Historia de los secuestros
La causa de los ex delegados de la Ford comenzó cuando apenas concluía la dictadura militar. Un grupo de ex trabajadores encabezados por Pedro Troiani acercó a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas un pedido para que incluyera entre las víctimas a los 25 delegados de la planta de Pacheco secuestrados entre marzo y mayo de 1976 por la actividad gremial desarrollada en la fábrica. Aunque el pedido logró un primer impulso, la denuncia no cobró trascendencia hasta 1998 cuando -como sucedió con muchas de las causas locales trabadas por las leyes de impunidad- la CTA decidió impulsar la denuncia en el juzgado español de Baltasar Garzón.
La presentación en el exterior sirvió para movilizar a la opinión pública nacional e internacional sobre los sucesos padecidos por Troiani y su gente, pero los reclamos jurídicos de fondo no avanzaron hasta hace tres años. Recién entonces el fallo de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final habilitó una vía local de reclamo en el Juzgado Federal Nº 3, ahora a cargo de Daniel Rafecas. El jueves pasado este último tramo del reclamo judicial fue el que volvió a cobrar vuelo. "Ya han trascurrido tres años y varios meses de investigación en un expediente de casi mil fojas", señaló en la presentación judicial Pedro Troiani, que,en su carácter de querellante, le reclamó al juez por primera vez la detención e indagatorias de un militar y cuatro directivos de la Ford, entre ellos Héctor Francisco Sibilla.
En varias oportunidades los delegados pidieron a la Justicia una inspección ocultar sobre el terreno, como se hizo en el Olimpo o en los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, dice el abogado Tomás Ojea Quintana, patrocinante de los delegados. Ya en 1998, cuando Página/12 se hizo eco de la denuncia presentada por la CTA en España, la empresa salió a negar cualquier vínculo de Pacheco con un campo de detención. Su gerente de relaciones institucionales, Jorge Di Nucci, insistió de uno u otro modo con que "acá no hubo centros de detención". En esa misma lógica, la empresa dijo que los delegados ya hicieron un juicio laboral oportunamente, juicio que hasta ellos reconocen haber ganado. Sin embargo, ni una ni otra explicación parecen suficientes. Los empleados recurrieron a su juicio laboral por las indemnizaciones pendientes por los despidos, porque era lo único que tenían a mano. En palabras de Ojea Quintana, "fue lo único que se les ocurrió".
Durante la última semana, esos mismos delegados dieron los primeros pasos para impulsar ahora una vía civil a nivel local similar a la abrieron y luego retiraron en enero de 2004 en los Estados Unidos contra la Ford Motors Company por los secuestros y desaparición forzada de 25 delegados. Esa denuncia no prosperó por cambios de jurisprudencia interna. Los abogados la retiraron y ahora abrieron una ruta para impulsar ese mismo reclamo fronteras adentro del país. A diferencia de la legislación penal, la civil impide impulsar una demanda sobre causas de más de dos años de antigüedad. Por esa razón, los abogados de los delegados de la Ford no abrieron la causa con una demanda contra la Ford. A través de una pregunta, le pidieron a un juez civil que se pronunciara a favor o en contra de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad en el campo civil, donde no existen antecedentes de este tipo.
Relaciones con la matriz
La relación y el tipo de intercambio entre la planta argentina de la Ford y la Ford Motor Company estadounidense es otro de los puntos sobre los que avanza la investigación. La Ford local no era subsidiaria de la norteamericana, aunque existía un control logístico, operacional y financiero de la empresa. Fuera de ello, no está claro cuánto de lo que sucedía con los obreros argentinos se sabía en la casa matriz. Hasta el momento, los únicos indicios de intercambio de información de uno y otro lado se limitan a la de tipo comercial y administrativo. Entre otros ejemplos, se encontró una serie de archivos en manos del Departamento de Estado norteamericano, ahora desclasificados, sobre la posibilidad de un intercambio comercial de la Ford Argentina con La Habana, para lo cual necesitaban una intermediación de Estados Unidos (ver foto). Fuera de ello, el abogado Tomás Ojea Quintana señala un dato llamativo. Los legajos del personal de la empresa estaban en español, pero el de las áreas más sensibles, como finanzas, se escribían en inglés. Para el abogado, sería una señal más de los cruces de información con la sede de Estados Unidos.
La alianza de capital y fierros
Un informe de la embajada revela cómo se coordinaba entre empresas y militares los secuestros de dirigentes gremiales. La causa de los ex delegados de la Ford incorporó un documento desclasificado del Departamento de Estado de los Estados Unidos considerado como una pieza sugestiva para quienes impulsan las causas por el terrorismo de Estado. Es un informe girado por la embajada de Estados Unidos en Argentina al Departamento de Estado a raíz del secuestro de 19 trabajadores de la planta de cerámica Lozadur. El documento no sólo da cuenta de los circuitos de intercambio de información, sino que con algunos detalles refuerza la hipótesis de la existencia de una alianza entre las fuerzas de seguridad y los sectores empresarios en las políticas de represión. La foto arriba es la primera página del dossier.
