Al día siguiente, exactamente uno antes de la reunión de países productores de granos que debía celebrarse en Washington, Carter envió una carta a su colega argentino, en la que calificaba la invasión soviética a Afganistán como una "agresión" que afectaba "la paz y la estabilidad". Apelando a las tradiciones "occidentales" de la Argentina, el mandatario demócrata sostuvo en su carta que "ninguna nación comprometida con la paz y la estabilidad puede continuar haciendo negocios como siempre con la Unión Soviética". [49] En su respuesta a Carter, Videla reafirmó la pertenencia "fervorosa" de la Argentina a Occidente y sostuvo que su gobierno había condenado la invasión soviética a Afganistán con el voto en la ONU, pero que ello no excluía -en forma acorde con la declaración del 10 de enero- "la decisión de no secundar medidas adoptadas en forma unilateral y sin consulta". [50] En la reunión de productores de granos que tuvo lugar en Washington, los representantes norteamericanos presionaron reiteradamente a la delegación argentina con el fin de obtener la promesa de que las autoridades de Buenos Aires no intentarían "sacar ventaja" de la situación de embargo de granos a Moscú. Para disipar estos temores, tanto el titular de la Junta Nacional de Granos David Lacroze desde Washington, como el secretario de Agricultura Jorge Zorreguieta desde Buenos Aires, sostuvieron en forma unánime que la Argentina no participaría del embargo, pero tampoco vendería granos adicionales a la URSS, aunque ambos representantes dejaron librado al mercado y a los exportadores privados la decisión final de incrementar las ventas a Moscú en respuesta a una ampliación de la demanda. En la práctica, la promesa de las autoridades argentinas se limitó a lo que vendía el Estado -que era una parte ínfima del total de exportaciones de granos a la URSS-. El grueso de dichas exportaciones, en manos privadas, no se vio afectado por las promesas de Lacroze y Zorreguieta. [51]
Las presiones de Washington sobre el gobierno argentino continuaron, pues la administración Carter no confió en el compromiso asumido por las autoridades de Buenos Aires de no renovar los convenios comerciales con Moscú. Para ello envió a Buenos Aires, a fines de enero de 1980, al comandante de la Academia Militar de West Point, general Andrew Jackson Goodpaster, quien sólo obtuvo la promesa del ministro Martínez de Hoz de que la Junta Nacional de Granos no tomaría nuevos compromisos con la URSS. Finalmente, la misión Goodpaster no tuvo éxito, dado que, tras su visita, el intercambio comercial con Moscú, se incrementó. Por cierto, este crecimiento estuvo impulsado más por los intereses de los productores argentinos de aprovechar el mercado soviético, que -como pensaron en su momento algunos funcionarios norteamericanos- por el deseo de "venganza" del gobierno militar debido al "maltrato" que las autoridades de Washington le prodigaban en materia de derechos humanos. [52]
Asimismo, también fracasaron los esfuerzos de Goodpaster por atraer a los sectores más duramente anticomunistas de las Fuerzas Armadas a través de argumentos ideológicos, tales como el peligro de que la dependencia comercial argentina respecto de la URSS pasara al plano político. Pero paradójicamente, los sectores "duros", enemigos de la dupla Videla-Martínez de Hoz en la mayoría de los temas de agenda interna y exterior, respaldaron la decisión del gobierno argentino de no sumarse al embargo cerealero contra la URSS, por dos razones. En primer lugar, la decisión adoptada por Videla y Martínez de Hoz aparecía ante los ojos de estos sectores como un ejemplo de política exterior independiente. En el segundo, el rechazo a la estrategia norteamericana permitía a estos sectores canalizar su disgusto respecto de la política de derechos humanos adoptada por la administración demócrata. [53]
Unos meses más tarde, el gobierno de Videla decidió prohibir la participación de deportistas argentinos en los Juegos Olímpicos de Moscú, como manifestación de repudio a la intervención soviética en Afganistán. Con esta decisión, el régimen militar pretendió demostrar su vocación "occidental", pero sin dejar de hacer negocios con Moscú. [54]
Otro tema que se presentó en las relaciones argentino-norteamericanas durante el gobierno de Videla estuvo relacionado con el golpe militar que se produjo en Bolivia en julio de 1980. La actitud protagónica del gobierno argentino en dicho golpe que derrocó al presidente Hernán Siles Suazo provocó conflictos con la administración Carter. En el ámbito bilateral, el gobierno norteamericano decidió suspender la programada visita a Buenos Aires del subsecretario de Asuntos Hemisféricos William Bowlder -que representaba la continuación del diálogo iniciado en enero de 1980 por la misión Goodpaster-. Asimismo, dejó la embajada en la Argentina a cargo de un ministro y decidió no designar nuevo embajador hasta después de las elecciones norteamericanas previstas para noviembre de ese año. [55]
