En apenas 16 días el General Raúl Gloodtdofsky celebrará su cumpleaños número 55. Muchos creen que para el hasta ahora mejor remunerado de todos los miembros del generalato uruguayo, después del relevo dispuesto el lunes 5 por el gobierno, el arresto a rigor es un hecho consumado.
20 mil dólares al mes le pagaba la ONU a Gloodtdofsky por sus servicios como segundo Comandante en Haití.
Es casi seguro que el arresto a rigor lo espere cuando regrese de Puerto Príncipe con sus maletas, y un Tribunal de Honor que deberá someterse (y que sería condenatorio) optaría por solicitar el retiro anticipado. Legalmente Gloodtdofsky debe dejar el servicio activo en febrero de 2014. Hasta hace pocas semanas el nombre de este joven General circulaba con insistencia como un posible futuro Comandante en Jefe del Ejército. Era la alternativa que muchos en la esfera gubernamental manejaban ante un hipotético relevo del hoy Jefe de la fuerza de tierra, Teniente General Jorge Rosales. En los últimos años protagonizó una de las carreras militares más brillantes. Parecía una verdadera roca de granito, indestructible a los juegos de presión que se producen en el ámbito castrense.
Miembro de una familia de militares, todos del arma de caballería (su padre, hoy fallecido, el Coronel Raúl Gloodtdofsky, fue quien concibió el proyecto Tacoma; su hermano, Eduardo, con el mismo grado que su progenitor, es el actual inspector de esta arma), se transformó en los últimos años en el referente de mayor confianza del Teniente General Ángel Bertolotti. Cuando éste estuvo al frente de la División III lo designó como segundo Comandante; y cuando en 2005 pasó a comandar el Ejército, Gloodtdofsky se convirtió en el Jefe de su Estado Mayor Personal (EMP).
Simpático, dicharachero, pasó a ser la sombra de Bertolotti, especialmente en aquella coyuntura en que los propios militares investigaron su pasado en materia de violación a los derechos humanos en el ciclo autoritario (1973-1985) y entregaron sus informes al Presidente Tabaré Vázquez.
Esto ocurrió en medio de tensiones internas. Bertolotti y su entorno fueron entonces blanco de durísimas críticas de los sectores más duros, para los cuales aquella "revisión" implicaba "una traición" a las propias Fuerzas Armadas. Ése sigue siendo hasta hoy el discurso de grupos internos que actúan en la sombra, como la legión Tenientes de Artigas, uno de cuyos exponentes, el General Iván S. Paulos, acaba de declarar ante un juzgado penal.
El espirómetro verde
En aquel tenso 2005, cuando la Justicia ingresó a los cuarteles para buscar in situ restos de detenidos desaparecidos, Raúl Gloodtdofsky fue, como Coronel y Jefe del EMP, una pieza clave de aquel operativo. Era, como lo reconocían todos en el Ejército, "los ojos y oídos" del Comandante Bertolotti y también del secretario de la Presidencia de la República, Gonzalo Fernández, con quien estableció estrechos contactos que a la postre le resultaron políticamente muy redituables.
A nadie le extrañó, entonces, que a la hora de los ascensos la lista de los cinco primeros generales del gobierno progresista estuviera encabezada por Gloodtdofsky, quien en febrero de 2006 lució las palmas de General. Bertolotti se retiró, pero quedó Gloodtdofsky y el gobierno lo designó al frente de la Casa Militar de la Presidencia de la República, que ocupa todo el piso ocho del Edificio Libertad. En el séptimo están las oficinas del Presidente Tabaré Vázquez y del secretario Gonzalo Fernández.
El simpático General gozaba de la mayor confianza y tenía por delante una carrera áurica. Su retiro debía producirse recién en febrero de 2014. Era mucho lo que sabía (alférez desde el 15 de noviembre de 1979), la actual administración lo ubicada entre los Jefes militares más leales. En los medios militares era empero voxpopuli que su flanco débil era el whisky escocés.
En la segunda mitad de 2006 Naciones Unidas le ofreció a Uruguay cubrir con alguno de sus generales el cargo de segundo Comandante de la misión de paz del organismo mundial en Haití (Minustah). El gobierno aceptó la alta distinción y designó a Gloodtdofsky, que el 29 de setiembre asumió sus nuevas funciones, relevando a un General chileno que ocupaba ese rol desde hacía un año.
Arrancó bien
El flamante General se convertía de este modo en el subComandante de una fuerza militar multinacional muy poderosa y sus ingresos mensuales, en dólares, se multiplicaron de manera impensable, lo que le proporcionó una gran capacidad de ahorro. El retiro, además, estaba distante: febrero de 2014.
Este panorama auspicioso se alteró súbitamente en la noche del 24 de octubre pasado, cuando un informativo de la televisión (Telemundo, de Canal 12) dijo que en una reunión militar privada en Haití cumplida el 12 de octubre (día de la caballería), un Gloodtdofsky desencajado por el alcohol descalificó el papel de la Armada y de la Fuerza Aérea en las investigaciones sobre los desaparecidos, señaló que el Ejército había quedado solo, que llegada la hora cobraría estas facturas y, según esta información, definió al gobierno como "marxista".
El gobierno se enteró de todo esto a través de la televisión. Y el impacto fue mayúsculo. ¿Qué estaba diciendo su General de confianza? ¿Ese Gloodtdofsky era el mismo que estuvo junto a Bertolotti en los momentos tensos de 2005? ¿Quedaba al descubierto, de pronto, un juego de doble personalidad en aquel Comandante de dos estrellas? ¿Era aquello parte de la campaña de desprestigio lanzada por los sectores más duros del Ejército contra Bertolotti? Las preguntas pasaban del Edificio Libertad al Ministerio de Defensa Nacional. Nadie sabía nada. Y empezaron las indagaciones oficiales para desentrañar la verdad.
El propio General fue llamado de urgencia a Montevideo. Un oficial superior de la Armada viajó a Haití intentando reconstruir lo que había ocurrido realmente. Mientras esto pasaba, la versión de prensa se extendió como reguero de pólvora al resto de los medios de comunicación. Gloodtdofsky pasó a ser tapa de los diarios. En los informativos centrales de la televisión y de las radios, el General de apellido difícil de pronunciar, era una referencia permanente.
El pasado lunes 5, el gobierno decidió: relevar a este General en su misión en Haití, aplicar una sanción que oscilaría entre los 8 y los 15 días de arresto y someterlo a un Tribunal de Honor. En el Ejército se especula con su posible retiro. En caso contrario, quedaría sin destino (en la bolsa). Una alta fuente militar comentó a CARASyCARETAS que esta situación puede extenderse a lo largo de años. Indicó que durante todo el gobierno del blanco Luis Lacalle (1990-1995) un brigadier General de la aeronáutica (Ramírez González) permaneció en su casa, sin destino. ¿Será ésta la suerte de este General, que lucía un futuro tan promisorio?
El alcohol me pone nostálgico
Pero ¿qué fue lo que pasó en la reunión de camaradería entre militares celebrada el 12 de octubre?, ¿qué fue lo que en realidad dijo Gloodtdofsky? CARAS y CARETAS intentó rearmar la trama sobre la base de informaciones reunidas en el ámbito del Ministerio de Defensa Nacional y en los comandos de las Fuerzas Armadas. Por el momento, y hasta el cierre de esta edición, el militar rehusó hacer comentarios públicos, aunque en Montevideo respondió a investigaciones oficiales y habló con los responsables políticos de la defensa en el actual gobierno.
Según las versiones, el viernes 12 de octubre, día de la caballería, Gloodtdofsky reunió en Fort Liberté a un grupo de oficiales uruguayos. Nada hacía presagiar lo que ocurriría después. Alrededor de las 22 horas, con los ánimos más entonados, un Gloodtdofsky notoriamente influido por el potente desinhibidor que es el alcohol, según aseguraron varias fuentes castrenses, empezó un diálogo con oficiales navales que pasó de la broma a la agresión y las amenazas. Todo arrancó cuando uno de los oficiales navales le dijo: "pero mire, General...", a lo que éste replicó: "yo soy mi General" (anteponer el "mi" es de estilo en el Ejército y la Fuerza Aérea, no en la Armada). Y la consiguiente contestación del marino: "Según nuestros reglamentos, no".
Y ahí emergió un belicoso General -en estado etílico acentuado- y claramente molesto con la Armada a cuyos miembros consideró, según las fuentes, "incapaces" (puso el ejemplo de la manera como se condujeron en ocasión de la tragedia del barreminas Valiente) y "traidores" (la Armada no informó cuando las investigaciones sobre derechos humanos y dejó solo al Ejército, que se la va a cobrar). Y un momento álgido se dio cuando, según los voceros castrenses, definió al gobierno de Tabaré Vázquez como "marxista", con aire despectivo. Fuentes del Ejército dijeron por su parte a CARASyCARETAS que nunca acuñó esta expresión.
Los oficiales navales tuvieron que soportar el estilo lanzallamas del General hasta la madrugada del sábado 13, pero dos de ellos (los capitanes Anselmo Borges y Jorge Leopard) redactaron un informe interno y lo enviaron por valija diplomática a Montevideo. El 18 de octubre, el Capitán Gerardo Cabot se enteró de todo y se lo comunicó al Jefe del Estado Mayor Naval, contralmirante Federico Lebel, que dio parte de inmediato al contralmirante Óscar Deballi, que estaba encargado del despacho del Comandante, ya que el titular, vicealmirante Juan Fernández, se encontraba en el exterior. Deballi es el prefecto nacional naval.
La investigación
Fuentes militares aseguraron a CARASyCARETAS que informalmente la noticia también circuló en los comandos de las otras ramas militares. Deballi consideró prudente aguardar el regreso de Fernández y no dio cuenta de nada en el ámbito del Ministerio de Defensa Nacional. Las subidas de tono de Gloodtdofsky tenían algunos antecedentes en los últimos meses, que en los círculos militares atribuían a la ingesta de alcohol.
Su comportamiento había llamado la atención tres veces en el correr de los últimos meses, dijeron las fuentes: cuando lo visitó el Jefe de la Inteligencia del Estado (Dinacie), el contralmirante Manuel Burgos; cuando concurrieron legisladores uruguayos a Haití, y en ocasión de una visita cumplida por el subsecretario de Defensa, el médico José Bayardi. En concreto, el gobierno se enteró de los sucesos de Haití el 24 de octubre. Investigó, sopesó los pasos políticos a dar, y decidió: 1) relevar a Gloodtdofsky, sancionarlo y someterlo a Tribunal de Honor; 2) sancionar al contralmirante Deballi, que debió informar de los sucesos al Ministerio de Defensa Nacional. Esto fue valorado como falta de lealtad institucional.
Y muchas preguntas quedaron, por ahora, sin responder. ¿Es éste un simple episodio de excesos alcohólicos y afirmaciones lanzadas al ruedo, sin mucho sentido acerca de lo que se estaba diciendo? ¿Es un síntoma de lo que piensa realmente este General, así como el entorno que rodeó al ex Comandante Bertolotti? ¿En qué medida este hecho relativiza las investigaciones hechas por el propio Ejército en 2005? ¿La difusión pública que el diálogo de Fort Liberté tuvo en la prensa es parte de una operación política de la ultraderecha militar? ¿Estos son los Generales en los que el gobierno de izquierda confía y coloca al frente, nada menos que de la jefatura de la Casa Militar de la Presidencia de la República?
Luis Casal Beck
Artículo tomado de la edición 341 del boletín Por la voz de Mumia Abu Jamal (www.comcosur.com.uy) correspondiente al 11 de Noviembre de 2007, y publicado originalmente por la revista Caras y Caretas.
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15/10/08
Ariel Lausarot, el Foro Batllista y los contrabandistas
EL PRÓFUGO ADOLFO GIL RIVEIRO CADA VEZ MÁS CERCA Y ARIEL LAUSAROT CADA VEZ MÁS BAJO
La hipótesis más recibida es que el aduanero prófugo Adolfo Gil Riveiro –cabecilla de una multimillonaria banda de contrabandistas- se encuentra a veinte kilómetros de Rivera, aunque algunas versiones lo sitúan más cerca, mucho más cerca. Al mismo tiempo, las cosas para Ariel Lausarot no evolucionan bien. La semana pasada Posdata Folios reveló que Lausarot no sólo había recomendado al aduanero prófugo a disfrutar de un Pase en Comisión junto a un diputado, trabajo al que jamás concurrió –delinquía contra el estado full time cobrando por trabajar contra el Estado sin hacerlo-, también había recomendado a otro aduanero socio suyo –Ismael González- a disfrutar de otro Pase en Comisión de un diputado del Foro. Esta semana veremos otro aduanero socio de Lausarot y otro Pase en Comisión de Lausarot, ahora récord, cual es el de su propia esposa, a punto de convertirse en la decana nacional de Pases en Comisión. Posdata Folios no ha encontrado gente cercana a Lausarot que no trabaje en la Aduana o que no esté en Pase en Comisión. Prometemos continuar la búsqueda.
La frontera
La historia empieza con un personaje llamado Adilson Carrazzoni Dos Reis.
Delegado (comisario de comisarios) en Santa Ana do Livramento, pasó luego a ser Delegado Regional (comisario de comisario de comisarios) con una circunscripción muy importante a su cargo.
El hombre está acusado de trata de blancas, tráfico de drogas y robo de autos. Un modo inteligente de eludir esos cargos penales fue para Carrazzoni hacerse elegir edil. Fue electo con una masa enorme de votos. A veinte kilómetros de Rivera está su establecimiento rural de Paso Domingote. Un lugar seguro. Nadie puede entrar allí sin contar con el visto bueno de Carrazzoni. Nadie se mete con Carrazzoni. Una vida en la frontera vale hoy 500 dólares y hay cola de sicarios.
La esposa de Carrazzoni es una Jueza: María Luisa Casales. En realidad es Casales Bravo porque su padre es Walter Bravo, aunque no se lleva con él.
Walter "Negro" Bravo es un dirigente del Foro Batllista entrañablemente bien
considerado en la sociedad riverense. Fue Jefe de Policía de la última administración Sanguinetti. Antes, llegó a ser Intendente Interino de Rivera, al mismo tiempo que su esposa era intendente de Santa Ana do Livramento.
El asunto es que todo el mundo sabe en la frontera que Adolfo Gil Riveiro está en lo de Carrazzoni, lugar bastante más seguro que el Pentágono. Adolfo Gil Riveiro, sin barba, sin lentes y con el pelo largo ha sido visto en la carretera de Alegrete a Uruguayana y en la propia ciudad de Santa Ana do Livramento.
Hace pocos días se casó la hija del prófugo de la justicia Ivo Da Rosa, el número uno del contrabando de cigarros en la frontera. La fiesta fue en el balneario Casino, cerca de la Ciudad de Pelotas, y concurrieron mil quinientos invitados. El padre prófugo entró a la fiesta llevando a la novia. En la fiesta se pudo ver a otros prófugos como Huber Nieves.
Éste, al ser despachante de Aduanas, era un hombre clave de la organización, porque recaudaba entre los delincuentes y repartía entre los aduaneros. En el momento de su intento de captura, ante la inminencia de su huída, su hermano policía retiró 500 mil dólares del banco, mientras su esposa extraía también una cantidad muy grande (hay quién afirma que retiró 8 millones de dólares).
Pero en la fiesta no sólo estaban los prófugos, también estaban algunos de los presos, que a tales efectos se habían trasladado desde sus celdas en la cárcel de Rivera. Los presos eran Jorge Gallino (dueño del principal club del Foro Batllista en Rivera); Ernesto de Brum (quien pagó los gastos de amplificación sonora de la campaña del Foro en Rivera) y Hugo Alonso, entre otros.
Debe dejarse constancia de que Claudio Guarch, hoy preso y ayer Jefe de Policía de Rivera durante el gobierno de Luis Lacalle, no es militante ni votante del Foro Batllista. Casualmente, la gente del Foro en Rivera sostiene que en el próximo mes de mayo, todos los presos menos Guarch, estarán libres.
Fuentes habitualmente fidedignas dijeron a Posdata que Adolfo Gil Riveiro buscó ampararse en una suerte de figura del "arrepentido" que no existe en la legislación uruguaya: el que cuenta cómo es la cosa es perdonado, o por lo menos le reducen la pena. Según las mencionadas fuentes, esto estaría sucediendo de hecho. Adolfo Gil Riveiro estaría hablando con algunas autoridades uruguayas en territorio nacional y volviendo a lo de Carrazzoni
a recuperar fuerzas.
En ese caso, la información que estaría juntando Inteligencia policial (aunque también se menciona que está participando la inteligencia militar) sería letal para los grupos de contrabandistas.
Las fuentes también dijeron a Posdata que Andrés Gil Carvajal, el socio del presidente del Banco Hipotecario, Ariel Lausarot, en una empresa radicada en la ciudad de Colonia, es pariente de Adolfo Gil Riveiro.
Lausarot a la baja
Si ese dato se confirmara (Posdata sigue sin poder encontrar a Gil Carvajal) estaríamos ante la situación de que Ariel Lausarot, socio de Andrés Gil Carvajal, habría recomendado para estar en Pase en Comisión a un primo de su socio, precisamente el cabecilla de la organización de contrabandistas, Adolfo Gil Riveiro. Lo recomendó para que estuviera en Comisión con un
diputado, pero no lo conocía: lo hizo porque se lo pidió un amigo ahora muerto.
