En "La caída: el dictador Bordaberry y su canciller presos", el periodista Walter Pernas elabora una obra de fuerte impronta testimonial, destinada a esclarecer las diversas etapas del juicio que terminó con la impunidad de los aberrantes asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo.
En este minucioso trabajo documental, el colega registra la prolongada secuencia de más de tres décadas, que transcurrió entre los crímenes acaecidos en mayo de 1976, y los procesamientos del ex mandatario de facto y su ministro de Relaciones Exteriores.
Para graficar desde el comienzo las circunstancias en las cuales sucedieron ambos magnicidios, el autor incluye inicialmente una carta remitida por Zelmar Michelini al periodista argentino Roberto García, en la cual el legislador advertía que su seguridad personal corría serio peligro.
Por entonces, las fuerzas represivas de ambas márgenes del Plata estaban cerrando el cerco sobre el dirigente frenteamplista, el diputado nacionalista Héctor Gutiérrez Ruiz e incluso sobre el propio líder blanco Wilson Ferreira Aldunate.
Pernas aporta abundantes referencias históricas acerca de la escalada autoritaria que devino en el golpe de Estado de junio de 1973, la violencia política, la polarización ideológica y la creciente injerencia de los militares en la vida institucional del país.
Sin desestimar juicios de valor en torno a las actitudes de los actores políticos de la época, el investigador construye un cuadro singularmente revelador, que denuncia sin ambages la operativa del terrorismo de Estado.
El relato, concebido con un afinado rigor cronológico, apunta a ubicar al lector en la génesis del fenómeno autoritario y de la coordinación represiva desplegada por las dictaduras de la región.
Las revelaciones confirman que ambos legisladores asesinados fueron vigilados desde el comienzo de su exilio en Buenos Aires, aunque existen elementos de juicio para presumir que estaban siendo espiados incluso desde antes de la consumación de la ruptura institucional en nuestro país.
Ello constituye un cabal testimonio de las actividades que desarrollaba el aparato de inteligencia estatal desde el gobierno de Jorge Pacheco Areco, cuando, en el marco de las medidas prontas de seguridad y la suspensión de garantías individuales, se indagaba, detenía y torturaba a opositores políticos.
Tras el arrasamiento de la democracia, la arquitectura represiva estaba bien consolidada y preparada para entrar en acción, sin las restricciones que normalmente imponen la Constitución y la Ley.
La acumulación de pruebas y testimonios permite inferir el alto grado de responsabilidad del gobierno encabezado por Juan María Bordaberry en los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, pese a que fueron perpetrados en la capital argentina.
Resulta ciertamente intolerable que se pretenda negar la implicancia del ex dictador y del ex canciller Juan Carlos Blanco en los homicidios, ya que ambos fueron actores de primer nivel del gobierno autoritario.
La decisión de invalidar los pasaportes de los exiliados a la cual no estuvo naturalmente ajena la cancillería de la época, constituye una prueba contundente de que la intención era inmovilizar y acorralar a ambos dirigentes políticos.
A ello se suma, naturalmente, la decisión de las autoridades argentinas de no otorgar la residencia a los legisladores y promover su expulsión del territorio del vecino país.
Sin embargo, de la documentación que aporta el autor quizás lo más significativo sean los "prontuarios" de Michelini y Gutiérrez Ruiz, que permanecieron guardados en los archivos secretos de los servicios de inteligencia militares y policiales.
Los tramos vertebrales de este libro son los consagrados a las audiencias judiciales en las cuales prestaron declaración el ex dictador y su canciller.
Los interrogatorios son minuciosamente reconstruidos, lo que permite ratificar la permanente actitud elusiva de Bordaberry y demuestra, con absoluta cabalidad, la extrema fragilidad de su defensa.
Insólitamente, el ex mandatario negó tener conocimiento de la actuación que le correspondió al gobierno que él mismo encabezaba, con relación a los asesinatos de los políticos.
No parece muy creíble que el dictador ignorara todo lo que estaba sucediendo en torno suyo y no participara en las decisiones cruciales, como, por ejemplo, la cancelación de los pasaportes de los legisladores exiliados.
