Cóndor vuela hacia Centro América

Las relaciones con Estados Unidos : (1976-1983)
La llegada al poder del régimen militar argentino en marzo de 1976 no pareció constituir en un primer momento motivo de conflicto con el gobierno republicano de Gerald Ford, dado que la emergencia de un gobierno autocrático en la Argentina fue percibida como una salida "necesaria" al caos generado por el gobierno de Isabel Perón. [1]

Así, desde Washington, medios de prensa y organismos oficiales emitieron evidentes gestos de la posición favorable de la administración Ford hacia el nuevo gobierno argentino. Un cable proveniente de la capital norteamericana informó acerca de la "buena disposición" con que el Fondo Monetario Internacional saludaba al régimen militar argentino, mencionándose la posibilidad de que el gobierno de Videla obtuviese un crédito stand-by por 300 millones de dólares. A su vez, el propio gobierno de Ford recomendó el envío a los militares argentinos de 49 millones de dólares en concepto de asistencia militar para el año 1977. Por cierto, estos gestos demostraron la positiva repercusión que en las autoridades y los hombres de negocios norteamericanos tuvo el plan liberal del ministro Martínez de Hoz, que apuntaba a la apertura financiera y la atracción del capital extranjero. [2] Desde la óptica de la administración Ford, la política económica de Martínez de Hoz era una "garantía de los intereses de la política económica exterior de los EE.UU." y el gobierno de Videla constituía "un factor de perfecta estabilización" después de "las luchas con características de casi guerra civil" en los años de las administraciones peronistas. [3]

Sin embargo, a partir de la asunción de James Carter el 20 de enero de 1977, hubo un cambio cualitativo en las relaciones bilaterales. La nueva administración demócrata estuvo obsesionada con dos cuestiones que la llevaron inevitablemente a chocar con el régimen militar argentino : las violaciones a los derechos humanos practicadas por el régimen militar y la prioridad que el gobierno argentino otorgó al desarrollo nuclear.

Respecto de la cuestión de derechos humanos, las críticas efectuadas por la administración demócrata y por los líderes de las socialdemocracias europeas a la represión en la Argentina hizo que los militares locales se sintieran "incomprendidos". En su particular percepción, las naciones de Occidente no captaban la real dimensión de la ofensiva mundial emprendida por el comunismo soviético y sus aliados. Frente a este Occidente que no parecía percibir la importancia de la amenaza comunista, o parecía claudicar frente a ella, la Argentina, por su experiencia en la lucha contra la subversión, constituía, junto con otras naciones de la región, el "Extremo Occidente", que, a diferencia del dubitativo Carter, declaraba la "Tercera Guerra Mundial" contra el comunismo y sus aliados. [4]

Inmediatamente de instalada la nueva administración de Carter, en febrero de 1977 el secretario de Estado, Cyrus Vance, anunció ante la Subcomisión de Apropiaciones del Senado la reducción de ayuda militar a la Argentina, debido a las violaciones de derechos humanos practicadas por el gobierno de Videla. La Junta Militar argentina consideró la decisión una intromisión en los asuntos internos y rechazó la totalidad de la ayuda crediticia norteamericana. [5]

No obstante, cabe destacar dos elementos importantes respecto de la política de promoción y defensa de los derechos humanos de la administración Carter en la Argentina. El primero de ellos es que esta política podía aplicarse sin costos en un país considerado estratégicamente irrelevante en términos de los "intereses vitales" de la Casa Blanca. Mientras el gobierno de Carter fue indiferente a las violaciones efectuadas por regímenes militares de países estratégicamente relevantes para Washington, tales como los de Arabia Saudita o Corea, intentó aplicar duras sanciones al gobierno militar argentino. Por cierto, la "irrelevancia" estratégica de la Argentina permitió al gobierno de Carter impulsar una política de sanciones al régimen militar sin sufrir consecuencias. Pero esta política impulsada por la administración demócrata no tuvo por objetivo central la promoción de la democracia en la Argentina. Tan sólo se limitó a aprovechar los bajos costos de aplicar una política coercitiva en un país de status irrelevante como la Argentina. Asimismo, la aplicación de esta política frente al régimen militar argentino tuvo la ventaja adicional de responder a los reclamos morales de los "cruzados" o "principistas" en el Congreso y en la opinión pública norteamericanos, siempre presentes pero particularmente intensos luego de los síndromes de la guerra de Vietnam y del escándalo Watergate. [6]