Andrés Gil Carvajal es el máximo dirigente del Foro Batllista en Buenos Aires, dueño del Bar Tabaré en la calle Charcas de esa ciudad. En medio de la militancia de Carvajal fue posible advertir por parte de Julio Sanguinetti, su particular aptitud para la diplomacia, por lo que fue
designado Ministro del Servicio Exterior en Buenos Aires.
Del Tabaré a la Embajada y de la Embajada al Tabaré, la vida de Carbajal no se agota ahí. Además se asoció con Ariel Lausarot y dos aduaneros (José Cattáneo e Ismael González) en una empresa en Colonia.
Entonces, durante el sanguinettismo, la situación era así:
-aduanero prófugo Adolfo Gil Riveiro: en Comisión en el Poder Legislativo.
-aduanero no prófugo y socio de Lausarot en "Notilcar SA-Colonia Hoy", Ismael González: en comisión en el Poder Legislativo.
-aduanero no prófugo ni en Comisión pero sumariado, José Cattáneo: socio de Lausarot en "Notilcar SA-Colonia Hoy".
-abogado aduanero Daniel Martínez Prando: socio de Lausarot en la radio Amanecer FM 91.9 de la ciudad de Colonia.
-aduanero sumariado Freddy Urricarriet, empleado de Lausarot en "Notilcar SA-Colonia Hoy".
-esposa de Lausarot en Pase en Comisión vitalicio que nunca pisó el Palacio Legislativo: Estela Margarita Isbarbo.
En efecto, el expertizaje de Ariel Lausarot en Pases en Comisión fue desarrollado con su propia esposa. Estela Margarita Isbarbo de Lausarot, está en comisión hasta el 15 de febrero de 2005 con el diputado Ricardo Molinelli (Foro Batllista-Paysandú).
Isbarbo fue designada funcionaria de la DGI hace varias legislaturas, pero nunca conoció a sus compañeros de trabajo porque nunca pisó esa repartición.
Fue inmediatamente llevada en Pase en Comisión al Parlamento, y desde entonces está adscripta al Poder Legislativo a cuenta de distintos legisladores, aunque Posdata no encontró allí a nadie que la conociera ni de vista.
Puestos a investigar las curiosas aptitudes del ex diputado Ariel Lausarot, hoy Presidente del Banco Hipotecario –institución que pierde un millón de dólares por día- Posdata ha tenido noticia de que no se reúne sólo con aduaneros. También se le han podido detectar amistades con conocidos contrabandistas y abogados de contrabandistas (incluyendo comilonas y
etcéteras).
Cabe preguntarse, qué hace un hombre que sabe tanto de aduanas en el Banco Hipotecario, entidad que produce bienes inmuebles que no se pueden pasar por la frontera.
INFORME PUBLICADO EN "POSDATA FOLIOS" N° 9 – 08.02.02
9/10/08
Jorge Gestoso: En Uruguay hay censura
El periodista Jorge Gestoso efectuó ayer una dura crítica contra la prensa "oficial" en una carta pública en la que respondió a los cuestionamientos hechos por el semanario Búsqueda a la trasmisión realizada por la cadena estadounidense de noticias CNN durante las últimas elecciones.
Gestoso afirmó que en Uruguay existe "censura" y destacó que "sólo con el total acceso a la información un pueblo es libre y no lo es cuando resulta prisionero de las manipulaciones de quienes lo privan de ese derecho fundamental". En su carta, recordó una entrevista que le realizó al presidente Julio María Sanguinetti luego del triunfo de 1994, donde le preguntó: "Doctor Sanguinetti, le tenemos que contar una anécdota que nos tocó vivir a propósito de su primera presidencia. Recuerdo que estuvimos en Uruguay a propósito del plebiscito de la Ley de Caducidad. Le hicimos una nota a usted. Esa misma noche recibimos un llamado telefónico del entonces prosecretario de la Presidencia, el senor Walter Nessi, en nuestro domicilio, diciéndonos que la nota no le había gustado. Mi pregunta concreta es: ?en esta segunda presidencia piensa manejar sus relaciones con la prensa de la misma manera, que de alguna manera apunta a intimidar a la prensa?". Según el periodista compatriota, "el canal 4, Monte Carlo, eliminó la pregunta antes de poner la entrevista al aire más tarde".
"Gestoso habla mucho"
Gestoso también hizo referencia a la censura planteada por los canales de cable de la trasmisión de las últimas elecciones por CNN, así como a varias entrevistas que se le hicieron y no fueron publicadas. Como ejemplos, indicó que "en mi viaje de setiembre de 1999 a Uruguay, el diario El Observador me hizo una entrevista. Cuando ya estaba lista para ser publicada se decidió que no saliera. El prestigioso periodista César di Candia me entrevistó para el diario El País mientras estaba en Montevideo durante estas elecciones presidenciales. Lo hizo el día 30 de noviembre. La entrevista jamás se publicó. Un programa matutino de canal 12, Teledoce, me invitó a que apareciera en su edición del pasado viernes 26 de noviembre. Un día antes pude saber que la dirección de canal 12, Teledoce, había decidido retirarme la invitación 'porque Gestoso habla mucho'".
En su respuesta a un lector del semanario Búsqueda, el periodista pregunta: "?No le parece que la desaparición de la pregunta en la entrevista del doctor Sanguinetti en canal 4, Monte Carlo, la interferencia de la senal de satélite de CNN cuando se informaba de Uruguay en Multisenal, el retiro de la invitación de canal 12, Teledoce, la 'no publicación' de las entrevistas a Gestoso en los diarios El Observador y El País y la 'sí publicación' de las reiteradas notas difamatorias contra Gestoso en Búsqueda, El País y Ultimas Noticias podrían representar un patrón de conducta, una manera de actuar, de controlar la información o de controlar la desinformación? Si usted va al diccionario, ?a ese control de la información el diccionario no lo llama 'censura'?".
Nessi, Zanocchi y señora
Por otra parte, el periodista aclara que en la edición de Búsqueda donde en un "artículo malintencionado" se criticó la cobertura de CNN, también fue publicada una carta firmada por la senora Isabel Vázquez D'Elía, de quien aclara que es "la senora de Mario Zanocchi, director de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia del doctor Julio María Sanguinetti. En este artículo la senora de Zanocchi vuelve a lanzar una andanada de calumnias contra mi persona. Dos anos atrás, el 12 de diciembre de 1997, en el semanario Brecha, su esposo ya había descargado contra mi persona otra andanada de calumnias. Y durante el primer período de la presidencia del doctor Julio María Sanguinetti, el entonces prosecretario de la Presidencia, senor Walter Nessi, al día siguiente de realizado el plebiscito sobre la Ley de Caducidad me llamó a mi domicilio a informarme que la entrevista que yo le había realizado al senor presidente durante la cobertura de CNN de ese referendum 'no le había gustado'".
Su conclusión es que aspira a que "los medios de comunicación de Uruguay estén al servicio de la opinión pública, como sucede en las verdaderas democracias, algo que espero que mi país sea algún día y no que esos medios estén al servicio del Poder".
La República
14/01/2000
Gestoso afirmó que en Uruguay existe "censura" y destacó que "sólo con el total acceso a la información un pueblo es libre y no lo es cuando resulta prisionero de las manipulaciones de quienes lo privan de ese derecho fundamental". En su carta, recordó una entrevista que le realizó al presidente Julio María Sanguinetti luego del triunfo de 1994, donde le preguntó: "Doctor Sanguinetti, le tenemos que contar una anécdota que nos tocó vivir a propósito de su primera presidencia. Recuerdo que estuvimos en Uruguay a propósito del plebiscito de la Ley de Caducidad. Le hicimos una nota a usted. Esa misma noche recibimos un llamado telefónico del entonces prosecretario de la Presidencia, el senor Walter Nessi, en nuestro domicilio, diciéndonos que la nota no le había gustado. Mi pregunta concreta es: ?en esta segunda presidencia piensa manejar sus relaciones con la prensa de la misma manera, que de alguna manera apunta a intimidar a la prensa?". Según el periodista compatriota, "el canal 4, Monte Carlo, eliminó la pregunta antes de poner la entrevista al aire más tarde".
"Gestoso habla mucho"
Gestoso también hizo referencia a la censura planteada por los canales de cable de la trasmisión de las últimas elecciones por CNN, así como a varias entrevistas que se le hicieron y no fueron publicadas. Como ejemplos, indicó que "en mi viaje de setiembre de 1999 a Uruguay, el diario El Observador me hizo una entrevista. Cuando ya estaba lista para ser publicada se decidió que no saliera. El prestigioso periodista César di Candia me entrevistó para el diario El País mientras estaba en Montevideo durante estas elecciones presidenciales. Lo hizo el día 30 de noviembre. La entrevista jamás se publicó. Un programa matutino de canal 12, Teledoce, me invitó a que apareciera en su edición del pasado viernes 26 de noviembre. Un día antes pude saber que la dirección de canal 12, Teledoce, había decidido retirarme la invitación 'porque Gestoso habla mucho'".
En su respuesta a un lector del semanario Búsqueda, el periodista pregunta: "?No le parece que la desaparición de la pregunta en la entrevista del doctor Sanguinetti en canal 4, Monte Carlo, la interferencia de la senal de satélite de CNN cuando se informaba de Uruguay en Multisenal, el retiro de la invitación de canal 12, Teledoce, la 'no publicación' de las entrevistas a Gestoso en los diarios El Observador y El País y la 'sí publicación' de las reiteradas notas difamatorias contra Gestoso en Búsqueda, El País y Ultimas Noticias podrían representar un patrón de conducta, una manera de actuar, de controlar la información o de controlar la desinformación? Si usted va al diccionario, ?a ese control de la información el diccionario no lo llama 'censura'?".
Nessi, Zanocchi y señora
Por otra parte, el periodista aclara que en la edición de Búsqueda donde en un "artículo malintencionado" se criticó la cobertura de CNN, también fue publicada una carta firmada por la senora Isabel Vázquez D'Elía, de quien aclara que es "la senora de Mario Zanocchi, director de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia del doctor Julio María Sanguinetti. En este artículo la senora de Zanocchi vuelve a lanzar una andanada de calumnias contra mi persona. Dos anos atrás, el 12 de diciembre de 1997, en el semanario Brecha, su esposo ya había descargado contra mi persona otra andanada de calumnias. Y durante el primer período de la presidencia del doctor Julio María Sanguinetti, el entonces prosecretario de la Presidencia, senor Walter Nessi, al día siguiente de realizado el plebiscito sobre la Ley de Caducidad me llamó a mi domicilio a informarme que la entrevista que yo le había realizado al senor presidente durante la cobertura de CNN de ese referendum 'no le había gustado'".
Su conclusión es que aspira a que "los medios de comunicación de Uruguay estén al servicio de la opinión pública, como sucede en las verdaderas democracias, algo que espero que mi país sea algún día y no que esos medios estén al servicio del Poder".
La República
14/01/2000
29/9/08
Los diplomáticos del Foro: Estela Queirolo y Julio Tealdi
Designaciones polémicas en Relaciones Exteriores
La Cancillería da destino y manejo de dineros públicos en Europa a funcionarios sancionados por malversar fondos en Estados Unidos. También asigna cargos inexistentes en la diplomacia moderna a ilustres desconocidos, todo a un costo millonario, en el marco del voceado ahorro estatal.
Estela Queirolo, hija del comandante en jefe del Ejército de la dictadura, Luis Vicente Queirolo, fue designada cónsul en París, acorde al documento que, en la oficina de "Acuerdos con Presidencia" del Ministerio de Relaciones Exteriores, aguarda la firma de Batlle.
Estela Queirolo había sido sancionada por "falta grave" cuando ejerció el consulado uruguayo en Nueva York, acusada de 24 cargos, en su mayoría irregularidades económicas. Ahora, Estela Queirolo vuelve a manejar dineros públicos, algo absolutamente novedoso a nivel de la Cancillería, en tanto la norma es que los funcionarios sancionados por malversar fondos públicos no vuelvan a manejar dinero estatal durante el resto de su carrera, o cuando menos por un largo período. La investigación que halló culpable a Queirolo data de 1995.
La nueva cónsul en París se encontrará seguramente en Europa, con otro miembro de la diplomacia nativa, también sancionado por irregularidades con fondos estatales: su esposo. El marido de Estela Queirolo, Julio Tealdi, fue nombrado "Consejero" ante el gobierno de Bélgica. Tealdi fue cónsul general en Nueva York donde se le comprobó "irregular manejo de fondos del Estado". Así consta en el sumario administrativo 038/995 del 15 de diciembre de 1995, y en el sumario 001/995 del 4 de abril del mismo año.
Además de malversar fondos nacionales, Tealdi se adueñó de buena parte del dinero ahorrado por compatriotas residentes en Estados Unidos, destinado a comprar un monumento en bronce de José Artigas, a instalarse en una plaza neoyorquina. Este dinero fue finalmente devuelto... con cheques sin fondos.
Los nombramientos dan por tierra con la Ley 14.206 que en su artículo 51 establece: "Ningún funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores podrá ser ascendido ni destinado a prestar funciones en el exterior, tanto permanentes como transitorias, cuando su foja de servicios arroje la existencia de irregularidades administrativas de entidad comprobadas mediante el sumario correspondiente. Los funcionarios que se encuentren en la situación a que se refiere el párrafo anterior, perderán definitivamente el derecho a ocupar un cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y su situación será resuelta por aplicación de lo dispuesto en los artículos 31 apartado A y 32 de la presente ley".
El artículo 32 dice que "los funcionarios que pierdan el derecho a ocupar un cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores por las causales previstas en el artículo anterior, dejarán de prestar funciones en el mismo de manera inmediata y serán colocados en las listas de personal a ser redistribuido por el Poder Ejecutivo en otras dependencias del Estado".
Cabe consignar finalmente que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería reclamó al director general exigir a Tealdi la devolución de los dineros faltantes durante su ejercicio ante el Consulado uruguayo en Nueva York en documento oficial fechado el 23 de enero de 1997. A la fecha: ¡bien, gracias!
Otro botón para la muestra
El 8 de enero el Presidente de la República confirmaba máximos recortes al gasto público. Al día siguiente, designaba como "agregado civil especial", rentado, para nuestro Consulado en Buenos Aires, al "operador político" de Lacalle en Argentina.
Schubert Flores Vasella, uruguayo residente en Buenos Aires, conductor del programa radial "Cerno Oriental", en la emisora "El Sol de Lanús" (?), pasará a cobrar "una remuneración mensual equivalente al noventa por ciento (90%) del sueldo que corresponda a un secretario de tercera", según el decreto firmado por Batlle. En este caso la cifra ronda los 3.000 dólares. El nuevo agregado Flores Vasella pasa a disfrutar de las prebendas del pasaporte diplomático, aun cuando jamás haya tenido contacto con el servicio exterior.
Los agregados civiles especiales son "ciudadanos de reconocidas aptitudes en el sector de actividades sobre el cual verse la designación", según establece el último decreto referido al tema, firmado por Sanguinetti el 7 de mayo de 1996. Flores Vasella ha demostrado sin dudas estas aptitudes, fomentando activamente el voto por el Dr. Lacalle entre los compatriotas radicados en Argentina.
Más curioso aún, Flores Vasella fue designado según el decreto, "en el Consulado General", que no en la embajada, como es de orden. En el Consulado General se manejan todas las direcciones de los uruguayos que residen en Buenos Aires, en tanto es allí que no en la embajada, adonde se dirige cualquier compatriota por distintas eventualidades. Epicentro del "mailing" de los residentes uruguayos, el Consulado General es punto clave en cualquier campaña electoral futura.
El decreto de designación presenta además un error documental que no fue advertido por ningún control, pero que bien podría dificultar cualquier investigación. Dice textualmente: "Visto: lo dispuesto por el Decreto Nº 167/996 (...)". El decreto en realidad es el 176/996.
Más botones y no tanto
Uruguay es de los últimos países en el mundo que mantiene el cargo de "agregado civil especial". Como ejemplo: en nuestro país, solamente la representación diplomática de Bolivia tiene acreditado un cargo así denominado. En todas las demás, no existe.
El nuevo "agregado civil especial" uruguayo en Buenos Aires, se suma a otros cinco que el Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene en el mundo. Existen además otros cuatro, aún sin identificar.
Entre todos, cuestan al Estado alrededor de 400.000 dólares al año. Los agregados civiles especiales rentados no dejan de ser curiosos por sus apellidos y destinos. Tal el caso de la hija del general Galarza, Laura Galarza, agregada civil especial ante el Vaticano. Otro tanto ocurre en Gran Bretaña, donde ocupa ese cargo Waldemar Tarigo. En Israel, lo hace Samuel Hendel, en Italia Sylvia Irrazábal, y en México, Danubio Torres. Fuentes reservadas de la Cancillería calificaron al cargo como una modalidad "de última generación" para dar cargo, destino y dinero, a individuos ajenos a la carrera diplomática.
Las designaciones, todas recientes, han tenido incluso prórrogas: Galarza, designada en 1998, debía abandonar el cargo en 2001, pero fue beneficiada con una prórroga hasta el año 2003. Tarigo y Torres designados en 1996, perimieron en 1999, pero fueron prorrogados hasta el 13 de agosto de este año. Hendel, designado en 1999, debería abandonar el cargo el 13 de diciembre de 2002. Irrazábal, nombrada en 2000, tiene decreto con vencimiento al 28 de febrero de 2003.