El testimonio de Juan Carlos Blanco ante el juez y la fiscal de la causa, resulta un capitulo no menos esclarecedor del proceso contra los dos ex jerarcas de la dictadura.
El interrogatorio realizado al ex canciller que está reproducido en este libro, aborda aspectos medulares de la investigación de ambos homicidios.
Las respuestas del ex ministro del gobierno autoritario resultan casi siempre erráticas y reveladoras de una persistente actitud de ocultamiento de la verdad.
También en este caso, parece inverosímil el desparpajo del acusado, quien niega toda eventual participación en la toma de decisiones y las actuaciones diplomáticas que culminaron con la clausura de los pasaportes.
Tal cual lo corrobora este trabajo, ni siquiera la profusión de pruebas y documentos de una abrumadora contundencia- logró modificar el falaz discurso de los acusados, que siempre deslindaron responsabilidades en otros jerarcas y servicios de la época.
Entre las evidencias aportadas a la investigación que fueron empleadas por la Justicia, se destacan particularmente documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano.
El autor también incluye referencias a declaraciones del ex presidente Julio María Sanguinetti, quien explicó a la Justicia los criterios de aplicación de la Ley de Caducidad durante su primer período de gobierno.
Pernas reconstruye la tensa audiencia judicial de junio del año pasado, en la cual Bordaberry mantuvo su contumaz negativa a admitir sus cada vez más claras responsabilidades penales en el proceso que derivó en los magnicidios.
Sin embargo, en varios pasajes de su exposición, entra en claras contradicciones con dichos y actitudes del pasado, que resultan elocuentemente incriminatorias.
Al reproducir las declaraciones de Juan Carlos Blanco ante los magistrados actuantes, Pernas acusa al ex secretario de Estado de mentir, demostrando que el imputado quedó atrapado en su propia tela de araña durante los interrogatorios.
Según documentos oficiales de la época, el Consejo de Seguridad Nacional que el propio Blanco integraba, en cuyo ámbito se habrían resuelto ambas muertes, tenían directa injerencia en las actividades de represión del aparato estatal.
La situación más gruesa, que ciertamente no resiste el menor análisis, es la afirmación de los acusados de que desconocían la existencia del denominado Plan Cóndor.
En una detallada síntesis, Walter Pernas recrea el largo periplo judicial del expediente que inculpaba a los dos ex jerarcas del gobierno autoritario.
En ese contexto, describe las iniciales marchas y contramarchas, el archivo y la posterior sentencia del Tribunal de Apelaciones que dictaminó la reapertura del caso.
Intercalando abundantes referencias históricas que coadyuvan a una mejor comprensión del tema, el autor analiza el cuerpo de la sentencia condenatoria, poniendo particular énfasis en los alegatos, que contextualizan las circunstancias en las cuales se consumaron los crímenes.
El libro transcribe todas las actas judiciales inherentes a la causa, lo que permite conocer, en detalle, la historia del emblemático juicio que culminó con el procesamiento con prisión de Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco.
Aunque parte del material reproducido en esta obra es conocido, la profusión de documentos y la reconstrucción de las audiencias comportan un vasto escenario de análisis que convoca a la reflexión.
"La caída" es un trabajo prolijo y minucioso, que revela el alto grado de profesionalidad del autor y su compromiso con la verdad, en el abordaje de una temática crucial de nuestro presente.
El libro está dotado de un tratamiento eminentemente periodístico, lo que permite comprender los aspectos medulares de un juicio que abrió una segunda grieta en el muro de la impunidad, luego del procesamiento de ocho conocidos represores militares y policiales por delitos cometidos durante el gobierno autoritario.
(Edición de Cauce)
En este minucioso trabajo documental, el colega registra la prolongada secuencia de más de tres décadas, que transcurrió entre los crímenes acaecidos en mayo de 1976, y los procesamientos del ex mandatario de facto y su ministro de Relaciones Exteriores.
Para graficar desde el comienzo las circunstancias en las cuales sucedieron ambos magnicidios, el autor incluye inicialmente una carta remitida por Zelmar Michelini al periodista argentino Roberto García, en la cual el legislador advertía que su seguridad personal corría serio peligro.
