Texto de la orden de captura internacional contra Gavazzo

El juez federal argentino Rodolfo Canicoba afirmó en el exhorto remitido a la Justicia uruguaya que los cuatro oficiales uruguayos requeridos formaron parte de un "plan criminal", dedicado a la "comisión de ilícitos con la característica sistemática de desaparición forzada de personas".

La organización, según el magistrado, actuó en suelo argentino durante la dictadura "poniendo en peligro la seguridad de esta nación (Argentina)", se integró con "más" de una decena de hombres, con una "estructura celular" y "disposición de armas de guerra de gran poder ofensivo, operando en más de una de las jurisdicciones políticas del país". A su vez, la banda poseía "conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el exterior, recibiendo algún apoyo o dirección de funcionarios públicos".

El magistrado, a instancias del fiscal Miguel Angel Osorio, resolvió el viernes pasado solicitar la "detención provisional o preventiva con miras a la extradición" de los oficiales del Ejército José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, Jorge Silveira y del ex comisario Hugo Campos Hermida.

Al mismo tiempo, requirió la captura internacional de los cuatro imputados, a efectos de "evitar posibles evasiones a la persecución penal" instruida por la Justicia argentina y en virtud de la "gravedad institucional e internacional" que revisten los hechos investigados. Hasta anoche, las rogatorias no habían sido recepcionadas en el Uruguay.

En el voluminoso documento (tiene ochenta páginas), al que pudo acceder LA REPUBLICA, el juez recordó que se encuentra vigente una serie de tratados y acuerdos internacionales, entre ellos la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, y la Convención sobre Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra de Lesa Humanidad de las Naciones Unidas. El gobierno uruguayo incorporó esta última a su registro de leyes hace dos semanas, el 13 de junio.

En este sentido, el magistrado argumentó que "ninguna prescripción ha comenzado a correr", puesto que, la desaparición forzada de personas, "es un ilícito continuado o permanente, mientras no sea determinado el destino o paradero de las víctimas".

Las actuaciones del juez Rodolfo Canicoba se enmarcan en la causa caratulada "Videla, Jorge Rafael y otros/Privación ilegal de la libertad personal", originada en la querella criminal presentada a fines de 1999, vinculada al Plan Cóndor y calificado éste como "asociación ilícita".

Entre las denunciantes figura la uruguaya Sara Méndez. El juez considera responsables de miles de desapariciones y homicidios a las cúpulas militares que gobernaron en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia, durante la dictadura. Respecto a nuestro país, Canicoba considera autores de estos ilícitos "al ex comandante en jefe del Ejército uruguayo Julio César Vadora, el coronel Guillermo Ramírez, el mayor José Nino Gavazzo, el mayor Manuel Cordero y el mayor Enrique Martínez, el capitán Jorge Silveira y el capitán Hugo Campos Hermida". Menos Vadora, el resto "habría operado personalmente en el territorio argentino", agrega el juez


La República
28/01/2001