Existen además otros cuatro, aún bajo investigación periodística. Todos cobran sus honorarios por partidas expresas del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El mismo decreto presidencial que estableció la obligación que los agregados civiles especiales tengan "reconocidas aptitudes en el sector de actividades sobre el cual verse la designación", fija en diez "el número total máximo" de dichos cargos. Estamos a tope.
En cuanto a los sueldos, el decreto firmado en 1996 por Sanguinetti dice que "percibirán una remuneración mensual equivalente al noventa por ciento (90%) del sueldo que corresponda a un secretario de tercera en el mismo destino y se efectivizará con cargo a la partida de contratación de cancilleres y auxiliares administrativos".
La República
01/02/02
27/9/08
Correntada Wilsonista: Andrés Arocena
Con firma. Uno de los documentos aprobados con la firma del entonces intendente Arocena. Arocena y jerarcas de la administración blanca otorgaban libretas para conducir
Si bien el listado de cuatro meses de 2004 obtenido tras un pedido de informes revela veintinueve casos, LA REPUBLICA confirmó que son unos cien registrados sólo en ese año. El entonces intendente, su secretario particular y el secretario general daban por 'aprobados' los exámenes teóricos y prácticos que se salteaban los conductores.
El ex intendente de Florida, Andrés Arocena, su secretario personal, el actual diputado Carlos Enciso, y el secretario general de la comuna durante la administración blanca, Carlos Arrillaga, aprobaron con su rúbrica un centenar de exámenes teóricos y prácticos que no se realizaron, para otorgar licencias para conducir motos, autos y camiones.
En un listado que contiene los detalles de tramitación de más de quinientas libretas de los meses de abril, mayo, julio y octubre de 2004, se encontraron veintinueve que no cuentan con el sellado y la rúbrica que en todos los otros trámites estampó el técnico que evalúa el desempeño del conductor, tanto en el campo teórico como en el práctico.
En los casos irregulares los campos de la ficha aparecen llenados con firmas y sellos diferentes a los del técnico. Incluso en algunas se indican como "aprobados" los exámenes. Las rúbricas que habilitan son las del propio intendente Andrés Arocena, la de su secretario particular Carlos Enciso y la del secretario general de la administración 2000-2005, Carlos Arrillaga.
De las veintinueve libretas irregulares que integran el listado, diez son para conducir camiones.
Son más de cien
La situación quedó al desnudo a través de la respuesta dada recientemente a un pedido de informes realizado en 2006 por el edil Carlos Rodríguez Gálvez (MPP). De acuerdo a datos confirmados ayer por LA REPUBLICA, serían más de cien las libretas tramitadas sólo en 2004 que fueron rubricadas por Arocena, Enciso o Arrillaga.
Según una fuente consultada, el grueso se da en el mes de octubre de ese año, en plena campaña electoral.
De los veintinueve casos, Arrillaga participó en veintitrés, la mayoría para personas de otros departamentos, fundamentalmente de la zona noreste de Canelones (Tala y San Ramón, principalmente).
Arocena tramitó cinco: tres a personas que declararon domicilio en Florida, al tiempo que las dos restantes dijeron residir una en San José y otra en Montevideo.
El capitalino es uno de los nombres que más llama la atención de todo el listado.
Se trata de Carlos Avcharián, presidente del laboratorio Veinfar, uno de los emprendimientos más promocionados durante la pasada administración que, pese a ser anunciado permanentemente hasta conseguir que la Intendencia y la Junta le otorgaran un terreno dentro de una plaza en la que fue colocada incluso la piedra fundamental, nunca llegó a construirse.
El representante ante la comuna de la empresa presidida por Avcharián fue Walter Enciso Labrucherie, padre del actual diputado y en ese entonces secretario particular de Arocena, Carlos Enciso Christiansen.
Actualmente la Junta y la comuna procuran reapropiarse del predio.
No hubo dolo
Carlos Arrillaga ya había sido denunciado en 2004 ante la Justicia por habilitar con su firma las libretas de cuatro personas que habían arribado a Florida en un mismo viaje desde la zona rural de Tala, Canelones, y que no sólo no rindieron los exámenes teórico y práctico, sino que tampoco acudieron a la prueba médica. La rúbrica del doctor Arrillaga, médico veterinario, los calificó de "aptos".
El denunciado manifestó ante el fiscal Leonardo Morales y la jueza Julia Staricco que su única intención fue la de hacer "una gauchada agilizando el trámite". En su vista a la jueza, Morales indicó que si bien existió una irregularidad administrativa, no fue dolosa, fundamentalmente porque no pudo comprobarse que Arrillaga u otros hayan lucrado con el hecho.
Además se trataba de cuatro casos puntuales, registrados en un mismo día y surgidos en un mismo viaje.
LA REPUBLICA realizó un relevamiento entre los "beneficiados" por el trámite y en todos los casos manifestaron que no pagaron nada más que el trámite normal, sin entregarle un peso a intermediario alguno.
La República
08/05/08
Correntada Wilsonista: Andrés Arocena II
En marzo de 2005, poco después de que Arocena abandonase el palacete municipal, la Justicia comenzó a recibir resultados de investigaciones efectuadas por la Junta Departamental de Florida.
Denuncias previas de ediles y sindicalistas marcaban irregularidades administrativas tales como compras abultadas a determinadas empresas, especialmente algunas totalmente desconocidas en un pequeño medio como el floridense. Una investigación periodística permitió conocer la génesis de una de ellas, una barraca con el sugerente nombre de El Telón, cuyo titular, un joven carrero de una familia con apremios económicos, desconocía su calidad de próspero empresario, principal de una firma que le vendió materiales y servicios por más de 100 mil dólares en un período menor a los dos años. El 100% de las ventas de esta barraca se realizaron al gobierno departamental.
El mismo día de publicada la investigación, el 9 de noviembre de 2004, a instancias del edil nacionalista Jesús Bentancor la Junta Departamental formó una comisión investigadora que reafirmó y profundizó en documentos hallados las irregularidades de los negocios entre la Intendencia y El Telón, como ser facturas manejadas desde reparticiones de la comuna, boletas sin fecha, errores en la correlatividad de las libretas, precios inflados hasta en un 100%, trabajos pagos sin que se hayan realizado (ejecutados recién durante la investigación, un año más tarde), argumentándose desde el entorno del intendente Arocena que ello obedecía "simplemente a que esta empresa cobra antes", tal como arguyó en la comisión investigadora el entonces secretario privado de Arocena y hoy diputado Carlos Enciso. Ninguna autoridad municipal ni encargado de división supo decir en ese ámbito dónde estaba esa barraca ni quién fue el encargado de negociar con ella. Sí quedó claro, no obstante, que esta empresa nunca participó de un llamado a precios ni de una sola licitación.
Todo lo recabado por la comisión investigadora fue elevado a la Justicia, previo pedido al Tribunal de Cuentas de auditar la Intendencia de Florida. Con la clara intención de redoblar la apuesta y dar una señal de 'nada que esconder' el intendente suplente de Arocena, Carlos Arrillaga, pidió también una auditoría a la consultora privada Stavors Moyal. Los resultados, tenía claro, estarían luego del 8 de mayo, pasadas las elecciones municipales. De hecho fue así. No obstante ello fue el candidato por el Frente Amplio Juan Francisco Giachetto, por un apretado margen, el que se quedó con el sillón comunal. Apenas ingresó, pidió una auditoría más, esta vez a la Auditoría Interna de la Nación.
Meses más tarde los informes de cada una de las tres auditorías subrayaron puntos similares: sólo el 10% de las compras se efectuaba por Abastecimiento, concentrándose el 90% muy especialmente en el entorno del intendente; Una lista interminable de vales de adelanto de dinero y comprobantes pendientes de descargo se mantenían sin ser cancelados por un tiempo mayor a los dos meses que establece como plazo el TOCAF (en algunos casos vales emitidos uno o dos años antes); Fraccionamiento de gasto para comprar artículos de un mismo grupo por montos mayores a los topeados por el TOCAF.
A fines de 2005 la Junta Departamental envió a la Justicia los informes de las auditorías para que se anexaran al expediente abierto en marzo del mismo año con los resultados de la investigación sobre los negociados de la IMF con El Telón y otras empresas.
En el transcurso del año 2006 desde el despacho de Giachetto siguieron mandándose a la sede penal nuevos elementos que surgían de investigaciones internas sobre hechos de la anterior gestión, como la espuria reparación de un camión Mercedes Benz que, según el encargado de Talleres de la IMF, bien podía efectuarse en la propia comuna. El arreglo fue tasado en 11 mil pesos por quien reparó el vehículo, pero la boleta que presentó a pedido de un allegado a Arocena, perteneciente a un taller fantasma bajo la titularidad de un floridense que se encuentra fuera del país, indicaba que por el arreglo se pagarían 43 mil pesos.
"Una falta administrativa -explicó una calificada fuente judicial a Voces- no necesariamente representa un delito. No obstante ello -apuntó- la reiteración de éstas y la comprobación de que ha sido estructurado un sistema que opera rutinariamente con faltas, pueden tornarlo un delito".
El viernes 15, cuando la lista 62 que lidera Arocena se preparaba para despedir el año en una fiesta con sus adherentes, la jueza Julia Staricco dictó el procesamiento de Arocena por 'reiteración de delito de abuso innominado de funciones', que lo puede inhabilitar de la función pública por cinco años y encarcelar por dos, quedando recluido en su domicilio al ser beneficiado por la ley de humanización del sistema carcelario al ser mayor de 71 años.
El auto de procesamiento del ex intendente también marca "falsificación ideológica de documento" por el caso de la reparación del camión, por el cual también fue procesado Víctor Giúdice (43), un funcionario ingresado durante la administración blanca y cesado por la frenteamplista.
Según la fuente consultada por Voces, "el caso no se termina acá", aguardándose la posibilidad de nuevos procesamientos.
Marchó el intendente
BRAULIO TIENE veintialgo y el cuerpo ya bastante curtido. En su casa trabajan ni bien terminan la escuela, aunque no tanto así las hermanas. Entre todos son una decena, de la edad que se pida, y como no son pocos, ahora se viene uno más.
A Braulio lo saqué apurado una vez y le pregunté su segundo nombre, y medio como que dudó. Cuando le tiré la opción que tenía me miró unos segundos y me dijo que sí, que también se llama Daniel.
Noté que no asimiló por completo lo que le expliqué en aquel momento, de su empresa, toda de él, con su nombre y su dirección, ni que le había vendido materiales y tareas por más de cien mil dólares a la Intendencia de Florida en menos de dos años. Tampoco debe haber entendido mucho cuando en una barraca a la que le llevaba arena y pedregullo con su carro y su caballo le ofrecieron 'ponerlo en caja', según lo que me contó. Igual así, sin entender demasiado, firmó todos los papeles del BPS y de la DGI que le pusieron en sus narices. Deduzco yo que eran del BPS y de la DGI, porque él -según comentó- nunca supo bien qué firmaba.
Cuando la comarca toda supo de la Intendencia y sus negociados con la barraca El Telón, propiedad de Braulio, se alborotó el avispero. Tal vez ahí su familia entendió, más o menos, lo que había pasado. La madre lloró en la radio esa mañana y, para tratar de aclarar los tantos, él llegó un par de días más tarde de bastante lejos (que es lo que quedan las tierras olimareñas de las del Santa Lucía chico cuando uno trabaja en zonas rurales), porque andaba electrificando con una empresa que por ese entonces le servía más que acarrear arena y pedregullo. No vaya a ser cosa que los vecinos creyeran que él andaba en algo malo, y menos que menos en una barraca, justo ellos, que por cisterna tenían la mitad de un tanque de doscientos litros con un balde dentro, carentes las paredes de cualquier revestimiento, carentes los caños de cualquier grifería, carentes ellos todos, pero eso sí: "trabajadores, muy trabajadores", tal como enfatizó su madre minuto por medio el día que fui a hablar con ella.
Esa misma mañana, casi al mediodía, cayó un abogado a ofrecerse, y por lo que supe lo aceptaron. Aunque en la negociación con la otra parte este profesional estuvo de la otra, y un colega que suele trabajar junto a él defendió a Braulio. De todos modos Braulio no sabía el nombre de ninguno de los dos. Sólo supo que 'él (la otra parte) estaba con un abogado, y el otro estaba conmigo'. La negociación se cerró en tres mil dólares: mil quinientos en billetes y los otros mil quinientos en materiales que a la familia de Braulio le venían como anillo al dedo en ese entonces, porque en un par de meses tenían que dejar la casa que habitaban: los estaban desalojando.
A cambio de los tres mil dólares, Braulio se llamaría a silencio, me contó él mismo.
El día que se alborotó la comarca en la Junta de Florida empezaron a investigar la empresa de Braulio, sabiendo que de éste sólo tenía el nombre. Notaron que había facturas rarísimas, cosas que se habían pagado pero que no se habían hecho, libretas de la empresa manejadas desde algunas reparticiones de la intendencia, precios que duplicaban los de plaza y, como dicen en anuncios de los remates domingueros, 'un sin fin de lotes más imposibles de detallar'. Los ediles vieron que no sólo con El Telón venía la cosa, sino también con otras empresas. Todo lo investigado fue llevado como un fardo a la Justicia, y de paso le pidieron al Tribunal de Cuentas que husmeara en las compras pasadas. A esa auditoría le agregaron otras dos, y los resultados también se los alcanzaron al juez. Decían cosas como que de cada cien compras que hacía la intendencia sólo diez pasaban por donde tenían que pasar. Las noventa restantes se hacían por otros canales, muy especialmente los sintonizados por los más allegados al intendente.
El intendente que vino también encontró algunos detalles no menores, como la reparación de un camión que podía arreglarse en la Intendencia pero que se recompuso en una empresa que cobraba 11 mil por hacerlo, pero como no tenía boletas un municipal allegado al intendente anterior (tanto que el éste le consiguió trabajo) apareció con una libreta de otro taller, que nadie conocía, y arregló el paquete por 43 mil pesos. Porque de última uno hace el trabajo pero el que consigue la boleta es el otro, y eso se cotiza. Aunque esto nada tiene que ver con la barraca de Braulio.
Durante dos años la comarca habló del tema, pero nunca como cuando se enteró, hace unos días, que el ex intendente fue en cana, a la casa, pero en cana al fin, por 'reiteración del ilícito de abuso innominado de funciones', cosa que no tiene nombre, pudiéndosele llamar de tantos modos.
Según dice Abdón Miraballes en El Heraldo de ayer, "esto recién empieza", y eso que tiene dos años de idas y vueltas, y más vueltas.
La comarca habla más que nunca del caso. En todos lados se especula, se analiza y se diserta sobre el procesamiento del ex intendente.
No sé si Braulio estará muy al tanto. Lo único que sé de él es que volvió al carro y al caballo y que cada día le da más duro al laburo porque dentro de poco la familia se agranda, y dios quiera que sea gurí.
Emilio Martínez Muracciole
Denuncias previas de ediles y sindicalistas marcaban irregularidades administrativas tales como compras abultadas a determinadas empresas, especialmente algunas totalmente desconocidas en un pequeño medio como el floridense. Una investigación periodística permitió conocer la génesis de una de ellas, una barraca con el sugerente nombre de El Telón, cuyo titular, un joven carrero de una familia con apremios económicos, desconocía su calidad de próspero empresario, principal de una firma que le vendió materiales y servicios por más de 100 mil dólares en un período menor a los dos años. El 100% de las ventas de esta barraca se realizaron al gobierno departamental.
El mismo día de publicada la investigación, el 9 de noviembre de 2004, a instancias del edil nacionalista Jesús Bentancor la Junta Departamental formó una comisión investigadora que reafirmó y profundizó en documentos hallados las irregularidades de los negocios entre la Intendencia y El Telón, como ser facturas manejadas desde reparticiones de la comuna, boletas sin fecha, errores en la correlatividad de las libretas, precios inflados hasta en un 100%, trabajos pagos sin que se hayan realizado (ejecutados recién durante la investigación, un año más tarde), argumentándose desde el entorno del intendente Arocena que ello obedecía "simplemente a que esta empresa cobra antes", tal como arguyó en la comisión investigadora el entonces secretario privado de Arocena y hoy diputado Carlos Enciso. Ninguna autoridad municipal ni encargado de división supo decir en ese ámbito dónde estaba esa barraca ni quién fue el encargado de negociar con ella. Sí quedó claro, no obstante, que esta empresa nunca participó de un llamado a precios ni de una sola licitación.
Todo lo recabado por la comisión investigadora fue elevado a la Justicia, previo pedido al Tribunal de Cuentas de auditar la Intendencia de Florida. Con la clara intención de redoblar la apuesta y dar una señal de 'nada que esconder' el intendente suplente de Arocena, Carlos Arrillaga, pidió también una auditoría a la consultora privada Stavors Moyal. Los resultados, tenía claro, estarían luego del 8 de mayo, pasadas las elecciones municipales. De hecho fue así. No obstante ello fue el candidato por el Frente Amplio Juan Francisco Giachetto, por un apretado margen, el que se quedó con el sillón comunal. Apenas ingresó, pidió una auditoría más, esta vez a la Auditoría Interna de la Nación.