En el plano multilateral, el gobierno de Carter apoyó en la OEA un proyecto de resolución, presentado por Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que condenó enérgicamente el golpe militar en Bolivia y fue finalmente aprobado por el Consejo Permanente del organismo panamericano a fines de julio. Frente a este proyecto respaldado por Washington, el delegado argentino, Raúl Quijano, se abstuvo, fundando paradójicamente su postura en el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. [56]
Por cierto, el involucramiento argentino en América Central fue otra cuestión relevante en la agenda bilateral, que tuvo por protagonistas a los militares argentinos y a la Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA). Ambos sectores coincidieron en sus críticas a la actitud de apaciguamiento del gobierno de Carter respecto de los focos guerrilleros en América Central. En este sentido, vale recordar que la administración demócrata, a diferencia de sus antecesoras, percibió que estos conflictos tenían un origen exclusivamente local. Fuertemente influido por el enfoque de su secretario de Estado Cyrus Vance, Carter planteó que la intervención norteamericana en América Central y otros países del Tercer Mundo, lejos de contribuir a contener la expansión soviético-cubana como sostenían los sectores anti-comunistas, facilitaría su expansión, al enajenar a los sectores populares y volcar sus simpatías hacia los infiltrados izquierdistas. Aplicando este razonamiento en el caso nicaragüense, Carter hizo nada para prevenir el derrocamiento de la dictadura derechista de Anastasio Somoza a manos de los sandinistas en 1979. Mientras las anteriores administraciones, preocupadas por la contención de la infiltración comunista, respaldaron al régimen somocista, Carter optó por correr el riesgo de que llegara al gobierno un régimen izquierdista. Para una administración que recibió la herencia del exceso de intervención norteamericana en Vietnam, este costo era preferible al de intervenir en favor de una dictadura de derecha que además violaba los derechos humanos. Por cierto, el enfoque "regionalista" de Carter y Vance fue enfáticamente criticado por los sectores anticomunistas dentro y fuera del gobierno. Así, además de la oposición republicana, encabezada por el candidato presidencial Ronald Reagan, sumaron sus voces de protesta el asesor de Seguridad Nacional, Zbigniew Brzezinski, y los funcionarios del Departamento de Defensa. Estos sectores, percibieron la llegada al poder de los sandinistas con las lentes ideológicas de la Guerra Fría : esto es, como un triunfo del expansionismo cubano-soviético. [57]
El anticomunismo intervencionista de sectores del gobierno como la CIA encontró importantes aliados en los "halcones" militares argentinos, quienes se sentían incomprendidos por la política del "garrote" que Carter y Patricia Derian impulsaron contra el régimen de Videla. Los "cruzados" argentinos, decididos como sus contrapartes norteamericanos a combatir los focos de expresión izquierdista dentro y fuera del país, contaron con el aval de la CIA para jugar un rol crecientemente intervencionista en América Central, justificado por la conexión de los elementos de izquierda de esta subregión con emigrados argentinos provenientes de grupos ideológicamente afines, como el ERP, Montoneros o peronistas de izquierda. [58]
Existen diferentes interpretaciones acerca de la fecha de inicio de la intervención argentina en el área centroamericana. Según el académico norteamericano Riordan Roett, la misma comenzó supuestamente hacia fines de 1979, cuando el general Leopoldo Fortunato Galtieri, un "halcón", fue designado comandante en jefe del Ejército. Actuando como una agencia diplomática autónoma del Poder Ejecutivo, el Comando en Jefe del Ejército, conducido por Galtieri, envió asesores militares a Honduras, El Salvador y otros países del área. [59] De acuerdo con el académico argentino Roberto Russell, los contactos iniciales para el envío de militares y armas argentinos hacia la subregión centroamericana tuvieron ocasión de realizarse durante el denominado Cuarto Congreso de la Confederación Anticomunista Latinoamericana, celebrado en Buenos Aires en septiembre de 1980, foro en el que participaron diversos representantes de la extrema derecha latinoamericana. Entre éstos figuraron precisamente, el presidente de la organización cubana anticastrista de Miami Alpha 66, Andrés Nazario. Alpha 66 era una agrupación que oficiaba como conexión de la operación argentina en América Central. Asimismo, el presidente de este Cuarto Congreso fue el comandante del I Cuerpo de Ejército argentino, general Carlos Guillermo Suárez Mason, identificado con el ala más dura del Proceso, quien no dudó en extender al escenario centroamericano la Tercera Guerra Mundial contra el comunismo librada dentro de la Argentina. [60]