El segundo elemento a tomar en cuenta respecto de la aplicación de la política de derechos humanos de Carter es que, si bien dicha política podía tener un bajo costo en términos estratégicos, ello no significaba que contara con un sólido consenso o que su aplicación fuera necesariamente exitosa. El ala liberal del Departamento de Estado pudo condenar las violaciones a los derechos humanos practicadas por el régimen de Videla, y con ello satisfacer los apetitos morales de los "cruzados". Pero esta actitud fue abiertamente criticada por los sectores "pragmáticos" que, dentro y fuera del gobierno de Carter, percibieron que el perfil "principista" adoptado por la Casa Blanca hacia el régimen militar argentino podía afectar intereses políticos y económicos de Estados Unidos en la Argentina. Después de todo, el de Videla fue un gobierno anticomunista que además practicó una política económica que favorecía las inversiones norteamericanas. Partiendo de este razonamiento exento de pruritos ideológicos, la línea "dura" impulsada desde el Departamento de Estado fue públicamente criticada por funcionarios que respondieron a la línea "pragmática" de la administración Carter, tales como el embajador norteamericano en Buenos Aires, Robert Hill, [7] y el secretario para Asuntos Interamericanos, Terence Todman. [8]

Asimismo, en 1978 el frustrado intento del Departamento de Estado de vetar los créditos del Eximbank a la Argentina como "castigo" por las violaciones a los derechos humanos practicadas por el régimen militar fue un claro caso del influyente peso de los sectores "pragmáticos" en su puja con los "cruzados". A pesar de los esfuerzos de Carter y de los miembros del Departamento de Estado, el Eximbank continuó sus operaciones con la Argentina. Sus créditos pasaron de 27,4 millones de dólares en 1978 a 32,7 millones en 1979 y 79,2 millones en 1980. [9] Este resultado, que evidenció la debilidad de la política impulsada por el ala liberal del Departamento de Estado, fue producto de la presión ejercida en contra de esta sanción por numerosos representantes del sector privado norteamericano, ( [10] y de las excelentes relaciones del ministro de Economía argentino Martínez de Hoz con los representantes del ámbito financiero de Wall Street, las autoridades del Departamento de Tesoro y el propio presidente del Eximbank, John Moore. [11]

Asimismo, por el lado de las agencias gubernamentales, tampoco tuvo éxito el esfuerzo de Carter de "castigar" la violación de derechos humanos por parte del gobierno militar argentino con el bloqueo de créditos. Por cierto, el tan publicitado "poder de veto" de los representantes oficiales norteamericanos en los organismos multilaterales de crédito, ejercido como repudio por las violaciones a los derechos humanos en la Argentina, fue inefectivo en la práctica. Los datos del Departamento de Tesoro revelan que la Argentina ocupó un lugar privilegiado en las garantías gubernamentales para créditos durante los conflictivos años de la administración Carter. En el rubro de los government contingent liabilities, para el 31 de marzo de 1979 la Argentina ocupaba el séptimo lugar de importancia, detrás de Corea, Brasil, Israel, Taiwán, Filipinas y México. Asimismo, en 1980 la Argentina fue uno de los "principales beneficiarios" del sistema generalizado de preferencias de Estados Unidos. En consecuencia, y en contra de lo que afirman la mayoría de los autores, no fueron los prestamistas privados los únicos que boicotearon la política de derechos humanos de Carter contra el régimen de Videla. [12]