Meses más tarde los informes de cada una de las tres auditorías subrayaron puntos similares: sólo el 10% de las compras se efectuaba por Abastecimiento, concentrándose el 90% muy especialmente en el entorno del intendente; Una lista interminable de vales de adelanto de dinero y comprobantes pendientes de descargo se mantenían sin ser cancelados por un tiempo mayor a los dos meses que establece como plazo el TOCAF (en algunos casos vales emitidos uno o dos años antes); Fraccionamiento de gasto para comprar artículos de un mismo grupo por montos mayores a los topeados por el TOCAF.
A fines de 2005 la Junta Departamental envió a la Justicia los informes de las auditorías para que se anexaran al expediente abierto en marzo del mismo año con los resultados de la investigación sobre los negociados de la IMF con El Telón y otras empresas.
En el transcurso del año 2006 desde el despacho de Giachetto siguieron mandándose a la sede penal nuevos elementos que surgían de investigaciones internas sobre hechos de la anterior gestión, como la espuria reparación de un camión Mercedes Benz que, según el encargado de Talleres de la IMF, bien podía efectuarse en la propia comuna. El arreglo fue tasado en 11 mil pesos por quien reparó el vehículo, pero la boleta que presentó a pedido de un allegado a Arocena, perteneciente a un taller fantasma bajo la titularidad de un floridense que se encuentra fuera del país, indicaba que por el arreglo se pagarían 43 mil pesos.
"Una falta administrativa -explicó una calificada fuente judicial a Voces- no necesariamente representa un delito. No obstante ello -apuntó- la reiteración de éstas y la comprobación de que ha sido estructurado un sistema que opera rutinariamente con faltas, pueden tornarlo un delito".
El viernes 15, cuando la lista 62 que lidera Arocena se preparaba para despedir el año en una fiesta con sus adherentes, la jueza Julia Staricco dictó el procesamiento de Arocena por 'reiteración de delito de abuso innominado de funciones', que lo puede inhabilitar de la función pública por cinco años y encarcelar por dos, quedando recluido en su domicilio al ser beneficiado por la ley de humanización del sistema carcelario al ser mayor de 71 años.
El auto de procesamiento del ex intendente también marca "falsificación ideológica de documento" por el caso de la reparación del camión, por el cual también fue procesado Víctor Giúdice (43), un funcionario ingresado durante la administración blanca y cesado por la frenteamplista.
Según la fuente consultada por Voces, "el caso no se termina acá", aguardándose la posibilidad de nuevos procesamientos.
Marchó el intendente
BRAULIO TIENE veintialgo y el cuerpo ya bastante curtido. En su casa trabajan ni bien terminan la escuela, aunque no tanto así las hermanas. Entre todos son una decena, de la edad que se pida, y como no son pocos, ahora se viene uno más.
A Braulio lo saqué apurado una vez y le pregunté su segundo nombre, y medio como que dudó. Cuando le tiré la opción que tenía me miró unos segundos y me dijo que sí, que también se llama Daniel.
Noté que no asimiló por completo lo que le expliqué en aquel momento, de su empresa, toda de él, con su nombre y su dirección, ni que le había vendido materiales y tareas por más de cien mil dólares a la Intendencia de Florida en menos de dos años. Tampoco debe haber entendido mucho cuando en una barraca a la que le llevaba arena y pedregullo con su carro y su caballo le ofrecieron 'ponerlo en caja', según lo que me contó. Igual así, sin entender demasiado, firmó todos los papeles del BPS y de la DGI que le pusieron en sus narices. Deduzco yo que eran del BPS y de la DGI, porque él -según comentó- nunca supo bien qué firmaba.
Cuando la comarca toda supo de la Intendencia y sus negociados con la barraca El Telón, propiedad de Braulio, se alborotó el avispero. Tal vez ahí su familia entendió, más o menos, lo que había pasado. La madre lloró en la radio esa mañana y, para tratar de aclarar los tantos, él llegó un par de días más tarde de bastante lejos (que es lo que quedan las tierras olimareñas de las del Santa Lucía chico cuando uno trabaja en zonas rurales), porque andaba electrificando con una empresa que por ese entonces le servía más que acarrear arena y pedregullo. No vaya a ser cosa que los vecinos creyeran que él andaba en algo malo, y menos que menos en una barraca, justo ellos, que por cisterna tenían la mitad de un tanque de doscientos litros con un balde dentro, carentes las paredes de cualquier revestimiento, carentes los caños de cualquier grifería, carentes ellos todos, pero eso sí: "trabajadores, muy trabajadores", tal como enfatizó su madre minuto por medio el día que fui a hablar con ella.
Esa misma mañana, casi al mediodía, cayó un abogado a ofrecerse, y por lo que supe lo aceptaron. Aunque en la negociación con la otra parte este profesional estuvo de la otra, y un colega que suele trabajar junto a él defendió a Braulio. De todos modos Braulio no sabía el nombre de ninguno de los dos. Sólo supo que 'él (la otra parte) estaba con un abogado, y el otro estaba conmigo'. La negociación se cerró en tres mil dólares: mil quinientos en billetes y los otros mil quinientos en materiales que a la familia de Braulio le venían como anillo al dedo en ese entonces, porque en un par de meses tenían que dejar la casa que habitaban: los estaban desalojando.
A cambio de los tres mil dólares, Braulio se llamaría a silencio, me contó él mismo.
El día que se alborotó la comarca en la Junta de Florida empezaron a investigar la empresa de Braulio, sabiendo que de éste sólo tenía el nombre. Notaron que había facturas rarísimas, cosas que se habían pagado pero que no se habían hecho, libretas de la empresa manejadas desde algunas reparticiones de la intendencia, precios que duplicaban los de plaza y, como dicen en anuncios de los remates domingueros, 'un sin fin de lotes más imposibles de detallar'. Los ediles vieron que no sólo con El Telón venía la cosa, sino también con otras empresas. Todo lo investigado fue llevado como un fardo a la Justicia, y de paso le pidieron al Tribunal de Cuentas que husmeara en las compras pasadas. A esa auditoría le agregaron otras dos, y los resultados también se los alcanzaron al juez. Decían cosas como que de cada cien compras que hacía la intendencia sólo diez pasaban por donde tenían que pasar. Las noventa restantes se hacían por otros canales, muy especialmente los sintonizados por los más allegados al intendente.
El intendente que vino también encontró algunos detalles no menores, como la reparación de un camión que podía arreglarse en la Intendencia pero que se recompuso en una empresa que cobraba 11 mil por hacerlo, pero como no tenía boletas un municipal allegado al intendente anterior (tanto que el éste le consiguió trabajo) apareció con una libreta de otro taller, que nadie conocía, y arregló el paquete por 43 mil pesos. Porque de última uno hace el trabajo pero el que consigue la boleta es el otro, y eso se cotiza. Aunque esto nada tiene que ver con la barraca de Braulio.
Durante dos años la comarca habló del tema, pero nunca como cuando se enteró, hace unos días, que el ex intendente fue en cana, a la casa, pero en cana al fin, por 'reiteración del ilícito de abuso innominado de funciones', cosa que no tiene nombre, pudiéndosele llamar de tantos modos.
Según dice Abdón Miraballes en El Heraldo de ayer, "esto recién empieza", y eso que tiene dos años de idas y vueltas, y más vueltas.
La comarca habla más que nunca del caso. En todos lados se especula, se analiza y se diserta sobre el procesamiento del ex intendente.
No sé si Braulio estará muy al tanto. Lo único que sé de él es que volvió al carro y al caballo y que cada día le da más duro al laburo porque dentro de poco la familia se agranda, y dios quiera que sea gurí.
Emilio Martínez Muracciole
15/9/08
Partido Colorado: Dos caras y dos discursos?
Como dice el título, dos caras del Partido Colorado. Como es sabido, en el año 2002 hubo una Crisis Bancaria, producto de muchos factores pero algunos de ellos eran predecibles: faltas de controles (por casualidad?) del BCU y confianza en tristes personajes como los Peirano.
El 19 de agosto del 2002 el Presidente Battle salió a fustigar de "antipatriotas" a los clientes del Banco Montevideo cuyos depósitos se encuentran en IslasCaimán.
Batlle muy crítico con quienes depositaron en el exterior
El presidente de la República, Jorge Batlle, realizó declaraciones sobre el sistema financiero y la crisis bancaria. El primer mandatario calificó de antipatriotas a los clientes del Banco Montevideo cuyos depósitos se encuentran en Islas
Caimán. Afirmó que cualquiera tiene derecho a poner su dinero donde quiera, pero no tiene derecho a que los uruguayos paguen el impuesto para devolverle su dinero.
"Esas personas que durante diez años solicitaron que fueran recibidos su ahorros para ganar intereses importantes, lo hicieron sabedores de que los colocaban fuera del Uruguay, que no estaban sometidos al control del Banco Central, que no estaban sometidos a la ley uruguaya. Pero, como les daba intereses que nos les daban en ningún lado, durante diez años quedaron muy contentos y calladitos la boca fueron a cobrar los intereses. Ahora, lo que están pretendiendo es acusar al Banco Central para ver si pueden pedirle al Uruguay que les pague los intereses que sacaron, en una actitud antipatriótica, del país", afirmó.
Batlle dijo además que el Banco Montevideo no tenía problemas en abril, pero que, a raíz de la presión de los depositantes ocurrida desde el mes de febrero, el Banco Central del Uruguay comenzó a vigilarlo.
Sostuvo que el Banco Central recibió 27 millones de dólares de aumento de garantías en bienes e hipotecas del Montevideo. Luego se le pidió 50 millones más, pero la institución no pudo, sostuvo Batlle.
El presidente aseguró que todas las decisiones adoptadas por el Banco Central sobre esta institución se tomaron por unanimidad:
"El Banco Central le pidió al Banco de Montevideo más depósitos de garantía, le pidió 50 millones de dólares de depósito de garantía. El Banco de Montevideo se comprometió a traerlos, no los pudo traer. El Banco Central, que ya tenía un veedor, puso un interventor ahí con mayor potestad, y el superintendente de Bancos le solicitó en junio al Banco Central la intervención del Banco de Montevideo, cosa que el Banco Central hizo. Todas estas decisiones con respecto al Banco de Montevideo fueron todas, absolutamente todas, tomadas por unanimidad de los directores del Banco Central. Al mismo tiempo que se hizo la intervención, se planteó ante el tribunal judicial correspondiente que preside la jueza Berro la denuncia penal de turno. Y además se le hizo un embargo genérico, que ha sido, supongo yo, ya inscripto en los registros, a los bienes que pudieran existir de los propietarios de las acciones que son propiedad del Banco de Montevideo
Sobre el Banco Comercial, Batlle dijo que se hará los esfuerzos para salvarlo. Explicó por qué se capitalizó a la institución y los entretelones desde que se hizo la denuncia del fraude de los Rohm por el Banco General de Negocios de Argentina:
"En ese momento el Banco Comercial tenía, entre depósitos a plazo fijo, depósitos a la vista y cuentas corrientes, una suma no menor a 1.500 millones de dólares. La decisión del gobierno era dejarlo caer o sostenerlo. Pensamos que si lo dejábamos caer, se iba a producir un daño tremendo, porque eso era dinero de los ahorristas y de los depositantes del Uruguay, y además iba a significar un daño a toda la cadena de pagos del Uruguay y a tener un efecto sobre las demás instituciones bancarias del país. Pensamos en aquel momento que si el gobierno lo dejaba caer al Banco Comercial, hubiera sido una terrible tragedia para la economía uruguaya, y por eso lo apoyamos. Y, al tiempo que lo apoyamos, el Banco Central hizo la correspondiente denuncia penal al juzgado de turno de aquel momento".
El Espectador
19.08.2002
El tema no termino aca. Tiempo después se conoce, por las investigaciones de la Justicia que el delfín de Battle, el Sr Atchugarry tenía fondos de "su madre" en el Commercial Investment Holding Corporation – Curaçao. Se armó revuelo por este y otros casos que fueron saliendo a la luz. Y la defensa en su momento del Diputado José Amorín Batlle fue ni más ni menos esta, palabras textuales:
El comportamiento del senador Achugarry es absolutamente claro, como el que ha tenido en toda su vida política. Él administraba dinero de su familia, especialmente de su madre, U$S 17.000, colocados desde el año 2000 en el ING Bank en Curaçao. Esto porque era una tasa favorable, digamos. Cuando el Banco Comercial compró el ING, todas las colocaciones de éste pasaron al Comercial. Y este dinero de la familia del senador Atchugarry pasó al CI, con el conocimiento de ellos, en un depósito a plazo fijo.
El Espectador
18/12/05
El 19 de agosto del 2002 el Presidente Battle salió a fustigar de "antipatriotas" a los clientes del Banco Montevideo cuyos depósitos se encuentran en IslasCaimán.
Batlle muy crítico con quienes depositaron en el exterior
El presidente de la República, Jorge Batlle, realizó declaraciones sobre el sistema financiero y la crisis bancaria. El primer mandatario calificó de antipatriotas a los clientes del Banco Montevideo cuyos depósitos se encuentran en Islas
Caimán. Afirmó que cualquiera tiene derecho a poner su dinero donde quiera, pero no tiene derecho a que los uruguayos paguen el impuesto para devolverle su dinero.
"Esas personas que durante diez años solicitaron que fueran recibidos su ahorros para ganar intereses importantes, lo hicieron sabedores de que los colocaban fuera del Uruguay, que no estaban sometidos al control del Banco Central, que no estaban sometidos a la ley uruguaya. Pero, como les daba intereses que nos les daban en ningún lado, durante diez años quedaron muy contentos y calladitos la boca fueron a cobrar los intereses. Ahora, lo que están pretendiendo es acusar al Banco Central para ver si pueden pedirle al Uruguay que les pague los intereses que sacaron, en una actitud antipatriótica, del país", afirmó.
Batlle dijo además que el Banco Montevideo no tenía problemas en abril, pero que, a raíz de la presión de los depositantes ocurrida desde el mes de febrero, el Banco Central del Uruguay comenzó a vigilarlo.
Sostuvo que el Banco Central recibió 27 millones de dólares de aumento de garantías en bienes e hipotecas del Montevideo. Luego se le pidió 50 millones más, pero la institución no pudo, sostuvo Batlle.
El presidente aseguró que todas las decisiones adoptadas por el Banco Central sobre esta institución se tomaron por unanimidad:
"El Banco Central le pidió al Banco de Montevideo más depósitos de garantía, le pidió 50 millones de dólares de depósito de garantía. El Banco de Montevideo se comprometió a traerlos, no los pudo traer. El Banco Central, que ya tenía un veedor, puso un interventor ahí con mayor potestad, y el superintendente de Bancos le solicitó en junio al Banco Central la intervención del Banco de Montevideo, cosa que el Banco Central hizo. Todas estas decisiones con respecto al Banco de Montevideo fueron todas, absolutamente todas, tomadas por unanimidad de los directores del Banco Central. Al mismo tiempo que se hizo la intervención, se planteó ante el tribunal judicial correspondiente que preside la jueza Berro la denuncia penal de turno. Y además se le hizo un embargo genérico, que ha sido, supongo yo, ya inscripto en los registros, a los bienes que pudieran existir de los propietarios de las acciones que son propiedad del Banco de Montevideo
Sobre el Banco Comercial, Batlle dijo que se hará los esfuerzos para salvarlo. Explicó por qué se capitalizó a la institución y los entretelones desde que se hizo la denuncia del fraude de los Rohm por el Banco General de Negocios de Argentina:
"En ese momento el Banco Comercial tenía, entre depósitos a plazo fijo, depósitos a la vista y cuentas corrientes, una suma no menor a 1.500 millones de dólares. La decisión del gobierno era dejarlo caer o sostenerlo. Pensamos que si lo dejábamos caer, se iba a producir un daño tremendo, porque eso era dinero de los ahorristas y de los depositantes del Uruguay, y además iba a significar un daño a toda la cadena de pagos del Uruguay y a tener un efecto sobre las demás instituciones bancarias del país. Pensamos en aquel momento que si el gobierno lo dejaba caer al Banco Comercial, hubiera sido una terrible tragedia para la economía uruguaya, y por eso lo apoyamos. Y, al tiempo que lo apoyamos, el Banco Central hizo la correspondiente denuncia penal al juzgado de turno de aquel momento".
El Espectador
19.08.2002
El tema no termino aca. Tiempo después se conoce, por las investigaciones de la Justicia que el delfín de Battle, el Sr Atchugarry tenía fondos de "su madre" en el Commercial Investment Holding Corporation – Curaçao. Se armó revuelo por este y otros casos que fueron saliendo a la luz. Y la defensa en su momento del Diputado José Amorín Batlle fue ni más ni menos esta, palabras textuales:
El comportamiento del senador Achugarry es absolutamente claro, como el que ha tenido en toda su vida política. Él administraba dinero de su familia, especialmente de su madre, U$S 17.000, colocados desde el año 2000 en el ING Bank en Curaçao. Esto porque era una tasa favorable, digamos. Cuando el Banco Comercial compró el ING, todas las colocaciones de éste pasaron al Comercial. Y este dinero de la familia del senador Atchugarry pasó al CI, con el conocimiento de ellos, en un depósito a plazo fijo.
El Espectador
18/12/05
Los protegidos del Genovés
Hace pocas semanas, el Foro Battlista que guste o no guste a muchos sigue liderado por el ex Presidente Julio María Sanguinetti; formó su Comité de Ética y sancionó en forma primaria a su Diputado y ex intendente de Artigas, el Dr Carlos Signorelli porque en una radio comunitaria de Artigas un periodista dijo que éste le había solicitado a su suplente 1450 dólares por dejarlo asumir la banca mientras el Dr Signorelli se iba de licencia.