Sin embargo, el ex integrante del Batallón 601 del Ejército, Leandro Sánchez Reisse, y el periodista Daniel Santoro coinciden en sostener que la presencia argentina en América Central es muy anterior al arribo de Galtieri a la jefatura del Ejército. Comenzó en realidad en 1976, como una extensión regional de la lucha antisubversiva que se estaba llevando a cabo dentro del territorio argentino, y se prolongó hasta 1984. Desde 1976 a 1979, estuvo en manos de un "halcón", el comandante del I Cuerpo de Ejército, general Carlos Guillermo Suárez Mason. Pero a partir de 1978, la intervención encubierta de los militares argentinos en América Central se llevó a cabo a través del llamado Grupo de Tareas Exterior (GTE), creado en secreto por el batallón de Inteligencia 601, dependiente de la jefatura II de Inteligencia del Ejército. La función del GTE fue la de extender la lucha contra la guerrilla local al plano regional. La parte financiera del Grupo fue manejada por un agente civil del 601 : el licenciado en Administración de Empresas y oficial de nominación primera de ese batallón, Leandro Sánchez Reisse, quien abrió la casa de empeño Silver Dollar en Miami como cobertura legal del GTE. Sánchez Reisse financió a las fuerzas argentinas en El Salvador con conocimiento de la CIA y apoyo de los grupos anticastristas Omega y Alpha 66 de Miami. Mientras Sánchez Reisse estaba encargado de la parte financiera de esta "guerra sucia" contra elementos izquierdistas en América Central, oficiales del Ejército, de la Seguridad Federal y de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) comandaron y asesoraron a los elementos contrainsurgentes en Nicaragua, Honduras y Costa Rica. [61]
Por cierto, este creciente involucramiento argentino en el área centroamericana contó con el visto bueno de la CIA. Esta agencia mantuvo desde mucho antes de la llegada de la administración Reagan a la Casa Blanca, fluidos contactos con las dos figuras clave del GTE argentino -el mencionado Sánchez Reisse y el agente de inteligencia civil Raúl Guglielminetti. Los contactos de la CIA con los militares argentinos eran John Bull, un hacendado norteamericano radicado en Costa Rica ; el cubano-norteamericano Joe Sancho, y el abogado norteamericano Norman Faber. El último era socio de Sánchez Reisse en la empresa Argentshow, dedicada a la compra de programas de televisión y a la organización de giras de artistas norteamericanos, y que también servía de "pantalla" para operaciones secretas como la emprendida por el GTE. Faber era socio del titular de la CIA, William Casey, en la empresa Hold Dicker. Vale recordar que Casey fue uno de los responsables del escándalo en torno a la conexión "Irán-contras", que puso a la administración Reagan al borde de un nuevo "Watergate". [62]
Con el reemplazo de la administración demócrata de Carter por la del republicano Ronald Reagan en enero de 1981, se abrió una nueva etapa en las relaciones entre la Argentina y Estados Unidos. Por cierto, la llegada de Reagan a la Casa Blanca auguraba a Viola un horizonte más propicio al acercamiento que el que había caracterizado la gestión de Videla. Reagan, a diferencia de su antecesor, definió al comunismo como un "enemigo" cuya expansión no sólo había que contener, sino también revertir. Los militares argentinos celebraron tanto este discurso de cruzada de Reagan como la distinción hecha por Jeanne Kirkpatrick entre regímenes autoritarios -dictaduras de derecha que Estados Unidos debía respaldar debido a su anticomunismo- y regímenes totalitarios -de orientación izquierdista y por ende amenazantes para los intereses estratégicos de Estados Unidos y del conjunto de Occidente-. [63]
De acuerdo con una entrevista efectuada al canciller de Viola, Oscar Camilión, en las relaciones con Estados Unidos el gobierno argentino partió de su autodefinición como "occidental", aunque sin excluir la existencia de "campos parciales de discrepancia" tales como la política nuclear, la cuestión de las islas Malvinas, los derechos humanos y los problemas comerciales. Camilión también reconocía puntos de concordancia entre las percepciones argentina y norteamericana a partir de la llegada de la administración Reagan, tales como la mutua preocupación por mantener la estabilidad en América Central frente a los grupos de izquierda. [64]
Basándose en la convicción de que la recomposición de relaciones con Washington era una alternativa viable tras el alejamiento de Carter, el gobierno de Viola trabajó en esa dirección. Antes de asumir su cargo, en marzo de 1981 Viola, acompañado por Camilión, realizó un viaje a Estados Unidos. Viola procuró obtener de Washington alguna promesa de levantamiento del embargo a la ayuda militar, lo cual fortalecería su autoridad en el frente interno.