Aprovechando el enorme prestigio externo del ministro de Economía Martínez de Hoz en los círculos financieros y empresarios norteamericanos, el gobierno de Videla intentó explicar a través de la figura de su "superministro" el carácter "indispensable" de la represión interna. Los contactos de Martínez de Hoz abarcaron a figuras tanto del ámbito empresario como gubernamental norteamericano, y excedieron las atribuciones propias de la cartera económica, al tocar temas eminentemente políticos, como la situación de los derechos humanos en la Argentina. [13]

A este canal de contacto con las autoridades económicas y políticas de la Casa Blanca protagonizado por el ministro de Economía, el gobierno de Videla agregó otros dos. Uno de ellos fue el canal diplomático formal, integrado por el entonces segundo canciller del Proceso, vicealmirante Oscar Antonio Montes, y por los funcionarios de la Cancillería -entre los que se destacó el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Aja Espil-. El otro fue la diplomacia personal del presidente Videla, quien procuró contactos directos con el presidente Carter y otras autoridades norteamericanas con el fin de mejorar la imagen negativa del gobierno en Washington.

Respecto del canal integrado por el canciller y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo calificamos como formal en tanto su margen de maniobra estuvo condicionado por dos factores : su subordinación a las órdenes emanadas de la Armada y su puja por espacios de poder con la "diplomacia económica" del ministro Martínez de Hoz. No obstante estas limitaciones, la diplomacia formal desplegó una intensa actividad, destinada a "aclarar" la "verdadera" situación argentina en los foros multilaterales. Así, durante la Séptima Asamblea General de la OEA realizada en junio de 1977 en Grenada, el delegado argentino Juan Carlos Arliz presentó un proyecto de resolución donde denunció como una "concepción liberal obsoleta", la tesis respaldada por Carter de que los gobiernos son los causantes exclusivos de las violaciones a los derechos humanos. Arliz sostuvo que la OEA debía ocuparse de los casos "cometidos por individuos o grupos terroristas", y que debía cooperar "con los gobiernos que enfrentan al terrorismo". Por su parte, el canciller argentino, vicealmirante Oscar Antonio Montes, propuso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo de la OEA destinado a inspeccionar la actuación de los diversos gobiernos de la región en materia de derechos humanos, ampliara su competencia a los casos de violaciones causadas por grupos subversivos. Para defender su posición, Montes recordó los atentados subversivos contra su antecesor, el canciller Guzzetti, y contra el canciller salvadoreño, Mauricio Borgonovo. No obstante los esfuerzos de la delegación argentina, la tesis triunfante fue la sostenida por Estados Unidos, Costa Rica y Venezuela, que afirmaba que ninguna circunstancia justificaba "la tortura, la ejecución sumaria o la detención prolongada, sin juicio, en forma contraria a la ley". [14]

El segundo canal, el de la diplomacia personal de Videla, se puso en práctica en una serie de contactos bilaterales que tuvieron lugar durante la segunda mitad de 1977 -la visita del subsecretario de Asuntos Interamericanos, Terence Todman, a Buenos Aires en agosto ; [15] la del presidente Jorge Videla a Washington en septiembre para asistir a la firma de los tratados de Panamá ; [16] y la del secretario de Estado, Cyrus Vance, en noviembre- [17]. Estos contactos no produjeron ningún cambio esencial en la relación entre Washington y Buenos Aires, a pesar de las afirmaciones del gobierno y de la mayoría de los medios de prensa, que, ante cada visita, hablaron interesada o apresuradamente de "giro" de las relaciones o de comienzo de un período de "entendimiento recíproco". [18] Muy por el contrario, las autoridades norteamericanas reforzaron su convicción acerca del carácter represivo del régimen militar argentino. En particular, las condenas de Vance influyeron de manera crucial en el ánimo del asesor para Asuntos Interamericanos del presidente Carter, Bob Pastor. Este, a su vez, jugó un rol decisivo en la aprobación por parte del Congreso norteamericano de la llamada enmienda "Humphrey-Kennedy" que prohibió la asistencia militar de Washington a la Argentina. [19]