 de octubre un nuevo paro general.

Los enfrentamientos con el gobierno blanco se acentúan y el 25 de noviembre se realiza un nuevo paro general. Nuevamente se implantan las Medidas Prontas de Seguridad.



Lucha sindical y lucha política: un debate
Héctor Rodríguez advierte “contra los que exhortan al Congreso del Pueblo a superarse en la acción política o lo llaman, redondamente y sin retraso, a la actividad electoral”.

Advierte también que “forzar la politización del movimiento puede resultar paralizante para éste a la vez que esa definición resultaría reductora dado que sólo podrían participar en el movimiento (…) los que aceptaran determinada fórmula electoral”.

Rodríguez critica también el reduccionismo que implica pensar que los únicos me todos de lucha son la simple emisión del voto, “cuya importancia no desestimamos pero cuyo carácter decisivo es harto discutible en medio de las trampas del actual sistema electoral”.

Las expectativas abiertas por el Plan de lucha de la CNT de 1965, la huelga bancaria y el Congreso del Pueblo se van a empantanar por las divergencias surgidas en el ámbito sindical en torno a la propuesta del P.Comunista de impulsar una reforma de la Constitución que condensara las demandas y reivindicaciones populares, tal como estas se habían venido expresando a través de la lucha sindical y en el propio Congreso del Pueblo.

De todos modos, a lo largo de la década el movimiento sindical uruguayo dio los pasos más importantes para superar las tendencias siempre latentes en el sindicalismo, a la dispersión, al economicismo, al encare parcial o puramente profesional de los conflictos.

En ese sentido, el Congreso del Pueblo cumplió un papel importante. La práctica solidaria, la profundización de las luchas, el avance en cohesión orgánica y la definición de objetivos de carácter nacional a través de un programa discutido y aprobado en común, así como la búsqueda de puntos de coincidencia con otros sectores populares, jubilados, cooperativistas y el movimiento estudiantil, permitieron contrapesar la tensión disgregadora y corporativista que amenaza siempre al movimiento y a forjar una fuerza de gran peso y convocatoria creciente en el plano nacional.

Las grandes luchas de 1968, incluyendo la rebelión estudiantil, la radicalización de la intelectualidad y el surgimiento de la lucha armada son impensables sin este proceso de acumulación, toma de conciencia y capacidad de iniciativa política del cual el movimiento sindical, básicamente la CNT, fue protagonista decisivo.

Atrás del Plan de lucha de 1965, las grandes huelgas y el Congreso del Pueblo, medio borroso para la mirada desatenta de quien se detiene solo en el acontecimiento y en los primeros planos, irrigando la estructura capilar del campo popular, decenas de miles de trabajadores, completamente uruguayos, leían, discutían, cotizaban, participaban en debates, asambleas y manifestaciones. Construían así, en las tareas cotidianas de organización, los soportes de fuerza que enfrentarían al autoritarismo desatado por las clases dominantes.

Diseminados en cientos de realizaciones diarias estos hechos de la historia popular pasan a menudo inadvertidos para ciertas corrientes historiográficas, no obstante constituir la vida real de miles de trabajadores que construían otra “cultura”, otra visión con valores distintos y alternativos al del modelo burgués hegemónico:

a) la realización de asambleas democráticas con informes y propuestas cada vez mejor elaborados, donde debatían las distintas orientaciones que convivían dentro de la misma estructura orgánica de la CNT;
b) la elección periódica (en algunos sindicatos más frecuente que en otros) de los consejos o comisiones directivas y de la juntas o congresos de delegados;
c) la existencia de agrupaciones permanentes en los gremios que emitían sus propias publicaciones, donde junto con los problemas específicos del sector se abordaban temas nacionales y latinoamericanos, así como la realización de jornadas de solidaridad, campamentos y ollas populares hacia donde se orientaba el apoyo a los gremios en conflicto;
d) la existencia de una estructura financiera de cotización mano a mano en la mayoría de los gremios, con el esfuerzo que entraña y el sentido de pertenencia que genera;
e) la presencia estable de periódicos y revistas (Estudios, Epoca, El Popular, Marcha, El Sol, Voluntad, Lucha Libertaria, Frente Obrero, etc.);
f) el seguimiento a través de publicaciones y debates de las luchas de los trabajadores, de otros países latinoamericanos especialmente Argentina, Brasil, Bolivia y muy especialmente en esos años de avance de la izquierda, el proceso chileno, etc.;
g) la conmemoración, con artículos, conferencias y mitines, de acontecimientos importantes de la historia del movimiento obrero internacional o de las revoluciones populares latinoamericanas. La solidaridad con la revolución cubana, la información constan te sobre su desarrollo y los debates que generaba.

