Operación Cóndor: La transnacional de la muerte y el terror (II)

La Junta Militar argentina contestó con diversos comunicados que "con relación a las personas que se dicen desaparecidas, cabe destacar que se carece de su presunta identificación y de toda noticia sobre su exacta y cierta llegada al país".

La coordinación represiva que se practicó desembozadamente y se agravó después del golpe de marzo de 1976, violó con prolijidad toda la legislación internacional conocida, permitiendo inclusive la instalación de fuerzas militares y de inteligencia de otros países en el territorio nacional argentino. Efectivos que operaron para secuestrar y asesinar a refugiados uruguayos, chilenos, paraguayos, bolivianos, brasileros, así como dos empleados de la Embajada de Cuba.

El 26 de marzo de 1976 la Junta Militar emitió el comunicado nro. 44 por el cuál se establecía la expulsión de extranjeros por razones políticas de tipo arbitrario que podían llegar a la repatriación. Una dependencia de ayuda católica a los refugiados -Comisión Católica de Ayuda a la Inmigración-, fue asaltada por efectivos policiales que se apoderaron de los ficheros de la entidad que contenían la identificación y domicilio de miles de exiliados. En abril de ese año, la policía detuvo a 19 refugiados que estaban alojados en el Hotel José C.Paz. y todos fueron sometidos a torturas.

En otros procedimientos similares se apresaron alrededor de un centenar de personas de diferentes edades y sexo. La desesperación de los exiliados era tal que un grupo numeroso de ellos, ocupó la sede de la Embajada de Canadá, donde permanecieron hasta que se autorizó su salida del país. Altos funcionarios del ACNUR, como GUY PRIM, viajaron expresamente a Buenos Aires para tratar el rápido traslado de los afectados. Pero los nuevos exiliados llegaban al país a un ritmo similar o superior al que tenía ACNUR para reubicarlos. Entre el 1º de junio y el 30 de septiembre de 1976, ACNUR, reubicó fuera de Argentina a 1.075 personas, pero otras 1.511 pidieron amparo a esa oficina en el mismo período.

En abril de 1976, tres ciudadanos uruguayos fueron secuestrados en Buenos Aires. Telva Suárez una de las víctimas, fue hallada acribillada en un suburbio de esa ciudad. Las otras, Ary Cabrera y Eduardo Chiazzola, fueron muertos y arrojados con otros tres cadáveres, a las aguas del Río de la Plata.

El 10 de abril de ese mismo año, Edgardo Enríquez Espinoza, dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile, y una brasileña, Regina Marcondes, fueron secuestrados en Buenos Aires.. Se cree que Enriquez fue entregado a agentes de la DINA, que lo llevaron a Santiago donde desapareció. El chileno Alexis Vladimir Jaccard Siegler, fue detenido en su país en septiembre de 1973 tras golpe de Pinochet. Cuando recuperó la libertad se exilió en Suiza. El 15 de mayo de 1977 viajó a Buenos Aires con pasaporte suizo y se alojó en el hotel Bristol, dos días después desapareció. La Embajada Suiza pudo constatar sin embargo, que efectivos de la Policía Federal habían retirado del hotel los objetos personales de Jaccard, dejando un recibo firmado por el Inspector Julio González. Jaccard fue trasladado a Chile con un pasaporte argentino, una maniobra fraguada para encubrir su secuestro. En la misma época del arresto de Jaccard, según la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, fueron secuestrados también los militantes populares de origen chileno, Ricardo Ramírez Herrera, Héctor Velázquez, Mauricio Marcos Leder, Rodolfo Sanchez, y Mario y Sergio Clar.

El 22 de mayo de 1976, tras ser detenidos aparecieron los cadáveres de tres dirigentes políticos uruguayos, el senador Zelman Michelini, el ex presidente de la Camára de Representantes, Héctor Gutierrez Ruiz, y William Whitelaw, del Frente Amplio. Todos ellos fueron secuestrados en sus domicilios por personas que se presentaron como policías. Junto con Whitelaw fue secuestrada y asesinada su esposa, Cristina Barredo.

