Trapitos al sol. Las confesiones de los represores

Los trascendidos sobre las “confesiones” del coronel (retirado y recluso) Jorge “Pajarito” Silveira tienen el tufo de esos jueguitos de agentes secretos que a menudo, por complicados y retorcidos, pierden de vista el objetivo buscado. Reales o manipuladas, motorizarán la investigación.

Silveira, uno de los militares más comprometidos en los crímenes de terrorismo de Estado de la dictadura, habría acusado, en un momento de debilidad, a su colega de infamias, el coronel (también retirado y recluso) José “Nino” Gavazzo, de ser el autor material de los asesinatos de la maestra Elena Quinteros y de la ciudadana argentina María Claudia García de Gelman.

La noticia, atribuida a “fuentes de la investigación”, fue publicada en la edición del martes 19 de El Observador. Según el matutino, Silveira dio rienda suelta a su “arrepentimiento” mientras permanecía internado en el Hospital Militar a causa de dolencias cardíacas provocadas por un cuadro depresivo, que obligaron a suministrarle una fuerte dosis de tranquilizantes. En esas circunstancias, Pajarito habría admitido que participó en el operativo de secuestro de Elena Quinteros, capturada en junio de 1976 en los jardines de la embajada de Venezuela, pero habría revelado que fue Gavazzo quien asesinó a la maestra, en ejecución de una orden impartida por la Junta de Comandantes. Silveira se habría manifestado “arrepentido” y habría admitido tener un “cargo de conciencia” por su actuación en “el caso de una comunista”, que no identificó. Al reconocer que tiene problemas de relacionamiento con alguno de los otros nueve militares presos en Domingo Arena, Pajarito habría señalado que “Gavazzo no tiene cargos de conciencia”, a pesar de que, según él, el antiguo jefe del sid habría sido también el asesino de María Claudia.

El miércoles 20, después de un “cónclave” de los represores presos en el penal especial de Domingo Arena, la esposa de Silveira, Leda Pascal, dio a conocer una carta –escrita por ella y supuestamente dictada por su marido– en la que desmentía la información de El Observador. En dicha carta, Pajarito sostiene que quien divulgó esa versión le había mentido al periodista y atribuía la intención a los problemas de convivencia en la cárcel especial.

El desmentido fue ratificado por el abogado defensor de Silveira, Germán Amondaraín, después de una entrevista que mantuvo en la cárcel, en la tarde del mismo miércoles. Amondaraín trasmitió a los periodistas la afirmación de su defendido en cuanto a que la versión publicada por El Observador era “un invento”. Sin embargo, horas antes, consultado por Brecha, el abogado había sido más cauteloso: “Me extrañó la versión. (Silveira) jamás me hizo comentarios con ese contenido. Pero ‘nunca digas nunca’, así que veré qué es lo que me dice cuando lo visite”.



MANIOBRAS DE INTELIGENCIA.
El trascendido sobre la “confesión” de Silveira exhibe varios aspectos sugerentes y plantea en primer lugar la cuestión de en qué medida son ciertas las afirmaciones atribuidas. Puesto que las versiones sobre esas afirmaciones habían trascendido, en forma paralela, en círculos judiciales (la fiscal Mirtha Guianze admitió haberlas recibido en forma de “chismorreos”), con las debidas precauciones, abogados y militantes de derechos humanos se inclinan a considerar que “hay algo de cierto”, aunque, como afirmó el abogado Pablo Chargoñia, promotor de la causa por la desaparición de Elena Quinteros que desembocó en el procesamiento del ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco, “en principio a estas personas no se les puede creer nada”.

Si Pajarito, en un momento de debilidad, formuló esos comentarios a alguno de los que estaban en contacto con él en el Hospital Militar, el primer interrogante que surge es: ¿fue eso realmente lo que confesó Silveira? No debe descartarse que “la fuente de la investigación” que tomó contacto con El Observador tuviera intenciones, más allá de la “verdad histórica”, para difundir la versión. No es la primera vez que El Observador es receptáculo de afirmaciones de “fuentes militares” que utilizan trascendidos con fines de operación de inteligencia, mezclando verdades y medias verdades para influir en el juego de tensiones entre las distintas fracciones de represores, enfrentados desde que el actual gobierno implementó una política de derechos humanos que horadó la impunidad monolítica implantada por la ley de caducidad.

Resulta significativo que la “confesión” de Pajarito se refiera a dos episodios amparados por la ley de caducidad: el expediente Elena Quinteros, que por resolución del gobierno de Jorge Batlle no pudo avanzar en la investigación de las responsabilidades de los militares implicados (el procesamiento de Blanco se produjo porque los civiles no están amparados en la ley); y el expediente Gelman, archivado por el fiscal Enrique Moller a pesar de la decisión del actual Poder Ejecutivo de declararlo fuera del amparo de la norma. Al incriminar a Gavazzo en el asesinato de María Claudia, Silveira sostuvo que “le resulta impensable considerar que las Fuerzas Armadas estuvieran involucradas en ese asesinato”. La depresión que habilitó la “confesión” no llegó al extremo de revelar la identidad de “la comunista” –al menos en la versión difundida por el infidente– y por tanto es imposible determinar si la ausencia de detalles tiene que ver con el hecho de que “el caso” podría no estar comprendido por la ley de caducidad.