Por supuesto que de estas prácticas no participaban los 500 mil trabajadores que la CNT convocaba en un paro general, como el del 6 de abril de 1965 o el del 2 de julio de 1968 -para tomar dos fechas importantes en medio de las cuales hubo decenas de paro de 24 horas - pero sí un número significativo y creciente de gente que ingresaba a las preocupaciones políticas como trabajadores o como estudiantes (muchos de los cuales reunían simultáneamente las dos condiciones).

Este proceso, que lleva a las confrontaciones de 1968, fue paulatino, jalonado de luchas, pues, como vimos, la clase obrera había mantenido la independencia de sus organizaciones y la lucha por sus reivindicaciones económicas y derechos sindicales.

No obstante, a lo largo de la década del 60, sectores importantes de trabajadores acompañaron electoralmente a los partidos tradicionales, incluso cuando ya la política aperturista y conservadora había generado crecientes tensiones sociales.

El desfasaje entre el crecimiento de la convocatoria de los sindicatos, su propia visión nacional y el mantenimiento de la supremacía electoral de los partidos burgueses, ya visible en otros comicios, se muestra en toda su magnitud en las elecciones de 1966.

En ese momento, la izquierda, que orientaba a la CNT - y desde ella era capaz de convocar a paros generales en los que participaban cientos de miles de trabajadores -, representada electoralmente por P. Socialista y el F.I.D.E.L. obtuvo un 6.5% de los votos, unos 80 mil, menos que el 7.4% que socialistas y comunistas juntos habían obtenido 20 años antes, en noviembre de 1946.

Lo magro de los resultados electorales amplió el debate en la izquierda acerca de las distorsiones de la “democracia” tal como se ejercía en el país en ese momento y se sumó (o enredó, según se mire) a los debates acerca de “las vías” de la revolución en los términos que la experiencia cubana y las conferencias de la Tricontinental y la OLAS de 1966 y 1967 ponían en la agenda de toda la izquierda latinoamericana.
El movimiento obrero y la izquierda (también la Iglesia y la intelectualidad) habían evolucionado hacia una visión más latinoamericana y más nacional de sus tareas.



Juan José Real. La revolución al revés
“Los que creemos, casi con desesperación, en la posibilidad de salvar el orden democrático, mediante reformas progresistas y el desarrollo, debemos procurar el establecimiento de medios justos de solución de los conflictos del trabajo en la esfera pública, que hagan innecesario el recurso a la violencia, por ninguna de las partes. Y, por encima de todo, aspiramos a que exista seguridad gubernativa, coherencia de rumbos y justicia, en el tratamiento de los humildes y poderosos, que se restablezca la confianza de las masas en los líderes políticos para aceptar sacrificios impuestos por la coyuntura económica. El pueblo los aceptaría si tuviera la seguridad de que el reparto de males y de bienes se haría sin mantener y agravar los injustos privilegios, los mercados negros, agios, contrabandos, etc., que son el telón de fondo de la inflación corruptora y degradante que padecemos.
Se explica que los grupos organizados se aferren a sus niveles de vida, relativamente confortables, ante el espectáculo de la REVOLUCION AL REVES que desde 1959 viene consumando el gobierno federal nacionalista, enriqueciendo cada vez más a los más ricos con sus medidas monetarias y cambiarias, mientras se hunde la clase media y el proletariado padece desocupación y miseria.
Esto no se arregla con medidas prontas de seguridad ni con promesas de planes utópicos “.
Dr. Juan José Real, oct. 1965.

Si bien en el plano electoral no se formalizaba la unidad, el pensamiento tendió a aproximarse a una visión común del país, de los obstáculos que imponían la dependencia y el latifundio.

