Silencio de Estado - Sergio Israel

El sistema político uruguayo no quiso tomar 'acciones que pudieran afectar (la) institucionalidad' en el caso del chileno Eugenio Berríos.

El libro del periodista Sergio Israel, 'Silencio de Estado', identificó al actual jefe de Policía de Canelones, Sergio Guarteche, como uno de los que denunciaron a legisladores, a través de un anónimo, lo ocurrido en noviembre de 1992 con el bioquímico en una comisaría de Parque del Plata.

Durante la crisis político-militar generada entre 1992 y 1993 por el caso del bioquímico chileno Eugenio Berríos, desaparecido y luego asesinado en Uruguay, el gobierno del entonces presidente Luis Alberto Lacalle "no habría podido tomar medidas drásticas" con la cúpula castrense. Además, la oposición de aquel entonces -el Partido Colorado y el Frente Amplio- asumían que no era pertinente adoptar "acciones" que pudieran poner en riesgo el proceso democrático en el país.

Estas impresiones forman parte de un informe que el embajador chileno acreditado en aquella época en Montevideo, Raimundo Barros Charlín, envió a su Cancillería, en Santiago de Chile, luego de entrevistarse con el entonces ministro de Relaciones Exteriores, el actual senador blanco Sergio Abreu. El caso de Berríos, un científico chileno que trabajó para los servicios de inteligencia del régimen de Augusto Pinochet y que llegó a Uruguay protegido por militares chilenos en el marco de operativos coordinados por oficiales de ambos países, cobró notoriedad pública luego de que el propio Berríos se presentara en la Comisaría de Parque del Plata (Canelones) pidiendo protección y alegando que estaba secuestrado.

A partir de allí se generó una serie de consecuencias y el hecho, acaecido en noviembre de 1992, fue informado a medios de comunicación, legisladores y políticos por un grupo de policías de Canelones, entre los que estaba el actual jefe de Policía de ese departamento, Sergio Guarteche. Estos y otros episodios están contenidos en el libro "Silencio de Estado. Eugenio Berríos y el poder político uruguayo", escrito por el periodista Sergio Israel. La obra, de 283 páginas, es editada por el sello Aguilar de la editorial Santillana y se pondrá a la venta a partir del jueves 26.

El autor describe en su trabajo el complejo panorama político e institucional que vivía el país en 1992 - habla de "inestabilidad", por ejemplo- y evoca que el lunes 16 de noviembre de ese año, "al día siguiente de que Berríos pidiera asilo en la Comisaría de Parque del Plata, comenzó la huelga policial". Berríos era un ex agente de la DINA chilena, acusado de haber estado involucrado en asesinatos políticos, fabricación de armas químicas y bacteriológicas y narcotráfico, Durante estos episodios, el teniente general Juan Modesto Rebollo era el comandante en jefe del Ejército. El cuerpo de 16 generales lo completaban Nelson Rodríguez, Daniel Legnani, Ricardo Galarza, Daniel García, Juan Curutchet, Yelton Bagnasco, Julio Ruggiero, Raúl Mermot, Néstor Bertrín, Mario Aguerrondo, Fernán Amado, Yamandú Sequeira, Aurelio Abilleira, Luis Pérez y Luis Abraham.

Los restos de Berríos, cuya identidad fue confirmada casi un año después, aparecieron en una playa de El Pinar (Canelones) el 13 de abril de 1995. Después de permanecer casi siete años en la morgue judicial de Montevideo, los despojos mortales del químico chileno fueron enterrados el 9 de octubre del 2002 en Chile. El embajador y Abreu. Precisamente a raíz del caso del ex agente de inteligencia chileno, el libro consigna que en junio de 1993 las relaciones entre Chile y Uruguay "estaban en un pésimo momento". El 11 de junio de ese año, el embajador chileno Barros Charlín remitió "el mensaje 191, secreto y urgente" a su jefe, el canciller Enrique Silva Cimma. Lo hizo luego de una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Sergio Abreu.

"Hoy primera hora fui citado por el canciller Sergio Abreu en relación con Berríos. (...) Me planteó por encargo de su gobierno, en forma oficial, transmitiera a nuestras autoridades requerimiento preciso en orden a conocer si en hechos son de pública notoriedad habrían tenido participación o conocimiento oficiales FFAA chilenos. Asimismo canciller Abreu fue entáfico para manifestar ante solidaridad institucional demostrada por Ejército uruguayo y apoyo irrestricto a sus altos mandos y aval de estos últimos a niveles subalternos, presidente Lacalle no habría podido tomar medidas drásticas en cúpula castrense", dice el mensaje en su primera parte.

Luego, textualmente, agrega: "Gráficamente indicó, gobierno, una vez más, había tenido que doblar el pescuezo. (...) Ante férrea posición corporativa FFAA, opositores (Partido Colorado y Frente Amplio), si bien exteriorizarían disconformidad por decisión Lacalle no relevar mandos o modificaciones de gabinete, en plano interno ambas colectividades estarían conscientes que no eran convenientes acciones pudieran afectar institucionalidad".

El "anónimo" de Guarteche

A todo esto, y motivados por "una genuina solidaridad con el compañero amenazado unos y por deseos de frenar a Rivas, otros", apunta el autor, un grupo de comisarios y subcomisarios -entre ellos Juan Bautista Suárez, Sergio Guarteche y Javier San Martín- "comenzó a organizarse para develar el secreto" de Parque del Plata. Guarteche actualmente ostenta el grado de inspector mayor (r) y se desempeña como jefe de Policía de Canelones, un cargo de confianza política del Poder Ejecutivo.

