Secuestro en la Embajada. El caso de la maestra Elena Quinteros

Los compañeros Sara Méndez y Raúl Olivera han editado la tercera edición de su libro “Secuestro en la Embajada. El caso de la maestra Elena Quinteros.”. Publicamos el epílogo a esta edición que actualiza la situación del caso de Elena Quinteros.

Los autores
Agosto de 2004

Detrás de una cancha de fútbol, al borde de un abigarrado monte de sauces a los fondos del Batallón de Infantería Mecanizada Nº 13, el 2 de setiembre de 2003 una pesada excavadora extraía grandes cantidades de tierra, bajo vigilancia militar, de lo que parecía ser una cañada. Se distinguían montículos de tierra y un pozo abierto de grandes dimensiones. Se trataba de trabajos que formaban parte del Plan Municipal de Saneamiento.[1]

Las autoridades municipales aseguraban que los trabajos no afectaban los lugares donde podían existir enterramientos clandestinos. El ministro de Defensa decía no tener indicación del presidente Batlle para preservar la zona, ya que “no hay ningún indicio de que allí haya algo”.[2]

La noticia motivó que ese mismo día el juez penal Gustavo Mirabal, a cargo de la causa promovida por Juan Gelman, ordenara de oficio suspender esos trabajos por 30 días, en un radio de 500 metros en torno a la cancha.

Cuando Mirabal toma la resolución, ya conocía el pedido del fiscal Enrique Moller para que la investigación sobre los restos de la nuera del poeta argentino se detuviera, en virtud de la ley de caducidad.[3] Por eso, en los fundamentos de su resolución deja una constancia que aún hoy es desoída “...que, aun de resultar clausurada la presente investigación, perviven los derechos de los deudos de la víctima a conocer el lugar donde sus restos se encuentran, u obtener datos que permitan esclarecer cuál fue su destino final”.[4]

Casi simultáneamente, en el juzgado donde estaba radicada la causa contra Juan Carlos Blanco, el pit-cnt reclama que se tomen medidas para localizar el cuerpo de Elena y que se suspendan los trabajos de remoción del terreno en el Batallón Nº 13 de Infantería y medidas cautelares en el Nº 14 de Paracaidistas de Toledo.

Como lo que el pit-cnt solicitaba ya había sido dispuesto por otro juzgado, el juez Cavalli se limita a solicitar los antecedentes.

En el marco de los debates previos al Congreso del Frente Amplio, dirigentes políticos de izquierda e integrantes de organizaciones humanitarias fueron consultados sobre qué hacer con la ley de caducidad. Los primeros coincidieron en responder que la ley debía mantenerse, en tanto los segundos opinaron que debía haber verdad y justicia.[5] Mientras, en la vecina orilla, la nulidad de las leyes de impunidad dispuesta por el Congreso tenía sus primeros efectos al reabrirse causas paralizadas desde 1986 y 1987 por la aplicación de esas leyes. En esas causas se dictarán posteriormente múltiples procesamientos de militares y policías. En Uruguay, el hecho de que 18 años después de denunciada la existencia de cementerios clandestinos en unidades militares, la justicia se interesara en ello, no igualaba los avances que se producían en Argentina, pero era un paso importante.

Durante este período los hechos que ocurren en una margen del Plata tendrán su inmediata influencia en la otra. Esto se manifestará en forma relevante en un enfrentamiento entre el gobierno argentino y el presidente Batlle.[6]

La lentitud y la “pereza” política de la mayoría de la dirigencia de la izquierda no le permiten evaluar adecuadamente la magnitud y el alcance de la política de Batlle en derechos humanos. En el mismo momento en que esa política se pone de manifiesto en los casos de Gelman y de Elena, por iniciativa de un diputado de izquierda,[7] el Parlamento hace un reconocimiento a la labor de ese gobierno en la Comisión para la Paz.

El 8 de setiembre un matutino informa que un testigo que participó en las inhumaciones en el Batallón 13 confirmó la posible ubicación de los restos.[8]

La sede a cargo del juez Cavalli se encontraba abocada a resolver la situación procesal de Blanco, a quien se le había otorgado la libertad provisional. Se enfrentaban las posiciones discordes de la fiscalía, el juez y la defensa de Blanco. En ese marco, el 9 de setiembre el expediente pasa a consideración del Tribunal de Apelaciones. De acuerdo a lo que éste resolviera, el ex canciller tenía ante sí tres posibles situaciones: 1) continuar procesado en un delito de homicidio especialmente agravado y esperar su proceso en libertad provisional, como sostenía Cavalli; 2) volver a prisión, como pedía la fiscal Guianze; 3) que el juicio en su contra fuera clausurado, como pretendía su defensor, y que quedara definitivamente en libertad.

