4/1/09

El 68 uruguayo (IX)




Segunda Parte. CAPITULO 3. Nueva Constitución y triunfo electoral del P. Colorado.



“De las etapas con más significación histórica de su corta vida como pueblo, el uruguayo tiene, al parecer; una representación edulcorada. Reverencia a Artigas por lo que éste no quiso y olvida cuán proceloso y aun revolucionario, fue el inicial y auténtico período batllista, el que se extiende de 1903 a 1917.
La verdad, sin ánimo de establecer comparaciones, es que tanto Artigas como Batlle no trajeron la paz sino la guerra y rompieron o intentaron romper el orden existente”.

Carlos Quijano. 3 de marzo de 1967.

La gestión del segundo gobierno blanco ha dejado un saldo negativo para los trabajadores: descenso del salario real en más de un 15% y del 25% para los trabajadores del Estado, inflación incontenible, desocupación de un 12%, estancamiento productivo, etc.

En enero del 67, analizando los resultados de las elecciones de noviembre de 1966, en el seno de la dirección de la CNT reaparecen las divergencias de años anteriores. La resolución se aprueba finalmente por mayoría, con el voto contrario de varias organizaciones sindicales.

El texto propuesto por los dirigentes del PC expresaba entre otras cosas: “El resultado electoral [triunfo de la fórmula Oscar Gestido-Jorge Pacheco Areco] ha determinado la derrota categórica de las fuerzas ligadas a los planes más agresivos del imperialismo y a su política de carestía, desocupación, represión, entrega de nuestra soberanía y de nuestra economía “.

En esos días “El Popular” sostiene que “como consecuencia de las elecciones se produjo una traslación de las clases en el poder” y reitera sus planteamientos sobre enfrentamientos entre el latifundio supuestamente semifeudal y la burguesía industrial “nacional” a la que se le atribuían importantes contradicciones con el imperialismo.





La crisis del gobierno colorado bajo la presidencia de Gestido
Los hechos demostraron que si bien el triunfo del partido colorado había creado una nueva situación política no se justificaba el triunfalismo con que esto era analizado por el PCU.

La reforma constitucional aprobada en 1966 fue un paso importante para dotar al Estado de los instrumentos necesarios para la remodelación conservadora al restablecen la figura del Presidente de la República, acrecentar las facultades del Poder Ejecutivo en relación al Parlamento y crear, a partir de eso, una estructura de poder más centralizada.

El contundente triunfo electoral del Partido Colorado le da al gobierno, por primera vez desde 1934, la posibilidad de ejercer no ya un gobierno de coalición o coparticipación, sino un gobierno de partido (el coloradismo tiene 50 diputados y 17 senadores).

Por supuesto que el P. Colorado tenía una gran heterogeneidad político-ideológica donde el conservadurismo de signo autoritario convivía con tesituras progresistas y con la variante uruguaya de una corriente de pensamiento económico y social que por entonces extendía su influencia doctrinaria en América latina: el desarrollismo. Algunos artículos de Pedro Seré en “Marcha” muestran la actitud con que gran parte de la izquierda juzgó a esta corriente.

La experiencia Kennedy no fue nunca ni será viable mientras las corporaciones norteamericanas puedan lucrar con la dependencia de América Latina, no será el gobierno de los EE. UU. el que decrete nuestra liberación; mientras la clase dominante latinoamericana medre con la situación, no serán sus gobernantes quienes reformarán las estructuras.
Si el fracaso de la Alianza para el Progreso despertara a Latinoamérica, si le hiciera comprender que sin liberación no hay progreso, y que ni una ni el otro nos caerán desde arriba o desde fuera, no sería poco el progreso que se habría obtenido con la Alianza. Los desarrollistas, sin embargo, atrincherados en su paraíso artificial, siguen entreteniendo la esperanza de un nuevo, mesiánico presidente de los EE. UU. que decretará nuestra libertad y desarrollo, con el cual colaborará la pléyade de gobernantes progresistas de los países del sur Quizás el ruido de la guerrilla americana los despierte de su sueño empecinado”.
(27 de mayo de 1967).