Apenas unos días más tarde, el 26 de mayo de 1976 el ex-presidente boliviano, general Juan José Torres fue secuestrado por un grupo de civiles fuertemente armados cuando salía de su domicilio. Harguindeguy, Ministro del Interior de la dictadura militar, calificó el hecho de "autosecuestro" con fines propagandísticos. Sin embargo el cadáver de Torres fue encontrado a unos 90 kilómetros de Buenos Aires con señales de haber sido fusilado a mansalva. Su eliminación fue la ejecución del plan de la derecha militar de Bolivia, la dictadura argentina y la CIA. El apoyo y financiación de los militares argentinos al golpe del fascista García Mesa en 1980, es otra prueba más de la Operación Cóndor. Uno de los asesores, el teniente coronel Benjamín Cristoferetti fue condecorado en La Paz en 1982 por los "servicios prestados". En mayo de 1986 el gobierno constitucional aprobó su ascenso a coronel.

El 6 de julio de ese año cuatro jóvenes uruguayos fueron detenidos por efectivos de las fuerzas armadas de su país, que los interrogaron durante una semana en un local que disponían en Buenos Aires -Automotores Orletti- sometiéndolos a varias sesiones de tortura. Luego los dejaron en libertad. El 13 de julio de 1976, lograron partir para Francia donde se refugiaron.

Era el primer indicio cierto sobre las actividades del OCOA (uruguayo), Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, que fue muy activo en la Argentina.

En los meses de junio y julio de 1976, fueron secuestrados otros 30 exiliados uruguayos, entre ellos Margarita Michelin, hija del senador asesinado; los sindicalistas Gerardo Gatti y León Duarte; tres miembros de la familia Larreta. El destino de estas personas se conoció recién en agosto de ese año, cuando llegó a Suecia Washington Pérez, otro activista sindical, a quien los represores utilizaron como intermediario para pedir un rescate de dos millones de dólares por la liberación de Gatti, quien había sido duramente torturado y estaba en malas condiciones de salud. Las negociaciones se interrumpieron a mediados de julio y Pérez huyó del país, bajo el amparo de ACNUR.

En septiembre y octubre de ese mismo año hubo nuevos secuestros de uruguayos en Argentina, aunque recién se tuvo alguna noticia sobre ellos a fines de octubre, cuando en Uruguay se informó que 62 personas habían sido detenidas acusadas de "invadir" el país. El mando militar intentó justificar con este show la represión pese a las amplias y fantásticas versiones que suministró, sólo identificó a 17 de los 62 prisioneros. De ellos, 14 de los nombrados pertenecían al grupo de 26 uruguayos secuestrados en Buenos Aires a mediados de julio de ese año. Otro tres habían desaparecidos a fines de marzo mientras viajaban de Montevideo a Buenos Aires.

Dos días después del golpe de marzo de 1976, el contador público Rodolfo J. Saneman y su esposa, la médica Gladys Meillinger de Saneman -ambos exiliados paraguayos- fueron arrestados en Posadas. Eran afiliados al Movimiento de Partido Colorado (MOPOCO), opositor al régimen de Stroessner. La doctora de Saneman fue bárbaramente torturada en la cárcel de Posadas y a fines de julio de ese año, entregada a fuerzas militares de Paraguay; internada en el penal de Emboscada, a 40 kilómetros al norte de Asunción.

El MOPOCO tenía influencia política entre los trabajadores que construyeron la presa de Itaipú, y la dictadura paraguaya quería evitarlo. Para eso, sus fuerzas de seguridad pudieron operar con libertad en el litoral fronterizo y en Buenos Aires. Por su parte, el Servicio Nacional de Informaciones, (SIN), brasileño facilitó la acción represiva de los "servicios" argentinos en su país. Hubo decenas de militantes populares detenidos en la zona cercana a las fronteras, y varios casos en las grandes ciudades, como el periodista de Norberto Habbeger, en el aeropuerto de Río de Janeiro, y del padre Jorde Adur, posiblemente en Sao Paulo. Uno de los casos más demostrativos de la ejecución de los planes Cóndor, es el caso de la Señora Noemí Gianotti de Molfino, que obra en el sumario 19/97 del Juzgado a su cargo.

Como también consta en la documentación de CONADEP, la Jefatura Segunda del Estado Mayor del Ejército lanzó a su vez el "Operativo Murciélago", nombre clave para inteligencia del ejército del despliegue realizado a partir de 1978 para detectar en el cono sur a los opositores políticos. Dicha actividad estaba dirigida por el coronel Alejandro Arias Duval, alias Arizmendi.