Por un camino o por otro, partiendo de presupuestos teóricos y experiencias diferentes, los principales dirigentes y teóricos de la izquierda (Vivián Trías, Rodney Arismendi, Carlos Quijano, Héctor Rodríguez, Raúl Sendic, Julio Castro, Arturo Ardao, Carlos Ma ría Gutiérrez, Raúl Cariboni, Gerardo Gatti, entre otros) tendían a compartir una propuesta popular, antiimperialista y democrática.

Subsistían diferencias sobre el modelo y la política externa de la URSS. Pero se actualizaban los puntos de debate, se vinculaban más a la experiencia latinoamericana y, sobre todo, a las circunstancias de la lucha que se desarrollaba en nuestro propio país.

Las fracciones predominantes de la burguesía buscan ante todo aumentar sus ganancias abatiendo los salarios, revirtiendo todos los factores de redistribución de la riqueza que caracterizaron al modelo neo-batllista, así como eliminar los obstáculos a una mayor concentración monopólica, fortalecer el sector exportador, en menoscabo del mercado interno, facilitar la penetración del capital extranjero y reestructurar la banca, debilitan do al sector público.

Para la burguesía es imprescindible terminar con algunas conquistas obreras, su presencia organizada dentro de las fábricas y lugares de trabajo, aumentando la productividad (por esos días dirá el New York Times, en una crónica sobre nuestro país: “El problema fundamental del Uruguay es la disminución de la productividad”, 24 de mayo de 1968) y abatiendo los salarios reales.

Y para eso precisaba doblegar la capacidad de resistencia de los trabajadores, amansando y regimentando a los sindicatos. No renunciaron totalmente -y eso es lo que diferencia al régimen de Pacheco de sus “colegas” regionales (los generales Onganía en Argentina y Garrastazú en Brasil) - a la legitimidad republicana, arraigada en las tradiciones nacionales de democracia representativa, estado de derecho, separación de poderes, etc.

El desplazamiento de los sectores productivos y el desarrollo de un modelo de acumulación del capital cada vez más centrado en la especulación financiera, estimulan el endeudamiento externo y la fuga de capitales, en lo que Fernando Caloia y otros caracterizan como “el llamado círculo vicioso de la dependencia financiera: especulación, fuga de capitales, endeudamiento”. (”La deuda externa y la crisis uruguaya”. CIEDUR, Ediciones de la Banda Oriental, 1984. Págs 18 y 19).

Durante los años 1967 y 1968 los destinatarios principales de las medidas autoritarias del gobierno fueron el movimiento obrero y el movimiento estudiantil.

No se corresponde con los hechos la afirmación, difundida por la derecha, de que las medidas y el avasallamiento de las libertades fueron la respuesta estatal al accionar de las organizaciones guerrilleras. Este factor influyó, pero con posterioridad a un período de auge del movimiento de masas y de la adopción por parte del gobierno, de medidas represivas sin antecedentes en el país.

El rápido crecimiento de las mismas, en particular del MLN, fue, en gran medida, la canalización de la protesta que el autoritarismo impedía expresar reprimiendo a la prensa independiente, a las organizaciones obreras y estudiantiles y a gran parte de la izquierda.

Ni en los considerandos que preceden al decreto de medidas de seguridad de octubre del 67 adoptadas por el Gral. Oscar Gestido, ni en las de Pacheco del 13 de junio de 1968 se hace referencia a la guerrilla. Como ha señalado Álvaro Rico, en ninguno de los discursos presidenciales de los años 67 y 68 el sujeto a reprimir es la insurgencia armada.

El “enemigo interno” está situado en el movimiento de masas. Así lo visualiza también el diagnóstico de la Escuela Superior de Guerra del Brasil.

Ante la profundidad de la ofensiva política, económica e ideológica de las clases dominantes y en el contexto de las nuevas realidades políticas de América Latina: el ejemplo del Che, las guerrillas en Perú, Venezuela, Guatemala y Bolivia y otros intentos guerrilleros menos duraderos (Argentina, Brasil), surgieron dentro de la izquierda dos corrientes de opinión, cuyo punto culminante fueron los debates de la OLAS.

También hubo diferencias en las actitudes a asumir en los conflictos gremiales, en la vida interna de los sindicatos y en los lineamientos táctico-estratégicos a impulsar en la CNT, en las relaciones con el gobierno (episodio de la integración obrera a la COPRIN) y frente a las diversas formas de violencia con que se procuraba sofocar al movimiento popular.

Leer: El 68 uruguayo (IV)