Respecto de la crisis centroamericana, Viola y Camilión prefirieron mantener un bajo perfil, temerosos de que la expansión revolucionaria en el área tuviera efectos negativos en la propia estabilidad política del gobierno argentino. Así sucedió en el caso de Nicaragua, frente a la junta sandinista que derribó la dictadura de Anastasio Somoza en 1979. En cuanto a El Salvador, la Argentina respaldó política y económicamente el régimen del líder demócrata cristiano José Napoleón Duarte, oponiéndose a la declaración franco-mexicana de agosto de 1981, que reconoció al movimiento guerrillero Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), fuerza opositora al gobierno de Duarte. Incluso la Cancillería argentina trabajó en forma conjunta con el Departamento de Estado norteamericano en el ámbito de la OEA con el objetivo de obtener consenso multilateral para las elecciones previstas para marzo de 1982 en ese país centroamericano. No obstante, y a diferencia de lo que esperaban escuchar los "halcones" militares argentinos y norteamericanos, el respaldo económico del gobierno de Viola a las autoridades salvadoreñas no incluiría la ayuda militar, de acuerdo con lo que el propio canciller Camilión le transmitió a las autoridades de Washington en sus contactos de fines de agosto de 1981. [65]
El acercamiento entre las posiciones de los gobiernos argentino y norteamericano respecto de la cuestión salvadoreña se reveló con toda claridad en ocasión de la Undécima Asamblea General de la OEA en Santa Lucía, en diciembre de 1981. En dicho foro, el canciller Camilión sostuvo al término de una reunión con el secretario de Estado Alexander Haig la "coincidencia muy amplia" alcanzada con Washington en la apreciación del problema salvadoreño. Además, la delegación argentina respaldó el proyecto de resolución presentado por El Salvador, Honduras y Costa Rica, que, en coincidencia con el enfoque oficial norteamericano, apoyaba la apertura de un proceso electoral y condenaba el estímulo de los sandinistas nicaragüenses a la guerrilla salvadoreña. [66]
Pero mientras el presidente Viola y su canciller Camilión defendían en la OEA el principio de no intervención, el sector de los "halcones", liderados por el entonces comandante en jefe del Ejército, general Leopoldo Fortunato Galtieri, entrenaba a oficiales somocistas en lucha antisubversiva. Por cierto, guiado por el objetivo de desplazar al presidente Viola de su cargo, Galtieri montó una diplomacia militar paralela que halló eco en la administración republicana de Ronald Reagan, obsesivamente preocupada por la presencia del régimen sandinista en Nicaragua. Tanto para los "halcones" argentinos como para la Casa Blanca, no cabía ninguna duda de que el triunfo de la revolución sandinista, que tenía el poder en Nicaragua desde 1979, implicaba una puerta abierta a la infiltración comunista en la región. Esta común preocupación ya había motivado en febrero de 1981, la visita del enviado especial del secretario de Estado Alexander Haig, el general Vernon Walters, quien solicitó al presidente Videla, al comandante en jefe del Ejército Viola y al canciller Pastor información sobre la "intervención de naciones extracontinentales y de América" en el conflicto entre los guerrilleros marxistas y el gobierno salvadoreño. [67] En el mes de abril, ya con Viola sentado en el sillón de la Casa Rosada, se registró una nueva visita, la del jefe de Estado Mayor del Ejército norteamericano, general Edward Charles Meyer, quien se entrevistó directamente con el entonces comandante en jefe del Ejército Galtieri, con el fin de acordar un sistema de consultas periódicas entre los Ejércitos argentino y norteamericano. [68]
