Prontos para la guerra sucia. La inteligencia

Hace casi 15 años, una fría mañana de julio, el juez Rolando Vomero encontró en su despacho de la ciudad de Pando un “peludo de regalo”: la denuncia del entonces ministro del Interior, Juan Andrés Ramírez, sobre la desaparición del bioquímico Eugenio Berríos

Berríos era un ex agente de la dictadura chilena a quien un aparato paralelo de la contrainteligencia militar había escondido en territorio uruguayo para eludir la acción de la justicia trasandina.

Vomero interrogó a dos militares en actividad, hoy extraditados a Santiago, sobre los acontecimientos ocurridos en noviembre de 1992 en el balneario Las Toscas –episodios que generaron un escándalo político y una crisis institucional en el gobierno de Luis Alberto Lacalle–, y dos días después el local del juzgado departamental fue baleado en horas de la noche. Fue un “aviso”. El expediente enfrentó insuperables obstáculos para avanzar en la investigación.

Años después, el cuerpo de Eugenio Berríos apareció en El Pinar con tres orificios de bala en la cabeza, pero para entonces Vomero ya había sido asignado a otros destinos judiciales y había recalado en los juzgados penales de Montevideo.

Hace dos semanas, oficiando como juez penal de feria, Vomero recibió otro “peludo de regalo”: la Policía le entregó dos cd incautados a la señora Nancy Medina cuando concurría a la cárcel especial de la calle Domingo Arena a visitar a su padre, el inspector superior Ricardo “Conejo” Medina, procesado por violaciones a los derechos humanos. El contenido de los discos impulsó al magistrado a ordenar una requisa en los dos pabellones que albergan a los once militares y policías procesados.

La incautación de cuatro computadoras, numerosos cd y discos portátiles de memoria (pen drives) revelaron que los reclusos manejaban en la cárcel un voluminoso archivo de información de inteligencia.

El juez Vomero decidió interrogar al Conejo Medina, mientras que su hija Nancy era interrogada por funcionarios policiales en Jefatura. Pero, puesto que algunos de los archivos digitales exigían claves para abrirlos, el magistrado derivó todo el material al departamento informático de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia para su análisis. Cumplido el turno, Vomero derivó el expediente a su subrogante en la feria, el juez Daniel Tapié. Las actuaciones judiciales se retomarán en los primeros días de febrero.

Según fuentes judiciales consultadas por Brecha, el juez Vomero realizó un somero estudio de los más de mil archivos incautados a Medina, que incluyen “material secreto”. En el allanamiento de los pabellones de la cárcel de Domingo Arena los policías habrían buscado infructuosamente un pen drive que permitiría a los reclusos conectarse a Internet mediante un enlace inalámbrico con algún módem instalado en las inmediaciones del cuartel.


EL ARCHIVO.
Por ahora, y mientras se sustancian otras investigaciones judiciales sobre algunos de los casos más notorios de violaciones a los derechos humanos no comprendidos en la ley de caducidad, la cárcel de Domingo Arena alberga a once reclusos en dos pabellones. En uno de ellos conviven el ex dictador Gregorio Álvarez y el capitán de navío Juan Carlos Larcebeau; en otro, el pabellón 9, habita el resto de los reclusos. En este pabellón estaban operativas cuatro computadoras personales, cuyo ingreso, según trascendidos, fue autorizado para Gilberto Vázquez, Luis Maurente, José Gavazzo y Medina. Se presume que en esas computadoras se redactan los textos que aparecen en la página web envozalta.net, donde los ex represores difunden sus opiniones sobre los procesos judiciales, la política de derechos humanos del gobierno, información sobre “el enemigo”, algunas supuestas “revelaciones” sobre los operativos de los aparatos de inteligencia durante la dictadura, e incluso apreciaciones sobre las iniciativas para la reelección del presidente Tabaré Vázquez.