La fragmentación política en una fuerza que conquista la mayoría absoluta en ambas cámaras llevó a que la crisis se instalara en el seno del propio Partido Colorado, donde por lo menos seis grupos con diferente liderazgo y concepciones políticas participarán del gobierno en medio de tensiones crecientes: la “15” de Jorge Batlle y J. Ma. Sanguinetti, Zelmar Michelini, Amilcar Vasconcellos, Alba Roballo, Augusto Legnani y Manuel Flores Mora (1).

Vescovi negó que hubiese participado en la elaboración del capítulo de bancos de la Ley de Emergencia, pero aceptó su relación con las empresas colaterales y los acreedores del BTU.

Según “Marcha”: “El debate puso de manifiesto la evidente situación de implicancia, lo insatisfactorio de la defensa del Ministro. Si bien (…) los oficialistas consiguieron salvarlo, la moción que aceptaba sus explicaciones se impuso por un margen muy estrecho”.(4 de julio).



La inestabilidad del primer gobierno
“En definitiva el desarrollo capitalista exige tiempo, mucho tiempo, transcurrido el cual, en el mejor de los casos, América Latina, convertida a nivel continental en asalariada del empresario extranjero recibirá un buen salario. La oferta no parece tentadora; y los focos guerrilleros que van apareciendo expresan su repudio, hablan de la urgencia que exige el desarrollo americano, miden el tiempo que le resta a esta experienciade salvataje del capitalismo.(…)
Guardianes de los intereses del imperio y de los intereses de las clases comprometidas con éste, los gobiernos latinoamericanos van acentuando su función de policía delegada por el gobierno federal para conservar la «pax norteamericana»
“.
Pedro Seré. 7 de abril de 1967.

“Fariseos del capitalismo, colaboracionistas con los EE. UU. (…) los desarrollistas siguen una pendiente de la historia que quizás, una vez más, sea sólo aparente”.
Pedro Seré. 21 de abril de 1967.

En la constitución de los primeros gabinetes designados por Gestido existieron, en medio de una gran inestabilidad, inflexiones desarrollistas y anti-fondomonetaristas, encarnadas en algunos dirigentes colorados que representaban intereses más ligados a las tradiciones del Estado paternalista de impronta batllista.

Pero esos sectores fueron minoritarios en la dirección del P. Colorado y ya durante el propio gobierno de Gestido habrán de ser desplazados. Quizás con la excepción de la “15”. encabezada por Jorge Batlle y Julio Ma. Sanguinetti todas las tendencias se revelarían como inestables, con permanentes desgajamientos y reagrupaciones.

La toma de distancia con el FMI (Vasconcellos, Faroppa con el respaldo del Presidente Gestido), la búsqueda de un cierto diálogo social, la intención de aplicar ciertas tenues medidas tributarias sobre los sectores terratenientes (propuestas desde el Ministerio de Ganadería por Manuel Flores Mora), el intento de luchar contra el agio y la especulación (impulsado desde el Ministerio de Trabajo por Zelmar Michelini), chocarán con realidades y relaciones de fuerza adversas.

Sólo a partir del 13 de junio de 1968 con las Medidas Prontas de Seguridad impuestas por Pacheco, el panorama interno del Partido Colorado comienza a reordenarse y lo hará desplazando sectores que contaban con mayor respaldo popular (Michelini, Vasconcellos, Alba Roballo).

En los primeros meses hubo 23 cambios ministeriales. Las oscilaciones llevaban a decisiones antagónicas sin que existiera ningún espacio partidario para su dilucidación (son significativas y sin eco en ese sentido las apelaciones constantes de Zelmar Míchelini para lograr el funcionamiento orgánico a través de la Convención del Partido Colorado como ámbito para dirimir los debates y lograr la unidad del Partido).



