Cóndor vuela hacia Centro América (III)

Por su parte, el teniente general Daniel Graham sostuvo un mensaje muy agradable a los oídos de los militares argentinos :

(...) la Argentina y el Cono Sur es de mucha importancia para la defensa de Occidente. Como los buques petroleros de Occidente (...) que llevan el fluido a Estados Unidos o a Europa, atraviesan el Atlántico Sur, la Argentina tiene una gran importancia estratégica por su posición geográfica. [36]

En una disertación organizada por el Instituto para el Desarrollo del Empresariado Moderno (IDEM), Graham dio un paso más, definiendo a la Argentina como un "gobierno amigo", y prometiendo un cambio en las relaciones bilaterales a partir de la llegada de Reagan a la presidencia norteamericana, pues el candidato republicano "trataría al mundo tal como es y no como algunos idealistas dicen que es". [37]

No obstante la creciente resistencia de algunos sectores a su política de derechos humanos, Carter mantuvo sus ataques al régimen militar argentino. Esta actitud quedó demostrada en la Décima Asamblea General de la OEA en noviembre de 1980, cuando la delegación norteamericana presentó un proyecto que proponía individualizar en la resolución final del organismo interamericano los nombres de los países donde, según los informes de la CIDH, éstos habían sido violados. Mientras los representantes estadounidenses sostuvieron que la no mención individualizada de los países comprendidos en los informes debilitaba las funciones de la Comisión como órgano supervisor de la forma en que los estados debían respetar los derechos humanos, la delegación argentina interpretaba esta actitud norteamericana como un paso discriminatorio de Washington contra el gobierno de Buenos Aires, que en nada contribuía a fortalecer el espíritu de cooperación regional frente a amenazas relevantes como la ofensiva cubano-soviética en el continente. [38]

En esta reunión de la OEA, el presidente de la CIDH, el norteamericano Tom Farrer, leyó el informe sobre la situación de derechos humanos en la Argentina, el cual sostenía la persistencia de "signos de dura represión". La lectura de este informe contó con la presencia de las Madres de Plaza de Mayo. Su contenido fue enfáticamente rechazado por el embajador argentino ante el organismo panamericano, Raúl Quijano, quien afirmó que el informe de la Comisión :

parece reconocer que en la Argentina hubo una verdadera guerra provocada por la subversión terrorista pero, por la otra, pretende analizar algunas de sus consecuencias sin prestar la debida atención a ese factor fundamental de alteración.

Quijano añadió que la OEA "debe ser un foro para promover la cooperación entre nuestros países y no un campo de confrontación". El choque de las posiciones argentina y norteamericana llegó a un punto tal que la Argentina amenazó con retirarse de la OEA y la reunión estuvo a punto de fracasar. Finalmente, la gestión mediadora de la mayoría de los países latinoamericanos llevó a una resolución final, cuyo texto representó una transacción entre las posiciones extremas de Buenos Aires y Washington. Como suele ocurrir, esta solución intermedia no conformó a ninguna de las partes. Contra lo que deseaba Carter, la resolución no condenaba a la Argentina, pero la mencionaba, poniendo en una situación incómoda al gobierno de Videla. [39]

Junto con la espinosa cuestión de los derechos humanos, la vocación de los militares argentinos por un desarrollo nuclear independiente fue otro tema que generó roces con Washington. En este sentido, la gestión del almirante Carlos Castro Madero al frente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) continuó con la preferencia por la utilización del uranio natural iniciada durante el gobierno de Onganía. El propio titular de la CNEA se encargó de explicar que la opción por el uranio natural implicaba "la independencia del monopolio de uranio enriquecido que estaba prácticamente en manos de los Estados Unidos." [40]

Un avance de la administración Carter en sus esfuerzos por convencer al gobierno militar de que firmara el Tratado de No Proliferación Nuclear y el Tratado de Tlatelolco tuvo lugar durante la visita del secretario de Estado norteamericano, Cyrus Vance, a Buenos Aires en noviembre de 1977. En dicha ocasión, los representantes de los gobiernos argentino y norteamericano firmaron un comunicado conjunto, donde el régimen de Videla hizo una ambigua referencia a su intención de ratificar el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina. [41]

Para impulsar la política de no proliferación, la administración Carter sancionó la Non Proliferation Act en 1978. Esta fue juzgada por los militares argentinos como un acto discriminatorio, que apuntaba a cercenar el "derecho" de la Argentina a poseer un desarrollo autónomo en esta materia. En octubre de 1978 Castro Madero efectuó una terminante declaración en Washington, sosteniendo que "la Argentina seguirá adelante con sus planes de construir una planta de reprocesamiento de uranio". Por cierto, este paso significaba la posibilidad de que el régimen militar argentino construyera una bomba atómica. Si bien las autoridades de Buenos Aires expresaron en innumerables ocasiones la vocación pacífica que orientaba el desarrollo del Plan Nuclear, estos gestos no constituyeron señales tranquilizadoras para la Casa Blanca. Desde la sanción de la Non Proliferation Act, el gobierno de Carter estaba embarcado en la tarea de evitar desarrollos nucleares en aquellos países que no aceptaran las inspecciones a sus instalaciones, disposición contemplada por el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) de 1968. Precisamente la Argentina estaba ubicada en la categoría de países "rebeldes" que aspiraban a un desarrollo nuclear independiente sin aceptar los controles internacionales establecidos en el TNP. En este conflictivo contexto, las palabras de Castro Madero provocaron inquietud entre los miembros de la administración Carter, quienes hicieron un llamamiento para que "se detenga ese programa hasta tanto haya mayores salvaguardias para la no proliferación nuclear". [42]