El gran escándalo armaron y el propio Sanguinetti se ocupó del tema, así como nuevamente movió sus influencias mafiosas y solicitó a algunos perritos falderos que hagan sus movimientos, como lo fue el caso del Diputado por Rivera, el ingeniero Guido Machado que realizó un buen mandado para "El Genovés"
Sin embargo, el propio Sanguinetti no actuó con tanta prioridad cuando el Comisario César Inzaurralde, de la Dirección de Información e Inteligencia logró junto al Juez Letrado Dr Miguel Basil, desbaratar la banda de la Zona Franca de Rivera y procesar por Asociación para delinquir a más de 50 personas entre los que se encontraban Aduaneros, policías (Cuatro Comisarios en actividad), Despachantes de Aduana, empresarios, etc.
En esa histórica instancia, el funcionario aduanero de cierta jerarquía Adolfo Gil Ribeiro, señalado por la investigación judicial como uno de los cabecillas visibles de la mafia de la Zona Franca, se encontraba hace ya mucho tiempo sin concurrir a trabajar a la Aduana, ya que favores políticos lo habían conseguido "sacar a comisión", es decir, que el Diputado del Foro Battlista Alejo Fernández Chávez, había hecho jugar la norma de pases a comisión y por tanto, Gil Ribeiro estaba sin concurrir a trabajar a su lugar de funcionario público, ni a ningún otro, figurando como que en realidad cumplía trabajos especiales para el Diputado Forista por Maldonado Fernández Chavez.
Cuando el magistrado comienza a realizar los procesamientos, Adolfo Gil Ribeiro, Ivo Da Rosa y Antonio Camisa, se fugan a Brasil, en donde aún al día de hoy permanencen prófugos de la Justicia uruguaya y con requerimiento de captura internacional.
Pero salta la liebre y queda en evidencia que el cabecilla Adolfo Gil Ribeiro "trabajaba" en forma personal para Fernández Chavez y este, apurado por la prensa que le pregunta cual era su relación con Gil Ribeiro, no encuentra mejor respuesta, que ya es histórica, que expresar que en realidad fue el que era Presidente del Banco Hipotecario, Ariel Lausarot quien le había pedido una gauchada, y por ello, lo había solicitado a comisión en su despacho legislativo. Además, agregó para no ser menos el disparate, que "Nunca lo había visto".
De esta manera quedó en evidencia que lo que había ocurrido era una violación directa de esa norma que idearon los legisladores para acomodar a sus correligionarios y amigos que los solicitan a comisión, pero en realidad es para que sigan cobrando el sueldo sin trabajar y dedicarse directamente a trabajos políticos para quien le hizo el favor.
Sanguinetti se llamó a silencio, cuando en realidad se debió formar la Comisión de Ética y sancionar a ambos dirigentes del Foro por semejante irregularidad. Mientras tanto, Adolfo Gil Ribeiro, había gozado de no tener que concurrir a su trabajo, pero siguiendo cobrando el 100% del sueldo sin trabajar, por lo que nos imaginamos al tener tanto tiempo, aprovechó para armar una asociación para delinquir, logrando evadir en millones de dólares y contrabandear otros tantos millones de dólares con la mercadería que manejaba en la Zona Franca de Rivera. Es curioso que Sanguinetti, que Hierro López y el "Soldadito Abdala" no hayan dicho nada.
Seguramente lo que Inteligencia informó en su momento al magistrado actuante, sobre la plena convicción que detrás de Gil Ribeiro e Ivo Da Rosa había una participación clara del Foro Battlista como agente recaudador de las "ganancias" de la maniobra, hizo que se llamaran a silencio estos tristes personajes que aun, en forma increible siguen siendo personajes políticos y ocupando bancas legislativas.
A continuación reproducimos lo publicado en su momento por un medio de prensa digital respecto a este episodio, dejando la reflexión para que nuestros lectores puedan sacar sus propias conclusiones.
Un detalle... Fernández Chávez como premio a su trayectoria fue nombrado Sub Secretario del Ministerio de Interior, llegando a desempeñarse como Ministro varios meses antes de culminar lo que deseamos haya sido su última participación como legislador en su vida.
Fernández Chavez y el Foro Battlista están perseguidos por la mala estrella del Banco Hipotecario. Resultó que Ariel Lausarot perdió su banca por Colonia. A él lo acomodaron como vicepresidente del BHU, pero él no tenía como acomodar a sus dilectos amigos. Entonces pidió a los diputados Fernández Chávez y Diana Saravia que se hicieran cargo de dos de ellos, uno, el famoso cabecilla de la famosa banda de contrabandistas que descabezó a la Jefatura de Policia de Rivera (Adolfo Gil Ribeiro) un tercio de cuyos comisarios cruzaron la reja porque estaban en el negocio. Cuando todo se supo por una denuncia, Lausarot no tuvo nada mejor que decir que era "una gauchada para que la gente no tenga que trabajar". "Nunca lo ví", dijeron a su vez los dos diputados a propósito de sus respectivos secretarios. ¡Ni Correa Freitas podría haber ensayado peor defensa!
Fernández Chávez no es hombre de quedarse callado y, así como quiso calumniar a Tabaré Vazquez sin saber de que acusarlo, quiso dar cátedra de rectitud proponiendo ¡¡eliminar los pases en comisión!! El problema no era que él se hubiera hecho cargo de un aduanero que se dedicaba al contrabando sin tener que ir a trabajar: ¡¡el problema son los pases en comisión!!. Por poco no dijo que el problema es que haya funcionarios públicos. Después, se llamó a prolongado e impenetrable silencio.
Y aquí volvemos a Fernández Chavez y a Lausarot, que dijeron sin rubor lo que otros se callan. Según parece, el aduanero contrabandista, al igual que el otro aduanero en comisión en el despacho de Diana Saravia, se dedicaban al trabajo partidario en el departamento de Colonia para que Lausarot recupere su banca. ¿En qué consiste ese trabajo partidario?. Por ejemplo, otro ex diputado del Foro se dedicaba un día a la semana a saludar enfermos en el hospital de su departamento. "Cualquier cosa que precise hable con el amigo Fulano, que es correligionario", y los desdichados contentísimos porque nada menos que el diputado los conocía por nombre y apellido (el enfermero correligionario le soplaba cuando se acercaba a cada cama), y además los visitaba para ponerse a las órdenes.
Entonces, se ha dado una discusión hipócrita y haciendo las del tero. Lo concreto es que en el Foro los diputados se hacen gauchadas para que los correligionarios "no tengan que ir a trabajar". Si Hackenbruch hijo tenía 20, 15 o 10 secretarios es lo de menos: el tema es para que figuran allí. Y lo verdaderamente importante: el Foro defendió al indefendible Noachas, aún a costa de que se incendiara Correas Freitas (los demás calladitos), pero luego lo renunciaron por manejar los dineros públicos para sus propios fines. Lausarot, que no tiene ni remota idea de que es una empresa como el BHU, se encontró sentado en el sillón de presidencia. En cualquier momento Fernández Chavez vuelve a las andadas. Y Lausarot a una Embajada.
El Bocón Nº586- Enero 2007
El gran escándalo armaron y el propio Sanguinetti se ocupó del tema, así como nuevamente movió sus influencias mafiosas y solicitó a algunos perritos falderos que hagan sus movimientos, como lo fue el caso del Diputado por Rivera, el ingeniero Guido Machado que realizó un buen mandado para "El Genovés"
Sin embargo, el propio Sanguinetti no actuó con tanta prioridad cuando el Comisario César Inzaurralde, de la Dirección de Información e Inteligencia logró junto al Juez Letrado Dr Miguel Basil, desbaratar la banda de la Zona Franca de Rivera y procesar por Asociación para delinquir a más de 50 personas entre los que se encontraban Aduaneros, policías (Cuatro Comisarios en actividad), Despachantes de Aduana, empresarios, etc.
En esa histórica instancia, el funcionario aduanero de cierta jerarquía Adolfo Gil Ribeiro, señalado por la investigación judicial como uno de los cabecillas visibles de la mafia de la Zona Franca, se encontraba hace ya mucho tiempo sin concurrir a trabajar a la Aduana, ya que favores políticos lo habían conseguido "sacar a comisión", es decir, que el Diputado del Foro Battlista Alejo Fernández Chávez, había hecho jugar la norma de pases a comisión y por tanto, Gil Ribeiro estaba sin concurrir a trabajar a su lugar de funcionario público, ni a ningún otro, figurando como que en realidad cumplía trabajos especiales para el Diputado Forista por Maldonado Fernández Chavez.
Cuando el magistrado comienza a realizar los procesamientos, Adolfo Gil Ribeiro, Ivo Da Rosa y Antonio Camisa, se fugan a Brasil, en donde aún al día de hoy permanencen prófugos de la Justicia uruguaya y con requerimiento de captura internacional.
Pero salta la liebre y queda en evidencia que el cabecilla Adolfo Gil Ribeiro "trabajaba" en forma personal para Fernández Chavez y este, apurado por la prensa que le pregunta cual era su relación con Gil Ribeiro, no encuentra mejor respuesta, que ya es histórica, que expresar que en realidad fue el que era Presidente del Banco Hipotecario, Ariel Lausarot quien le había pedido una gauchada, y por ello, lo había solicitado a comisión en su despacho legislativo. Además, agregó para no ser menos el disparate, que "Nunca lo había visto".
De esta manera quedó en evidencia que lo que había ocurrido era una violación directa de esa norma que idearon los legisladores para acomodar a sus correligionarios y amigos que los solicitan a comisión, pero en realidad es para que sigan cobrando el sueldo sin trabajar y dedicarse directamente a trabajos políticos para quien le hizo el favor.
Sanguinetti se llamó a silencio, cuando en realidad se debió formar la Comisión de Ética y sancionar a ambos dirigentes del Foro por semejante irregularidad. Mientras tanto, Adolfo Gil Ribeiro, había gozado de no tener que concurrir a su trabajo, pero siguiendo cobrando el 100% del sueldo sin trabajar, por lo que nos imaginamos al tener tanto tiempo, aprovechó para armar una asociación para delinquir, logrando evadir en millones de dólares y contrabandear otros tantos millones de dólares con la mercadería que manejaba en la Zona Franca de Rivera. Es curioso que Sanguinetti, que Hierro López y el "Soldadito Abdala" no hayan dicho nada.
Seguramente lo que Inteligencia informó en su momento al magistrado actuante, sobre la plena convicción que detrás de Gil Ribeiro e Ivo Da Rosa había una participación clara del Foro Battlista como agente recaudador de las "ganancias" de la maniobra, hizo que se llamaran a silencio estos tristes personajes que aun, en forma increible siguen siendo personajes políticos y ocupando bancas legislativas.
A continuación reproducimos lo publicado en su momento por un medio de prensa digital respecto a este episodio, dejando la reflexión para que nuestros lectores puedan sacar sus propias conclusiones.
Un detalle... Fernández Chávez como premio a su trayectoria fue nombrado Sub Secretario del Ministerio de Interior, llegando a desempeñarse como Ministro varios meses antes de culminar lo que deseamos haya sido su última participación como legislador en su vida.
Fernández Chavez y el Foro Battlista están perseguidos por la mala estrella del Banco Hipotecario. Resultó que Ariel Lausarot perdió su banca por Colonia. A él lo acomodaron como vicepresidente del BHU, pero él no tenía como acomodar a sus dilectos amigos. Entonces pidió a los diputados Fernández Chávez y Diana Saravia que se hicieran cargo de dos de ellos, uno, el famoso cabecilla de la famosa banda de contrabandistas que descabezó a la Jefatura de Policia de Rivera (Adolfo Gil Ribeiro) un tercio de cuyos comisarios cruzaron la reja porque estaban en el negocio. Cuando todo se supo por una denuncia, Lausarot no tuvo nada mejor que decir que era "una gauchada para que la gente no tenga que trabajar". "Nunca lo ví", dijeron a su vez los dos diputados a propósito de sus respectivos secretarios. ¡Ni Correa Freitas podría haber ensayado peor defensa!
Fernández Chávez no es hombre de quedarse callado y, así como quiso calumniar a Tabaré Vazquez sin saber de que acusarlo, quiso dar cátedra de rectitud proponiendo ¡¡eliminar los pases en comisión!! El problema no era que él se hubiera hecho cargo de un aduanero que se dedicaba al contrabando sin tener que ir a trabajar: ¡¡el problema son los pases en comisión!!. Por poco no dijo que el problema es que haya funcionarios públicos. Después, se llamó a prolongado e impenetrable silencio.
Y aquí volvemos a Fernández Chavez y a Lausarot, que dijeron sin rubor lo que otros se callan. Según parece, el aduanero contrabandista, al igual que el otro aduanero en comisión en el despacho de Diana Saravia, se dedicaban al trabajo partidario en el departamento de Colonia para que Lausarot recupere su banca. ¿En qué consiste ese trabajo partidario?. Por ejemplo, otro ex diputado del Foro se dedicaba un día a la semana a saludar enfermos en el hospital de su departamento. "Cualquier cosa que precise hable con el amigo Fulano, que es correligionario", y los desdichados contentísimos porque nada menos que el diputado los conocía por nombre y apellido (el enfermero correligionario le soplaba cuando se acercaba a cada cama), y además los visitaba para ponerse a las órdenes.
Entonces, se ha dado una discusión hipócrita y haciendo las del tero. Lo concreto es que en el Foro los diputados se hacen gauchadas para que los correligionarios "no tengan que ir a trabajar". Si Hackenbruch hijo tenía 20, 15 o 10 secretarios es lo de menos: el tema es para que figuran allí. Y lo verdaderamente importante: el Foro defendió al indefendible Noachas, aún a costa de que se incendiara Correas Freitas (los demás calladitos), pero luego lo renunciaron por manejar los dineros públicos para sus propios fines. Lausarot, que no tiene ni remota idea de que es una empresa como el BHU, se encontró sentado en el sillón de presidencia. En cualquier momento Fernández Chavez vuelve a las andadas. Y Lausarot a una Embajada.
El Bocón Nº586- Enero 2007
14/9/08
Uruguay: Breve historia de un Presidente generoso y su Radiosenador
Cuando era presidente de la República, Julio María Sanguinetti otorgó frecuencias de radio a su hijo Julio Luis; a la madre de un hijo del senador del Foro Batllista (el sector del Partido Colorado por él liderado) Wilson Sanabria; a su ex ministro de Turismo, Benito Stern y al evasor fiscal Aram Rupenian.
En los últimos días se conoció la preocupación sobre el futuro de la democracia y la libertad expresada por el líder del Foro Batllista y ex presidente, Julio María Sanguinetti y por el senador del mismo sector, Wilson Sanabria. Su preocupación ante la posibilidad de que un nuevo gobierno haga cumplir la ley de Radiocomunicaciones y/o eventualmente atente contra la libertad de prensa, nos propone profundizar una mirada crítica sobre el accionar de ambos en el pasado inmediato, para entender si la misma revela una sana intención o por el contrario se trata de un ardid con el que pretenden mantener los privilegios obtenidos desde el poder y la consecuente impunidad. Nada mejor que una campaña electoral para revelar la calidad humana de nuestros hombres públicos. El elector debería preguntarse si esos seres tan preocupados por la gente, por las libertades, por la democracia, son los mismos que desde alguna responsabilidad de gobierno han provocado el descrédito histórico del que gozan.
Haría bien en preguntarse el elector si es éticamente correcto que quienes son responsables de su hambre durante casi cinco años, en plena campaña electoral organicen actos asado con cuero mediante o repartan milanesas y refrescos antes de oír a su líder. Haría bien el Partido Colorado en preguntarse si la pérdida de las 2/3 partes de los votos que obtuvo en 999 - 649.000 entonces con los casi 200.000 que le adjudican hoy las encuestas - sólo tiene que ver con la devaluación brasileña, con la crisis argentina y el ingreso de la aftosa, o por el contrario tiene más que ver con el agotamiento de los ciudadanos ante el aprovechamiento personal que algunos dirigentes y gobernantes han hecho del ejercicio de la función pública.
No hace falta ningún documento para demostrarlo, sino mas bien memoria y ojos: memoria para recordar como vivían antes de asumir y ojos para ver lo tanto que repuntaron económicamente durante el ejercicio de su cargo. Una injusticia evidente ante los ojos de tanto desocupado, de tanto hambriento, de tanto emigrado, de tanto despojado del dinero ahorrado con años de sacrificio. "Si no le decimos la verdad a la gente, horas difíciles van a venir para el futuro del país", reitera Sanabria una y otra vez en sus audiciones radiales emitidas por varias frecuencias. Pues bien, aceptemos el desafío del senador y reiteremos una verdad a prueba de cualquier desmentido, documentos en mano, para comprender qué es lo que está defendiendo realmente el cuestionado parlamentario forista. Y si de libertad de prensa se trata, veamos para qué la quieren.