Alejamiento del Fondo Monetario
La situación que afrontaba el gobierno colorado a mediados de 1967 fue descrita con agudeza por Carlos Quijano:

Es ya un secreto a voces, dentro del gobierno dos eran las corrientes. Una aceptar la tesis y con ella las exigencias del FMI: devaluación muy alta; mantenimiento del cambio único, fluctuante y demás; congelación de precios y salarios; nuevos créditos extranjeros y, por supuesto, pago regular de las obligaciones con el exterior y en principio libertad de importación. La segunda: dos tipos de cambio —alguien llegó a hablar de tres—; uno destinado a las importaciones esenciales y el otro a las que no se consideran tales y a los demás servicios, pago de obligaciones con oro, limitación severa de las importaciones y cierre temporal de la mayoría de ellas; y rechazo por lo tanto de las directivas del FMI, lo que significará que no se firmará una nueva Carta de Intención y también que las posibilidades de nuevos créditos, en los mercados tradicionales, quedan cerradas o son muy remotas. Esta última, es la corriente que ha triunfado Pues bien, de lo que debe convencérsele es de que los hechos condenan irremisiblemente los sistemas hasta ahora empleados y de que está obligado, por imperio de esos mismos hechos, a lanzarse a la aventura difícil pero reconfortadora de abrir otro trillo “. (14 de julio 1967).

Es significativo que uno de los primeros pasos del gobierno colorado impulsado por el sector con más apego a la concepción nacional y popular de Luis Batlle Berres: Faropa, Vasconcellos, Michelini, Roballo, decidió, en julio del 67, romper con el Fondo Monetario Internacional. En esos días el BROU estableció una cuenta, la “18 de julio”, a la que la autoridades definen como “una forma de empréstito nacional para superar la crisis de divisas”.
Según expresara el Ministro Vasconcellos “la cuenta «18 de julio» funcionaba con la garantía del oro propiedad del Banco República, (…) los depósitos se recibían en dólares a un plazo mínimo fijo de un año (…), se devolverán al vencimiento contra la presentación de certificados que el Banco emitirá al efecto (…) no pagarán impuesto alguno y percibirán el 8% anual, abonado semestralmente en dólares”.

La convocatoria tuvo poco eco en la plaza y encontró después escollos en el ámbito legislativo.
En esos días el Presidente Gestido, en acuerdo con el Ministro de Hacienda, decreta: materia de importaciones, se acrecentarán los controles del Banco República para el otorgamiento de divisas y se prohíbe por 180 días la importación de mercaderías, artículos, productos y bienes; ese es el principio general aunque se admiten excepciones.

El Ministerio de Hacienda queda facultado para “importar mercancías destinadas a organismos públicos o necesarias para la actividad agropecuaria e industrial “.

También se estableció la intermediación oficial en la compra y venta de moneda extrajera, tratamientos diferenciales en comercio exterior y principios básicos de protección a la industria nacional.

Esto se hizo con la desaprobación pública de la lista “15” liderada por Jorge Batlle y de los sectores conservadores tradicionales del Partido Colorado, representados por Carlos Maninj Ríos, César Charlone y los diarios “La Mañana” y “El Diario”.

El alejamiento del FMI, llevado adelante en esta primera etapa del gobierno de Gestido expresó una voluntad de independencia frente a las severas condiciones que este organismo internacional imponía al país en materia cambiaria y monetaria.

Sin embargo, tal como señaló Carlos Quijano en ese momento, la ruptura con el FMI. al no ser acompañada por otras decisiones de política económica se volvería, a corto plazo, ineficaz y “allá estará esperando el FMI para imponemos tranquilamente y con más crueldad toda su receta “.

Este pronóstico se cumplió, tres meses después, con Medidas Prontas de Seguridad, crisis política y nuevas negociaciones con el FMI.

La nueva política con el FMI al no estar -como advertía Quijano - acompañada de otras decisiones económicas no detuvo la inflación y, por lo tanto, la caída del salario real. De ahí el incremento de la movilización obrera, particularmente en el sector de los trabajadores del estado, que conduce a la implantación de las Medidas Prontas de Seguridad, en octubre.



