Troccoli: Irresponsabilidad Oficial y Frustración Popular

Cuando Jorge Tróccoli fue liberado por el Tribunal de Apelaciones de Salerno el 24 de abril, los uruguayos se enteraron que su gobierno no era capaz de enviar un pedido de extradición en los plazos previstos en 1879, cuando el único medio de transporte interoceánico era el barco. Confirmando que "la derrota es huérfana" nadie asume la responsabilidad por tamaño error-horror que salva a uno de los responsables del terrorismo de Estado. Poncio Pilatos redivivo ofreció un brindis a sus discípulos. ¡Ni siquiera se han ofrecido disculpas!

Uno. El pedido de extradición del juez Luis Charles fue enviado el 13 de febrero, luego de la Feria Judicial Mayor, a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para su diligenciamiento (habían pasado 40 días). En la SCJ el documento de 600 hojas fue traducido al italiano (ocupa 30 días más). El 13 de marzo el pedido llega a Cancillería, la que habría enviado a la embajada uruguaya en Roma un "aerograma" para su urgente diligenciamiento. El 14 de marzo a mediodía va un nuevo mail y se envía la documentación por valija diplomática especial a través de DHL. El martes 18 de marzo, al mediodía de Italia, se habría mandado un mail desde Roma acusando recibo del documento. Quedaba la tarde del martes y tres días hábiles más, porque en Italia la semana santa es laborable (el lunes 24 de marzo fue feriado), pero la documentación no se entregó en fecha al Ministerio de Relaciones Exteriores italiano.

La solicitud de extradición librada por el juez Luis Charles tenía como plazo máximo de presentación el 23 de marzo pero fue entregado por la Embajada el 31 de marzo.

Dos. La Suprema Corte de Justicia comunicó que "el exhorto por el cual se solicitó a la Justicia italiana la extradición del ciudadano Jorge Tróccoli (...) en expediente caratulado 'Alvarez Armelino, Gregorio Conrado. Larcebau Aguirregaray, Juan Carlos. Reiterados delitos de desaparición forzada' ficha 2-20415/2007, llegó a las oficinas de la Suprema Corte de Justicia con fecha 13 de febrero del corriente año".

Esta instancia explica las vicisitudes para determinar quién haría la traducción, cuyo proceso inicia el 14 de febrero con el pedido de presupuesto, pero "la profesional a la cual se encomendó la traducción en primer término retiró el expediente el día 7 de marzo de 2008", devolviendo la documentación sin haber completado el trabajo, expresando que no le alcanzaba el tiempo". Se incorporó otra traductora y se culminó el trabajo el 13 de marzo. ¡Tres semanas en trámites y una sola semana para la traducción!

Se destaca que "el día 12 de marzo se comunicó telefónicamente a la oficina encargada de asuntos jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores que al día siguiente se enviaría el exhorto, solicitando se dispusiese de una valija especial para que pudiese ser enviado a Italia con la premura que ameritaba el plazo pendiente. El jueves 13 de marzo se remite el oficio.(...) De acuerdo con la información remitida a través de Interpol al Dr. Luis Charles, la embajada uruguaya en Italia entregó documentación a la Corte de Apelación de Salerno el día 31 de marzo de 2008".

El embajador Carlos Abín, por su parte, afirmó que la demora "no fue responsabilidad de la embajada", que la documentación "llegó en una época en la que era prácticamente imposible hacerla llegar a su destino final en el tiempo que quedaba", sumado a que las autoridades "no nos advirtieron que el plazo vencía en determinada fecha". (Ultimas Noticias, 05-05-08)

El embajador se comunicó con el canciller Gonzalo Fernández para expresarle su voluntad de viajar a Montevideo para "hablar con los familiares, que son las personas directamente implicadas o afectadas por esta situación. Quiero explicarles bien lo que sucedió y aclararles la situación porque se ha dicho que la responsabilidad es de la embajada y creo que no es así".

"Yo no soy responsable de la libertad de Tróccoli ni de no haber respetado un plazo que no conocía. No soy responsable de la tramitación frustrada de un expediente para el cual había 90 días y a mí llegó cuando quedaban tres". ("En Perspectiva", AM 810, 5-05-08),

Ante estos hechos y dichos, el Dr. Oscar López Goldaracena, defensor de derechos humanos y abogado de esta causa, pidió públicamente la renuncia del embajador Carlos Abín, a quien responsabiliza por el incumplimiento de los plazos previstos para presentar el pedido de extradición. El jurista ha señalado que, independientemente del tiempo que insumió la demora en la Suprema Corte de Justicia, el expediente llegó a la Embajada en Roma en tiempo para ser presentado y, sin embargo, se entregó una semana después de que venciera el plazo. La única función de la Embajada era presentarlo, ninguna otra.

"Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos" expresaron "su repudio ante la lentitud e ineficiencia demostrada en el trámite de extradición del represor Tróccoli, prófugo de la Justicia por crímenes de lesa humanidad". Sostiene, además, que la demora implica "complicidad con el inculpado" y exige que "se investiguen las responsabilidades" y se hagan públicos los resultados y las sanciones correspondientes.