A fines de octubre, aquejado por una grave enfermedad, Cavalli es suplantado por el doctor Alejandro Recarey.

El nuevo magistrado debe resolver, entre otras cosas, acerca de la solicitud presentada por el pit-cnt, ya que la medida cautelar tomada por Mirabal de suspender los trabajos había cesado en los primeros días de ese mes.

El 6 de noviembre Recarey, en acuerdo con la fiscal, accede a la solicitud, disponiendo, a fin de “proteger un ámbito físico en el cual podría hallarse evidencia relevante (...), la prohibición de innovar, consistente en la orden de suspensión y/o orden de no iniciar o continuar cualquier tipo de obra que altere el terreno de las dependencias del Batallón de Infantería Nº 13. Esta vez la prohibición “se extenderá temporalmente hasta que recaiga nueva resolución”.

El nuevo juez tomaba recién contacto con el caso. El expediente en el que constaban todos los antecedentes se encontraba en ese momento en el Tribunal de Apelaciones, por lo que en la misma resolución dispone: “Cítese al denunciante Raúl Olivera para audiencia, el próximo lunes 10”.

La comparecencia de este y otros denunciantes permitió poner en conocimiento del magistrado todos los antecedentes y que el juez dispusiera los primeros pasos para “la necesaria profundización indagatoria pendiente”.

Recarey inicia una intensa y sostenida actividad de la que, por primera vez, los denunciantes son debidamente informados. Se toman declaraciones a periodistas, ex prisioneros políticos, parlamentarios, técnicos, testigos e integrantes de la Comisión para la Paz. Se solicita información a otras dependencias del Estado y a la justicia italiana.[9] Se reclama al Poder Ejecutivo que informe de las investigaciones que realizó en torno a la denuncia sobre la Operación Zanahoria y “el elenco de razones que hayan sustentado la inclusión” en la ley de caducidad.[10]



Comienzan entonces las citaciones a militares.
No comparecen ante el juez: Ramón Díaz, Ernesto Soca, Benito Velásquez, Juan Casco, Zenia García, Roberto Scarabino, Mario Genta, Selva de Mello, Liliana González y Juan Carlos Larcebeau. Otros se presentan y declaran: Wilfredo Lamanna, Samuel Lamanna y Jesús Lamanna.

Es la primera vez que se le piden explicaciones al Ejecutivo respecto del uso arbitrario y discriminado de la potestad que le otorga la ley de caducidad. Para colmo, se cita a declarar a militares. Es demasiado para el “estado del alma” de Batlle.

El 28 de noviembre el presidente uruguayo envía al presidente de la Corte un mensaje solicitando que “se suspendan todas las diligencias presumariales” y se le remita la causa para determinar si esos hechos estaban o no amparados por la ley de caducidad.[11]

El intento de Batlle no logra su objetivo. El 2 de diciembre Recarey resuelve que no es de aplicación, en el caso, la ley de caducidad y que “continuarán en su curso normal las indagatorias probatorias destinadas a acotar en el tiempo y en el espacio la cautela de no innovar, oportunamente adoptada”. Ese mismo día dispone citar a Jorge Silveira y Manuel Cordero para los días 8 y 9 de diciembre.

El miércoles 3 comparecen ante el juez el ingeniero agrónomo Daniel Panario, profesor titular de geomorfología, la asistente licenciada Ofelia Gutiérrez, ambos de la Facultad de Ciencias, y el antropólogo forense doctor Horacio E Solla, del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial.[12]

El juez les solicita que presenten un informe preliminar con el fin de determinar si en el Batallón de Infantería Blindada Nº 13 existían enterramientos, primarios o secundarios. De ser detectados, les solicita que determinen si los mismos eran congruentes con las declaraciones formuladas al respecto. Les pide también determinar la racionalidad de los movimientos de suelo a partir de 1975, hacer un inventario de las construcciones y analizar la modificación propuesta por el Ejército al trazado del saneamiento de la Intendencia Municipal de Montevideo. En función de los resultados, recomendar los pasos a dar para obtener una ubicación precisa de enterramientos o indicios que ameriten el comienzo de una etapa de excavación.

Desde el gobierno se incrementa la furibunda campaña para poner fin a las actuaciones de Recarey. Se anuncian los desacatos de Silveira y Cordero. El juez ordena la detención y conducción de tres militares que, citados, no se habían presentado.[13]

La Corte explica públicamente que ningún recurso del Ejecutivo debe ser presentado ante el organismo; lo que corresponde es presentarlos ante el juzgado de Recarey. El 4 de diciembre Batlle presenta un nuevo recurso ante el magistrado para que se suspendan las citaciones y se cumpla con la ley de caducidad.

