Leonel Fazzio y Ruben Pagola

8) JUICIO POLITICO A EDILES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO
SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa la consideración del asunto que figura en primer término del orden del día.

Tiene la palabra el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: en una forma que creo será muy breve, quiero expresar que en nombre de nuestro sector, el Foro Batllista, voy a dar mi voto afirmativo a esta iniciativa, completamente convencido del dictamen pronunciado por la Comisión de Constitución y Legislación, que analizó este tema. El desarrollo de la argumentación que se ha hecho en la Comisión -inclusive las manifestaciones pronunciadas por los distintos señores senadores en el Plenario- es, a nuestro juicio, lo suficientemente elocuente como para no extenderme en este punto. Actuar en forma contraria significaría incurrir en repeticiones que, a esta altura del debate, resultarían innecesarias.

Lo que nos interesa que quede claro, y lo reiteramos, es la postura que han asumido los tres señores senadores pertenecientes a nuestro sector.

Se ha dicho que éste es el único y primer antecedentes de remoción de ediles por parte de la Cámara de Senadores. No sé si esto es exactamente así, pero debo manifestar que coincido con la opinión expresada por el señor Presidente del Senado en el día de ayer. Inclusive, fuera de este recinto, mi compañero de sector, el señor senador Cigliuti -cuya versación en esta materia es indiscutible- me hizo algunos comentarios acerca de este tema.

Creo que fue beneficioso haber actuado en una forma en la que queda muy claramente expuesto que ningún integrante de la Comisión condicionó sus actitudes, a consideraciones de tipo partidario. Eso habla muy bien del Parlamento, institución no siempre comprendida.

Por estas razones decimos sin satisfacción -porque no es agradable llegar a conclusiones como a las que hemos arribado, repito, con seguridad- que estos acontecimientos, por lo que sabemos, son excepcionales y no constituyen una práctica habitual en el país. Me refiero a las personas que están investidas de responsabilidad pública.

Pensamos que estos hechos sirven para comprender que más allá de los errores que sin duda cometemos en más de una oportunidad quienes desempeñamos nuestra función legislativa, lo que predomina siempre es la honestidad de procederes.

También en forma muy breve, señor Presidente, quería referirme a un tema lateral que se desarrolló en el día de ayer, que no hace al fondo del asunto, porque en los hechos no se ha planteado. Me refiero a lo que podría haber ocurrido en el caso de que la Junta Departamental de Maldonado hubiera aceptado la renuncia de uno de los dos ediles que estamos juzgando, es decir, el señor Fazzio.

Admito que éste es un tema opinable y por algo nos movemos conforme a Derecho que, precisamente, no es una ciencia exacta. Por lo tanto, estoy de acuerdo con la duda que puede existir en esta materia, a pesar de que este tema se discutió muy seriamente en el seno de la Comisión de Constitución y Legislación.

Creo que la Junta Departamental de Maldonado, luego de planteada la acusación formal ante el Senado, pierde competencias constitucionales para dejar sin efecto lo que es una etapa ulterior, que ya no le compete y que le es ajena. Concretamente, es la del juzgamiento, repito, de aquellas personas contras las que se ha formulado la denuncia. Se me ocurre que en su momento podría ser útil profundizar en un tema que, reitero, no ha resultado necesario analizar con mayor detalle, ya que en los hechos no se ha dado la hipótesis que hubiera dado mérito a un desarrollo mayor de la cuestión. Sin embargo, hablando en términos procesales, creo que este proceso de juicio político que se inicia en la Junta Departamental y luego continúa en el Senado, va acumulando etapas que se separan en una forma -no diría idéntica porque no he estudiado el asunto reitero, con tanto detalle- análoga a lo que, como estudiantes de Derecho Procesal, recordamos del profesor Couture.

SEÑOR PRESIDENTE. - Del maestro Couture, señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Entonces, que se agregue a la versión del «maestro Couture».

Concretamente, se trata de la preclusión dentro del proceso, es decir, hay etapas al cabo de las cuales el órgano que actúa ya no puede volver a hacerlo. Pienso que en este caso debe aplicarse un razonamiento similar. Me parece que lo otro le quitaría sentido a la norma constitucional; le daría una posibilidad de manejo de situaciones con finalidades que pueden ser muy ajenas a las que inspiraron sanamente al constituyente cuando elaboró las normas correspondientes.

