Cóndor vuela hacia Centro América (II)

Decidido a empañar tanto el prestigio del "superministro" Martínez de Hoz en el exterior como los contactos del presidente Videla con funcionarios norteamericanos, el comandante en jefe de la Marina, almirante Massera no dudó en utilizar la cuestión de derechos humanos como un instrumento más para debilitar la autoridad presidencial. Así, en diciembre de ese agitado año de 1977, el jefe naval envió a dos oficiales superiores de la Armada a Washington y Nueva York. Estos desarrollaron contactos con dos funcionarios cercanos al presidente Carter, el senador demócrata neoyorquino, Jacob Javits, y el presidente del Consejo de Asuntos Hemisféricos, Lawrence Birns. El mensaje enviado por Massera a los funcionarios de la Casa Blanca era el siguiente : la Marina deseaba la transferencia de las áreas militares a la jurisdicción de las cortes civiles, el retorno de la democracia y el mejoramiento de las relaciones con Washington, pero la cerrada oposición de Videla y del Ejército -respaldados por el gobierno norteamericano- impedía la concreción del plan de apertura política. Los enviados de Massera sostuvieron que la imagen que en Estados Unidos se tenía de la Armada como representante de la línea dura de la represión se debía en realidad a la ineptitud de Videla. Incluso transmitieron a los funcionarios norteamericanos la voluntad de la Armada de publicar la lista completa de detenidos y desaparecidos que hubieran tenido lugar desde la visita de Vance en noviembre. [20]

Hacia la segunda mitad de 1978, una conjunción de factores internos y externos llevó a que tanto en Washington como en Buenos Aires el tenor de las declaraciones respecto de la espinosa cuestión de los derechos humanos disminuyera. Por el lado del gobierno de Estados Unidos, esta flexibilización estuvo vinculada a dos factores. En primer lugar, a la existencia de sectores internos con intereses estratégicos, financieros y comerciales en la Argentina, que se opusieron a la política de sanciones impulsada por el Departamento de Estado. Entre ellos, vale citar al Departamento de Tesoro, los militares y algunas empresas norteamericanas. En segundo término, a la adopción de una actitud de mayor pragmatismo por parte del propio gobierno demócrata, que incluyó declaraciones respecto del mejoramiento relativo de la situación de los derechos humanos en la Argentina, como la del portavoz del entonces subsecretario de Asuntos Interamericanos, Vyron Vaky, en septiembre de 1978. Esta actitud de Washington se debió a la emergencia de conflictos en distintas partes del mundo -las crisis de Irán, Angola, Nicaragua y Afganistán- de mayor prioridad que la violación de los derechos humanos por parte del régimen militar argentino. [21]

Por el lado de las autoridades de Buenos Aires, hubo una explícita intención -impulsada por la Secretaría de la Presidencia- de que el gobierno de Videla evitara las críticas al gobierno norteamericano, colocando la responsabilidad de la situación no exclusivamente en Washington sino en la falta de "comprensión mutua" en determinados funcionarios del Ejecutivo y miembros del Poder Legislativo. [22] Así se concretó, por iniciativa del vicepresidente norteamericano Walter Mondale, una entrevista entre éste y el presidente argentino Videla en Roma en septiembre de 1978, en ocasión de la ceremonia de entronización del Papa Juan Pablo I. En este encuentro, ambas partes llegaron a un acuerdo, por el cual el Departamento de Estado prometía rever su política de no autorizar al Eximbank la financiación del proyecto hidroeléctrico de Yacyretá, en tanto Videla se comprometía a permitir el ingreso a la Argentina de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para constatar la situación de esos derechos en el país. Por cierto, en estos gestos de "conciliación" de la administración demócrata tuvo mucho que ver la incidencia de los sectores empresariales y financieros con intereses en el mercado argentino, quienes percibieron que la política del "garrote" podía perjudicar sus inversiones. [23]