El documento fechado en Buenos Aires el 14 de junio de 1978 lleva como referencia "Disappearance of ceramics workers in 1977" (Desaparición de trabajadores del gremio ceramista en 1977). El contenido relata la relación entre los directivos de fábricas y fuerzas de seguridad por la desaparición de los trabajadores de la fábrica de cerámica de los alrededores de Bella Vista.
Luego de mencionar que "una fuente" informó la desaparición de "entre 15 y 20 trabajadores de Lozadur en noviembre de 1977" y de "5 a 10 en otras plantas de la mima área y en la misma época", el documento explica que estas desapariciones sucedieron en un momento de conflicto gremial por las pobres condiciones de trabajo y los malos salarios, con quite de colaboración de los obreros y un lockout empresario que resultó en 350 despidos.
El texto avanza con un comentario de "una fuente protegida de la gerencia" de Lozadur que la desliga de cualquier tipo de responsabilidad sobre la desaparición de los trabajadores, "sosteniendo que el Ejército se infiltró en la planta por las suyas. Y no tenía ninguna necesidad de consultar a la gerencia para identificar o actuar contra los sospechosos montoneros".
En el párrafo siguiente, el encargado de hacer el informe y remitirlo a los Estados Unidos dejó de lado las fuentes de la gerencia de Lozadur para dar cuenta de un comentario elaborado en nombre propio a partir del contacto con "autoridades de las agencias de seguridad". Allí aparece la caracterización del vínculo que existía entre las empresas y las fuerzas de seguridad, el elemento que más interesa a quienes trabajan en las causas de terrorismo de Estado :
"Creemos que en general hay un alto grado de cooperación entre directivos y las agencias de seguridad -dice el informe- dirigido a eliminar terroristas infiltrados de los lugares de trabajo industriales, y a minimizar el riesgo de conflictos en la industria. Autoridades de seguridad comentaron recientemente a la embajada -sin referencia especial al caso de Lozadur- que están teniendo mucho más cuidado que antes cuando reciben denuncias de los directivos sobre supuesto activismo terrorista dentro de las plantas industriales, que podrían ser en realidad apenas casos de legítimo (aunque ilegal) activismo gremial."
Para Tomás Ojea Quintana el párrafo es otra prueba de peso. Refuerza la hipótesis de que la Ford, como un gran abanico de empresas, se habría montado al engranaje de la represión para deshacerse del personal más conflictivo de la fábrica.
Página 12
26/02/06
La presentación en el exterior sirvió para movilizar a la opinión pública nacional e internacional sobre los sucesos padecidos por Troiani y su gente, pero los reclamos jurídicos de fondo no avanzaron hasta hace tres años. Recién entonces el fallo de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final habilitó una vía local de reclamo en el Juzgado Federal Nº 3, ahora a cargo de Daniel Rafecas. El jueves pasado este último tramo del reclamo judicial fue el que volvió a cobrar vuelo. "Ya han trascurrido tres años y varios meses de investigación en un expediente de casi mil fojas", señaló en la presentación judicial Pedro Troiani, que,en su carácter de querellante, le reclamó al juez por primera vez la detención e indagatorias de un militar y cuatro directivos de la Ford, entre ellos Héctor Francisco Sibilla.
En varias oportunidades los delegados pidieron a la Justicia una inspección ocultar sobre el terreno, como se hizo en el Olimpo o en los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, dice el abogado Tomás Ojea Quintana, patrocinante de los delegados. Ya en 1998, cuando Página/12 se hizo eco de la denuncia presentada por la CTA en España, la empresa salió a negar cualquier vínculo de Pacheco con un campo de detención. Su gerente de relaciones institucionales, Jorge Di Nucci, insistió de uno u otro modo con que "acá no hubo centros de detención". En esa misma lógica, la empresa dijo que los delegados ya hicieron un juicio laboral oportunamente, juicio que hasta ellos reconocen haber ganado. Sin embargo, ni una ni otra explicación parecen suficientes. Los empleados recurrieron a su juicio laboral por las indemnizaciones pendientes por los despidos, porque era lo único que tenían a mano. En palabras de Ojea Quintana, "fue lo único que se les ocurrió".