A pesar de las objeciones de Washington al ambicioso programa nuclear argentino, el presidente de la CNEA subrayó la "vocación pacífica" del mismo en la Vigésimo Tercera Reunión de la Conferencia del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que se celebró en Nueva Delhi en diciembre de 1979. Basándose en este argumento, Castro Madero reiteró las críticas al sistema de salvaguardias del OIEA establecido por el TNP, sosteniendo que un plan nuclear de índole pacífica como el argentino no debía ser interferido con la excusa de la política de no proliferación. Asimismo, anunció la renuncia argentina al programa de asistencia del organismo multilateral, pues según el titular de la CNEA dicha asistencia "no alcanza el nivel adecuado en los terrenos de la ingeniería y de la tecnología nuclear, que son las urgentes necesidades del país". [43]

Por cierto, el gobierno argentino pudo superar las restricciones a la transferencia de tecnología impuestas por Washington como represalia por no firmar el TNP y no ratificar Tlatelolco. A pesar de este inconveniente, el régimen militar encontró otros proveedores para seguir adelante con su Plan Nuclear. Así, a mediados de marzo de 1980 la empresa suiza Suizer Brothers firmó con la CNEA un contrato para la provisión y montaje de una planta de agua pesada. [44]

Por su parte, a principios de mayo del mismo año, la empresa alemana Kraftwerk Union AG firmó un acuerdo con la CNEA para la construcción de la central nuclear Atucha II, que fue la primera construida con un sistema de no "llave en mano". Este acuerdo, junto con un convenio firmado con las empresas Kraftwerk Union AG y Maschinenfabrik Ausburg-Nuremberg de Alemania y Voest Alpine Aktiengesehischaft de Austria, sobre provisión de energía y asistencia a la fabricación de componentes pesados para centrales nucleares, fueron aprobados por el gobierno argentino en enero de 1981. [45]

Ante la falta de adhesión de países como Canadá, la URSS y Alemania Federal a las restricciones en la transferencia de tecnología nuclear a la Argentina impuestas por el gobierno de Carter, las autoridades de la Casa Blanca decidieron enviar una serie de misiones cuyo objetivo fue lograr la adhesión al TNP por parte de los militares argentinos. De este modo, en marzo de 1980 tuvo lugar la misión del embajador especial Gerald Smith, quien no logró ningún resultado. Igual suerte corrió la misión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, encabezada por su presidente John W. Wydler, que llegó a Buenos Aires a principios de abril del mismo año, con el objetivo de "superar las diferencias existentes en materia de transferencia de tecnología nuclear". [46]

Por otra parte, a principios de enero de 1980, la administración Carter anunció una serie de medidas destinadas a "castigar" la invasión soviética a Afganistán iniciada en diciembre de 1979. Entre ellas se destacó el embargo de 17 millones de toneladas de cereales que habían sido anteriormente solicitados por las autoridades de Moscú. Pocos días después el gobierno norteamericano convocó a los grandes productores mundiales de granos -Argentina, Australia, Canadá y la Comunidad Económica Europea- a una reunión en Washington, con el objeto de crear un "frente occidental" de repudio a las acciones militares soviéticas en Kabul.

La propuesta norteamericana y sus efectos en el comercio exterior argentino fueron evaluados en dos reuniones realizadas en el Ministerio de Economía en el mismo mes de enero, que contaron con la participación de funcionarios de Economía y Cancillería y del presidente de la Junta Nacional de Granos. En dichas reuniones se resolvió recomendar al gobierno la no participación en el boicot cerealero, así como el envío de un grupo más técnico y menos político al encuentro de países productores de granos en Washington, con el objetivo de demostrar que el gobierno argentino no estaba dispuesto a negociar su adhesión al embargo. En una reunión del día 9, el ministro de Economía Martínez de Hoz propuso al presidente Videla asumir una posición pragmática que rechazara el embargo y a la vez condenara la invasión soviética a Afganistán. Dicha propuesta fue aceptada por Videla y contó con el respaldo del entonces canciller, brigadier Carlos Washington Pastor. [47]

El día 10 de enero ocurrieron dos importantes acontecimientos. Uno fue el anuncio oficial, a través de un comunicado de la Cancillería, de la posición adoptada tanto respecto de la invasión soviética a Afganistán como del embargo cerealero dispuesto por la administración Carter contra las autoridades del Kremlin. Respecto de la primera cuestión, el comunicado reafirmaba la pertenencia de la Argentina a Occidente "por vocación y destino" y condenaba la intervención militar soviética en Afganistán "con absoluto menoscabo de toda norma o principio". Respecto del embargo, el comunicado sostenía la negativa del gobierno a "participar en decisiones o actitudes punitorias que se hayan adoptado sin nuestra intervención previa y que surjan de centros de decisión ajenos al país". Asimismo, la declaración de la Cancillería dejaba en claro el desacuerdo de las autoridades de Buenos Aires con el embargo como medio de castigar la actitud soviética, al afirmar que "es una constante de la política exterior argentina la no utilización de sanciones económicas como forma de presión o punición en el ámbito de las relaciones políticas entre los países". [48]