Avances y retrocesos en un año bisagra

El año 2006 empezó con muy buenos auspicios y terminó de manera desconcertante para las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Uruguay

Por una parte, en el platillo positivo de la balanza, este fue el año en que, por primera vez desde la restauración de la democracia, en 1985, marcharon a prisión algunos de los más emblemáticos personeros uniformados de la represión bajo la dictadura. También en 2006 se procesó y encarceló a dos de los ideólogos civiles de aquel régimen, el ex dictador Juan María Bordaberry y su canciller Juan Carlos Blanco.

El gobierno puede adjudicarse igualmente el descubrimiento de archivos de la dictadura que estuvieron encajonados en diversas dependencias oficiales, al igual que la conformación de una comisión de investigadores universitarios para avanzar en el conocimiento de la historia de aquella época. Pero esos avances, a imputar en el haber del primer gobierno de izquierda en la historia de este país, se empañan en parte por declaraciones y actitudes ambiguas de altas autoridades del Estado en el sentido de que se estaría llegando a un ”punto final” en las investigaciones de las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo la dictadura cívico militar (1973-1985).

El presidente Tabaré Vázquez declaró sobre fin de año que ante la ausencia de datos fehacientes acerca de la ubicación de restos de desaparecidos presuntamente enterrados en cuarteles y diversos predios militares se “clausuraba” una etapa. De inmediato, el comandante del Ejército, Jorge Rosales, se apresuró a saludar la decisión presidencial. “Todo lo que lleve a dar vuelta la página es un elemento positivo para la sociedad. Este es un tema laudado”, dijo.

Rosales se inscribió así en la línea de prácticamente todos sus predecesores en el cargo, que, mientras pudieron, obstaculizaron cualquier investigación -y en consecuencia cualquier posibilidad de hacer justicia- sobre lo sucedido en los años sesenta y setenta, y cuando no tuvieron más remedio, ante la llegada de una nueva fuerza política al gobierno en 2005, divulgaron verdades a medias y se hicieron cómplices de la continuación del ocultamiento de la mayoría de los hechos.

“Para el Ejército -añadió Rosales- el tema desaparecidos finalizó el 30 de octubre de 2006, cuando por orden del señor presidente se suspendieron las excavaciones en predios militares. La investigación como tal está terminada y no podemos salir a investigar las cosas que se nos ocurran. La investigación que hubo fue una orden, y esa orden ha sido revocada. El Ejército aportó lo que tuvo que aportar. No me queda la sensación de que alguien no habló o que le mintió al gobierno”, concluyó.

Aún si el presidente Vázquez desmintiera que su decisión de “clausurar una etapa” se asemejara a un ”punto final”, la revelación de Rosales de que fue de Presidencia que emanó la orden de cesar las investigaciones internas en el Ejército sobre el paradero de los más de 230 uruguayos desaparecidos hace temer que el gobierno intente encaminarse en esa dirección. Así lo interpretaron, por otra parte, distintos actores políticos y sociales.

“Las Fuerzas Armadas le han dicho al gobierno que no tienen más información para dar, y el Poder Ejecutivo tiene que aceptar eso porque no tiene otros caminos para investigar. Esa es la realidad”, dijo una, al parecer resignada, ministra de Defensa Azucena Berrutti.

Al menos que se tratara de una broma propia del Día de los Santos Inocentes -Berrutti hizo esas declaraciones el 28 de diciembre- la impresión que queda es que el gobierno no desea presionar a los militares para que revelen las informaciones que poseen. Cuando lo hizo, cuando el presidente hizo su valer su autoridad como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, algunos resultados -revelaciones o confirmaciones de lo que por décadas habían denunciado las organizaciones de derechos humanos, e incluso la aparición de los cuerpos de dos desaparecidos- logró obtener.

Entre los hechos que se admitieron bajo presión de la Presidencia destaca el reconocimiento por parte de la Fuerza Aérea del traslado, en octubre de 1976, de una veintena de militantes de izquierda secuestrados en Buenos Aires hacia Montevideo, donde habrían sido ejecutados.