Por entonces, las fuerzas represivas de ambas márgenes del Plata estaban cerrando el cerco sobre el dirigente frenteamplista, el diputado nacionalista Héctor Gutiérrez Ruiz e incluso sobre el propio líder blanco Wilson Ferreira Aldunate.
Pernas aporta abundantes referencias históricas acerca de la escalada autoritaria que devino en el golpe de Estado de junio de 1973, la violencia política, la polarización ideológica y la creciente injerencia de los militares en la vida institucional del país.
Sin desestimar juicios de valor en torno a las actitudes de los actores políticos de la época, el investigador construye un cuadro singularmente revelador, que denuncia sin ambages la operativa del terrorismo de Estado.
El relato, concebido con un afinado rigor cronológico, apunta a ubicar al lector en la génesis del fenómeno autoritario y de la coordinación represiva desplegada por las dictaduras de la región.
Las revelaciones confirman que ambos legisladores asesinados fueron vigilados desde el comienzo de su exilio en Buenos Aires, aunque existen elementos de juicio para presumir que estaban siendo espiados incluso desde antes de la consumación de la ruptura institucional en nuestro país.
Ello constituye un cabal testimonio de las actividades que desarrollaba el aparato de inteligencia estatal desde el gobierno de Jorge Pacheco Areco, cuando, en el marco de las medidas prontas de seguridad y la suspensión de garantías individuales, se indagaba, detenía y torturaba a opositores políticos.
Tras el arrasamiento de la democracia, la arquitectura represiva estaba bien consolidada y preparada para entrar en acción, sin las restricciones que normalmente imponen la Constitución y la Ley.
La acumulación de pruebas y testimonios permite inferir el alto grado de responsabilidad del gobierno encabezado por Juan María Bordaberry en los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, pese a que fueron perpetrados en la capital argentina.
Resulta ciertamente intolerable que se pretenda negar la implicancia del ex dictador y del ex canciller Juan Carlos Blanco en los homicidios, ya que ambos fueron actores de primer nivel del gobierno autoritario.
La decisión de invalidar los pasaportes de los exiliados a la cual no estuvo naturalmente ajena la cancillería de la época, constituye una prueba contundente de que la intención era inmovilizar y acorralar a ambos dirigentes políticos.
A ello se suma, naturalmente, la decisión de las autoridades argentinas de no otorgar la residencia a los legisladores y promover su expulsión del territorio del vecino país.
Sin embargo, de la documentación que aporta el autor quizás lo más significativo sean los "prontuarios" de Michelini y Gutiérrez Ruiz, que permanecieron guardados en los archivos secretos de los servicios de inteligencia militares y policiales.
Los tramos vertebrales de este libro son los consagrados a las audiencias judiciales en las cuales prestaron declaración el ex dictador y su canciller.
Los interrogatorios son minuciosamente reconstruidos, lo que permite ratificar la permanente actitud elusiva de Bordaberry y demuestra, con absoluta cabalidad, la extrema fragilidad de su defensa.
Insólitamente, el ex mandatario negó tener conocimiento de la actuación que le correspondió al gobierno que él mismo encabezaba, con relación a los asesinatos de los políticos.
No parece muy creíble que el dictador ignorara todo lo que estaba sucediendo en torno suyo y no participara en las decisiones cruciales, como, por ejemplo, la cancelación de los pasaportes de los legisladores exiliados.
El testimonio de Juan Carlos Blanco ante el juez y la fiscal de la causa, resulta un capitulo no menos esclarecedor del proceso contra los dos ex jerarcas de la dictadura.
El interrogatorio realizado al ex canciller que está reproducido en este libro, aborda aspectos medulares de la investigación de ambos homicidios.
Las respuestas del ex ministro del gobierno autoritario resultan casi siempre erráticas y reveladoras de una persistente actitud de ocultamiento de la verdad.
También en este caso, parece inverosímil el desparpajo del acusado, quien niega toda eventual participación en la toma de decisiones y las actuaciones diplomáticas que culminaron con la clausura de los pasaportes.