Al día siguiente el magistrado resuelve no suspender las actuaciones, “no corresponde hacerlo (...) podría ser visto por la opinión pública como una especie de amoldamiento a una estrategia de gestión política por completo ajena al deber de aplicar las leyes en orden de hacer justicia”, afirma.

A través de la prensa se informa, el 7 de diciembre, que el coronel (R) Silveira se había refugiado en una unidad militar y desobedecería la orden del juez. Se trataría de una decisión del comandante en jefe del Ejército, teniente general Carlos Daners, dirigida a brindar “protección institucional” a los militares citados por la justicia.



El ministro Fau, por su parte, no tenía “ni la menor idea”.
Se presentan a declarar el capitán de navío ® Jorge Tróccoli, quien desmiente tener algo que ver con el caso, y el contralmirante Alex Lebel.

Se suceden las reuniones y consultas para encontrar la forma de poner freno a las citaciones de militares.[14] Se presiona al fiscal de Corte para lograr el desplazamiento de la fiscal Guianze.

El desacato militar da lugar a que el ministro Fau sea seriamente cuestionado por el senador Francisco Gallinal, quien afirma que Fau “parece el secretario general del sindicato de los sectores radicalizados de las Fuerzas Armadas”.[15]

La firme decisión de Recarey de seguir adelante tensa las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, en tanto se hacen públicos los pronunciamientos de distintos actores políticos, sociales y académicos.



El abogado del pit-cnt es amenazado telefónicamente.
El lunes 8, día en que Silveira debía presentarse a declarar, la situación se desactiva con el regreso anticipado del juez Cavalli de su licencia médica, que se extendía hasta el 16 de diciembre.

La mejoría súbita de un juez que hasta horas antes estaba internado en una clínica afectado por una grave enfermedad venía a poner punto final a la actuación de Recarey.

Cavalli volvió y detuvo las actuaciones. La noticia generó alivio en el gobierno. Para borrar el desacato que, sin lugar a dudas, existió en esos días, el Ejecutivo solicita la nulidad de todo lo actuado por Recarey, según las potestades que le otorga la ley de caducidad.

A las 9 de la mañana el juez Recarey abandona la sede penal de la calle Misiones, destacando que antes “no había nada en el expediente y ahora se logró reunir datos a nivel científico técnico. Se avanzó. Hay un equipo de antropólogos y geólogos que está trabajando en el tema”.

La actitud valiente y decidida de Recarey para terminar con las trabas burocráticas, con la falta de coraje y la contumaz política de impunidad, parecía haber sido sólo una corta primavera de esperanza.

Sin embargo, algunas de las medidas tomadas por este juez habían seguido su curso y reaparecerían para interrumpir la siesta de la justicia con relación al caso de Elena.

Cómo se desactivó la actuación de Recarey es un enigma en torno al cual se tejieron múltiples versiones. Una de ellas habla de un eventual contacto entre Batlle y ministros de la Corte durante una ceremonia social. Si bien fue desmentida por integrantes de la Corte, uno de ellos afirmó que “en alguna reunión social, o en algún encuentro entre magistrados o integrantes del Poder Ejecutivo (...) se puede haber conversado, y es lógico que el Poder Ejecutivo haya trasmitido por alguna vía su preocupación”.[16]

Cavalli, por su parte, declara que en su reintegro “no hubo ningún misterio (...) el médico me dijo que hiciera vida normal”.[17] Asegura a los denunciantes que seguiría adelante con las investigaciones “a su manera” y tomándose “su tiempo”.

Dos aspectos en los que se había avanzado, afortunadamente se mantuvieron: el predio del Batallón 13 continúa sujeto a la medida cautelar que impide la remoción del terreno. Por otra parte, el equipo de antropólogos de la Universidad de la República continuó trabajando en el informe que se le solicitara para establecer indicios sobre posibles excavaciones y exhumaciones. Estos dos elementos perturbarían posteriormente el lento y cansino ritmo de las actuaciones de Cavalli.

Quedaría en el camino la información exhaustiva pedida a Batlle sobre los elementos que indujeron, en su momento, a Sanguinetti a incluir la Operación Zanahoria en los beneficios de la caducidad.

Una semana después de su intempestivo regreso, Cavalli retoma su licencia médica, sin fecha de reintegro prevista. Un inusual sorteo entre los posibles suplentes determina la designación de la jueza Barcelona en el cargo.

La atención del turno correspondiente y el comienzo de la feria judicial paralizan el caso hasta febrero de 2004.