Pero al mismo tiempo esta flexibilización de la administración Carter que apuntó a disuadir al régimen militar con "zanahorias" económicas para que suspendiera las violaciones a los derechos humanos, se vio limitada en la práctica por la injerencia de los "cruzados" norteamericanos que presionaron precisamente en la dirección contraria desde el Congreso. En consecuencia, la política del "garrote" hacia la Argentina volvió a evidenciarse, provocando nuevas fricciones entre Washington y Buenos Aires. Así, a pesar de los esfuerzos "moderadores" del Ejecutivo, el Congreso decidió poner en vigencia, el 1º de octubre de 1978, la enmienda Humphrey-Kennedy a la Sección 620-B de la ley norteamericana de Ayuda Exterior -que había sido aprobada por el Legislativo en agosto de 1977-. Por esta enmienda, se suspendió toda ayuda militar a la Argentina bajo la forma de créditos, donaciones, garantías de préstamos, ventas y licencias para exportación acordados con posterioridad al 30 de septiembre de 1978. [24]

Junto a la suspensión de la ayuda militar, otro fracaso en los intentos del gobierno de Videla por granjearse la buena voluntad de la administración Carter fue la repercusión negativa que tuvo la presencia en Buenos Aires de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), [25] entre los días 6 y 20 de septiembre de 1979. Dicha presencia intentó ser políticamente explotada tanto por los dirigentes de los partidos políticos, [26] como por los sectores "duros" del Ejército y la Marina, quienes nunca estuvieron de acuerdo con la decisión de los sectores "blandos" o "videlistas" de permitir la visita del organismo a la Argentina. [27]

Pero las reacciones de repudio a la visita de la CIDH no se limitaron a los sectores "duros" del Ejército y la Marina. En una curiosa demostración de respaldo a la política antiterrorista aplicada por la Junta Militar argentina, una serie de agrupaciones mayoritariamente vinculadas a los sectores agroganadero y empresarial -entre ellas la Cámara Argentina de Frigoríficos, la Sociedad Rural Argentina, el Rotary Club de Buenos Aires, el Centro de Exportadores de Cereales, la Federación de Cámaras de Exportadores de la República Argentina, el Centro Argentino de Ingenieros, la Cámara Argentina de Productos Avícolas, la Unión General de Tamberos, el Consejo Empresario Argentino y el Consejo Publicitario Argentino- emitieron la siguiente solicitada de respaldo al gobierno argentino :

Los Argentinos queremos decirle al mundo : Los Argentinos estuvimos en guerra. Todos la vivimos y sufrimos. Queremos que el mundo sepa que la decisión de entrar en la lucha que provocó e impuso la subversión, no fue privativa de las Fuerzas Armadas. Tampoco fue privativa del Gobierno Argentino. Fue una decisión de Argentinos. Todos, absolutamente todos los hombres de buena voluntad que habitan el suelo argentino, pedimos en su momento a las Fuerzas Armadas que entraran en guerra para ganar la Paz. A costa de cualquier sacrificio. Y todos deseamos que la guerra terminara cuanto antes. Hoy, la guerra terminó, aunque no la vigilia. (...) Las instituciones que (...) firmamos, queremos refrendar de esta manera nuestro apoyo a aquella dolorosa pero imprescindible decisión. Aunque en idénticas circunstancias volveríamos a actuar de idéntica manera, quiera Dios que nunca tengamos que pagar este precio para vivir en Paz. [28]

Por su parte, la llamada "Agrupación Democrática Argentina" emitió una declaración de enfático repudio al informe de la CIDH, sosteniendo que :

(...) nuestras Fuerzas Armadas, lejos de ser ponderadas por la victoria obtenida sobre la subversión, resultan absurdamente vilipendiadas y condenadas. Ante este desconcertante informe, es muy lógico que para el ciudadano medio, el proceder de los Estados Unidos se torne ininteligible, en un indescifrable jeroglífico (...). [29]