El servicio de inteligencia del ejército contaba con bases en Paraguay, Perú, Brasil y Uruguay, pero las más importantes estaban en Sao Paulo y en Río de Janeiro, en esta última se desempeñaron: oficial González Ramírez, alias Goenaga; el capitán Miguel del Pino, alias Colombres; Cortés, alias Carames -agente civil adscrito al batallón 601; y el suboficial Balsa. En la de Sao Paulo el sargento Feito, alias Especiale, encargado de finanzas y del grupo local; sargento 1º Luis Alberto Martínez, alias el Japonés. En la base de Perú se desempeñó el policía Cobián, en carácter de civil adscrito al batallón 601. de este último batallón participaron los grupos especiales 48 y 70. A Centroamérica fueron enviados varios asesores pertenecientes a la Jefatura II. Una de las misiones de esta en aquella región, fue acallar por cualquier medio la Radio Noticias del Continente de Costa Rica.

El Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas de Uruguay (OCOA), actuó en Buenos Aires bajo la dirección del teniente coronel Jorge Horacio Gavazzo y de los capitanes Jorge Silveira y Manuel Cordero, asistidos por el comisario Hugo Campos Hermida. Todos estos de nacionalidad uruguaya, y dependientes del SIDE argentino (Servicio de Inteligencia del Estado), y de la policía federal, que brindaron a los represores uruguayos no sólo apoyo logístico en comunicaciones, lugares clandestinos de detención , o identificaciones, sino que les proveyeron hasta de patrulleros y uniformes de la policía federal, para que dotaciones del OCOA recorrieran las calles de Buenos Aires a la caza de opositores políticos uruguayos.

El OCOA si bien tuvo su principal base de operaciones en el campo de concentración "Automotores Orletti", también actuaba en el Pozo de Quilmes y el Pozo de Banfield, dos campos de exterminio integrados en el "circuito del terror" que dirigía el coronel Ramón J. Camps.

Existen sobradas pruebas de la presencia de más de 50 ciudadanos orientales en Quilmes y en Banfield. En Orletti el número ha superado los 200. Todo esto fue denunciado ante la OEA y ante NNUU por Enrique Rodríguez Larreta, secuestrado en Buenos Aires y trasladado ilegalmente a Uruguay, después de haber estado detenido-desaparecido en los campos antes mencionados.

El 22 de abril de 1985 el senador Jorge Germán Araujo, del Frente Amplio de Uruguay, denunció en el Parlamento al vicealmirante Hugo León Márquez, ex-comandante de la Armada entre 1977 y 1981, de haber protegido al represor argentino Aníbal Gordon. Márquez, que fue embajador de Uruguay ante Paraguay de 1981 a 1983, estaba ligado a la AAA (Alianza Anticomunista Argentina), a los planes políticos de su colega el almirante Massera, y especialmente a la coordinación represiva de ambas Armadas.

En otoño de 1977 dos grupos de personas vestidos de civil y armados con ametralladoras y fusiles automáticos, dispararon contra uno de los coches que actualmente utilizaba el embajador de Cuba en Argentina, Emilio Aragonés Navarro; quien salvó su vida, no así el chofer de la Embajada. Este atentado se sumó al secuestro de dos diplomáticos cubanos que aún siguen desaparecidos.
Tanto el fallido intento de asesinato contra Aragonés Navarro como la desaparición de los dos diplomáticos, fueron obra del batallón 601 del ejército, cuyo jefe era el teniente coronel Tepedino.

Las denuncias que detrás de las fuerzas represivas latinoamericanas se encontraba la CIA, no son palabras vanas. Henry Kissinger, Secretario de Estado, tuvo que enfrentarse a preguntas en la Comisión del Senado de su país que dejaron al descubierto el sangriento rol de la agencia norteamericana "¿En nombre de que principio ordenó o toleró usted acciones contra el gobierno constitucional de un país soberano?"

Así también fue puesta en evidencia la influencia de la política estadounidense en el recrudecimiento de la represión en Argentina. Dicha evidencia la aportaron cartas y documentos del propio embajador de EEUU, Robert Hill, en mayo de 1976. Hill a Kissinger: “25 de mayo de 1976. Tema Petición de Instrucciones. En vista del empeoramiento de la situación de los derechos humanos, creo que ha llegado el momento de iniciar gestiones a alto nivel. Pido instrucciones para una entrevista urgente con el ministro de relaciones exteriores. Visto el ritmo del desarrollo de los acontecimientos, apreciarían una respuesta inmediata".