Terminada la feria judicial, los técnicos de la Universidad de la República entregan un extenso y detallado informe con el resultado de sus investigaciones. Se revela allí que son varios los puntos del terreno en los que es necesario trabajar para determinar si existen restos de los desaparecidos.[18]

En los primeros días de marzo de 2004 el juez Cavalli retomó su actividad al frente de la sede judicial. Días después, el Tribunal de Apelaciones de 3er Turno resuelve la nulidad de lo actuado por Recarey durante el tiempo en que suplió a Cavalli, con excepción de la medida cautelar de no innovar en el Batallón 13 de Infantería. La nulidad se funda en que Recarey debió esperar que el Tribunal resolviera la situación de Blanco. Al considerar nulo lo actuado, el Tribunal no se expidió sobre el reclamo presentado por el Ejecutivo de que se dejaran sin efecto las citaciones a militares por imperio de la ley de caducidad.

El 30 de abril el mismo Tribunal de Apelaciones, con votos discordes de dos ministros, resuelve el enjuiciamiento de Juan Carlos Blanco por coautoría de un delito de homicidio muy especialmente agravado, a título de dolo eventual, manteniendo la libertad provisional de que gozaba.

Vuelto el expediente al juzgado y contando con el informe del equipo de especialistas, nada sucede.

El 16 de junio el pit-cnt se presenta nuevamente reclamando “la incorporación de la información de las actuaciones anuladas”, que se realicen las citaciones pendientes, y se reclame a los miembros de la Comisión para la Paz que identifiquen las fuentes testimoniales que los llevaron a informar de la muerte de Elena. Por otra parte, se pide que se disponga que el equipo multidisciplinario geoarqueológico acceda al Batallón Nº 13 a hacer una inspección ocular del lugar, y se disponga una medida cautelar en el Batallón Nº 14 de Toledo, donde según la Comisión para la Paz existiría un cementerio clandestino conocido como Arlington. Finalmente se pide el procesamiento de Álvaro Álvarez, Julio César Lupinacci y Guido Michelín Salomón, los otros tres civiles cómplices de Blanco.

Sobre las decisiones que deberán tomarse en un expediente que luego del desplazamiento de Recarey poco y nada ha avanzado, ¿seguirá pesando la política de impunidad emergente del poder militar?





[1] La República, 2-IX-03.

[2] Boletín informativo por Internet de Comcosur, 2-IX-03.

[3] Batlle finalmente considerará que esos hechos están amparados por los beneficios de la ley de caducidad. Actualmente se considera ante la Corte un recurso de inconstitucionalidad.

[4] Mirabal incluye una transcripción del Convenio Relativo a la Protección Debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, ratificado por Uruguay, que establece: "Las autoridades detenedoras velarán por que los fallecidos en cautiverio sean enterrados honrosamente, si es posible según los ritos de la religión a que pertenecían, y por que sus tumbas sean respetadas, convenientemente conservadas y marcadas de modo que siempre se las pueda localizar (...). Las autoridades detenedoras conservarán cuidadosamente las cenizas, que serán remitidas, lo antes posible, a los parientes más próximos, si éstos lo solicitan (...) se darán todos los detalles necesarios para la identificación de los fallecidos y la ubicación exacta de las tumbas”.

[5] Los dirigentes políticos consultados fueron Reinaldo Gargano, José Korzeniak, Liber Seregni, José Bayardi, Raúl Sendic, Carlos Baraibar, Eleuterio Fernández Huidobro y León Lev. Por organizaciones humanitarias respondieron Nicolás Guigou (Amnistía Internacional), Ariela Peralta (Serpaj), Jorge Pan (Ielsur) y Luis Puig (pit-cnt). Datos tomados de Brecha, 5-IX-03.

[6] La crisis entre ambos gobiernos tendrá dos ejes, el caso Gelman y la designación del capitán de navío Craidallie como representante de Uruguay en Argentina.

[7] Edgar Bellomo.

[8] La República, 8-IX-03.

[9] Allí se encontraban las únicas declaraciones de José Félix Díaz, ex esposo de Elena, recabadas por el juez Garzón.

[10] Resolución de Recarey de fecha 19-IX-03.

[11] Mensaje 84/003 del Ministerio de Defensa.

[12] A los técnicos universitarios citados se sumaría la asistente del Departamento de Arqueología de la Facultad de Humanidades, licenciada Elizabeth Onega.

[13] Los soldados Ernesto Soca, Juan Casco y Zenia García, ex integrantes del sid.

[14] El ministro de Educación y Cultura, Leonardo Guzmán, y Carlos Ramela presentan a Batlle distintas opciones.

[15] Después de mucha pirotecnia mediática, inesperadamente Gallinal desactivó la moción de censura que había promovido contra Fau.

[16] Declaraciones del doctor Leslie Van Rompaey, La República, 10-XII-03.

[17] Últimas Noticias, 10-XII-03.

[18] El análisis de una serie de 14 fotos aéreas, cartografía y otros materiales documentales que datan de entre 1945 y 2000, permitió determinar las áreas prioritarias de interés para una investigación arqueológica.