No tendría el menor sentido que por una consideración de cualquier orden, valedera o no -y especialmente en el caso de que no lo fuera- una Junta Departamental «descubriera» que por el mero expediente de aceptar una renuncia sustrae del juicio a quien inicialmente, y probablemente con verdadera convicción, entendió culpable de la comisión de un delito relacionado con la Constitución u otro de especial gravedad. Además, considero que no se ajusta a la situación hipotética que afortunadamente no se planteó, relativa al ejemplo de la muerte de alguien que, eventualmente, pudiera ser condenado a la pena máxima por un determinado tribunal. Concretamente, me refiero al ejemplo que ponía mi compañero de sector, el señor senador Bouza, en una exposición que, como todas las suyas, fue de un alto vuelo jurídico. Sin embargo, pienso que en esto hay que distinguir lo que son situaciones derivadas de un caso fortuito, de fuerza mayor -como es una muerte- de lo que tiene que ver con una decisión voluntaria que, de ser acogida la tesis que haría imposible el juzgamiento luego de aceptarse la renuncia, supondría que bastaría la suma o la combinación de la voluntad de un renunciante y de una cierta mayoría en una Junta Departamental para que se dejara sin efecto la posibilidad constitucional, por el mero procedimiento de acumular algunas voluntades luego del momento en que la Junta debió pronunciarse y lo hizo efectivamente. Cabe recordar que es un derecho del Senado juzgar, pero también es un deber hacerlo cuando recibe una denuncia; no puede eludir esa responsabilidad.

Reitero que este tema, a mi juicio, es claro y sostener una tesis distinta -a pesar de que, insisto, es un asunto complejo- nos colocaría, posteriormente, en otra situación. Me refiero al efecto que podría tener un pronunciamiento de una Junta Departamental -del departamento que fuere- que luego de deducir acusación ante el Senado, aceptara una renuncia para evitar su pronunciamiento. A mi entender, sería un acto nulo, en la medida en que ha precluido la posibilidad de que la Junta Departamental vuelva a hacerse cargo del asunto. Por lo tanto, sería un acto violatorio de la Constitución de la República, cometido por la mayoría de la Junta Departamental, el hecho de que aceptara la renuncia sin estar en condiciones de hacerlo dadas las circunstancias del caso. Cabría preguntarse en qué forma se obtiene luego la declaración de nulidad de la Junta Departamental y qué ocurriría en ese caso. Cabría preguntarse en qué forma se obtiene luego la declaración de nulidad de la Junta Departamental y qué ocurriría en ese caso. Sin duda, esto nos introduce en caminos muy complicados que no hacen al fondo del tema que hoy estamos tratando. Sin embargo, quiero remarcarlo como cuestiones que quizás, en su momento, den mérito a algún desarrollo doctrinario en esta función cuasi jurisdiccional que debemos cumplir cuando juzgamos a ediles como en el caso que nos ocupa.

Termino, señor Presidente, reiterando que no sentimos satisfacción alguna acompañando este informe de la Comisión, porque no nos gusta comprobar que, de tanto en tanto, los hombres públicos cometen actos violatorios de la Constitución de la República, o que impliquen incurrir en delitos graves. Al mismo tiempo, sentimos la tranquilidad de conciencia de que esta forma, todos los sectores políticos aquí representados hemos superado, como tantas veces, nuestros sentimientos o nuestros criterios partidarios, en la medida en que no solamente actuamos como representantes de esos partidos políticos, sino que también nos corresponde -¡y vaya responsabilidad!- ser jueces en un asunto tan importante como el que nos ocupa.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Millor.

SEÑOR MILLOR. - Señor Presidente: en primer lugar, quiero pedir disculpas a los compañeros del Cuerpo porque en el día de ayer, por motivos estrictamente personales, no pude quedarme y escuchar a los señores senadores que hicieron uso de la palabra en el tema que nos ocupa. Me parece que corresponden estas disculpas, inclusive, hasta por una cuestión de deferencia, porque si se piensa opinar sobre un tema, es elemental atender las consideraciones de los demás.

Voy a tratar de no incurrir en ninguna redundancia y adelanto que no voy a profundizar en lo que concierne al informe, porque nuestra bancada lo comparte totalmente.