El mismo Robert Hill, en 1977 afirma que "Kissinger había autorizado la represión por la cuál al menos 9.000 personas fueron secuestradas y clandestinamente asesinadas". En el periódico The Nation, se refleja asimismo otra acusación de Robert Hill "Una palabra oportuna y firme de Kissinger en junio de 1976 hubiera podido frenar el baño de sangre". Sin embargo, luego de la entrevista entre Kissinger y almirante Guzzetti, ministro de relaciones exteriores argentino, encuentro habido en la reunión de la Sexta Asamblea de la OEA en 1977 en Santiago de Chile, "las ejecuciones en masa de prisioneros se convirtieron en un fenómeno generalizado, sólo después del encuentro Kissinger-Guzzetti".

En otro documento Robert Hill, se explaya aún más: "Cuando Kissinger llegó a la conferencia de Santiago, los generales argentinos estaban nerviosos ante la posibilidad de que Estados Unidos les llamara la atención sobre la situación de los derechos humanos. Pero Kissinger se limitó a decirles a Guzzetti que el régimen debía resolver el problema antes que el Congreso norteamericano reanudara sus sesiones en 1977. A buen entendedor, pocas palabras. En el lapso de tres semanas empezó una ola de ejecuciones en masa. Centenares de detenidos fueron asesinados (...) Para fin de año (1976) había millares de muertos y desaparecidos más. Los militares ya no darían marcha atrás. Tenían las manos demasiado empapadas de sangre".

A Kissinger le sucede como Secretario de Estado, Cyrus Vance, quién manifestó en una reunión de cancilleres americanos que "los esfuerzos de un Estado para protegerse a sí mismo no pueden ejercerse negando la dignidad del hombre", dando respuesta al clamor internacional que sobre las violaciones a los derechos humanos se cometían en todos los países del cono sur latinoamericano.

Pero a pesar de los esfuerzos de la administración norteamericana, no han podido negar la verdad que Estados Unidos, sea través de los servicios técnicos de la CIA o del FBI, suministró equipos de torturas, información sobre cuánta descarga podría soportar un cuerpo, formación para la fabricación de bombas, en las instalaciones de la Agencia de Seguridad Pública (OPS) del Departamento de Estado. Militares latinoamericanos se pavonean de los cursos desarrollados y los premios obtenidos en la Escuelas de Las Américas, como el otro genocida, Jorge Rafael Videla.

Es obligado mencionar aquí a Michael Townley, norteamericano integrado en la DINA y que actuaba también con el nombre Kenneth Enyart, quien declaró detalladamente la autoría de crímenes ante los tribunales de EEUU. De esta manera asumió el atentado en la ciudad de Washington contra el ex-canciller chileno doctor Orlando Letelier y su secretaria Ronnie Moffit, por orden de la DINA. También se confesó autor de los asesinatos en territorio argentino del general Carlos Prats y del general Juan José Torres mencionados ut supra. Townley afirmó asimismo haber recibido la ayuda del cubano anticastrista Virgilio Paz, quién fabricó la bomba que por control remoto estalló en el automóvil de Letelier; también contaron con la colaboración de Dionisio Suárez, del Movimiento Nacionalista Cubano, con sede en Miami. Townley junto a su esposa Mariana Inés Callejas, chilena, que se ocultaba bajo el nombre de Ana Pizarro, confesaron haber coordinado en Europa los detalles para el crimen de Bernardo Leighton y su esposa, ambos chilenos asilados en Roma.

Además de las notas mencionadas, la existencia de los "Archivos del Terror", documentación de la inteligencia represiva paraguaya, descubierta accidentalmente el 22 de diciembre de 1992 por el Juez Agustín Fernández y por el ex prisionero Martín Almada. En los archivos abundan documentos relacionados con casos de detenidos-desaparecidos paraguayos, y numerosa documentación relacionada a la Operación Cóndor, referida en la misma eufemisticamente como "Acuerdos de cooperación". Se constatan allí correspondencia de la policía de la región, registros y hojas de entregas de detenidos, fichas, fotografías y pasaportes de militantes argentinos, chilenos, uruguayos, brasileños, planes de eliminación de sospechosos, reportes de desplazamientos, actividades de las ONG's de Paraguay, así como informes detallados dirigidos a Stroessner sobre asesinatos de sus opositores políticos.

También figura la documentación que se facilitó a mercenarios croatas, italianos, cubanos, chilenos. Y los nombres de los oficiales, suboficiales de las distintas armas y de los países firmantes del acuerdo de cooperación. También demuestra como el general Pinochet amparó y propugnó la práctica del terrorismo de estado dentro y fuera de su país. Hay constancias de diversas reuniones que mantuvieron Pinochet y Stroessner.