AVENTURAS DE UN RADIOSENADOR
En 1999, poco antes de culminar su segundo mandato presidencial, Julio María Sanguinetti adjudicó decenas de nuevos permisos para operar frecuencias de radio, fundamentalmente en la banda de FM. Muchas de ellas terminaron en manos de personas indicadas por el entonces presidente del Directorio del Partido Nacional, Alberto Volonté. Tal el caso de las adjudicadas al periodista Néber Araujo, las que exactamente cinco años después pasaron a manos de una Iglesia Adventista. El favorecimiento a amigos y correligionarios se multiplicó en todo el país. Pero Maldonado es un ejemplo de ese aprovechamiento inmoral del poder. Marche una para el Ministro de Turismo. Benito Stern, por entonces Ministro de Turismo y notorio dirigente nacional del Foro Batllista, integró junto a José Briano la empresa Ikunal S.A. a la que se adjudicó la frecuencia 93.5, cuyo nombre de fantasía fue Gorlero FM. Ubicada en un local de las Torres del Triángulo, la operaron apenas tres años y mucho antes de los cinco que marca la ley la vendieron a la familia Basso, propietarios de la montevideana Azul FM.
Otra para Rupenian. Al mismo tiempo se otorgó la frecuencia 94.3 a Berch Rupenian, hermano de Aram, ambos licenciatarios de la 94.5 en Montevideo, Concierto FM. Los Rupenian habían sido observados por lo menos dos veces por la ex Dirección de Comunicaciones por retransmitir Concierto FM de Montevideo en Punta del Este, empleando equipos no autorizados. Aún así se les premió con otra frecuencia para que pudieran realizar el duplex sin inconvenientes. Los Rupenian son propietarios además de Radio Independencia en AM, Radio Uno de Punta del Este y operan en sociedad otras FM en el interior. Tienen a su vez sociedad con los propietarios de la 89.5 Global FM y la 88.7 Milenium FM en Maldonado. Esto es un secreto a voces y ya fue denunciado por nosotros en un extenso informe sobre quienes son propietarios de radios en este departamento, difundido en el programa Cable a Tierra que se emitía por la entonces Láser FM, hoy Global. Esta situación está en conocimiento de la URSEC, así lo señalaron a éste cronista dos inspectores del organismo, pero "son tantas las presiones políticas que nada se puede hacer al respecto", dijeron las fuentes.
Sin embargo hay un dato de la realidad que no podía ser desconocido por el ex presidente Sanguinetti. Aram Rupenian era socio de Ernesto Laguardia - ex secretario privado del entonces primer mandatario - de Pablo Boselli y de Bebo Bianchi, junto a otros. Estos dos últimos fueron procesados y presos después que la Justicia comprobara la falsificación de documentos públicos y la evasión fiscal. De acuerdo a declaraciones públicas de Bianchi, "el senador Sanabria se reunía permanentemente con Rupenian y Laguardia". En una sentencia de 1997, el juez penal de 4º turno José Balcaldi, estableció que "este grupo defraudó al Estado en una cifra estimada en cuatro millones de dólares", mediante una maniobra de tráfico de facturas para la organización de mega espectáculos. Pero la Justicia nada puede hacer en un caso de defraudación fiscal si no media denuncia de la DGI. Cosa que ocurrió con "las mojarritas" Boselli y Bianchi, pero no con "los tiburones" Laguardia, Aram Rupenian y Jorge Giachino. Cualquier funcionario de Impositiva sabe que los sucesivos directores de la DGI, cajonearon el expediente hasta que llegó el contador Eduardo Zaidensztat.
Entonces el expediente "se movió", apenas, y fue derivado a un juzgado adonde Rupenian tendrá que responder. Pero además se investiga un crédito de 700.000 dólares otorgado por el Banco República contra la garantía de una propiedad cuyo valor no supera los 200.000 dólares. Todo el mundo sabe que Berch y Aram son socios. Aún así se le otorga una frecuencia y se le permite vender otra a un evasor fiscal, según lo estableció el juez Balcaldi. Hasta hace dos años eran los operadores radiales más poderosos gracias a sus vínculos con el poder. Hoy, jaqueados por embargos varios y juicios civiles, se han insolventado aunque continúan controlando las emisoras de su propiedad a través de sociedades fantasmas. De acuerdo a la moda imperante de la "biblia junto al calefón" organizaron un par de fiestas de cumpleaños del intendente de Montevideo Mariano Arana, seguramente en acuerdo con el amigo de ambos Mario Arean. También pagaron 100 dólares por cabeza para almorzar con el "Pepe" Mujica. Pero no hace muchos años fueron socios en FM del Plata de Miguel Sofía, un ultraderechista ex integrante del Escuadrón de la Muerte, actualmente propietario de varias emisoras y cuya esposa está por ganarle al Estado un juicio por varios centenares de millones de dólares por otra adjudicación, en este caso para TV Cable, en el departamento de Canelones. Así se han construido fortunas.
Y ya que estamos, marchen otras para Sanabria. Si de fortunas hablamos, seguramente afortunada fue la señora Sandra Pérez San Martín, hija de un veterano periodista carolino. Primero conoció a Sanabria; después ocupó un cargo en el despacho senaturial de Hugo Fernández Faingold, actual embajador uruguayo en EE.UU.; después operó una representación de Adidas en el Paseo Real de Maldonado, cuando su distribuidor para Uruguay era el ex Forista y ex presidente del BHU, Julio Kneit. En el medio la señora tuvo un hijo con el senador Sanabria, que nació el día de las elecciones de 1994. El 7 de agosto del año 2002, el diputado socialista Guillermo Chifflet cursó un pedido de informes al Ministro de Defensa Nacional, Yamandú Fau, con el que pretendía saber "la nómina de emisoras de AM y FM registradas en el país; el nombre de quienes figuran como concesionarios y fecha de las adjudicaciones y si se ha comprobado la nacionalidad de todos ellos, como indican las normas".
Fau respondió el 9 de enero del 2003 y la respuesta no tiene desperdicios. De ese documento surge que la frecuencia 90.1 FM Gente fue adjudicada a la empresa Turul S.A, cuyos integrantes eran en 1999 Alexis Cadimar Silvera y Sandra Pérez San Martín. Esa frecuencia operó ilegalmente en Maldonado hasta el año 2003, ya que en principio había sido adjudicada a la ciudad de Piriápolis. Su presencia en la capital departamental provocó interferencias a varias emisoras locales, algo no permitido por la ley respectiva. Finalmente debieron trasladar los equipos a Pan de Azúcar, pero recién lo hicieron cuatro años después. Sandra Pérez se desempeñó durante tres años como gerente comercial de la radio, pero luego se retiro. Hoy la página web de la Ursec no dice nada respecto a un posible cambio en la sociedad adjudicataria.
Según fuentes familiares y documentación exhibida a este cronista, Sanabria se asoció en 1995 a FM Aspen, cuyo director es Eduardo Lamaison. Además, según las mismas fuentes, el senador "tiene intereses en FM Milenium". A su vez la FM News en la frecuencia 95.1, está a nombre del escribano Luis Malo y del contador Jorge De León Meneses, señalados por varias fuentes políticas coloradas como "testaferros de Sanabria". Finalmente la frecuencia 106. 5 Cadena del Mar, que transmite en simultáneo con FM Gente, figura como adjudicada a Roberto Fernández Graña y Gustavo Barceló, este último responsable de la campaña propagandística del senador para las internas de 1999. Actualmente está contratado con un cargo 10C en la Dirección de Comunicaciones municipal y dirige un programa radial que se emite en las mañanas de FM Milenium. Pero no son pocas las fuentes que han establecido que al frente de Cadena del Mar, que posee otra frecuencia en Colonia, se encuentra Francisco Sanabria, hijo del parlamentario.
TRES PARA EL NENE.
En 1995 Sanguinetti otorgó tres frecuencias radiales a testaferrros de su hijo Julio Luis Sanguinetti, entonces integrante del Grupo Tres editor de revistas y libros. Se trataba de las frecuencias 97.9 de Montevideo; 102.5 de Punta del Este y la 90.9 de Colonia. Pero a mediados de 1999 fueron vendidas en 1.800.000 dólares al empresario Luis Calachi por el propio Julio Luis en una reunión realizada en la casa presidencial de la avenida Roosevelt.
QUÉ DICE LA LEY
El artículo 161 de la ley 17.060, "referida al uso indebido del poder público (corrupción)", configura el delito de "conjunción del interés personal y del público", establece: "El funcionario público que, con o sin engaño, directamente o por interpuesta persona, se interesare con el fin de obtener un provecho indebido para sí o para un tercero en cualquier acto o contrato, será castigado con pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 10.000 UR (diez mil unidades reajustables). Constituye circunstancia agravante especial que el delito se cometa para obtener un provecho económico para sí o para un tercero". A partir de esta información corroborable con documentación vale preguntarse si Sanabria ¿estará genuinamente preocupado por el futuro de la libertad en general o sencillamente le preocupa su futuro y su libertad?
Carlos Peláez (Siete Días/Maldonado)
En los últimos días se conoció la preocupación sobre el futuro de la democracia y la libertad expresada por el líder del Foro Batllista y ex presidente, Julio María Sanguinetti y por el senador del mismo sector, Wilson Sanabria. Su preocupación ante la posibilidad de que un nuevo gobierno haga cumplir la ley de Radiocomunicaciones y/o eventualmente atente contra la libertad de prensa, nos propone profundizar una mirada crítica sobre el accionar de ambos en el pasado inmediato, para entender si la misma revela una sana intención o por el contrario se trata de un ardid con el que pretenden mantener los privilegios obtenidos desde el poder y la consecuente impunidad. Nada mejor que una campaña electoral para revelar la calidad humana de nuestros hombres públicos. El elector debería preguntarse si esos seres tan preocupados por la gente, por las libertades, por la democracia, son los mismos que desde alguna responsabilidad de gobierno han provocado el descrédito histórico del que gozan.
Haría bien en preguntarse el elector si es éticamente correcto que quienes son responsables de su hambre durante casi cinco años, en plena campaña electoral organicen actos asado con cuero mediante o repartan milanesas y refrescos antes de oír a su líder. Haría bien el Partido Colorado en preguntarse si la pérdida de las 2/3 partes de los votos que obtuvo en 999 - 649.000 entonces con los casi 200.000 que le adjudican hoy las encuestas - sólo tiene que ver con la devaluación brasileña, con la crisis argentina y el ingreso de la aftosa, o por el contrario tiene más que ver con el agotamiento de los ciudadanos ante el aprovechamiento personal que algunos dirigentes y gobernantes han hecho del ejercicio de la función pública.
No hace falta ningún documento para demostrarlo, sino mas bien memoria y ojos: memoria para recordar como vivían antes de asumir y ojos para ver lo tanto que repuntaron económicamente durante el ejercicio de su cargo. Una injusticia evidente ante los ojos de tanto desocupado, de tanto hambriento, de tanto emigrado, de tanto despojado del dinero ahorrado con años de sacrificio. "Si no le decimos la verdad a la gente, horas difíciles van a venir para el futuro del país", reitera Sanabria una y otra vez en sus audiciones radiales emitidas por varias frecuencias. Pues bien, aceptemos el desafío del senador y reiteremos una verdad a prueba de cualquier desmentido, documentos en mano, para comprender qué es lo que está defendiendo realmente el cuestionado parlamentario forista. Y si de libertad de prensa se trata, veamos para qué la quieren.
AVENTURAS DE UN RADIOSENADOR
En 1999, poco antes de culminar su segundo mandato presidencial, Julio María Sanguinetti adjudicó decenas de nuevos permisos para operar frecuencias de radio, fundamentalmente en la banda de FM. Muchas de ellas terminaron en manos de personas indicadas por el entonces presidente del Directorio del Partido Nacional, Alberto Volonté. Tal el caso de las adjudicadas al periodista Néber Araujo, las que exactamente cinco años después pasaron a manos de una Iglesia Adventista. El favorecimiento a amigos y correligionarios se multiplicó en todo el país. Pero Maldonado es un ejemplo de ese aprovechamiento inmoral del poder. Marche una para el Ministro de Turismo. Benito Stern, por entonces Ministro de Turismo y notorio dirigente nacional del Foro Batllista, integró junto a José Briano la empresa Ikunal S.A. a la que se adjudicó la frecuencia 93.5, cuyo nombre de fantasía fue Gorlero FM. Ubicada en un local de las Torres del Triángulo, la operaron apenas tres años y mucho antes de los cinco que marca la ley la vendieron a la familia Basso, propietarios de la montevideana Azul FM.
Otra para Rupenian. Al mismo tiempo se otorgó la frecuencia 94.3 a Berch Rupenian, hermano de Aram, ambos licenciatarios de la 94.5 en Montevideo, Concierto FM. Los Rupenian habían sido observados por lo menos dos veces por la ex Dirección de Comunicaciones por retransmitir Concierto FM de Montevideo en Punta del Este, empleando equipos no autorizados. Aún así se les premió con otra frecuencia para que pudieran realizar el duplex sin inconvenientes. Los Rupenian son propietarios además de Radio Independencia en AM, Radio Uno de Punta del Este y operan en sociedad otras FM en el interior. Tienen a su vez sociedad con los propietarios de la 89.5 Global FM y la 88.7 Milenium FM en Maldonado. Esto es un secreto a voces y ya fue denunciado por nosotros en un extenso informe sobre quienes son propietarios de radios en este departamento, difundido en el programa Cable a Tierra que se emitía por la entonces Láser FM, hoy Global. Esta situación está en conocimiento de la URSEC, así lo señalaron a éste cronista dos inspectores del organismo, pero "son tantas las presiones políticas que nada se puede hacer al respecto", dijeron las fuentes.
Sin embargo hay un dato de la realidad que no podía ser desconocido por el ex presidente Sanguinetti. Aram Rupenian era socio de Ernesto Laguardia - ex secretario privado del entonces primer mandatario - de Pablo Boselli y de Bebo Bianchi, junto a otros. Estos dos últimos fueron procesados y presos después que la Justicia comprobara la falsificación de documentos públicos y la evasión fiscal. De acuerdo a declaraciones públicas de Bianchi, "el senador Sanabria se reunía permanentemente con Rupenian y Laguardia". En una sentencia de 1997, el juez penal de 4º turno José Balcaldi, estableció que "este grupo defraudó al Estado en una cifra estimada en cuatro millones de dólares", mediante una maniobra de tráfico de facturas para la organización de mega espectáculos. Pero la Justicia nada puede hacer en un caso de defraudación fiscal si no media denuncia de la DGI. Cosa que ocurrió con "las mojarritas" Boselli y Bianchi, pero no con "los tiburones" Laguardia, Aram Rupenian y Jorge Giachino. Cualquier funcionario de Impositiva sabe que los sucesivos directores de la DGI, cajonearon el expediente hasta que llegó el contador Eduardo Zaidensztat.
Entonces el expediente "se movió", apenas, y fue derivado a un juzgado adonde Rupenian tendrá que responder. Pero además se investiga un crédito de 700.000 dólares otorgado por el Banco República contra la garantía de una propiedad cuyo valor no supera los 200.000 dólares. Todo el mundo sabe que Berch y Aram son socios. Aún así se le otorga una frecuencia y se le permite vender otra a un evasor fiscal, según lo estableció el juez Balcaldi. Hasta hace dos años eran los operadores radiales más poderosos gracias a sus vínculos con el poder. Hoy, jaqueados por embargos varios y juicios civiles, se han insolventado aunque continúan controlando las emisoras de su propiedad a través de sociedades fantasmas. De acuerdo a la moda imperante de la "biblia junto al calefón" organizaron un par de fiestas de cumpleaños del intendente de Montevideo Mariano Arana, seguramente en acuerdo con el amigo de ambos Mario Arean. También pagaron 100 dólares por cabeza para almorzar con el "Pepe" Mujica. Pero no hace muchos años fueron socios en FM del Plata de Miguel Sofía, un ultraderechista ex integrante del Escuadrón de la Muerte, actualmente propietario de varias emisoras y cuya esposa está por ganarle al Estado un juicio por varios centenares de millones de dólares por otra adjudicación, en este caso para TV Cable, en el departamento de Canelones. Así se han construido fortunas.
Y ya que estamos, marchen otras para Sanabria. Si de fortunas hablamos, seguramente afortunada fue la señora Sandra Pérez San Martín, hija de un veterano periodista carolino. Primero conoció a Sanabria; después ocupó un cargo en el despacho senaturial de Hugo Fernández Faingold, actual embajador uruguayo en EE.UU.; después operó una representación de Adidas en el Paseo Real de Maldonado, cuando su distribuidor para Uruguay era el ex Forista y ex presidente del BHU, Julio Kneit. En el medio la señora tuvo un hijo con el senador Sanabria, que nació el día de las elecciones de 1994. El 7 de agosto del año 2002, el diputado socialista Guillermo Chifflet cursó un pedido de informes al Ministro de Defensa Nacional, Yamandú Fau, con el que pretendía saber "la nómina de emisoras de AM y FM registradas en el país; el nombre de quienes figuran como concesionarios y fecha de las adjudicaciones y si se ha comprobado la nacionalidad de todos ellos, como indican las normas".
Fau respondió el 9 de enero del 2003 y la respuesta no tiene desperdicios. De ese documento surge que la frecuencia 90.1 FM Gente fue adjudicada a la empresa Turul S.A, cuyos integrantes eran en 1999 Alexis Cadimar Silvera y Sandra Pérez San Martín. Esa frecuencia operó ilegalmente en Maldonado hasta el año 2003, ya que en principio había sido adjudicada a la ciudad de Piriápolis. Su presencia en la capital departamental provocó interferencias a varias emisoras locales, algo no permitido por la ley respectiva. Finalmente debieron trasladar los equipos a Pan de Azúcar, pero recién lo hicieron cuatro años después. Sandra Pérez se desempeñó durante tres años como gerente comercial de la radio, pero luego se retiro. Hoy la página web de la Ursec no dice nada respecto a un posible cambio en la sociedad adjudicataria.