Simplemente, de la manera más breve posible, quiero destacar la actitud de la Junta Departamental de Maldonado. Creo que va a llegar un momento en que habrá que valorizar históricamente la actitud de dicho organismo, más allá de los matices políticos que, como en todo órgano pluralista, deben convivir. Considero que es la primera oportunidad en la historia de este país que un Cuerpo colectivo y pluralista transvasando las diferencias partidarias, decide autosanearse. Sin duda, éste es un mensaje tremendamente importante que el pueblo uruguayo necesitaba y estaba esperando. Tal vez, por este andarivel de aprender a sanearnos es que comencemos a terminar con aquello que ha sido muy bien definido como la irritante impunidad de los poderosos. Esto, no implica el sostener que un edil, que un diputado, que un senador, o que un jerarca de la Administración Pública sean poderosos en todo el sentido de la palabra. Importa la óptica con que es visualizado por el pueblo y, evidentemente, desde allí cualquiera de los cargos que acabo de mencionar ostentan una parte del poder. No es bueno para la gente intuir que en nuestro país existen dos clases de uruguayos; por un lado, los uruguayos simples y comunes «de a pie» que están sometidos a todas las normas judiciales y no pueden evadir el pronunciamiento de las mismas y, por otro, un pequeño grupo de privilegiados que por el cargo que ocupan parecería que están por encima de esas leyes. No es ese el sentimiento de la inmensa mayoría de los hombres públicos de este país; lo malo es que a veces es ese el mensaje que llega a la ciudadanía. Por estos motivos, creo que esto que ha hecho la Junta Departamental de Maldonado es de una tremenda importancia. El tema de los fueros y el de las inmunidades no son condiciones otorgadas para poder hacer lo que a un ciudadano corriente no le está permitido. Las inmunidades, por ejemplo, no le son concedidas a nadie para poder evadir la acción o el requerimiento de la Justicia; las inmunidades son dadas para que una persona pueda proceder libremente en su andarivel político, para que no sea perseguida por su quehacer político y no para que pueda permanecer impune por su mal hacer como un simple ciudadano.

Luego de estas precisiones como forma de homenaje a una Junta Departamental en la cual participan personas con las que coincidiremos políticamente y otras con las que discreparemos de manera tajante, deseo dejar sentada una serie de dudas.

Uno de los dos ediles que hoy se están juzgando, desde hace bastante tiempo realiza apariciones públicas con amenazas en el sentido de que de concretarse su desafuero dará a conocer el nombre de personalidades políticas del departamento de Maldonado. Entre ellas habría integrantes del Partido Colorado que estarían implicadas en actos de corrupción. Debo decir, con total sinceridad, que espero que estas denuncias se concreten, descontando desde ya, que no tendrán asidero. Reitero que espero que esto se concrete, porque no hay peor calumnia que la insinuación a medias. Desde el momento que se está diciendo, reiteradamente, que se van a efectuar denuncias respecto a promitentes hombres públicos del departamento de Maldonado -tal vez integrantes de mi Partido Colorado- espero, con total sinceridad, que esas amenazas se concreten, para después considerar qué medidas se adoptarán en función de su tenor.

También quiero dejar expresamente establecido mi temor de que este momento histórico que vive el país, que comenzó con la actitud de la Junta Departamental de Maldonado, deje este tema a medias.

Voy a reiterar algunos conceptos que han merecido que la Junta Departamental de Maldonado, o alguno de sus integrantes, me dispensase el honor de plantear el intento de una cuestión de fueros en contra de quien habla. Si según la Justicia hay un profesional que está procesado por soborno; si según la Justicia hay dos ediles que habrían incurrido en el acto de dejarse sobornar, sigo planteando la misma pregunta que realicé cuando conocí las denuncias de los ediles Cristina Pérez y Villalba. Es decir, alguien tiene que haber sido la persona que haya puesto el objeto del soborno; dicho en otras palabras, alguien tiene que haber puesto el dinero. Así como el señor senador Ricaldoni expresaba que es lamentable que, de vez en cuando, se compruebe que los hombres públicos son capaces de corromperse, con total franqueza digo que no sé que es peor, si una persona que tiene un cargo honorario -y no por ello está eximida de ser juzgada cuando comete ciertos delitos- se deje corromper o el intento de corromper gente por parte de capitales que, evidentemente, tienen que ser privados. Considero que es mucho peor el acto de corrupción que la persona que se corrompe. Este es el temor que tenemos, es decir, que juzguemos sin ninguna vacilación a los ediles votando a favor este informe y que tal como presiento, queden en la impunidad aquellas personas que promovieron el hecho de la corrupción. Por haber dicho estas cosas se ha planteado contra nosotros, en un diario de Punta del Este que, casualmente, pertenece al profesional procesado, una cuestión de fueros en la Junta Departamental de Maldonado. Realmente no entiendo estas reacciones, aunque sí lo puedo hacer teniendo en cuenta en qué diario fueron publicadas.