En principio, los contenidos de la página web, algunos de ellos con firma, no incurrirían en violación a las disposiciones que prohíben a los militares opinar sobre aspectos políticos, porque serían adjudicados a oficiales en situación de retiro desde hace muchos años. Sin embargo, se sospecha que algunos de esos “artículos” fueron redactados por allegados a los reclusos, como es el caso de uno, firmado por Medina, con consideraciones sobre aspectos jurídicos cuyo estilo se asemeja al de un notorio abogado constitucionalista que ha incursionado prolíficamente en el análisis de aspectos judiciales de las causas de los represores y que en ocasiones ha asesorado a sus abogados defensores.

La usina de propaganda instalada en la cárcel de Domingo Arena cuenta con una estructura de apoyo, que utiliza a los familiares como intermediarios. La incautación a Nancy Medina de los cd que motivaron la requisa tiene antecedentes: en otra oportunidad Nancy pretendió introducir información, fue detectada y por ello pidió excusas, según ella misma confirmó en una carta que hizo pública.

Sin embargo, todavía no se ha informado si se ha detectado la manera en que fueron introducidos en la cárcel los materiales incautados, que según el juez Vomero incluyen “archivos secretos” que permanecían en los discos duros de las computadoras o en los soportes portátiles.

El contenido de los archivos incautados se aleja notablemente de las intenciones explícitas de la página web envozalta.net, cuyos “artículos” en principio se apoyan en fuentes “públicas”. Por el contrario, el material derivado al despacho de Vomero incluye información sobre mandos policiales, listas de integrantes de la masonería, listas detalladas sobre armamento, códigos de radios policiales, claves de operativos, información sobre la vida privada de personalidades públicas e información sobre asuntos militares.

Algunos de esos archivos estaban resguardados mediante claves de acceso, que el departamento de informática de Inteligencia policial intentaba descifrar. Las fuentes judiciales consultadas por Brecha indicaron que Vomero considera algunos de los materiales incautados como “documentos secretos” que no son de acceso público.

Un aspecto del análisis a que están sometidos los documentos intenta determinar si dichos archivos corresponden a material oficial, es decir, material reservado de los organismos oficiales de Inteligencia, o si por el contrario, responden a una actividad paralela de inteligencia.

Es posible que la documentación revele actividad en ambos sentidos: que se trate en parte de documentación oficial que los represores obtuvieron de manera clandestina, y en parte de material producto de su propia actividad.

Salvo el general Álvarez, todos los reclusos de Domingo Arena revistaron en estructuras de inteligencia de la dictadura; fueron funcionarios del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (ocoa) y del Servicio de Información de Defensa (sid). Si algunos de los materiales fueron sustraídos de archivos oficiales, entonces su posesión implicaría la comisión de delitos. Si se tratara de una actividad “privada” de inteligencia, las connotaciones serían aun más serias.

Una línea de investigación intenta determinar si algunos de los documentos corresponden a actividades de inteligencia del pasado, que darían pistas sobre los archivos de la dictadura que en su momento se dijo que habían sido destruidos y cuya localización es un objetivo prioritario de los investigadores, tanto oficiales como de organizaciones de derechos humanos.

El hallazgo de un archivo en la unidad militar de la calle Dante reveló en su momento la falsedad de la versión sobre la destrucción de los materiales de inteligencia de la dictadura. Ese archivo está siendo procesado para su total digitalización y su contenido ha generado preocupación en filas de la oposición, en especial del Partido Nacional. Según trascendidos, dicho archivo contiene materiales de la época de la dictadura, pero también de la actividad de inteligencia de épocas más recientes, tras la restauración democrática, sobre seguimientos y vigilancias a partidos políticos y personalidades. Entre este archivo y el incautado en la cárcel de Domingo Arena existirían similitudes de enfoque y métodos.

Entre las escasas informaciones trascendidas sobre los documentos incautados por el juez Vomero, se hizo hincapié en dos archivos referidos a personalidades: el de la fiscal penal Mirtha Guianze y el del prosecretario de la Presidencia –y hermano del presidente– Jorge Vázquez. Algunos detalles del material –no confirmados– incluirían información sobre familiares de las personas investigadas que no pueden adjudicarse a “fuentes públicas”.