Tal cual lo corrobora este trabajo, ni siquiera la profusión de pruebas y documentos de una abrumadora contundencia- logró modificar el falaz discurso de los acusados, que siempre deslindaron responsabilidades en otros jerarcas y servicios de la época.
Entre las evidencias aportadas a la investigación que fueron empleadas por la Justicia, se destacan particularmente documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano.
El autor también incluye referencias a declaraciones del ex presidente Julio María Sanguinetti, quien explicó a la Justicia los criterios de aplicación de la Ley de Caducidad durante su primer período de gobierno.
Pernas reconstruye la tensa audiencia judicial de junio del año pasado, en la cual Bordaberry mantuvo su contumaz negativa a admitir sus cada vez más claras responsabilidades penales en el proceso que derivó en los magnicidios.
Sin embargo, en varios pasajes de su exposición, entra en claras contradicciones con dichos y actitudes del pasado, que resultan elocuentemente incriminatorias.
Al reproducir las declaraciones de Juan Carlos Blanco ante los magistrados actuantes, Pernas acusa al ex secretario de Estado de mentir, demostrando que el imputado quedó atrapado en su propia tela de araña durante los interrogatorios.
Según documentos oficiales de la época, el Consejo de Seguridad Nacional que el propio Blanco integraba, en cuyo ámbito se habrían resuelto ambas muertes, tenían directa injerencia en las actividades de represión del aparato estatal.
La situación más gruesa, que ciertamente no resiste el menor análisis, es la afirmación de los acusados de que desconocían la existencia del denominado Plan Cóndor.
En una detallada síntesis, Walter Pernas recrea el largo periplo judicial del expediente que inculpaba a los dos ex jerarcas del gobierno autoritario.
En ese contexto, describe las iniciales marchas y contramarchas, el archivo y la posterior sentencia del Tribunal de Apelaciones que dictaminó la reapertura del caso.
Intercalando abundantes referencias históricas que coadyuvan a una mejor comprensión del tema, el autor analiza el cuerpo de la sentencia condenatoria, poniendo particular énfasis en los alegatos, que contextualizan las circunstancias en las cuales se consumaron los crímenes.
El libro transcribe todas las actas judiciales inherentes a la causa, lo que permite conocer, en detalle, la historia del emblemático juicio que culminó con el procesamiento con prisión de Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco.
Aunque parte del material reproducido en esta obra es conocido, la profusión de documentos y la reconstrucción de las audiencias comportan un vasto escenario de análisis que convoca a la reflexión.
"La caída" es un trabajo prolijo y minucioso, que revela el alto grado de profesionalidad del autor y su compromiso con la verdad, en el abordaje de una temática crucial de nuestro presente.
El libro está dotado de un tratamiento eminentemente periodístico, lo que permite comprender los aspectos medulares de un juicio que abrió una segunda grieta en el muro de la impunidad, luego del procesamiento de ocho conocidos represores militares y policiales por delitos cometidos durante el gobierno autoritario.
(Edición de Cauce)
WALTER PERNAS PUBLICÓ SU LIBRO SOBRE EL PROCESAMIENTO DE BLANCO Y BORDABERRY
El periodista Walter Pernas presentó su libro La caída: el dictador Bordaberry y su canciller presos, que presenta un panorama general de los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw, y analiza el expediente judicial correspondiente.
Pernas se ha desempeñado como cronista judicial para varios medios de comunicación, y publica habitualmente en el semanario Brecha notas vinculadas con la actuación de la Justicia en relación con violaciones de los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar.
El libro está pensado para que la gente no familiarizada con la especialidad de Pernas pueda acercarse a este caso, explicó el autor a la diaria.
Con lenguaje claro, la obra busca introducir a los lectores en el recinto de la calle Misiones por el que circularon destacadas personalidades como el ex presidente Julio María Sanguinetti o el ex parlamentario Alberto Zumarán, y en el que se procesaron voluminosos expedientes y archivos desclasificados, a medida que la fiscal puncionaba para lograr la expulsión de pus en las declaraciones de los acusados.