El hecho de que preguntemos quién puso el dinero de ninguna manera puede calificarse como un intento de ahuyentar inversores de nuestro país. Por el contrario: son sugerencias -reitero aquí conceptos que expresamos en el departamento de Maldonado- comentarios en voz alta que hicimos, tal vez, a cuenta de futuros planteamientos que podamos efectuar en el Senado o, quizá, para que algún señor senador con mayor experiencia pueda recoger la idea a los efectos de dar una norma muy saludable al Uruguay. No sé si en un país como el nuestro -no creo que haya diferencias en este sentido- que permanentemente procura atraer inversores extranjeros, no llegó el momento de tener determinadas normas que prohíban el ingreso de ciertos inversores, porque creo que hay sumas que restan. Pienso que hay inversores que al venir a nuestro país y poder proceder con total impunidad, están corriendo a los que realmente nos interesan, que son los inversores serios. Decimos esto porque ningún inversor serio va a un país en el que se esté dando el mensaje de que, de pronto, quien invierte para poder obtener mayores ganancias debe ingresar en el andarivel de corromper a los hombres públicos. Por lo tanto, reitero que sería saludable tener una normativa en este sentido. No me parece que esto sea correr posibles inversores extranjeros; nunca partí de la base de que se protege a la industria del turismo encubriendo, a su vez, a los corruptos. No puedo concebir que se incentive la idea de atraer a inversores extranjeros protegiendo a quienes incurran en actos de corrupción.

Lo que más me sorprende -y porque me gusta asumir la responsabilidad de lo que digo es que introduzco este tema, que no creo que intentó plantear en la sesión ordinaria de la Junta Departamental de Maldonado del 5 de junio de este año. En principio, esto fue planteado contra nosotros, y lo que no me queda claro es si en la misma se involucra a hombres públicos que expresaron conceptos similares a los manifestados por nosotros, ya que se menciona a los señores senadores Santoro y Zumarán; aunque, reitero, esta cuestión de fueros se intentó plantear pura y exclusivamente contra nosotros.

¿Qué habíamos dicho para esto motivarse una cuestión de fueros? Concretamente, en Maldonado -no aquí- expresamos que lamentablemente en el Pleno de la Junta Departamental de Maldonado, en la Comisión Investigadora, en los medios de difusión, en el ámbito público de la ciudad y de ese departamento y, por ende, en el Senado de la República, se hablaba constantemente de la corrupción de la Junta Departamental, que eso no dolía tremendamente, porque estamos absolutamente convencidos de que la inmensa mayoría de sus ediles, así como la inmensa mayoría de los ediles de los 19 departamentos del país, son personas probas, honestas y que, por un mecanismo que no compartimos de cargos honorarios, sacrifican una buena parte de su tiempo, de su vida hogareña, de su familia y de su patrimonio en aras de intentar cumplir en forma honoraria una función que les ha confiado la ciudadanía. De cualquier manera, lo concreto es que se hablaba de corrupción y de que esas disposiciones controvertidas que se votaban en la Junta Departamental de Maldonado alentaban ciertas suspicacias que no eran buenas para ese organismo, para los ediles honestos, que son la mayoría de los que actúan en el departamento de Maldonado, ni para el quehacer político.

Nos referíamos a hechos concretos, puesto que todo esto está vinculado con un expediente denominado «La Juanita», pero también antes hubo otro expediente llamado «La Carolina». Aún más, previamente a «La Juanita» se produjo una circunstancia que aún hoy no nos podemos explicar. Me refiero a la aprobación de una modificación en las ordenanzas de construcción en lo que refiere a la Península de Punta del Este; ordenanzas nuevas votadas el año pasado, que no comprendemos ni compartimos en lo más mínimo.

Recuerdo haber expresado en algún medio de difusión de Maldonado nuestra intención de plantear en el Senado la creación de una Comisión Investigadora en torno a estas ordenanzas de construcción. Digo con total franqueza que no lo haremos en el día de hoy por dos razones: en primer lugar, para no tergiversar el tema de fondo que estamos tratando, que es el juicio político a dos ediles y, en segundo término, porque no me queda claro -lo confieso con humildad- los alcances que podría tener una Comisión Investigadora que no fuese más allá de algo por lo cual me sentiría satisfecho, que es investigar a fondo cuál fue el origen de esas ordenanzas de construcción. Por otra parte, tampoco me queda claro si no violentaríamos lo que puede ser la autonomía departamental. Con esto no estoy renunciando a la posibilidad de sugerir la formación de una Comisión Investigadora, sino que con humildad estoy planteando dudas que tenemos. Por lo tanto, si con nuestros compañeros de Partido llegáramos a la conclusión de que esta Comisión Investigadora merece ser establecida, nos reservamos el derecho de formular el planteamiento en su debido momento.