CONTRADICCIONES Y DESAVENENCIAS.
El “arrepentimiento” de Pajarito es ambiguo y selectivo. Como integrante del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (ocoa), Silveira está involucrado en numerosos crímenes de lesa humanidad. El testimonio de una de sus víctimas, publicado en Brecha en noviembre de 2003, lo ubica a comienzos de los años ochenta como uno de los interrogadores de jóvenes estudiantes detenidos en el local de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, en la calle Maldonado. Pajarito, personalmente, torturó a los detenidos y violó a jóvenes de ambos sexos; la denuncia nunca fue desmentida. Ahora afirma ser ajeno a la detención, desaparición y asesinato de María Claudia, por más que la investigación del poeta argentino Juan Gelman y de periodistas de La República confirman que Silveira, junto con el policía Ricardo “Conejo” Medina, fue quien entregó a la hija de María Claudia, Macarena, nacida en cautiverio, al funcionario policial que se apropió del bebé. Silveira, según resulta de la investigación de La República, habría participado de la ejecución de María Claudia en el centro clandestino de detención conocido como “Base Valparaíso”. Hay, además, un testimonio incontrovertible que sindica a Medina como el autor material: la confesión del entonces presidente Jorge Batlle al senador Rafael Michelini, en un rapto de ofuscación durante una entrevista tensa que mantuvieron en el Edificio Libertad. Pese a esa convicción, Batlle ordenó el archivo de la causa.

La incriminación de Gavazzo en la muerte de María Claudia revela hasta dónde llegan las contradicciones de los represores presos. Según José Luis González, abogado de Macarena Gelman, seguramente Gavazzo estuvo implicado en el secuestro y traslado de María Claudia desde Buenos Aires, pero por ahora no existen indicios de que haya participado directamente en el asesinato. Tampoco existen evidencias de la participación directa de Gavazzo en el asesinato de Elena Quinteros; pero la versión de Pajarito resulta mucho más sugestiva, porque sostiene que la orden provino de la Junta de Comandantes. Como se recordará, el ex canciller Blanco había elaborado un memorando para el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), analizando las “ventajas y desventajas” de “entregar a la mujer”, reclamada por el gobierno de Venezuela. El trascendido de la confesión de Silveira (a quien los testimonios de otros prisioneros lo ubican en el Batallón 13 de Infantería interrogando y torturando a Elena) introduce a otro personaje en el episodio, el general Gregorio Álvarez, que integraba los círculos del poder militar en la época.

Las desavenencias entre Silveira y Gavazzo fueron explicadas en un artículo de La República como producto de un viejo antagonismo entre el ocoa y el sid, aunque las verdaderas razones podrían tener su origen en causas más truculentas. La animosidad de Silveira con Álvarez fue explicada por aspectos de la “vida carcelaria”. Al parecer, aislado por el resto de los reclusos, Pajarito había optado por habitar una celda individual, privilegio que caducó cuando llegó a la cárcel el general dictador, quien pasó a ocupar el habitáculo.

No son de despreciar las desavenencias carcelarias. La prisión es un universo cerrado donde las tensiones se multiplican en forma exponencial, aun en las privilegiadas condiciones de reclusión que tienen los represores militares. Si hasta ahora la política de la omertà había funcionado monolíticamente, es un hecho que esa omertà se resquebrajó desde el momento en que los nuevos criterios del gobierno para la aplicación de la ley de caducidad instalaron la posibilidad de procesamientos. Fue en ese nuevo contexto que comenzaron a proliferar los “trascendidos” que permitieron entrever las contradicciones entre policías y militares represores, y entre las distintas fracciones. Los procesamientos agudizaron las contradicciones y todo sugiere que las versiones, interesadas o no, manipuladas o no, terminarán sacando “trapitos al sol” que permitirán avanzar en la búsqueda de la verdad.



NUEVAS INSTANCIAS JUDICIALES.
Aparentemente, la información divulgada por El Observador instaló una tregua en el enfrentamiento entre presos. La televisión pudo mostrar, el martes 19, al dictador Álvarez caminando por el patio de recreo y deliberando con otros presos, en lo que el cronista calificó como un cónclave. La carta difundida por la esposa de Silveira habría permitido distender la situación en Domingo Arena, pero no pudo impedir que la difusión de la “confesión” catapultara acciones judiciales.

De hecho, tanto en el caso de Elena Quinteros como en el de María Claudia García de Gelman se aguardaban iniciativas de los abogados querellantes para impulsar la reinvestigación. El abogado González se aprestaba a presentar un escrito reclamando la reapertura del caso Gelman en función de nuevos elementos: el reconocimiento oficial de la Fuerza Aérea sobre los vuelos clandestinos (en uno de los cuales fue trasladada María Claudia); el hallazgo de restos de desaparecidos en predios militares; y la afirmación de uno de los procesados, el coronel Gilberto Vázquez, titular del local de la Base Valparaíso, de que existían otros lugares de enterramientos. La confesión de Pajarito constituye, en opinión del abogado González, un cuarto elemento. El caso está en manos del juez Pedro Zalazar.

Por otra parte, el abogado Chargoñia se dispone a solicitar al juez Juan Carlos Fernández Lechini que habilite la investigación de los militares involucrados en la desaparición de Elena Quinteros. El magistrado se adelantó y en los próximos días ordenaría el traslado al juzgado de los reclusos Silveira y Gavazzo para interrogarlos a propósito de la versión difundida por El Observador. Quizás a partir de estas instancias se pueda establecer si, debido a su depresión nerviosa, Pajarito dijo lo que se le atribuye.


Brecha
Samuel Blixen
22/02/08