La primera parte del libro está dedicada a contar cómo fueron asesinados los parlamentarios Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, cuyos cuerpos se encontraron el 20 de mayo de 1976 en las afueras de Buenos Aires, junto a los de Rosario del Carmen Barredo y William Whitelaw, integrantes de una escisión no armada del MLN. También analiza por qué esos crímenes debieron tramarse al más alto nivel de la dictadura, en el que se movían Juan María Bordaberry y su canciller Juan Carlos Blanco.
El autor dedica un capítulo a cada uno de los dos procesados.
Allí se repasa cuándo quedaron en evidencia, cuándo quisieron desmentir documentos oficiales y cuándo les vino amnesia.
El ex dictador no recordó que había felicitado al policía que impidió poner el pabellón nacional sobre el féretro de Gutiérrez Ruiz, y aseguró que los cuatro asesinatos se debieron a un enfrentamiento entre guerrilleros, como quisieron hacer creer quienes dejaron volantes apócrifos junto a los cuerpos. Bordaberry tampoco recordó la cancelación de los pasaportes de los legisladores, ni otros hechos de relevancia relacionados con el crimen.
Blanco dijo tener presentes algunos contactos telefónicos para averiguar la suerte de los legisladores asesinados, pero arguyó que nunca dispuso seguimiento “ni de Michelini ni de ninguna otra persona”. El hecho de que se haya reunido pocos días antes de los asesinatos, el 7 de mayo de 1976 y sobre el río Paraná, con el contralmirante César Guzzetti, ministro de Relaciones Exteriores del dictador argentino Jorge Videla y hombre de confianza del comandante Emilio Massera, fue “una total coincidencia” según el ex canciller.
Luego de contextualizar y de recorrer pasajes jugosos del expediente, Pernas recuerda el bumerán de Sanguinetti, la puertita que dejó abierta el ex presidente cuando amparó en la Ley de Caducidad a los crímenes pero excluyó a los civiles. También repasa la operación mediática de Pedro Bordaberry, el día del dictamen fiscal, la búsqueda de la policía a la hora de la captura y varios archivos de cancillería, así como el fallo de la fiscal y el auto de procesamiento.
Lo que sigue es parte del diálogo del colega con la diaria.
-¿Cuál es la responsabilidad del periodismo en estos temas?
-La responsabilidad del periodista es ser agudo, profundo, no bajar el tema de la agenda por cuestiones coyunturales. Por suerte hoy sí está en la agenda, y la responsabilidad es informar de la mejor forma, la más profunda, para que la gente entienda que estos temas no son del pasado.
-¿La idea del libro es reciente, la fuiste procesando a medida que trabajabas en Brecha?
-La primera parte del libro tiene que ver con artículos que escribí para Brecha en el último año y medio, pero el acopio de información arrancó con la denuncia en el 2002. Acceder al expediente, más de tres mil fojas donde había mucha información, es la base fundamental de la obra. De todas maneras creo que el libro fue creciendo con la propia historia de la denuncia y el proceso.
-¿El centro de tu atención estuvo en los asesinatos o en los procesamientos?
-En Uruguay no había justicia por este asunto pero ahora la Justicia empezó a llegar, y eso fue lo que más me atrajo. En los últimos tres años, con una denuncia utópica de Hebe Martínez Burlé y Walter de León, se empezó a generar la expectativa de que finalmente pudiera caer alguien. Fueron procesados dos civiles, y creo que más personas podrían caer por este caso: no hay que dejar de lado la responsabilidad militar.
-¿Cuál fue el papel de Mirtha Guianze en todo esto?
-Fue preponderante. Es una fiscal emblemática en la lucha jurídica por los derechos humanos, que incorporó a la jurisprudencia nacional conceptos internacionales en la materia. Uno puede ver en el libro cuál fue el comportamiento de ella, absolutamente agudo. Fue verdaderamente destacable su trabajo en los interrogatorios, en la ampliación de la documentación, en la pelea por la obtención de la documentación de éste y de otros casos.
Entrevista de Guillermo Garat
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