Según fuentes familiares y documentación exhibida a este cronista, Sanabria se asoció en 1995 a FM Aspen, cuyo director es Eduardo Lamaison. Además, según las mismas fuentes, el senador "tiene intereses en FM Milenium". A su vez la FM News en la frecuencia 95.1, está a nombre del escribano Luis Malo y del contador Jorge De León Meneses, señalados por varias fuentes políticas coloradas como "testaferros de Sanabria". Finalmente la frecuencia 106. 5 Cadena del Mar, que transmite en simultáneo con FM Gente, figura como adjudicada a Roberto Fernández Graña y Gustavo Barceló, este último responsable de la campaña propagandística del senador para las internas de 1999. Actualmente está contratado con un cargo 10C en la Dirección de Comunicaciones municipal y dirige un programa radial que se emite en las mañanas de FM Milenium. Pero no son pocas las fuentes que han establecido que al frente de Cadena del Mar, que posee otra frecuencia en Colonia, se encuentra Francisco Sanabria, hijo del parlamentario.
TRES PARA EL NENE.
En 1995 Sanguinetti otorgó tres frecuencias radiales a testaferrros de su hijo Julio Luis Sanguinetti, entonces integrante del Grupo Tres editor de revistas y libros. Se trataba de las frecuencias 97.9 de Montevideo; 102.5 de Punta del Este y la 90.9 de Colonia. Pero a mediados de 1999 fueron vendidas en 1.800.000 dólares al empresario Luis Calachi por el propio Julio Luis en una reunión realizada en la casa presidencial de la avenida Roosevelt.
QUÉ DICE LA LEY
El artículo 161 de la ley 17.060, "referida al uso indebido del poder público (corrupción)", configura el delito de "conjunción del interés personal y del público", establece: "El funcionario público que, con o sin engaño, directamente o por interpuesta persona, se interesare con el fin de obtener un provecho indebido para sí o para un tercero en cualquier acto o contrato, será castigado con pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 10.000 UR (diez mil unidades reajustables). Constituye circunstancia agravante especial que el delito se cometa para obtener un provecho económico para sí o para un tercero". A partir de esta información corroborable con documentación vale preguntarse si Sanabria ¿estará genuinamente preocupado por el futuro de la libertad en general o sencillamente le preocupa su futuro y su libertad?
Carlos Peláez (Siete Días/Maldonado)
10/9/08
Contratos de Obra y Foro Battlista
Según respuesta de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) a un Pedido de Informes del Parlamento, en los últimos años se erogaron en contratos de obra y servicio, decenas de millones de dólares, generalmente sin concurso y sin expedirse sobre ellos el Tribunal de Cuentas. Se destaca que muchas de las personas contratadas están relacionadas familiarmente con los ámbitos gubernamentales, en su mayoría, allegados al Foro Batllista, por ejemplo:
Alejandro Bluth (hijo del Dr. Elías Bluth - Foro Batllista). Del 1/9/94 al 28 de febrero de 1995, $ 19.602 mensuales; 1/3/95 al 30/6/95 por $ 17.160 mensuales; del 1/7/95 al 31/8/95 por $ 18.704; y del 1/9/95 al 31/8/96 por $ 20.388 mensuales. Continuó hasta el 31 de agosto de 1997 por $ 23.444. Siguió hasta agosto de 1998, percibiendo ingresos oscilantes entre $ 23.444 y $ 26.498.
Juan Miguel Petit (Foro Batllista, socio de A. Bluth y del Dr. Julio Luis Sanguinetti en emprendimientos privados) Contratos de Servicio. Primer contrato 1/4/1993. Del 1/12/94 al 28 de agosto de 1995 por $ 18.876 mensuales; del 1 de marzo de 1995 al 30 de junio de 1995 por $ 14.300; del 1 de julio de 1995 al 31 de agosto de 1995 por $ 15.587, y del 1 de setiembre de 1995 al 31 de agosto de 1996 por $ 16.990. Continuó hasta el 31 de agosto de 1997 por $ 19.537. El siguiente año, hasta agosto de 1998, su contrato fue de $ 22.081.
Carlos Sergio Sanguinetti, hermano del ex mandatario Julio María Sanguinetti, también firmó el primer contrato el 1º de abril de 1993. Del 1º de diciembre de 1994 al 28 de febrero de 1995 por $ 15.972; del 1º de marzo de 1995 al 30 de junio de ese año por $ 14.300; del 1º de julio de 1995 al 31 de agosto por $ 15.587, y del 1º de setiembre de 1995 al 31 de agosto de 1996 por $ 16.990. Continuó hasta el 31 de agosto de 1997 por $ 19.537. El siguiente año, hasta agosto de 1998 su remuneración fue de $ 21.232.
En lo referente a Estudio Defensoría del Pueblo se contrató a:
Verónica Grauert (esposa del diputado Washington Abdala - Foro Batllista), en el período 1º de diciembre de 1995 al 30 de abril de 1996, por $ 13.592. Continuó entre el 6 de mayo y el 5 de agosto a $ 14.843. Posteriormente dentro del FAS - SCJ, fue contratada en el mes de octubre de 1997 por U$S 2 mil. En 1998, entre el 1º de enero y el 31 de marzo, logró un contrato de servicio por $ 15.795 mensuales. Entre el 1º de julio de 1998 y el 30 de setiembre firmó un contrato por $ 19.943 mensuales. En ese mismo año, en el área FAS-MTSS, por dos meses a partir del 15 de octubre, su contratación fue por un monto total de U$S 3 mil.
También aparece en varios contratos:
Rosina Grauert (cuñada del diputado Washington Abdala - Foro Batllista).
Iael Noachas (hija del procesado ex - presidente del BHU Salomón Noachas – Foro Batllista), fue contratada entre el 1º de febrero de 1996 y el 30 de abril de ese año por un total de $ 35.338.
Asimismo, también dentro del FAS fue contratado:
Simón Erlichman (Foro Batllista), actual vicepresidente de Antel, por una remuneración de $ 14.066 en el mes de noviembre de 1996. Continuó hasta el 31 de marzo de 1998 con un contrato mensual de $ 16.724.
José Gustavo Osta (Foro Batllista), desde el 1º de julio de 1995 al 30 de setiembre de ese año, por $ 9.352, y desde el 1º de octubre al 31 de diciembre, por $ 10.194. También continuó en 1996 por una remuneración salarial entre $ 10.602 y $ 12.019. Prosiguió en 1997 con un contrato que varió entre los $12.500 y $ 13.063.
Apoyo al Círculo de Montevideo:
Forjado a instancias del ex presidente Julio María Sanguinetti.
El costo financiado por Naciones Unidas es de U$S 556.500. En este capítulo aparecen contratados:
Gabriela Vázquez Ledesma (esposa del ex director del Servicio de Prensa y Difusión de la Presidencia de la República, Mario Zanocchi - Foro Batllista). En 1997, desde el 20 de marzo al 30 de abril, por $ 11.500. Vázquez Ledesma también se desempeñó en el mes de mayo por $ 9.000.
Jorge Davrieux (hijo del director de la OPP, Ariel Davrieux – Foro Batllista). En el Programa de Desarrollo de la Cuenca Arrocera fue contratado entre febrero de 1993 y junio de 1996. Contratado a razón de U$S 688 mensuales. A partir de mayo de 1996 hasta la fecha se desenvuelve en los programas referidos a la Cuenca Lechera, siendo su remuneración de U$S 1.066.
Noviembre 2000
Alejandro Bluth (hijo del Dr. Elías Bluth - Foro Batllista). Del 1/9/94 al 28 de febrero de 1995, $ 19.602 mensuales; 1/3/95 al 30/6/95 por $ 17.160 mensuales; del 1/7/95 al 31/8/95 por $ 18.704; y del 1/9/95 al 31/8/96 por $ 20.388 mensuales. Continuó hasta el 31 de agosto de 1997 por $ 23.444. Siguió hasta agosto de 1998, percibiendo ingresos oscilantes entre $ 23.444 y $ 26.498.
Juan Miguel Petit (Foro Batllista, socio de A. Bluth y del Dr. Julio Luis Sanguinetti en emprendimientos privados) Contratos de Servicio. Primer contrato 1/4/1993. Del 1/12/94 al 28 de agosto de 1995 por $ 18.876 mensuales; del 1 de marzo de 1995 al 30 de junio de 1995 por $ 14.300; del 1 de julio de 1995 al 31 de agosto de 1995 por $ 15.587, y del 1 de setiembre de 1995 al 31 de agosto de 1996 por $ 16.990. Continuó hasta el 31 de agosto de 1997 por $ 19.537. El siguiente año, hasta agosto de 1998, su contrato fue de $ 22.081.
Carlos Sergio Sanguinetti, hermano del ex mandatario Julio María Sanguinetti, también firmó el primer contrato el 1º de abril de 1993. Del 1º de diciembre de 1994 al 28 de febrero de 1995 por $ 15.972; del 1º de marzo de 1995 al 30 de junio de ese año por $ 14.300; del 1º de julio de 1995 al 31 de agosto por $ 15.587, y del 1º de setiembre de 1995 al 31 de agosto de 1996 por $ 16.990. Continuó hasta el 31 de agosto de 1997 por $ 19.537. El siguiente año, hasta agosto de 1998 su remuneración fue de $ 21.232.
En lo referente a Estudio Defensoría del Pueblo se contrató a:
Verónica Grauert (esposa del diputado Washington Abdala - Foro Batllista), en el período 1º de diciembre de 1995 al 30 de abril de 1996, por $ 13.592. Continuó entre el 6 de mayo y el 5 de agosto a $ 14.843. Posteriormente dentro del FAS - SCJ, fue contratada en el mes de octubre de 1997 por U$S 2 mil. En 1998, entre el 1º de enero y el 31 de marzo, logró un contrato de servicio por $ 15.795 mensuales. Entre el 1º de julio de 1998 y el 30 de setiembre firmó un contrato por $ 19.943 mensuales. En ese mismo año, en el área FAS-MTSS, por dos meses a partir del 15 de octubre, su contratación fue por un monto total de U$S 3 mil.
También aparece en varios contratos:
Rosina Grauert (cuñada del diputado Washington Abdala - Foro Batllista).
Iael Noachas (hija del procesado ex - presidente del BHU Salomón Noachas – Foro Batllista), fue contratada entre el 1º de febrero de 1996 y el 30 de abril de ese año por un total de $ 35.338.
Asimismo, también dentro del FAS fue contratado:
Simón Erlichman (Foro Batllista), actual vicepresidente de Antel, por una remuneración de $ 14.066 en el mes de noviembre de 1996. Continuó hasta el 31 de marzo de 1998 con un contrato mensual de $ 16.724.
José Gustavo Osta (Foro Batllista), desde el 1º de julio de 1995 al 30 de setiembre de ese año, por $ 9.352, y desde el 1º de octubre al 31 de diciembre, por $ 10.194. También continuó en 1996 por una remuneración salarial entre $ 10.602 y $ 12.019. Prosiguió en 1997 con un contrato que varió entre los $12.500 y $ 13.063.
Apoyo al Círculo de Montevideo:
Forjado a instancias del ex presidente Julio María Sanguinetti.
El costo financiado por Naciones Unidas es de U$S 556.500. En este capítulo aparecen contratados:
Gabriela Vázquez Ledesma (esposa del ex director del Servicio de Prensa y Difusión de la Presidencia de la República, Mario Zanocchi - Foro Batllista). En 1997, desde el 20 de marzo al 30 de abril, por $ 11.500. Vázquez Ledesma también se desempeñó en el mes de mayo por $ 9.000.
Jorge Davrieux (hijo del director de la OPP, Ariel Davrieux – Foro Batllista). En el Programa de Desarrollo de la Cuenca Arrocera fue contratado entre febrero de 1993 y junio de 1996. Contratado a razón de U$S 688 mensuales. A partir de mayo de 1996 hasta la fecha se desenvuelve en los programas referidos a la Cuenca Lechera, siendo su remuneración de U$S 1.066.
Noviembre 2000
3/9/08
El crimen de Susana Manzur (I)
El crimen de Susana Manzur revive en el ADN
Le fueron tomadas muestras de sangre y de cabello a un sargento de la Jefatura de Policía de Montevideo que se encuentra desde hace varios años con un pase en comisión en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII).
Las mismas se encuentran ahora en los laboratorios de la Dirección Nacional de Policía Técnica (DNPT), cuyos expertos procederán en los próximos días a presentar su informe con los resultados obtenidos.
Los peritos deberán cotejar el perfil genético del sospechoso, con los indicios recabados en la escena del crimen de la modelo Susana Manzur, ocurrido en mayo de 1996. En aquella oportunidad los investigadores policiales encontraron en el cadáver y en la casa algunos elementos de los que se puede extraer ADN, y que contendrían la información del o los implicados en el crimen.
Entre los rastros se cuentan varios tipos de cabellos y semen. El sargento que revistaba en la DNII accedió a que se le practicaran las pruebas, aunque las fuentes a las que accedió LA REPUBLICA indicaron que el magistrado a cargo del expediente hubiera ordenado que igual se realizaran en el caso de que el ex funcionario se hubiera opuesto.
Fuentes en la Policía Técnica explicaron que el pasado jueves por orden del magistrado competente se ordenó la extracción de estos elementos para ser analizados y cotejados con los indicios de aquel entonces. Los estudios, que llevarán varios días, permitirán o no vincular al sospechoso con el caso en base a los elementos que se poseen, o de lo contrario descartar este extremo.
Historia de comisiones
Desde que en la tarde de aquel día de mayo se conoció el asesinato de la modelo y empresaria, el expediente ha tenido un sinfín de idas y venidas, principalmente por el hecho de que la víctima tenía una larga lista de conocidos y, por tanto, una larga lista de posibles sospechosos que había que depurar.
Culminada esta etapa el cerco se estrechó lo suficiente en torno a un reducido número de personas. Se habla de dos, tres o cuatro eventuales implicados. La persona a la cual se le tomaron las recientes pruebas mantuvo en su momento una relación cercana con Manzur. En el primer gobierno de Julio María Sanguinetti el hoy ex sargento procesado por extorsión llegó al Edificio Libertad a través del pase en comisión desde la Jefatura de Policía de Montevideo. Por su parte la modelo, empresaria y funcionaria pública, se desempeñó hasta mayo de 1981 en la Dirección Nacional de Aduanas.
Mediante el mecanismo del pase en comisión fue trasladada al Tribunal de Cuentas y por recomendación de un legislador posteriormente desembarcó en el Edificio Libertad, también en el primer gobierno de Sanguinetti. Primero estuvo en la Pro Secretaría, después en Contaduría y finalmente en el Servicio de Prensa y Difusión. Haciendo uso de una licencia sin goce de sueldo en esta repartición fue que Manzur murió degollada.
Ese mismo año el policía pasó en comisión, una vez más, en este caso a la DNII, en donde revistó hasta que la semana pasada la Seccional 11ª lo detuvo tras comprobar su participación, junto a un civil, en un caso de extorsión. La Justicia lo procesó con prisión y al momento de ser fichado por Técnica fue que se le sacaron muestras de cabello y de sangre.
La escena
Manzur tenía 38 años al momento de ser ultimada. Era polifacética e independiente, en cuanto al manejo de sus relaciones personales. Sus vecinos de Pocitos, y más precisamente del edificio de Rivera y Soca donde vivía, en su momento dieron fe del gran movimiento de personas que se daba en el apartamento 902.
Además de sus trabajos ya reseñados, la mujer tenía un programa radial todos los días que se emitía de madrugada, y al momento de morir estaba abocada a lanzar al mercado dos publicaciones. El misterio de su muerte --alimentado por el hecho de estar aún sin resolver y por los ámbitos en los que se desenvolvía-- continúa siendo hoy por hoy impenetrable.
Sobre las 16 y 30 del 23 de mayo de 1996 personal de la Seccional 10ª y de Radio Patrulla llegó hasta el apartamento de la víctima. La encontraron sobre un sofá con un profundo corte en el cuello, varios puntazos en el tórax y una de sus piernas atadas al mueble en el que yacía. En un primer momento los investigadores no advirtieron la falta de valores, por lo tanto el robo fue descartado.
Sin embargo, en ulteriores pesquisas surgieron algunos elementos que, si bien no hacen pensar en el hurto como móvil, sí evidencian la sustracción de materiales que podrían comprometer al o los homicidas. Entre ellos un archivo de su computadora, hojas de su agenda y varias fotografías. Ahora, desde el juzgado, se aguarda el informe de Policía Técnica para saber si se confirmaron hipótesis de trabajo o si las sospechas sobre el ex policía se desvanecen.
La República
21/08/08
En febrero se reactiva el caso del asesinato de Susana Manzur
Desde los primeros días de febrero deberán declarar todos los funcionarios policiales que intervinieron en la investigación del asesinato de la modelo y funcionaria de Presidencia Susana Manzur. Años atrás, Washington De María se presentó ante el senador José Korzeniak y le dijo saber todo sobre este homicidio. A casi 8 años del hecho no se conoce al o los autores del crimen. Juez y fiscal retoman la indagatoria.