Por cierto, la visita de Walters a Buenos Aires evidenció la común vocación de los "cruzados" argentinos y norteamericanos de erradicar a los elementos izquierdistas de América Central. Del lado argentino, el comandante en jefe del Ejército Galtieri manifestó en dos oportunidades su voluntad de cooperar con Washington en la "guerra sucia" de América Central. La primera fue durante la visita de Galtieri a Estados Unidos en mayo de 1981, ocasión en la que se entrevistó con el secretario de Estadonorteamericano, Alexander Haig, y le ofreció la ayuda argentina para contribuir a la lucha contra el comunismo en América Central. Pero el compromiso formal de intervención militar argentina en Centroamérica fue asumido en noviembre de ese mismo año, en el marco de una nueva gira del titular del Ejército por Estados Unidos. En esta nueva gestión, Galtieri acordó en forma secreta con el entonces director de la CIA, William Casey, el envío de oficiales argentinos para entrenar y organizar a los "contras". A pesar del carácter secreto de este contacto, Galtieri realizó ante periodistas norteamericanos el sugerente comentario de que el Ejército argentino podía ofrecer al gobierno de Reagan cooperación "y mucho más". Pocos días después, fue el propio presidente norteamericano quien firmó una orden secreta de seguridad nacional en la que se autorizaba a la CIA a trabajar con los militares argentinos para sostener la contrainsurgencia en Nicaragua : Washington aportaba el dinero y éstos su experiencia en la lucha antisubversiva. [69]
Pero el terreno de las coincidencias ideológicas entre los "halcones" argentinos y la administración Reagan no se limitó a América Central. Otro ejemplo de estas coincidencias fue el entusiasmo de Galtieri por participar en la fuerza multinacional de paz destinada a supervisar la retirada israelí de los territorios del Sinaí, ocupados durante la guerra árabe-israelí de 1967. Durante una visita realizada a Buenos Aires en agosto de 1981, la embajadora norteamericana ante las Naciones Unidas, Jeanne Kirkpatrick, demostró el interés de la administración republicana por obtener la participación argentina en el Sinaí. Asimismo, Claus Ruser, segundo del embajador norteamericano en la Argentina, Harry Shlaudemann, procuró lograr la participación argentina a través de sus contactos con el entonces jefe del Estado Mayor General del Ejército, general José Antonio Vaquero. La estrategia norteamericana logró un entusiasta respaldo del entonces comandante en jefe Galtieri, y del agregado militar en Washington, Miguel Alfredo Mallea Gil, quienes impulsaron la participación en la fuerza multinacional de paz como un "signo de amistad" hacia Estados Unidos. Incluso Galtieri no dudó en emprender una nueva gira a Estados Unidos en ese mismo mes de agosto de 1981, señalando ante funcionarios del gobierno norteamericano la necesidad de que la Argentina saliera "del caparazón en que estuvo encerrada durante tantos años." Asimismo, en su siguiente viaje a Estados Unidos en noviembre de ese año, Galtieri comunicó a Meyer la necesidad de que la Argentina estuviera en el Sinaí. [70]
A pesar del entusiasmo de Galtieri, los oficiales de la Fuerza Aérea y de la Marina fueron remisos a esta iniciativa de Washington. Diversos funcionarios diplomáticos argentinos en Estados Unidos también le hicieron saber a Galtieri durante su estadía en Nueva York en noviembre de 1981 sus reparos respecto de la intervención en Sinaí. A su vez, el presidente Viola se opuso a la participación argentina, haciendo suyos los argumentos del canciller Camilión, quien sostuvo que la región del Sinaí no constituía un área donde se jugaran intereses nacionales "vitales" de la Argentina ; que la participación argentina tendría un impacto negativo en las relaciones con los países árabes, afectando la tradicional "equidistancia" de la Argentina en el conflicto árabe-israelí ; que la fuerza multinacional de paz era un mecanismo ad hoc extraño a las Naciones Unidas ; y que esta participación tendría también un impacto negativo en las fuerzas políticas locales. [71]
Finalmente, el presidente Viola y los funcionarios de la Cancillería lograron convencer a la Junta Militar, y ésta decidió la no participación de militares argentinos en la fuerza multinacional de paz en el Sinaí, para desazón de los "cruzados". Por lo menos en este caso, la diplomacia oficial logró imponer su voluntad sobre la de la diplomacia militar paralela.