Durante la última semana, esos mismos delegados dieron los primeros pasos para impulsar ahora una vía civil a nivel local similar a la abrieron y luego retiraron en enero de 2004 en los Estados Unidos contra la Ford Motors Company por los secuestros y desaparición forzada de 25 delegados. Esa denuncia no prosperó por cambios de jurisprudencia interna. Los abogados la retiraron y ahora abrieron una ruta para impulsar ese mismo reclamo fronteras adentro del país. A diferencia de la legislación penal, la civil impide impulsar una demanda sobre causas de más de dos años de antigüedad. Por esa razón, los abogados de los delegados de la Ford no abrieron la causa con una demanda contra la Ford. A través de una pregunta, le pidieron a un juez civil que se pronunciara a favor o en contra de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad en el campo civil, donde no existen antecedentes de este tipo.
Relaciones con la matriz
La relación y el tipo de intercambio entre la planta argentina de la Ford y la Ford Motor Company estadounidense es otro de los puntos sobre los que avanza la investigación. La Ford local no era subsidiaria de la norteamericana, aunque existía un control logístico, operacional y financiero de la empresa. Fuera de ello, no está claro cuánto de lo que sucedía con los obreros argentinos se sabía en la casa matriz. Hasta el momento, los únicos indicios de intercambio de información de uno y otro lado se limitan a la de tipo comercial y administrativo. Entre otros ejemplos, se encontró una serie de archivos en manos del Departamento de Estado norteamericano, ahora desclasificados, sobre la posibilidad de un intercambio comercial de la Ford Argentina con La Habana, para lo cual necesitaban una intermediación de Estados Unidos (ver foto). Fuera de ello, el abogado Tomás Ojea Quintana señala un dato llamativo. Los legajos del personal de la empresa estaban en español, pero el de las áreas más sensibles, como finanzas, se escribían en inglés. Para el abogado, sería una señal más de los cruces de información con la sede de Estados Unidos.
La alianza de capital y fierros
Un informe de la embajada revela cómo se coordinaba entre empresas y militares los secuestros de dirigentes gremiales. La causa de los ex delegados de la Ford incorporó un documento desclasificado del Departamento de Estado de los Estados Unidos considerado como una pieza sugestiva para quienes impulsan las causas por el terrorismo de Estado. Es un informe girado por la embajada de Estados Unidos en Argentina al Departamento de Estado a raíz del secuestro de 19 trabajadores de la planta de cerámica Lozadur. El documento no sólo da cuenta de los circuitos de intercambio de información, sino que con algunos detalles refuerza la hipótesis de la existencia de una alianza entre las fuerzas de seguridad y los sectores empresarios en las políticas de represión. La foto arriba es la primera página del dossier.
El documento fechado en Buenos Aires el 14 de junio de 1978 lleva como referencia "Disappearance of ceramics workers in 1977" (Desaparición de trabajadores del gremio ceramista en 1977). El contenido relata la relación entre los directivos de fábricas y fuerzas de seguridad por la desaparición de los trabajadores de la fábrica de cerámica de los alrededores de Bella Vista.
Luego de mencionar que "una fuente" informó la desaparición de "entre 15 y 20 trabajadores de Lozadur en noviembre de 1977" y de "5 a 10 en otras plantas de la mima área y en la misma época", el documento explica que estas desapariciones sucedieron en un momento de conflicto gremial por las pobres condiciones de trabajo y los malos salarios, con quite de colaboración de los obreros y un lockout empresario que resultó en 350 despidos.
El texto avanza con un comentario de "una fuente protegida de la gerencia" de Lozadur que la desliga de cualquier tipo de responsabilidad sobre la desaparición de los trabajadores, "sosteniendo que el Ejército se infiltró en la planta por las suyas. Y no tenía ninguna necesidad de consultar a la gerencia para identificar o actuar contra los sospechosos montoneros".
En el párrafo siguiente, el encargado de hacer el informe y remitirlo a los Estados Unidos dejó de lado las fuentes de la gerencia de Lozadur para dar cuenta de un comentario elaborado en nombre propio a partir del contacto con "autoridades de las agencias de seguridad". Allí aparece la caracterización del vínculo que existía entre las empresas y las fuerzas de seguridad, el elemento que más interesa a quienes trabajan en las causas de terrorismo de Estado :
"Creemos que en general hay un alto grado de cooperación entre directivos y las agencias de seguridad -dice el informe- dirigido a eliminar terroristas infiltrados de los lugares de trabajo industriales, y a minimizar el riesgo de conflictos en la industria. Autoridades de seguridad comentaron recientemente a la embajada -sin referencia especial al caso de Lozadur- que están teniendo mucho más cuidado que antes cuando reciben denuncias de los directivos sobre supuesto activismo terrorista dentro de las plantas industriales, que podrían ser en realidad apenas casos de legítimo (aunque ilegal) activismo gremial."
Para Tomás Ojea Quintana el párrafo es otra prueba de peso. Refuerza la hipótesis de que la Ford, como un gran abanico de empresas, se habría montado al engranaje de la represión para deshacerse del personal más conflictivo de la fábrica.
Página 12
26/02/06
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