El juez penal de 5º Turno, Daniel Tapié, quien ocupa ese cargo en sustitución de Jorge Imas, dispuso que luego de la Feria Judicial Mayor se tome testimonio a todos los funcionarios policiales que participaron en la investigación del homicidio de la funcionaria del Edificio Libertad y ex modelo Susana Manzur, ocurrido en mayo de 1996. La fiscal del caso, Mirtha Guianze, presentó un escrito al magistrado Tapié, en que le señaló los años de indagatoria, las falencias que a su entender tuvo la instrucción y la falta de resultados. Asimismo, la representante del Ministerio Público le solicitó al juez que antes de archivar el expediente se pusieran las constancias de una serie de actuaciones policiales que no quedaron registradas por escrito. Tapié puso el expediente para resolver y luego de estudiarlo decidió las citaciones de los funcionarios policiales.
Korzeniak y De María
Tiempo atrás, el senador socialista José Korzeniak entregó al juez Imas, entonces a cargo del caso, y a la fiscal Guianze las respuestas a pedidos de informes que había realizado y que se relacionaban con este homicidio. A entender del legislador, esta información aportaba nuevos datos de importancia para resolver el caso.
Entre los pedidos de informes que le fueron contestados a Korzeniak está el listado con los nombres de los choferes de Casa de Gobierno --70 en ese período--, ya que para el senador algunos de ellos podían conocer información importante sobre este caso.
Al despacho de Korzeniak concurrió en una ocasión el ex oficial de policía Washington de María, guardaespaldas de Julio María Sanguinetti en su primera presidencia y procesado con prisión por el asesinato del empresario Luis Ernesto González. Korzeniak declaró ante Imas y Guianze que en esa visita, acompañado de su esposa y un abogado, De María le dijo que sabía todo sobre el asesinato de Manzur. Posteriormente a ese encuentro con Korzeniak, De María no ratificó sus dichos ante la Justicia, ni brindó más datos sobre la muerte de Manzur.
La carrera de Manzur y el ADN de los asesinos
Susana Manzur tenía 38 años al momento de ser ultimada en el apartamento 902 del edificio de Rivera y Soca donde vivía. El personal de Policía que concurrió al lugar la tarde del 23 de mayo de 1996 la encontró sobre un sofá con un profundo corte en el cuello, varios puntazos en el tórax y una de sus piernas atada a un mueble.
Hasta mayo de 1981 Manzur realizó tareas en la Dirección Nacional de Aduanas, mediante el mecanismo de pase en comisión fue trasladada al Tribunal de Cuentas y por recomendación de un legislador posteriormente llegó al Edificio Libertad, en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti. Primero estuvo en la Prosecretaría, después en Contaduría y finalmente en el Servicio de Prensa y Difusión. Tenía una agencia de colocación de modelos y un programa radial que se emitía todos los días de madrugada.
En principio los investigadores no advirtieron la falta de valores, por lo que el robo fue descartado. Sin embargo, en posteriores pesquisas surgieron algunos elementos que, si bien no hacen pensar en el hurto como móvil, sí evidencian la sustracción de materiales que podrían comprometer al o los homicidas. Algunos de estos puntos son los que se buscan aclarar con los testimonios de los policías, como por ejemplo la desaparición de la información que contenía la computadora de Manzur, su agenda y varias fotos. Allegados a Manzur declararon en el expediente que en caso de que le sucediera algo ella les dijo que revisaran en su computadora, ya que allí guardaba información muy importante de cosas que había descubierto.
En el apartamento de Manzur los investigadores policiales encontraron en el cadáver y en la casa algunos elementos de los que se extrajo muestras de ADN del o los implicados en el crimen. Estos se compararon con los de un oficial de policía sospechoso de participar del asesinato y el examen dio negativo, pero en el futuro las muestras se pueden comparar con las de otras personas.
Dificil relacionamiento entre juez y fiscal
La fiscal Guianze y el juez Jorge Imas, quien fue el responsable de casi toda la indagatoria de este caso, tuvieron diferencias con la forma de tramitar el expediente. Meses atrás Imas fue trasladado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a la Justicia Laboral, pero no llegó a ejercer en esa materia y optó por jubilarse. Las discrepancias entre juez y fiscal llegaron hasta la SCJ, a la que la Fiscalía de Corte elevó un informe referente a las actuaciones de Imas en el expediente sobre el asesinato de Manzur, y que la corporación judicial archivó.
Guianze informó a la Fiscalía de Corte que ese expediente se dio a la Policía, entendiendo que de esa forma se violó el secreto de presumario, puesto que había varios funcionarios policiales investigados por ese asesinato y que por ello el expediente no podía estar en manos de la Policía. La propia Fiscalía de Corte elevó esa información a la SCJ para que ésta resolviera. En su respuesta a la SCJ, Imas dijo que envió el expediente a la Policía, explicando el trámite, sus razones y afirmando estar convencido de que hizo bien. Añadió que el expediente no fue entregado a los policías supuestamente involucrados sino a quienes investigan el caso.
A comienzos de 2001 Imas tomó licencia y lo suplió en la sede penal de 5º Turno la jueza Marta Alvez, que sorpresivamente reactivó el expediente sobre Manzur. Bajo un gran hermetismo, Alvez tomó declaración a diferentes testigos, audiencias en la que participó Guianze.
Tras el regreso de Imas, el expediente no registró movimientos importantes, hasta que el magistrado informó a la fiscalía su intención de archivarlo.
En ese momento Guianze redactó un escrito en que señaló las fallas que a su entender tuvo la instrucción y pidió que se incorporara una serie de actuaciones policiales. La presentación de dicho escrito coincidió con la partida de Imas y la asunción de Tapié al frente del Juzgado Penal de 5º Turno.
Las fuentes judiciales consultadas en diferentes etapas de la instrucción siempre respondieron que la reserva con que se tomaron muchos testimonios se debió a lo delicado del caso y las personas que pueden estar implicadas en el mismo, lo que genera temor en algunos de los testigos que prefieren no trascender públicamente ante posibles represalias.
La República
05/01/04
El crimen de Susana Manzur (II)
Casos "Manzur" y "Gonzalez": la justicia tarda... ¡pero tarda!
El "pase a retiro" del Juez Jorge Imas puede significar la reactivación de las investigaciones en el caso del crimen de Susana Manzur, la funcionaria de la Presidencia de la República asesinada en 1996. La mujer, que tenía 38 años de edad al momento de su muerte, combinaba sus funciones en el Servicio de Prensa y Difusión de la Presidencia de la República con el gerenciamiento de una Agencia de Modelos y la conducción de un programa radial nocturno. Había llegado hasta Casa de Gobierno desde la Dirección Nacional de Aduanas mediante sucesivos pases en Comisión; pasando por el Tribunal de Cuentas, la Prosecretaría de la Presidencia (primera administración Sanguinetti), y la Contaduría de la Presidencia, hasta anclar en dicho Servicio de Prensa y Difusión.
El 23 de mayo de 1996 (segunda administración Sanguinetti) fue encontrada en su apartamento del barrio de Pocitos, con una de sus piernas atada a la pata de un sofá, varias heridas de arma blanca en su tórax, y degollada... Al contrario de lo que se suele ver en la televisión, en lugar de aislar y preservar la escena del crimen hasta la llegada de los "detectives médicos," los policías pusieron "patas arriba" el apartamento "buscando pistas." En primera instancia descartaron el robo como móvil del asesinato, ya que no constataron la falta de valores pecuniarios. Sin embargo, investigaciones posteriores comprobaron que se había "vaciado" la computadora de Manzur y faltaban su agenda personal y una cantidad indeterminada de fotografías.
Allegados a la ejecutada declararon ante la Justicia que la mujer les había dicho que en caso de que "le sucediera algo" revisaran en su computadora, ya que allí "guardaba información muy importante de cosas que había descubierto." En esos días se rumoreaba que la Agencia de Modelos de Manzur era en realidad un servicio oficioso de prostitutas de alto rango que tenía como clientes a importantes figuras políticas, policiales, empresariales y diplomáticas. La desaparición de todos los elementos en los que podría estar registrada esta actividad impidió confirmar dicha presunción. En la época del crimen también se manejaba la hipótesis de que Manzur podría estar chantajeando a alguno de sus "clientes," pero las investigaciones han sido tan lentas, tan ineficientes, y tan secretas, que lo único cierto es la incertidumbre.
Los investigadores policiales encontraron restos de ADN en el cadáver de Manzur y en diversos lugares del apartamento. En su momento se comparó ese ADN con el de un oficial de policía sospechado de haber participado en el asesinato, pero el resultado fue negativo. Desde ese entonces hasta que se jubiló, el juez Jorge Imas no ordenó ningún otro análisis comparativo. El relacionamiento entre el juez Imas y la fiscal actuante, Mirta Guianze fue dificultoso desde el inicio de la indagatoria. Ello llevó a que la Fiscalía de Corte elevara a la Suprema Corte de Justicia un informe cuestionando la actuación del Juez en el caso. La curiosa respuesta de la Corte fue archivar el informe y trasladar a Imas a la Justicia Laboral. El magistrado no aceptó la "degradación" y optó entonces por jubilarse.
En su queja, Guianze informaba a la Fiscalía de Corte que el juez Imas entregó el expediente a la Policía, algo no sólo prohibido por el secreto de presumario, sino bastante inconveniente desde el momento en que varios funcionarios policiales están siendo investigados por su eventual responsabilidad en el asesinato. En su descargo, el juez Imas dijo que él, el expediente no se lo dió a los policías presuntamente involucrados, sino a los que estaban investigando el caso. Luego de más de cinco años de "congelamiento" de las investigaciones judiciales, a comienzos de 2001 Imas tomó licencia y su suplente, la jueza Marta Alvez, reactivó el expediente, aunque bajo un gran hermetismo. Alvez junto con Guianze tomaron entonces declaración a diferentes testigos, pero al retornar Imas a sus funciones informó a la fiscalía su intención de archivar el caso. Fue entonces que la fiscal presentó la queja que terminó con el retiro definitivo de Imas.
Las fuentes judiciales consultadas por la prensa en diferentes etapas de la instrucción siempre respondieron que la reserva con que se tomaron muchos testimonios se debió a lo delicado del caso y a la importancia de las personas que pueden estar implicadas. Esta circunstancia -afirmaron- genera temor en los testigos, por lo que algunos niegan saber algo del asunto y otros piden que sus nombres no trasciendan públicamente pues tienen mucho temor a eventuales represalias. Tal fue el caso del ex oficial de policía y guardaespaldas del presidente Julio Sanguinetti durante su primera presidencia (1985/90), Washington De María, quien años atrás se presentó ante el senador José Korzeniak (Encuentro Progresista) y dijo saber todo sobre este homicidio, pero luego no ratificó sus dichos ante la justicia ni volvió a hablar más del tema con persona alguna.
De María está preso sin condena desde hace más de diez años, acusado por el asesinato del empresario y contrabandista Luis Ernesto González en 1992. Según recuerda el escritor Enrique Ortega Salinas en su reciente libro "El pozo de Pandora," De María "lleva más de diez años en prisión, han pasado siete jueces por la causa y sigue sin condena." El investigador de este otro caso no resuelto opina que al ex guardaespaldas de Sanguinetti "le conviene que lo declaren culpable," ya que si fuera así, saldría en libertad por haber cumplido más de la mitad de la pena que se le podría aplicar.
De todas maneras, Ortega opina que para tener la certeza de que De María fue el asesino de González: "Faltan el arma, el móvil, la oportunidad, testigos confiables y acuerdo entre los mismos, y lo que es peor: acuerdo entre los mismos peritos, ya que un grupo lo salva y otro lo hunde. Ni siquiera ha habido acuerdo entre los mismos jueces; recordemos que la Dra. Schroeder lo liberó y encarceló a los policías actuantes. Sin embargo, hay tantas dudas sobre su inocencia como sobre su culpabilidad; de lo único que no hay dudas en este caso es de que hay dudas, y esto lo sabe cada integrante del Poder Judicial que actuó en el caso."
Según parece, Luis Ernesto González, dueño de un Free Shop de la ciudad de Rivera en la frontera con Brasil, se habría quedado con dineros de la mafia del contrabando, y al no poder devolverlos, fue ejecutado. Tras permanecer secuestrado varios días (presuntamente presionándolo para que devolviera lo hurtado), fue asesinado y su cuerpo depositado en un aljibe abandonado ubicado en la zona rural del departamento de Canelones en 1992. Según Enrique Ortega Salinas, de todas maneras lo más importante ahora "ya no es quién mató a González, sino quién ocupa su lugar en la cadena mafiosa de la cual era un eslabón importante."
Sobre esta cuestión, el escritor se remite a su libro anterior, "Las reglas de la mafia," donde explica claramente como funcionan las cosas en ese ambiente: "Cuando uno de los miembros se halla acorralado por la Justicia, la prensa o la parte honesta de la Policía, hay que sacarlo del medio; si ha hecho bien los deberes, se le hace desaparecer dejando un cadáver irreconocible en su lugar. Mas si ha traicionado el código de la "omertá" o caso del narcotraficante Omar Clavijo- actuado de manera desprolija, o caso de Luis Ernesto González- se ha quedado con lo que no debía, ya no se toman la molestia de buscar un cuerpo sustituto."
En lo que atañe a la situación de Washington De María, tras insistir en recordar que fue guardaespaldas del ex presidente Julio Sanguinetti, Ortega señala que "lleva más de 10 años en la cárcel, procesado sin condena; y esto es alarmante. Estamos hablando del sistema judicial del Uruguay, no es un Estado perdido en Africa o Asia. Uruguay es un país civilizado. Diez años y siete jueces. Como ha dicho alguien recientemente: la justicia tarda, pero... tarda. Y esto está por encima de De María; tiene que ver con que nuestro sistema jurídico necesita un cambio urgente, porque la justicia cuando es lenta, es injusticia." Finalmente, el escritor explica: "Para la mafia el caso González es sólo un episodio. La mafia sigue, los negocios siguen. Se entregan peones y alfiles para salvar al rey..."
Andrés Capelán
(Comcosur/Montevideo)
24/01/08
Una conversación de alcoba llevó a la muerte a la modelo y funcionaria pública Susana Manzur
Una conversación de alcoba podría ser el desencadenante del crimen de la modelo Susana Manzur consumado hace más de nueve años y que permanece impune. Un inspector de Policía, a cargo de la investigación, que tenía que interrogar a un conocido dirigente político "fue enfriado" por un ministro. Hasta el día de hoy el investigador espera paciente, cuidando a su nieta.
El caso tuvo amplia repercusión en su momento y serias discrepancias entre la Policía y la Justicia en virtud de que, según los investigadores, fue entregada en sede penal una agenda con los nombres y apellidos de varios personajes, la que habría desaparecido en el juzgado, cosa que negaron los magistrados que instruyeron el sumario del crimen.
Por si fuera poco, un inspector de Policía, a cuyo cargo estaba la investigación, fue enviado "a la bolsa" (así se dice en el "argot" policial cuando un jerarca se queda sin destino) por orden de un ministro. Dicha decisión se produjo porque llegó a oídos del secretario de Estado que el inspector había comentado que tenía que indagar a un conocido dirigente político, porque había llegado a la conclusión de que "una conversación de alcoba" había sido el detonante de su asesinato. Además, el policía nunca supo qué pasó con el disco duro de la computadora de Manzur, donde había mucha información valiosa.
Desde que en la tarde de aquel día de mayo se conoció el asesinato de la modelo y empresaria, el expediente ha tenido un sinfín de idas y venidas, principalmente por el hecho de que la víctima tenía una larga lista de conocidos y, por tanto, una larga lista de posibles sospechosos que había que depurar.
Susana Manzur, la modelo, empresaria y funcionaria pública, se desempeñó hasta mayo de 1981 en la Dirección Nacional de Aduanas. Mediante el mecanismo del pase en comisión fue trasladada al Tribunal de Cuentas y por recomendación de un legislador posteriormente desembarcó en el Edificio Libertad, también en el primer gobierno de Sanguinetti. Primero estuvo en la Pro Secretaría, después en Contaduría y finalmente en el Servicio de Prensa y Difusión. Haciendo uso de una licencia sin goce de sueldo en esta repartición fue que Manzur murió degollada.
Joven, bella y desenvuelta
Manzur tenía 38 años al momento de ser ultimada. Era polifacética e independiente en cuanto al manejo de sus relaciones personales. Sus vecinos de Pocitos, y más precisamente del edificio de Rivera y Soca donde vivía, en su momento dieron fe del gran movimiento de personas que se daba en el apartamento 902.
Además de sus trabajos ya reseñados, la mujer tenía un programa radial todos los días que se emitía de madrugada, y al momento de morir estaba abocada a lanzar al mercado dos publicaciones. El misterio de su muerte alimentado por el hecho de estar aún sin resolver y por los ámbitos en los que se desenvolvía continúa siendo impenetrable hasta el día de hoy.
Sobre las 16.30 del 23 de mayo de 1996 personal de la Seccional 10ª y de Radio Patrulla llegó hasta el apartamento de la víctima. La encontraron sobre un sofá con un profundo corte en el cuello, varios puntazos en el tórax y una de sus piernas atadas al mueble en el que yacía. En un primer momento los investigadores no advirtieron la falta de valores, por lo tanto el robo fue descartado.
Sin embargo, en ulteriores pesquisas surgieron algunos elementos que, si bien no hicieron pensar en el hurto como móvil, se evidenciaba la sustracción de materiales que podrían comprometer al o los homicidas. Entre ellos un archivo de su computadora, hojas de su agenda y varias fotografías
La República
22/12/05
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