Otra cuestión donde se registraron convergencias entre los militares argentinos y norteamericanos fue el de la emergencia de un pacto de defensa del Atlántico Sur para contener la agresión comunista. A fines de mayo de 1981, tuvo lugar en Buenos Aires un encuentro entre el comandante de la flota del Atlántico de los Estados Unidos, almirante Harry Train ; el comandante en jefe de la Armada argentina, almirante Armando Lambruschini, y el jefe de Estado Mayor del arma, almirante Jorge Anaya. En este encuentro se planteó el tema de un pacto, tratado o convenio para el Atlántico Sur similar al de la OTAN, idea que volvió a ser propuesta por Train en Montevideo ante los marinos uruguayos a principios de junio. [72] Otro defensor de la colaboración de la Argentina en una futura Organización del Tratado del Atlántico Sur (OTAS) fue el general Vernon Walters, quien, como se sabe, tuvo contactos con los militares argentinos por otros temas. [73]
Pero la lista de los temas donde se registraron indicios de cooperación entre los "halcones" argentinos y los norteamericanos en nombre de la lucha contra el comunismo quedaría incompleta si no se mencionara la participación argentina en el envío clandestino, por vía aérea, de repuestos y municiones norteamericanas para Irán-entonces en guerra contra Irak, respaldada por la URSS-. Estos vuelos, a cargo de la empresa Transporte Aéreo Rioplatense (TAR) -propiedad de brigadieres retirados de la Fuerza Aérea argentina- tuvo como uno de sus protagonistas claves al ex representante de Perón, Héctor Villalón, que hizo de nexo entre Anthony Mac Donald, titular del First National City Bank de New York, y el coronel Oliver North, el principal acusado del escándalo "Irán-contras". Incluso el propio Villalón hizo referencia a su intención de organizar efectivos argentinos en Irán para atacar objetivos estratégicos. Uno de los aviones de la TAR, que había partido de Irán en julio de 1981, chocó contra un avión de combate soviético MIG -o fue derribado por éste- al atravesar el territorio de la entonces URSS. Fuentes vinculadas al Senado norteamericano sostienen que este vuelo del avión argentino había sido contratado por la CIA norteamericana. [74]
Sin duda, la etapa más crítica en las relaciones argentino-norteamericanas durante el Proceso militar sobrevino con el acceso al poder en la Argentina del comandante en jefe del Ejército, general Leopoldo Galtieri, quien, como se sabe, logró desplazar del gobierno al general Viola, en diciembre de 1981, conservando además su cargo militar. Durante la gestión de Galtieri, las relaciones con Estados Unidos atravesaron dos fases netamente diferenciadas. La primera abarcó desde su asunción a la presidencia hasta el estallido de la crisis de Malvinas en abril de 1982, y se caracterizó por una creciente cooperación bilateral, alimentada por la común preocupación por contener el avance de elementos izquierdistas en América Central. Con todo, una serie de hechos demostró que las coincidencias estratégicas entre Washington y Buenos Aires no implicaron una total identidad de intereses. Galtieri y su canciller Costa Méndez quisieron gestar una alianza con Estados Unidos basada en el común perfil occidentalista y anticomunista con la administración de Reagan. Sin embargo, este intento de alineamiento con los objetivos estratégicos de Washington fue, como sostiene Roberto Russell, un alineamiento "heterodoxo". El compromiso de la diplomacia militar con los intereses y valores de Occidente no era "una mera adecuación periférica al esquema de globalismo estratégico impulsado por la administración Reagan". Respondió, por el contrario, a una "racionalidad y definición propias de los intereses de seguridad nacional del Estado argentino". [75]
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