En un informe comunicado al presidente Vázquez a fines de 2005, la aviación señala que esos opositores, que figuran en la lista de uruguayos desaparecidos en Argentina, fueron entregados al Ejército. Esta última arma no aportó dato alguno al respecto.

Ese traslado, conocidos como el “segundo vuelo”, ya que un “primer vuelo” conduciendo prisioneros políticos desde Buenos Aires a Montevideo ya había sido reconocido oficialmente (en este caso los secuestrados sobrevivieron), habían sido revelados por investigaciones periodísticas años atrás pero rotundamente negados tanto por los militares como por una Comisión para la Paz constituida durante el gobierno anterior y en la que revistaba el actual secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández.

Por otra parte, antes y después de la publicación de los informes militares se difundieron nuevos testimonios de ex detenidos que sostienen haber sido objeto de traslados (en algunos casos en varias ocasiones) entre los dos países rioplatenses, al punto de que se tienen datos más o menos veraces sobre la existencia de al menos una decena de “vuelos de la muerte”.

Sin embargo, el gobierno no se ha decidido aún a investigar esas denuncias.

La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, algunos de cuyos miembros están muy cercanos al actual gobierno, no parece dispuesta a aceptar ninguna pretensión de “punto final”. La misma actitud tiene la central sindical PIT-CNT y diversas asociaciones que impulsan la anulación de una ley que impide en la mayoría de los casos el juzgamiento de uniformados por violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1985 en Uruguay.

El gobierno de Vázquez se opone a la anulación de esa ley, conocida como ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, por entender que permite investigar los hechos y que tiene disposiciones que habilitan la intervención de la justicia, como se dio en los casos de los militares y civiles procesados en 2006. En ese panorama, han surgido especulaciones de todo tipo acerca de los motivos que llevaron al gobierno a “clausurar una etapa” en materia de derechos humanos.

Una de ellas apunta a Gonzalo Fernández. Según grabaciones que le fueron realizadas clandestinamente y nunca desmentidas, el actual secretario de la Presidencia negoció con varios de los militares hoy presos la continuación de la impunidad de éstos a cambio de datos sobre los lugares de enterramientos de cuerpos de desaparecidos. Como los uniformados no le proporcionaron esas informaciones, e incluso dieron otras que se revelaron falsas, el camino de la justicia habría sido iniciado. Fernández es sospechado por algunas organizaciones sindicales y humanitarias de ser de todas maneras partidario de cerrar cuanto antes el “capítulo” derechos humanos.

Otra versión, de la que se hace eco en su edición del 29 de diciembre el semanario “Brecha”, señala que el por qué del freno provisorio a las investigaciones en esta materia habría que buscarlo en los archivos descubiertos en 2006 por el Ministerio de Defensa en una unidad militar.

“El contenido de ese archivo, que se supone es el del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA, por donde pasaba la “pata” uruguaya del Plan Cóndor de cooperación entre las dictaduras militares conosureñas en los años setenta), ha quedado hasta ahora fuera del alcance de la justicia. Los secretos guardados en él, quizás expliquen la ‘clausura de la etapa. Quizás el presidente considere que una acción más decidida podría destapar otra cajas de Pandora que pondrían en evidencia una complicidad mucho más extendida que afectaría a buena parte de lo que se suele llamar ‘la clase política’ y que generaría una situación inconveniente en la actual coyuntura”, estima esa publicación.

Reales o no esas versiones, lo cierto es que la ambigüedad y las marchas y contramarchas del gobierno en estos temas las alimenta.

Los partidarios de la anulación de la ley de “caducidad” insisten en que, además de a la sociedad en su conjunto, al Ejecutivo también le haría bien decidirse a respaldar esta iniciativa, de manera de despejar las sospechas que sobre él pesan y que provienen en buena medida de sectores que promovieron la llegada de la izquierda al gobierno.

Daniel Gatti
© Rel-UITA
5 de enero de 2007