Reiteramos que lo que más nos sorprende es la pasión que pusieron algunos calificados ediles al intentar convertir en cuestión de fueros un planteamiento que hizo -a mi entender, en forma correcta- un edil del Partido Por el Gobierno del Pueblo. Ante nuestras declaraciones en la ciudad de Maldonado y luego de manifestar que ya eran muchos los senadores que estaban preocupados por el tema de lo que vota la Junta Departamental, esta persona propone que todas las actuaciones referidas a determinadas disposiciones aprobadas en dicho organismo, deberían pasar al Senado de la República a los efectos de que los miembros de este Cuerpo pudieran salir de dudas. Repito que, desde nuestro punto de vista, este es un planteo correcto.

También nos llama la atención la pasión puesta por el señor edil Mesa -que, según tengo entendido, es el primer suplente del Intendente Burgueño, a quien conozco de hace mucho tiempo y con quien, además, no tengo por qué ocultarlo, mantengo una amistad, lo cual no quiere decir que comparta todo su quehacer como hombre público y como Intendente del departamento de Maldonado- al intentar convertir el planteamiento del señor edil del Partido Por el Gobierno del Pueblo que, reitero, había sido hecho de una manera muy correcta, en una cuestión de fueros, con conceptos que prefiero no contestar. En el resumen de lo que sí interesa, parecería que cuando hicimos el planteamiento público en el departamento de Maldonado -y que estamos dispuestos a ratificar aquí y donde sea- atendamos contra la honorabilidad de toda la Junta Departamental. Esto no es así; reitero que lo que dijimos en aquel momento -y que tal vez lo plantearemos nuevamente mañana- es en defensa de los ediles honestos, de la honorabilidad de la Junta Departamental de Maldonado y también de la del quehacer político. Obviamente, es difícil dejar pasar por alto ciertas expresiones, en las cuales, tal vez, podríamos inferir algún agravio personal. Sin embargo, no lo voy a hacer porque hace ya mucho tiempo que aprendí que el hombre público tiene que acostumbrarse a ser agraviado dentro de lo que pueden ser las fronteras de la pasión y del agravio, que son muy difusas y, a veces, difíciles de distinguir.

Voy a formular una pregunta para que si se desea plantear una cuestión de fueros, se cuente con todos los argumentos que puedan estar al alcance de la mano.

En este expediente, y más allá de la conducta de los dos ediles, también hubo que examinar colateralmente -pero muy vinculado con lo anterior- la conducta de un escribano que fue juzgado por el Poder Judicial y que, por otra parte, es dueño de este periódico que nos agravia, frente a lo cual decimos que no estamos dispuestos a contestar cartas que se escriben desde la prisión. ¿Cuál es el delito que cometió este profesional? Es que, de alguna forma, confundió el interés público con el privado. Digo de alguna forma porque siendo el asesor de los propietarios del predio de «La Juanita», y no ocupando ningún cargo público, constituía prácticamente su despacho no en su oficina, sino en los corredores en la que incurre, más allá de intentar, según la Justicia, sobornar a un par de ediles de acuerdo con la valiente denuncia que hicieron en su momento, por lo menos, dos señores ediles del Partido Nacional.

En lo que tiene que ver con el tema de quién puso el dinero, recuerdo que uno de los ediles denunciantes, el señor Villalba, ante una pregunta concreta formulada por nosotros dijo que todo podía indicar -y quiero que quede bien claro que no realizó una acusación en ese sentido- que los propietarios del predio habrían puesto ese dinero. Si por esto nos cabe alguna responsabilidad, hago mías las palabras del edil Villalba.

El delito que comete el escribano actuante es intentar el soborno a partir de una especie de doble condición, o sea, como escribano de los propietarios del predio «La Juanita» y, al mismo tiempo, asiduo concurrente a la Junta Departamental de Maldonado.

