Operación Cóndor: La transnacional de la muerte y el terror

A mediados de la década de los 70, se constituyó la multinacional del terror y de la represión en el Cono Sur de América Latina. La Operación Cóndor, un acuerdo impulsado por la CIA a través del titular de la DINA Chilena, Gral. (R.) Contreras, fue aprobado por los gobiernos de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. Básicamente la operación ajustaba detalles de la coordinación represiva: cualquier militante popular podía ser secuestrado en cualquiera de los países firmantes.

El asesinato de Carlos Prats González general chileno y amigo del Presidente Salvador Allende, y de su esposa Carmen Sofía Cuthbert, ambos refugiados en Argentina, mostró el grado de desarrollo que pronto alcanzaría el acuerdo represivo.

Ante los golpes militares ocurridos en Bolivia, 1971, Chile y Uruguay, 1973, miles de personas se refugiaron en Argentina, donde fue tradicional la presencia de colonias numerosas de esas nacionalidades, fueran o no exiliados políticos. En el período1971-1976 ingresaron al país, según una estimación oficiosa medio millón de personas.

Durante el gobierno de Ma. Estela Martínez de Perón, en especial desde 1974, se fue deteriorando en forma creciente la seguridad de los exiliados latinoamericanos. "Ser extranjero, comenta un informe de Amnistía Internacional, termino por ser considerado un equivalente a 'subversivo' y los refugiados chilenos en particular, fueron amenazados, intimidados y asesinados por grupos parapoliciales. Hubo además indicios que sugieren que la policía secreta chilena, estaba operando en la Argentina".

En diciembre de 1975, el senador radical Hipólito Solari Irigoyen, pidió en el Congreso que se investigaran las actividades de la DINA en Argentina.

Unos días antes del asesinato de Carlos Prats, en septiembre de 1974, cinco refugiados uruguayos fueron secuestrados en Buenos Aires. Semana más tarde sus cadáveres fueron encontrados en las afueras de Montevideo. En noviembre de ese mismo año y también en el marco de la "multinacional del terror", fue detenido ilegalmente en el aeropuerto de Ezeiza, el chileno William Beausire, que se encontraba en tránsito hacia Europa. Un año después en noviembre de 1975, dos exiliados paraguayos fueron arrestados en Buenos Aires, por policías paraguayos que los secuestraron y llevaron a Asunción.

Estimaciones periodísticas realizadas en la época consideraban que unos 15.000 refugiados políticos estuvieron expuestos a la represión ilegal en la Argentina desde 1974. La Comisión Internacional de Juristas en septiembre de 1975, advirtió "que miles de refugiados en la Argentina... estaban profundamente desmoralizados y alarmados por los ataques incontrolados que eran objeto, en parte por la notoria organización parapolicial". En esas mismas fechas el ACNUR -Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados-, informó que tres personas amparadas por la oficina de Buenos Aires, habían sido asesinadas a balazos, otras dos habían sido secuestradas y se las suponía muertas, 69 refugiados habían recibido orden de expulsión, y otros 35 estaban presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

Ya en 1975, la Operación Cóndor había salido del nido. El diario argentino "El Auténtico", en su edición del 10 de diciembre de 1975, publicó la versión taquigráfica de una reunión de jefes policiales de los 4 países. Villar era el representante argentino, y fue el fundador de la brigada antisubversiva de la Policía Federal que se sucedieron desde 1966, y Jefe de la Policía durante los gobiernos de Perón y posteriormente de Ma. Estela Martínez de Perón.

El representante de Chile, un general de Carabineros propuso: "acreditar en cada embajada un agregado de seguridad que puede ser un miembro de las fuerzas armadas o de la policía, cuyas funciones de base serían la coordinación con la policía o el encargado de seguridad de cada país o los diferentes organismos locales...";"...es una forma similar a la que procede la Interpol en París -agregó- nosotros deberíamos tener también una central de informaciones donde pudiéramos requerir los datos de los individuos marxistas...cambiar programas e informaciones sobre personas políticas,...poder venir, ir a Bolivia y que Bolivia pueda ir a Chile, y que nosotros podamos venir de nuevo a la Argentina... que nos podamos dirigir no importa a qué país sin una investigación formal... la necesidad de establecer un canal de comunicación... por ejemplo, yo sugiero dos canales, uno formal que podría estar a cargo del agregado de seguridad y otro directo entre los servicios de seguridad, para lo cual podríamos ocupar el sistema de teléfonos de ENTEL (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) con claves... la necesidad de establecer un cambio de conocimientos mediante el entrenamiento de personal sobre la base de cursos, un álbum de fotografías de marxistas."

