Caso Troccoli: Ejecutivo cesó a Carlos Abín

El Canciller Gonzalo Fernández transmitió, en conferencia de prensa, la decisión del gobierno uruguayo de cesar en su cargo al Embajador de Uruguay ante Italia, Carlos Abín. El Secretario de Estado explicó que, a consecuencia de una investigación administrativa, se llegó a la conclusión de que el representante diplomático incurrió en una demora injustificada en la entrega del Exhorto de Extradición a la Cancillería italiana.
Fernández detalló que conocidos los detalles de una investigación administrativa dispuesta por el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, Tabaré Vázquez y el Canciller Gonzalo Fernández, resolvieron la remoción del representante diplomático.

El jerarca explicó que recibió de manos del instructor, los resultados del expediente -que contiene unas 426 fojas- el que fue estudiado entre los días lunes y martes pasados. A última hora del martes, se reunió con el Presidente de la República y ante los resultados que arrojó la investigación administrativa, se llegó a la definición de que existió una demora injustificada en la entrega del exhorto de extradición a la cancillería italiana. En la tarde del miércoles se firmó el cese de sus funciones y el propio Fernández comunicó a Abín la decisión del Ejecutivo.

En su exposición, Fernández expresó que dicha resolución no roza la trayectoria de Carlos Abín, sino que se trata simplemente, de un error funcional o de una falta administrativa que motivó la remoción en el cargo. En este sentido, el Canciller agregó que no se debe confundir lo personal, con lo funcionarial. Agregó que se trata de una persona de una larga trayectoria en la militancia política y en la defensa de los Derechos Humanos que cometió un error y esto fue valorado, tanto por el Presidente Vázquez como por el Canciller, como no justificable, lo que motivó la decisión de cese de Abín en la representación diplomática. La omisión funcional no tiene justificación y en un cargo de índole política, amerita proceder a la remoción, sentenció.

El Canciller explicó que la demora injustificada en la entrega del exhorto de extradición, se debió a que Abín estaba ausente de la Embajada y no dio las instrucciones pertinentes que en su momento le fueron requeridas, para la redacción de la nota y su entrega en la Cancillería de Italia. El expediente sobre el Caso Tróccoli, era manejado exclusivamente por el propio Abín y había dado orden de que sólo él manejaría ese caso. Fernández explicó que cuando llegó el expediente, Abín se encontraba de viaje en Barcelona, España.

Aún no está definido quien lo sucederá en dicha representación diplomática, pero añadió que la designación de un Embajador en cualquier parte del mundo, demora varias semanas o meses, ya que se requiere del beneplácito del país de acreditación.

Consultado sobre qué pasará con el segundo jerarca de la Embajada de Uruguay en Italia, Fernández explicó que, a diferencia de la situación de Carlos Abín, se trata de un funcionario de carrera, por lo que se estará a lo que dictamine la Sala de Abogados de la Cancillería. Agregó que si la Sala de Abogados comparte el dictamen del instructor de la investigación administrativa, se dispondrá la implementación de un sumario administrativo para el funcionario.

Para Fernández, lo más importante ahora es mantener la continuidad de las acciones judiciales entabladas por el Estado uruguayo ante la Justicia italiana. Éstas consisten, por un lado, en una apelación ya presentada ante la resolución del Tribunal de Salerno contra la Suprema Corte de Casación, para que revoque la decisión de dejar en libertad al extraditado. Por otro, en una presentación ante el Ministerio de Justicia italiano, demostrando que la persona requerida, cometió los hechos que se le imputan en Uruguay y que allí vivió hasta hace muy poco tiempo, por lo que no cumplió con los 5 años de residencia en Italia como lo marca la ley. En tal sentido, se considera, no debería recibir amparo por el Estatuto de Nacionalidad que, de acuerdo al Tratado de 1879, determina la no entrega de nacionales en materia de extradición.

Agregó que en el Derecho Penal Internacional, existe un principio reconocido, de que cuando un país no accede a la extradición de un nacional y no lo entrega al Estado requirente, igual está obligado a juzgarlo ante sus tribunales locales, por los hechos por los que fue requerido. Agregó que el Tribunal de Salerno, sólo se limita a sostener, en base a una fecha equivocada, que el pedido de extradición fue extemporáneamente entregado y toma como fecha de entrega el 30 de marzo, cuando existe prueba documental, de que fue entregado el día 27 de marzo.

El Ministro dijo que en la noche de ayer, se reunió con el Director de OPP, Enrique Rubio y con un grupo de compañeros del mismo sector político del Embajador Abín, quienes estaban directamente relacionados al llamado Caso Tróccoli, ya que integraban, en su momento, los Grupos de Acción Unificadora, pues consideró de orden, explicarles el contenido de la resolución del Ejecutivo y los motivos que condujeron a ella.

Por su parte, Enrique Rubio, que se encontraba sentado junto al Canciller Fernández en la Conferencia de Prensa, expresó que en cuanto a la situación de Abín, siempre fueron exhaustivamente informados por parte de las autoridades. Resaltó que hablaba en su condición de ex integrante de los Grupos de Acción Unificadora y como alguien que testimonió en la causa del Caso Tróccoli. En este sentido, manifestó que, junto con otras personas, fueron víctimas de una trágica historia en la que se practicaron terribles torturas en el FUSNA y en la que desaparecieron cerca de 20 compatriotas en operativos coordinados y en los que, dijo, tenemos la plena convicción de que Tróccoli tuvo responsabilidades. Rubio recalcó que lo más importante para él y su grupo de compatriotas, es la extradición y el juzgamiento en Uruguay, de Jorge Tróccoli. Agregó que el Poder Judicial nacional y el gobierno, están haciendo los máximos esfuerzos en este sentido. Para Rubio, teniendo en cuenta, la documentación existente y la naturaleza de las causas abiertas en Uruguay y en Italia, los días de libertad de Tróccoli, están contados.

En segundo lugar, Rubio valoró la larga trayectoria de Abín en defensa de los Derechos Humanos y de causas progresistas y rechazó los agravios de los que fue objeto, por parte de quienes nada hicieron, jamás, en relación con el juzgamiento del ex jefe de inteligencia, del FUSNA y de las violaciones a los derechos humanos que se perpetraron en Uruguay y en vínculo con la República Argentina. Al mismo tiempo, Rubio expresó que respalda la decisión adoptada por el Presidente Tabaré Vázquez y el Ministro de Relaciones Exteriores, en relación con la situación funcionarial de Carlos Abín en base a la investigación administrativa realizada y de la omisión registrada.