Con total sinceridad debo decir que no tengo por costumbre meterme con quien no lo hace conmigo, pero tampoco no aceptar algún desafío. En ese sentido, si el edil Mesa, suplente del señor Intendente Burgueño, considera que lo que dijimos genéricamente en el departamento de Maldonado amerita una cuestión de fueros, entonces vamos a agregar algún concepto más. Quisiera saber qué diferencia existe entre este escribano y el señor Mesa, que también tiene esa profesión, cuando en el expediente queda demostrado que es el escribano de un predio que se ha dado folklóricamente en llamar «La Juanita II». Afortunadamente, creo que ese expediente no va a ser estudiado nunca en la Junta Departamental porque me parece que después de la denuncia de estos dos señores nacionalistas se va a parar la mano por un tiempo con ciertas irregularidades que se votaban en Maldonado. Pero debo aclarar que en ninguna parte del expediente vislumbré un atisbo de excusa o un anuncio por parte del señor Presidente de la Junta Departamental de que en caso de analizarse «La Juanita II» él se iba a abstener de participar por ser el escribano de los propietarios.

(Timbre indicador de tiempo)

SEÑOR PRESIDENTE. - Debo aclararle al señor senador Millor que ha sonado el timbre que indica que ha vencido el término de que dispone para hacer uso de la palabra.

En el día de ayer, cuando quien habla bajó para hacer uso de la palabra, no tenía presente esta situación y, por lo tanto, se le votó una prórroga, demostrándose así una abierta tolerancia, por lo que la Mesa no va a hacer cuestión ahora. Por lo tanto, el señor senador Millor puede continuar en el uso de la palabra como si estuviéramos en el régimen de discusión particular, aunque ésa no es la situación reglamentaria.

Puede continuar el señor senador Millor.

SEÑOR MILLOR. - Le agradezco mucho la aclaración al señor Presidente, porque desconocía que existen plazos para este tipo de discusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - El tiempo reglamentario sería de 20 minutos.

SEÑOR MILLOR. - Voy a tratar de culminar con mi exposición.

Lo que dije anteriormente, es otra cosas que quiero dejar planteada, porque si se es tan suspicaz -y al respecto debo aclarar que la cuestión de fueros sólo contó con 4 votos- con una declaración que se hizo en forma pública y dando la cara, vamos a tener la misma delicadeza con los procederes propios. En ese sentido, no estoy hablando de una cosa menor, porque me estoy refiriendo a quien está llamado a ejercer la Intendencia del departamento de Maldonado y a quien en el expediente aparece como escribano de los propietarios del predio «La Juanita II» cuyo estudio, aparentemente, vendría después de la eventual aprobación del de «La Juanita I». Considero que estos temas también merecerían ser analizados con la misma susceptibilidad, suspicacia y delicadeza con que fueron examinadas nuestras declaraciones públicas que yo reitero en todos sus términos.

Vuelvo a decir una vez más que me reservo el derecho -luego de un análisis que haremos con los compañeros del Partido- de plantear una Comisión Investigadora por un tema que a nosotros nos tiene tremendamente preocupados y que tiene que ver con las nuevas ordenanzas de construcción en la ciudad de Punta del Este. En ellas, parece que se favorece notoria y muy especialmente, en lo que se ha dado en llamar un diente o una parcela de terreno que ocupa varias manzanas desde la Parada 5 a la 9, sobre la Playa Brava, a un solo propietario en cifras multimillonarias. Por la salud del esquema político uruguayo, ojalá que esto sea producto de la casualidad. Sin embargo, junto a todo el pueblo de Maldonado, tenemos derecho a pensar que esto no es así. Porque cuando de una manera tan caprichosa se hace el desvío de un trazado y a consecuencia de éste sólo se beneficia en cifras multimillonarias a un solo propietario, se puede llegar a pensar que no es producto de la casualidad. Aunque no estoy haciendo ninguna afirmación en ese sentido, considero que hay derecho a la suspicacia popular y por lo menos el senador que habla y de la bancada que él representa.

Como no tenía conocimiento de que existe un tiempo límite para hacer este tipo de exposición dejaré para mejor oportunidad, otros asuntos que quería tratar.

Muchas gracias.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - No sé si en el sistema especial de discusión que tiene el Senado en torno a proyectos de resolución sigue con el estatuto ordinario. Y como soy miembro informante, no sé si estoy en condiciones de volver a hacer uso de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - No hay una previsión expresa al respecto, pero, de todas maneras, como se ha tenido tolerancia, quizás por un error involuntario que se cometió en el día de ayer y prácticamente estamos en un régimen de discusión particular, me parece que el señor miembro informante puede volver a hacer uso de la palabra.