Ramón Rivas, un coronel retirado del Ejército, era el jefe de Policía de ese departamento cuando Berríos se presentó en la Comisaría de Parque del Plata y fue relevado de su cargo por no informar a su superior, el ministro del Interior Juan Andrés Ramírez, de las diversas irregularidades relacionadas con el misterioso episodio.

En el verano de 1993, el comisario Elbio Hernández, quien estaba al frente de la sucursal policial de Parque del Plata cuando Berríos se presentó allí, informó "bastante asustado" a varios de sus colegas que "estaba recibiendo amenazas y que lo seguían". Además, dice el periodista, las amenazas provenían de militares. Hernández les contó además que el jefe Rivas "le había ordenado destruir toda la documentación relacionada con el caso".

Luego de esto, varios oficiales decidieron montar guardia en su casa de Las Toscas (Canelones). Israel destaca que Suárez, Guarteche y San Martín "luego de varias deliberaciones clandestinas (...) escribieron un relato anónimo acerca de lo que había ocurrido en Parque del Plata y lo enviaron por correo al fiscal nacional de Policía, Rafael Lanzón, tomando todas las precauciones para no ser identificados".

El libro relata que ante la falta de respuesta, la misma carta con la firma "Grupo de los 333" fue enviada a los entonces senadores Hugo Batalla y Walter Santoro, así como a los diputados Jaime Trobo, Matilde Rodríguez Larreta, León Lev, Bah González y Heriberto Sosa. Trobo informó casi de inmediato acerca de la denuncia recibida al ministro Juan Andrés Ramírez. Fue el sábado 5 de junio de 1993.

Pero Ramírez, asegura el autor, desde noviembre del 2002 "había sido advertido por el vicealmirante (James) Coates", comandante en jefe de la Armada. El episodio que protagonizó Berríos tuvo como directos actores a militares uruguayos que actuaban en los servicios de Inteligencia, tanto del Ejército como del Ministerio de Defensa. De hecho, el coronel (r) Gilberto Vázquez, preso en Uruguay desde hace más de dos años por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, era el jefe de Inteligencia del Ejército.

Pero los uruguayos procesados por este caso en Chile, donde aún permanecen luego de ser extraditados desde Uruguay, son los coroneles Tomás Casella y Wellington Sarli y el teniente coronel Eduardo Radaelli. Los tres oficiales fueron procesados en Santiago por asociación ilícita y secuestro. En la página 151, el autor señala que en noviembre de 1992 "la tensión fue tal que el presidente Lacalle, un político de raza que se caracteriza por no bajar los brazos y es capaz de presentar batallas aun en situaciones adversas, llegó a pensar seriamente en renunciar e incluso temió un golpe de Estado, una situación que se repetiría en agosto del año siguiente".

Dice además, que durante la "crisis" que se produjo mientras duró la huelga policial -que comenzó el 16 de noviembre de ese año- el entonces jefe de la División de Ejército IV, Daniel García, le pidió al entonces vicepresidente Gonzalo Aguirre que se trasladara a Minas (sede de ese cuerpo militar) para mantener un encuentro reservado. "Allí le informó que algunos oficiales se habían acuartelado por su cuenta y que para evitar la indisciplina había dado la orden de suspender las licencias por un día en toda la división a su mando", relata el periodista.

Según Israel, al regresar Lacalle de un viaje a Gran Bretaña el 9 de junio de 1993, cuando el caso había estallado en la opinión pública, la cúpula de la fuerza de tierra respaldó sin fisuras al comandante Rebollo. "Se anunciaron pedidos de pase a retiro en masa para el caso de que tocaran a Rebollo" y se "cerraban filas para que el fuero civil no se entrometiera en lo que consideraban un asunto de militares, y en los cuarteles había movimiento".

"Cuando Lacalle llegó, se reunió con (Mariano) Brito -ministro de Defensa- y luego con el comandante Rebollo, en el séptimo piso del Edificio Libertad. El plan original era recibir primero a los comandantes de la Fuerza Aérea y de la Armada, y luego con Rebollo para relevarlo", cuenta el autor. "Sin embargo, ante el unánime respaldo a Rebollo que habían expresado los generales, el presidente optó por no dar ese paso. Mantuvo con los generales una reunión breve, en la cual les dio una tibia diatriba, y los hizo salir por el garaje subterráneo para evitar a la prensa. El golpe técnico se había consumado", afirma el autor.

En el último tramo del libro, Israel consulta al ex presidente y actual precandidato blanco Luis Alberto Lacalle sobre este punto. El periodista señala que "durante estos años se ha insistido" en que Lacalle salió de Londres "con ímpetu de adoptar medidas, pero que ello no fue posible. Incluso se habla de un golpe de Estado técnico por parte de los generales" y pregunta: "¿qué panorama encontró al llegar a Montevideo y qué pudo hacer?".

Lacalle no aceptó una entrevista directa, afirmó el periodista, y respondió al cuestionario vía correo electrónico descartando de plano que durante su gobierno se hubiera registrado "un golpe de Estado técnico". "Rechazo enfáticamente toda versión de menoscabo de mi autoridad como presidente en ésta o en cualquier otra oportunidad", afirmó el ex presidente de la República.