Obran asimismo testimonios que corroboran el intercambio y traslado clandestino de prisioneros, Guaness Serrano, jefe de la inteligencia militar de Paraguay, admitió que “el intercambio de prisioneros era frecuente en la región".

La indudable importancia de estos papeles ha determinado que la Agencia Interamericana de Desarrollo, AID, de los Estados Unidos, se haya apresurado a ofrecer la microfilmación.




Una Madre de Plaza de Mayo también en las garras del cóndor
Esther Ballestrino de Careaga fue una de las 12 personas secuestrada en la Iglesia de la Santa Cruz de la calle Urquiza y Estados Unidos, por el siniestro ex marino Alfredo Astiz con un comando de la ESMA, el 8 de diciembre de 1977, juntamente con Madres de Plaza de Mayo, familiares de desaparecidos y las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon:

"Esther nació en la ciudad de Encarnación de la República del Paraguay, el 20 de enero de 1918. Se graduó como maestra normal y después como Doctora en Bioquímica en la Universidad Nacional de Asunción. Dotada de gran sensibilidad social participó desde muy joven en la organización de las luchas estudiantiles por la Democracia y la Libertad durante la dictadura del general Higinio Morinigo. Fue fundadora del club Revolucionario Pedro P. Samaniego y militó después en el Partido Febrerista. En 1948 participó en la Unión Democrática de Mujeres, organización que jugó un importante papel en la conquista de una amplia amnistía política en ese año.

Después de la derrota de la revolución Democrática en 1947, Esther se vió obligada a exiliarse a Argentina. Casada con el Dr. Raimundo Careaga tuvo tres hijas. Fue uno de los pilares en el Movimiento de Solidaridad con las víctimas de la dictadura stroniana. Como consecuencia de la instauración del terrorismo de estado en la Argentina, su hija menor Ana María Careaga con su esposo Manuel Carlos Cuevas fueron detenidos en Buenos Aires el 13 de junio de 1977 y permanecieron detenidos-desaparecidos durante cuatro meses. En su lucha por la aparición de ellos se vinculó y fue fundadora del Movimiento Madres de Plaza de Mayo y participó en sus luchas hasta el nefasto 8 de diciembre de 1977 que fue secuestrada. No hemos tenido hasta el presente ningún tipo de información sobre la presencia de Esther en la ESMA, campo al que fueron conducidos todos los secuestrados en la Iglesia Santa Cruz, como en ningún otro en territorio argentino, lo que nos hace suponer desde hace mucho tiempo, que nuestra compañera fue intercambiada o simplemente entregada a las fuerzas represivas de Paraguay. *


* Este material fue la base del escrito presentado el 27 de enero de 1999 ante el juzgado de instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional por parte de la acusación particular de las representantes de las Madres de Plaza de Mayo. Solicitándose en esa oportunidad, ampliar escrito de querrella e interesar las correspondientes comisiones rogatorias, como también la solicitud de citación a testificar a las siguientes personas: EMILIO ARAGONÉS NAVARRO (Embajador de Cuba en Argentina en 1976); EMBAJADOR Y CONSUL DE CANADA; HENRY KISSINGER; ROBERT HILL; CYRUS VANCE; VERNON WALTERS; MICHAEL TOWNLEY (DINA); ARMANDO FERNANDEZ LARIOS (MAYOR EJERCITO CHILENO); JUAN LUIS BULNES OSSA (DINA); MANUEL CONTRERAS (GRAL CHILENO); PIERRE LUIGI CONCUTELLI (DINA); SALVATORE FALABELLA (DINA); PEDRO ESPINOSA (ASISTENTE CONTRERAS); IBERICO SAINT JEAN; RAFAEL RIVAS VELAZQUEZ; (SERVICIO INTELIGENCIA VENEZUELA); BENITO GUANES SERRANO (ESTADO MAYOR PARAGUAY); FRANCISCO BRITES (JEFE POLICIA PARAGUAY); VICENTE RODRIGUEZ (GENERAL CHILENO RETIRADO); ROBERT THIERRY (FBI); ROBERT SHERRER (FBI); CLARENCE KELLY (FBI); PASTOR CORONEL; TIMOTHY DAWELL.

Andrea Benites Dumont. Madrid.
14/01/04