SEÑOR SANTORO. - Teniendo en cuenta las manifestaciones del señor senador Millor en las que ha señalado actuaciones del escribano Mesa, edil de la Junta Departamental de Maldonado, suplente del señor Intendente Burgueño y, además Presidente de la Comisión Investigadora designada por la Junta Departamental de Maldonado en lo que tiene que ver con la investigación practicada a raíz de la denuncia formulada por la señorita edila Cristina Pérez, nosotros queremos señalar que en oportunidad de practicarse la investigación y en las circunstancias en que estaba procediendo a deponer ante dicha Comisión Investigadora, la edila denunciante tuvo oportunidad de señalar, ante una afirmación del señor Presidente de que: «Ahora lo importante es que hablan de Punta política porque si algo no hemos hecho en cuestiones políticas...», lo siguiente: «Punta política, que no sabía que no existía «Juanita II»... Ahora, eso lo dijo Fazzio no Pagola». La edila Cristina Pérez continúa expresando: «Pagola nombró que había una parte política y una económica pero como no fue tan insistente, lo dijo una sola vez... pero el otro lo volvió a repetir unas cuantas veces, entonces, al final dije, pero la económica la entiendo, esa es clara y no sé para que están gastando tanto, si están todos los votos pero y la política cuál es. Ah, bueno, dice, porque viene «La Juanita II». Y ¿quién es «La Juanita II». Y la de Pancho Mesa...»

Estas son manifestaciones textuales que constan en la página 52 del repartido oportunamente enviado por la Junta Departamental de Maldonado al Senado.

Según esta versión taquigráfica, el señor Presidente de la Comisión Investigadora, escribano Mesa dice lo siguiente: «Mirá que bien. «La Juanita» es una solicitud de un cliente mío, que no tiene nada que ver con esto». A lo que la edila Cristina Pérez manifestó: «Entonces pienso que por ahí, para agarrar los votos y todo lo demás, y seguía insistiendo en la parte política. Ahora, Pagola, por ejemplo, en el careo niega todo; Fazzio se entrevera de una manera que ni siquiera dice que es mentira lo que decía Pagola». A continuación el edil Palomino pregunta: «¿Pagola dice a todo que no?». A lo que la edila Cristina Pérez contesta: «Pagola dice que estamos metidos todos. En definitiva, Pagola resulta más... por lo menos para defenderse. Fazzio no. Yo hoy me vine asombrada porque yo pensé que iba a venir...»

Continúa la versión taquigráfica que, como se puede observar, tiene problemas en cuanto a la captación de los conceptos y, además, tiene ciertas deficiencias. Naturalmente, ese fue el episodio en que se procedió a mencionar a la «Juanita II» en el seno de la Comisión Investigadora en circunstancias en que el propio Presidente de la Comisión era el escribano Francisco Mesa. Por lo que nosotros hemos reformulado de la versión taquigráfica, queda constancia clara de que fue una simple mención hecha por uno de los ediles involucrados y que llevó al Senado de la Comisión la señorita edila denunciante Cristina Pérez. Además si hubiera existido algún elemento que habilitara a trabajar sobre un tema también complicado como podría ser, en el orden de las influencias, la «Juanita II», lo habría hecho porque estaba en un ambiente propicio y en circunstancias especiales que le habilitaban para llevarlo a cabo. Se trasunta de la versión taquigráfica que esta fue simplemente una manifestación de las tantas que se hicieron a nivel de la Comisión Investigadora en razón de relatar episodios ocurridos en épocas anteriores en relación a los fraccionamientos en la Junta Departamental de Maldonado.