Se intensifican las luchas populares. Conflicto gráfico
José Manuel Quijano:

“Encuentra usted alguna similitud entre el conflicto de 1934 y el conflicto actual?”.

Gerardo Gatti:

“Sí hay similitud. En 1933 la patronal se llamaba Scheck, Manini Ríos, Rodríguez Larreta, Batlle. Hoy luchamos contra los hijos de la patronal del 34. Pero esos años no han pasado en vano. Los gremios han aprendido mucho”.

El 29 de junio los gráficos de “B.P. Color” preguntaron a la Coordinadora de los tres gremios si se debía publicar la opinión del personal de los diarios en conflicto. La Coordinadora respondió afirmativamente, pero con la condición de que la libertad de prensa fuera efectiva. En la asamblea de la Asociación de la Prensa, el periodista Gutemberg Charquero defendió el derecho de los trabajadores gráficos y periodistas a expresar sus opiniones en los órganos periodísticos. Por mayoría abrumadora se votó afirmativamente, sobre la base del criterio que “no basta con el reclamo meramente salarial (…) esta es una reivindicación fundamental “.

Como consecuencia del largo conflicto en la prensa, originado por el despido de más de 200 redactores y empleados administrativos, entre ellos D. Robledo, Elsa Altuna, D. Pérez y Helvecio Bonelli, todos integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación de la Prensa, los principales diarios de la burguesía estuvieron más de tres meses sin aparecer. Sólo aparecerán “B.P.Color”, “Acción”, “Extra”, “Marcha” y “El Popular”.

A finales de setiembre una manifestación pacífica de trabajadores fue reprimida violentamente por la policía.

Durante el conflicto los tres gremios de la prensa lanzaron a la calle un periódico, “La Verdad”, que junto con una amplia información general expresaba los puntos de vista de los trabajadores en lucha.

Se habla de consolidación de deudas, supresión de gravámenes, de congelación de salarios (medida esta última que coincide con los planteos del Fondo Monetario internacional) y de despidos. Una vez más, en aras de la libertad de prensa el estado y los trabajadores de la prensa vendrían a ser las víctimas de la crisis periodística”. (José Manuel Quijano. 7 de julio de 1967).

Hay también paros y movilizaciones promovidos por la Mesa Sindical Coordinadora de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y el 20 de julio se realiza un paro general convocado por la CNT.

Durante esos meses el puerto de Montevideo es escenario de un largo conflicto donde los gremios (especialmente el SUANP) deben enfrentar los constantes desbordes y el autoritarismo del Gral. Juan P. Ribas, Presidente del Directorio del organismo.



Presupuesto universitario. Huelga de FEUU
En la madrugada del jueves 7 de setiembre la FEUU declaró la huelga general por tiempo indeterminado y paralizó toda la actividad universitaria.

El motivo de la huelga eran las restricciones presupuestales practicadas por el PE al presupuesto universitario. Frente a los 5.000 millones de pesos solicitados para el año 1968 se aprueban menos de 2.500 millones pesos.

Era la primera vez que en el país empezaba a aplicarse la norma de la Constitución aprobada en noviembre del 66, que disponía Presupuestos Por Programa (PPP), que los gremios estudiantiles ridiculizaban diciendo que para el caso de la Universidad había que hablar, más bien, de PPT (Presupuesto Por Tijera).

El 22, en una movilización ascendente la FEUU decide la ocupación de todas las facultades de Montevideo.
Según apreciaciones de Daniel Waskman Schinca el nuevo presupuesto contenía además un “retroceso en la evolución autonómica de la Universidad (…), un paso hacia atrás más grave aun que muchos pesos hacia abajo” (“Marcha”. 29 de setiembre, p. 11).