SEGUIMIENTOS Y VIGILANCIA.
Pero la incautación de los archivos puso en evidencia otro aspecto preocupante: los aparatos paralelos de inteligencia no se han limitado a una labor de contrapropaganda, han incursionado en otros operativos. A raíz del trascendido sobre “fichas personales” salieron a luz incidentes hasta ahora mantenidos en reserva. Según pudo saber Brecha, la fiscal Guianze fue objeto reciente de una vigilancia que pretendía presionarla y amedrentarla. La magistrada, que actúa en todos los casos judiciales que terminaron con los procesamientos de militares y policías, detectó la vigilancia a que fue sometida durante sus vacaciones en Punta Rubia, un balneario cercano a La Pedrera. En dos ocasiones detectó, en las cercanías del chalet que habitaba, vehículos particulares –uno de color rojo y otro blanco– que abandonaron el lugar cuando ella o su marido se dirigieron a su encuentro.

Fuentes cercanas a la fiscal indicaron que Guianze tiene la convicción de que quienes merodearon su lugar de veraneo tenían intención de darle una señal de aviso: “Mirá que te estamos vigilando”. En la página web de los represores la figura de la fiscal ocupa un lugar destacado, con críticas a su actuación profesional y con referencias –por otro lado inexactas– a la condición de ex tupamaro de su marido.

El abogado Óscar López Goldaracena, patrocinante de familiares de desaparecidos en las causas del llamado “segundo vuelo” y del centro clandestino de detención de La Tablada (por el que fueron procesados Álvarez y Larcebeau, y requerido Jorge Tróccoli, actualmente preso en Italia), también fue objeto de vigilancia mediante la presencia de automóviles con chapa de Punta del Este frente a su domicilio particular. Este episodio, con una inequívoca intención de presión, ocurrió en diciembre último, por los días en que se aguardaba una decisión judicial sobre los procesamientos.


APARATOS PARALELOS.
Así las cosas, fuentes políticas aseguraron a Brecha que existen fuertes indicios sobre la existencia de varios –no uno– aparatos paralelos de inteligencia, que responden en términos generales a las distintas fracciones de militares y policías que en el pasado estuvieron comprometidos en el espionaje dictatorial y que una vez desplazados siguieron operando y explotando en diverso grado los antiguos vínculos. La red paralela de contrainteligencia descubierta a raíz del “escándalo Berrios” demostró que algunos oficiales de inteligencia, como los coroneles Tomás Casella, Eduardo Radaelli, Wellington Sarli, Héctor Lluis y el general Mario Aguerrondo, realizaban una doble actividad, una oficial y otra paralela. Casella fue acusado de organizar los atentados con bomba contra políticos (en particular el que destruyó parcialmente el estudio jurídico de Julio María Sanguinetti y el fallido contra James Coates, ex comandante de la Armada).

Es posible que en el actual “estado de transición” en la reorganización de las estructuras de inteligencia se reproduzcan actividades superpuestas en los planos oficial y paralelo. Las requisas del cuartel de Domingo Arena revelan que los “insumos de información” que manejaban los represores presos fueron aportados por personas o estructuras que realizan actividad paralela de inteligencia.

Una línea de investigación apunta a determinar en qué medida, desde la cárcel, los represores presos comandan algunos de esos aparatos clandestinos, actividad que adquiere mayor importancia en la medida en que la política de derechos humanos del gobierno y la acción independiente de la justicia van estrechando el cerco en torno a la verdad sobre el terrorismo de Estado, y desplegando el consiguiente castigo para los hechos comprobados.

El principal elemento de tensión se enfoca en las perspectivas de que una investigación continuada y cada vez más profunda deje al descubierto el abanico de apoyaturas y complicidades que requirió el despliegue del terrorismo de Estado, y más aun, la comprobación de que las antiguas estructuras continuaron en democracia con sus actividades antidemocráticas de espionaje.

Artículo publicado en la edición 1157 del semanario Brecha (www.brecha.com.uy), correspondiente al 25 de Enero de 2008.