El representante de Uruguay, el inspector general Castioglione, expresó: "lo que yo iba a proponer está ya contenido en lo que ha expuesto el general de carabineros representante de Chile. En particular, nosotros repetimos el ofrecimiento ya hecho de mantener aquí de manera permanente uno o dos funcionarios, sobretodo en las zonas críticas, como el litoral, para colaborar con la policía argentina en la identificación de personas". El comisario Villar respondió:"No hay ningún problema, el Jefe de DAE (Departamento de Asuntos Extranjeros de la Superintendencia de la Seguridad de la Policía Federal Argentina) tomará contacto de inmediato con el inspector general Castiglione para coordinar bien nuestras ligazones. Lo mismo para Chile, si hay necesidad de poner gente en la zona de Mendoza, San Juan o la zona que se determine, lo mismo para Bolivia en la zona de Salta y Jujuy". La proposición que haremos al gobierno nacional es la determinación de un lugar de residencia para los refugiados, así como la vigilancia semanal de cada uno de ellos. En las embajadas los más seguros han de ser los agregados militares, visto que entre el personal civil puede encontrarse alguien que tenga ideas distintas a las nuestras... En caso que se presente algún problema, el contacto puede establecerse con el comandante o con el sub-comandante, o con la Superintendencia de Seguridad Federal. Podemos decir que quien llega es una comisión de narcóticos -¿qué les parece?- y nosotros sabemos así de qué se trata".

De lo que se trataba era del secuestro, tortura y asesinato de las personas, tanto en suelo chileno, como boliviano, o paraguayo, uruguayo o brasileño, o argentino, así como del intercambio de los detenidos. "En una de esas oportunidades estuve con un grupo de gente, y un guardia hablando en idioma guaraní, dice: hay uno que no es paraguayo, dígale al capitán Espada que nosotros no queremos llevar gente que no sea paraguaya" (testimonio de Osiris Irineo Ayala-Legajo nº 6364 de la CONADEP. "No hay fronteras, ni ética, ni procedimientos tradicionales", palabras del argentino teniente coronel Durand, al recibir una condecoración de los militares bolivianos.

Un ejemplo harto elocuente de la combinación, es el caso de Jorge Isaac Fuentes Alarcón: detenido por la policía paraguaya en 1975 cuando cruzaba la frontera desde Argentina; es trasladado a Santiago, a Villa Grimaldi, desde dónde permanece desaparecido.

Además de los casos mencionados, y en cumplimiento de las proposiciones del comisario Villar, en la madrugada del 11 de junio de 1976 unos 40 hombres fuertemente armados irrumpieron en los hoteles Hilton y Pino, donde se alojaban 110 refugiados políticos y sus familiares bajo el amparo de NNUU. Luego de destrozar las habitaciones, secuestraron a 26 personas, entre ellas 23 chilenos, dos de ellos menores, dos paraguayos y un uruguayo.

Es ante la gravedad de los hechos, que el mismo Príncipe Sadruddín Aga Khan, Alto Comisionado para los Refugiados, señalaba en sus cables que "a pesar de haber intentado contacto con el gobierno argentino para la protección de los refugiados, consideraba de la más extrema urgencia la reubicación inmediata de los refugiados como única solución posible". Informaba que para ese entonces fundamentalmente eran chilenos, pero también había de otras nacionalidades. "En total 14.000 están registrados desde 1973; alrededor de 4.000 han sido reubicados en diversos países; aproximadamente 6.000 subsisten y gracias a la ayuda financiera de NNUU, mientras otros, varios miles, sobreviven milagrosamente".

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