Tres. Por esto, parece imprescindible plantearse si es tan secundario un pedido de extradición de un acusado por delitos de lesa humanidad como para que la Cancillería no hubiera instruido en tiempo y forma al embajador sobre el procedimiento y los plazos. Y, en todo caso, si Cancillería no lo hizo, resulta fuera de lugar argüir como lo hace el embajador que desconocía cuáles eran los requerimientos para presentar el expediente. En todo caso, si hubiera tenido un interés proporcional a la importancia del tema podría haber llamado por teléfono o enviado un mail preguntando sobre el plazo de que disponía.
Por su parte, el Dr. Tabaré Vázquez irrumpió en un escenario complejo manifestando su "más plena confianza en el compromiso demostrado por el embajador Carlos Abín". Cabe preguntarle al Presidente, en relación al hecho, ¿cómo se demostró ese "compromiso"?, ¿utilizando más de una semana para revisar el foliado de mil 300 hojas y averiguar dónde había que entregar el expediente? ¿A aquellos a los que Tróccoli sometió a tratos aberrantes y a sus familiares, les bastará que el Presidente reconozca ese "compromiso"?

A su vez, la Corte debería explicar por qué es necesario disponer de tres semanas para pedir una oferta y decidir quién debe hacer una traducción. ¿Acaso no existen mecanismos administrativos que permitan actuar con mayor rapidez en situaciones de urgencia? La responsabilidad que tiene la embajada no exime la de la Suprema Corte de Justicia.

La pregunta fundamental, que aún no tiene respuesta oficial, es ¿quién o quiénes son los responsables de "la puesta en libertad inmediata, sin custodia por otra causa de Jorge Tróccoli", los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el ministro de Relaciones Exteriores, el embajador uruguayo en Italia o... el gran bonete?

"La creación de una cultura de DDHH en nuestra sociedad" como bien señala el comunicado de Madres y Familiares "requiere de mensajes inequívocos y contundentes de parte de las autoridades nacionales". La verdad, la memoria y la Justicia así lo exigen.

* Docente universitario, sindicalista, miembro de la Red de Economistas de Izquierda (REDIU)







Ausencia de Abín de embajada se agrega a expediente de Cancillería

La Vertiente Artiguista analizaba anoche la situación del embajador en Italia y dirigente de ese sector Carlos Abín. El canciller Gonzalo Fernández dio "por bueno" el dato de que, cuando llegó a Italia el pedido de extradición de Tróccoli, Abín estaba en Barcelona.

La situación de Abín se complicó ayer, al trascender que no estuvo en la embajada y que viajó a España, sin autorización, entre el 17 y el 23 de abril pasado. Ese día venció el plazo, según la Justicia italiana, para presentar el pedido por el represor uruguayo.
"Nos jodimos por pelotudos", afirmó ayer categóricamente el senador José Mujica, en referencia a los hechos que desembocaron en la liberación de Tróccoli.
Anoche la Vertiente Artiguista, el sector político que integra Abín, analizaba su desempeño como funcionario diplomático en la reunión semanal de la Mesa Directiva.
Fuentes del sector no descartaban que incluso se resolviera retirarle el apoyo político. No obstante, otras fuentes eran más cautas y esperaban otro desenlace, en función de la gran ascendencia que Abín mantiene entre casi todos los miembros de ese sector político. Al cierre de esta edición, la reunión proseguía. Hoy, la Cancillería comenzará a sustanciar la investigación administrativa que podría culminar en una grave sanción para el diplomático, quien ya puso su cargo a disposición de las autoridades.

Ayer, el propio presidente Tabaré Vázquez volvió a referirse al tema para reafirmar su apoyo a Abín, desde el punto de vista moral, ético, de compromiso político y con los derechos humanos.
"Lamento muchísimo que (Abín) estuviera en Barcelona", dijo anoche a este diario el diputado de la VA Eduardo Brenta aludiendo a la información que ayer a la tarde el diputado forista Washington Abdala aportaba en la reunión de la Comisión de Asuntos Internacionales cuando comparecía el canciller Gonzalo Fernández.
Abdala suministró allí el dato de que Abín sin pedirle autorización a la Cancillería se había ido de la embajada en un viaje a Barcelona, España, el 17 de marzo en el vuelo número 5021 que partió de Roma a las 14:20 horas. Volvió a Italia el 23 del mismo mes en el vuelo 5020. Ese mismo día vencía el plazo para presentar el pedido de extradición, pero Abín no se enteró.
Ni siquiera fue informado por el segundo en el rango jerárquico de la embajada, Tabaré Bocalandro. Bocalandro, de filiación colorada (Foro Batllista), es el mismo funcionario que viviera como testigo en diciembre de 1996 y en el entonces cargo de embajador uruguayo en Perú, la toma de la embajada japonesa a manos de un grupo integrante del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, (MRTA).
Brenta destacó que "la Vertiente Artiguista le trasmitió al canciller Fernández que nuestro sector respaldará toda acción, medida y decisión que el Ministerio de Relaciones Exteriores adopte sobre el caso. Apoyaremos e impulsaremos las determinaciones que desde la Cancillería se entiendan necesarias".

El ministro Fernández aseguró que la información sobre la ausencia de Abín en la embajada durante seis días de marzo "se agregará al expediente de la investigación administrativa".
Desde el Partido Nacional tampoco se ahorran comentarios sobre el suceso. Acusan al embajador de dejar ausente la misión diplomática y viajar sin la autorización correspondiente y adelantan que los gastos que se originen por una eventual acción jurídica a cargo de abogados italianos para reencausar el pedido de extradición de Jorge Tróccoli deberían estar a cargo del funcionario diplomático omiso (léase en este caso Carlos Abín) y no del Estado uruguayo.


“La República” digital 13/05/08


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