Queríamos hacer estas aclaraciones para traer al Senado la propia versión del episodio e indicar que tenemos la más absoluta certeza de que el señor escribano Francisco Mesa es un ciudadano de bien, de amplia representatividad a nivel de Maldonado, con actuación política y, por los cargos que desempeña, está avalado por la propia soberanía que confió en él. Si existieran algunos otros cargos contra el escribano Mesa en relación a estos episodios o a otros que puedan conocerse, esperamos que se proceda a hacer las denuncias correspondientes en el ámbito adecuado.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR MILLOR. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MILLOR. - Quiero darle la tranquilidad al señor senador Santoro de que no he puesto en tela de juicio la honorabilidad ni la representatividad del escribano Mesa. Me ha llamado poderosamente la atención la susceptibilidad para analizar ciertas declaraciones mías, de otro edil y del señor senador Zumarán. Considero que los hombres públicos deben cuidar con suma atención su investidura. Al respecto voy a poner un ejemplo que hace poco se debatió en el Senado. A raíz del anuncio del estudio de la desmonopolización de alcoholes, hubo dos legisladores -concretamente los señores senadores Ricaldoni e Irurtia- que por razones de delicadeza anunciaron que cuando se tratase el tema se iban a abstener de votar y pedir licencia porque consideraban que, en cierta forma, estaban implicados. En mi concepto estaban involucrados. Creo que ese es un proceder correcto que honra a quienes lo llevan a cabo y al quehacer político. Me llamó la atención el hecho de que si existió susceptibilidad en el análisis de las declaraciones de algunos señores senadores -entre los cuales me incluyo- no hubiera una susceptibilidad que derivara en la delicadeza de que si había una gran posibilidad o una especie de tramitación en ciernes para el predio que estaba al lado de «Juanita I» -y que ha dado en llamarse «La Juanita II»- se adelantara a esos acontecimientos y en el doble carácter edil, de Presidente de la Junta, de eventual Intendente y escribano -lo que es muy legítimo- de los propietarios de «La Juanita II», estableciera que en el caso de que ese expediente ingresara a estudio de la Junta Departamental se abstendría de toda participación, ya sea como edil, como Presidente de la Junta Departamental o, sobre todo, como Intendente del departamento de Maldonado. Se trataba, simplemente, de contraponer esto, porque molesta un poco el hecho de que se le niegue la potestad a un senador de la República, de ir a un departamento -o hacerlo desde acá- y expresar públicamente su preocupación por cosas que suceden en determinados puntos de la República. ¿Desde cuándo los senadores del Uruguay no pueden expresar su preocupación por hechos que se susciten en el ámbito de nuestro país? ¿Desde cuándo esto lesiona la autonomía de la Junta Departamental? Hoy me abstengo de presentar la propuesta de la Comisión Investigadora no porque tenga el temor de que ésta lesione la autonomía departamental, sino porque pienso que los resultados de esta Comisión contrapuestos a la autonomía departamental pueden enervar la acción de la misma. Pero, el hecho de que no podamos opinar sobre lo que se vota en la Junta Departamental de Maldonado me parece un exabrupto. Me parece totalmente disparatado que un senador de la República no puede opinar sobre lo que se vota en una Junta Departamental, por lo que no debería merecer ningún comentario si no fuera que se da esa dualidad de criterios de que se manifieste tamaña delicadeza ante las expresiones de tres senadores -uno de ellos soy yo- y no la hay en determinaos procedimientos. De haberse empleado, habrían dejado muy bien parado al escribano en cuestión y, sobre todas las cosas, al quehacer político de Maldonado.

Repito que en ningún momento he puesto en tela de juicio la honorabilidad de una persona que no conozco ni mucho menos la representatividad de alguien que por alguna razón es edil y primer suplente del Intendente de Maldonado. No comparto mucho sus actuaciones políticas pero me siento honrado con su amistad.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ABREU. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR PEREYRA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ABREU. - Muchas gracias, señor senador. Voy a ser breve porque el tiempo es bastante corto.

Quiero hacer una precisión porque comprendo la sensibilidad planteada por el señor senador Millor respecto al derecho que puede tener un senador a hacer comentarios relativos a temas que están vinculados con parte de su competencia, como es una acusación política que hace la Junta Departamental.

También es cierto que quienes conocemos al escribano Mesa no sólo le reconocemos una intachable trayectoria de carácter moral, profesional y política, sino también una excesiva delicadeza en el manejo de estas situaciones. Quiero dejar salvada la delicadeza del escribano Mesa, sin perjuicio de los comentarios que le puedan merecer al señor senador Millor, ya que la Junta Departamental votó por unanimidad una acusación a dos de sus pares ante la Cámara de Senadores con la misma firmeza y homogeneidad en el planteo que se acepta y se resuelve que la Presidencia, de la Comisión Investigadora la ocupara el propio escribano Mesa. Eso quiere decir que así como la Junta Departamental actúa en forma firme en relación a la conducta de dos de sus miembros, también ratifica la confianza al escribano Mesa ya que lo pone al frente de una Comisión Investigadora. En ese sentido, no sólo ratificamos la confianza en el escribano mesa, ya que somos conscientes y conocedores de su extensa trayectoria, no sólo en el aspecto moral, intelectual y político, sino también de la delicadeza que ha caracterizado todas sus actuaciones durante su vida política y personal.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Pereyra.

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