La huelga se desarrolló con movilizaciones callejeras, algunas de las cuales fueron reprimidas por la violencia policial en un momento en que el desborde represivo se ensañó también con los trabajadores gráficos y, ante las expresiones de protesta de enfermos bacilares, con un insólito cerco policial a la Colonia Saint Bois, con el ingreso a los ppabellones de pacientes, con detenciones y posterior internación en el campo militar de Los Cerrillos. (28 de setiembre).

En este clima de tensión, desde agosto se discute la necesidad de un plan de lucha para los estatales. Pero hacia el 20 de agosto los sindicatos del sector público, controlados por militantes del P. Comunista, aceptan las fórmulas presupuestales preparadas por el gobierno.

Los ajustes en los sueldos no acompañan el aumento del costo de vida. Sin embargo, son presentados como victorias por la dirección sindical.



El conflicto en la banca oficial
Mientras tanto, en los bancos oficiales, el conflicto continúa. Los trabajadores enfrentan las medidas represivas llevadas adelante por el Presidente del Directorio del Bco. República, Santiago de Brum Carbajal, que intenta el procesamiento penal de jefes de sección, quienes, en cumplimiento de medidas gremiales, se negaron a realizar algunas tareas.

Se les intenta aplicar los artículos 143 inciso C. del Código Penal (“sedición”) o el 150 del mismo código de inspiración mussoliniana (“asociación para delinquir”).

Finalmente el fiscal Camaño Rosa pidió y obtuvo el procesamiento de 13 dirigentes y activistas bancarios por los delitos de “atentado con agravantes” y “omisión contumacial de los deberes del cargo” en función de las acciones gremiales desarrolladas antes del 9 de octubre.

9 integrantes del Consejo Directivo de AEBU y 4 militantes del gremio fueron encarcelados el lunes 6 de noviembre.

Según el abogado defensor Dr. R.Schurmann Pacheco, “el caso trasciende los 13 procesamientos para convertirse en un verdadero enjuiciamiento del derecho de huelga“. Este precedente, según la defensa, serviría para procesar a los responsables de nuevas huelgas futuras.

Para Schurmann no constituyen delito en atención de que las acciones de “compulsión” y “contumacia” integran el ejercicio del propio derecho de huelga.

Ante la acusación del fiscal Camaño (“los hechos imputados no constituyen una huelga por definición sino un bloqueo económico interno que estorbó indirectamente el libre ejercicio de una función ejecutiva concreta”), Schurmann sostiene que “los efectos de la huelga de índole nacional y pública, ya sea en el aspecto económico o institucional, no son directamente imputables a los procesados sino una realidad histórica representada por el resquebrajamiento de la política liberal y el empuje del dirigismo del Estado “.

Schurmann cita al Dr. Irureta Goyena:

No puede existir lesión del derecho, contra el derecho (…) los agentes (los acusados) actuaron en ejercicio de un derecho constitucionalmente consagrado: el derecho gremial de huelga “. (24 de noviembre).

La acusación pesa también sobre otros 400 gremialistas que son convocados a la Jefatura de Policía para ser interrogados sobre los paros (principios de octubre). Sanciones y procedimientos de este tipo no tenían precedente en la historia gremial del país. En ese contexto, el gremio no está dispuesto a levantar las medidas de lucha que se siguen cumpliendo.

Notas:
(1) La heterogeneidad política del gabinete era profunda. Hasta los más “progresistas” presentaban un cuadro confuso. En julio los diputados Uruguay Tourné, S. Giorello Abelenda y Silveira Zavala, del P. Nacional, presentan un pedido de interpelación al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Dr. Enrique Vescovi. Se votó con carácter de urgente y el Ministro fue acusado de: “ser Síndico de los prestamistas norteamericanos de las sociedades colaterales del Banco Transatlántico; haber propuesto y votado, en su situación personal respecto a los mismos; ser síndico de varias colaterales del mencionado Banco, entre ellos Beco, Aída, Crematosa, Clem Rex, Proba y otras”.



Leer: El 68 uruguayo (X)




















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