A fines de marzo de 1980, el canciller Carlos Washington Pastor intentó descomprimir la tensa situación creada por la visita de la CIDH, sosteniendo que "no hay derecho moral ni material" para investigar a la Argentina. [30]

Cuando en abril de 1980 se conoció oficialmente en la Argentina el dictamen negativo de la CIDH, el gobierno de Videla se vio obligado a responder con un extenso documento que acusaba al informe de no guardar "los requisitos de ecuanimidad y objetividad que deberían ser indispensables en un documento de tanta importancia". Asimismo, sostenía que dicho informe utilizaba "elementos distorsionantes de la verdad", ignorando "la realidad argentina de la última década, sin cuyo conocimiento acabado es imposible la comprensión de la situación actual y del pasado reciente". [31]

Asimismo, el gobierno argentino decidió revertir su negativa imagen externa a través de una intensa campaña de relaciones públicas en Estados Unidos. Con este objetivo, la embajada argentina en Washington publicó un boletín mensual titulado Argentina y distribuido a personas influyentes en los sectores privado y público de la sociedad norteamericana. Asimismo, el embajador Aja Espil estableció sólidos vínculos con grupos conservadores de Estados Unidos, contando con la colaboración de la Fundación Heritage de Washington y el senador Jesse Helms. En 1980, una empresa editora norteamericana privada, la Southern Cone Publishing & Advisory Services, Inc., fue contratada por la embajada para que se ocupara de distribuir materiales impresos sobre la "verdadera" realidad argentina, entre ellos un nuevo boletín mensual titulado Argentine Report. También, especialmente entre 1980 y 1983, se organizaron seminarios donde se reunieron argentinos y norteamericanos para analizar temas de política exterior. [32]

Paradójicamente, la presión ejercida desde Washington como "castigo" a la violación de derechos humanos produjo el fortalecimiento de los sectores militares "duros". [33] Este fue precisamente el efecto contrario al buscado por el presidente Jimmy Carter y por la directora de la Oficina de Derechos Humanos, Patricia Derian. Carter y Derian no percibieron que, en gran medida, la estabilidad del presidente Videla frente a sus colegas militares estaba condicionada no sólo por el éxito del plan económico, sino también por su capacidad para resistir la campaña externa en repudio a la política de derechos humanos del régimen, que se convirtió en un leitmotiv que tiñó la agenda bilateral durante los años 1978 a 1980. Debido a la percepción que los sectores nacionalistas tanto militares como civiles tuvieron de la presión norteamericana como un caso inaceptable de interferencia externa, Videla no podía transigir en esta cuestión sin correr el riesgo de perder legitimidad frente a sus pares. [34]

Cabe agregar que luego de la visita de la CIDH en septiembre de 1979, los militares norteamericanos, opuestos a la política de derechos humanos impulsada por la administración demócrata, tuvieron contacto con sus colegas argentinos. Entre éstos contactos, pueden mencionarse el viaje a Buenos Aires del teniente general del Ejército, Gordon Summer, en noviembre de 1979 ; y el del teniente general del Ejército, Daniel Graham, asesor del candidato republicano a la presidencia Ronald Reagan, en junio de 1980. En la conferencia que diera a su paso por Buenos Aires, Summer estableció claramente sus diferencias de enfoque con la política de derechos humanos impulsada por Carter y Derian :

Estoy especialmente preocupado por la polarización de este hemisferio (...) donde los Estados Unidos han dividido a toda la América latina en dos grupos : los de 'sombreros blancos' -en los Estados Unidos los buenos- que son los dictadores de izquierda que 'defienden los derechos humanos', y los de 'sombreros negros' que son todos los demás. A éstos, bajo la retórica internacional, se les niega la entrada a los mercados internacionales, de dinero, etcétera. Y, estratégicamente, el hemisferio está siendo sacrificado sobre el altar de los derechos humanos. [35]