Varios documentos en poder de LA REPUBLICA demuestran que durante 1994, año electoral, desde el gobierno departamental se adjudicaron miles de dólares en publicidad a un periodista que dos años antes había sido procesado y remitido a prisión por haber sobornado a un edil colorado y a otro blanco.
La documentación revela que además de dinero, el periodista fue favorecido ilegalmente con un canje de publicidad por una deuda con doce años de atraso en concepto de contribución inmobiliaria, cosa que no consta haya realizado con otros medios de comunicación.
En la grabación difundida en nuestra edición del pasado domingo, se escucha cómo Jorge Méndez, preocupado por una posible investigación de la Junta, dice a los dirigentes blancos y jerarcas municipales: "Van a mover el asunto por el lado de que al diario Península se le ha contratado por un valor de 60.000 dólares.
Ese es uno de los agarres fundamentales que tienen, la relación de la Intendencia con el Península".
El 22 de agosto de 1994, la Intendencia respondió un pedido de informes realizado por ediles nacionalistas que pretendían conocer los montos pagados a diferentes medios de comunicación en concepto de publicidad. La respuesta abarca el período comprendido entre los años 1991 y junio de 1994, aunque no incluye la totalidad de asignaciones ya que hubo otros pagos que se hicieron por rubros entonces no informados.
En su momento un jerarca municipal ironizó diciendo: "Hay que saber hacer un pedido de informes. Nosotros respondimos lo que nos preguntaron".
Ese informe revela que el Diario Península, cuyo propietario era el escribano Heber Belino, había recibido más dinero que el matutino El País; el doble que LA REPUBLICA; más que los tres canales de televisión sumados y más que lo adjudicado en total a las tres radios de AM del departamento.
Por sí solas las cifras no dirían nada si el lector no sabe que por entonces el Península se editaba una sola vez a la semana, tenía un pequeño tiraje y casi no registraba ventas en kioscos y salones, según informaron en su momento las empresas distribuidoras de diarios y revistas de Maldonado. Incluso ahora no se edita desde hace varios años.
Una semana antes que la comuna remitiera ese pedido de informes, los mismos ediles recibieron otro en el que reclamaban conocer la situación impositiva del padrón 93 de la manzana 13 de la ciudad de Maldonado, ubicado en Florida y Dodera, donde tenía su sede el mencionado periódico.
Los ediles peticionantes corroboraron así lo que venían sospechando: uniendo ambos informes surge con claridad que Belino fue beneficiado con un canje de su deuda de contribución inmobiliaria por publicidad municipal.
La ilegalidad es más grave aun si se tiene en cuenta que el atraso abarca un período de doce años y la Intendencia debería haber ejecutado judicialmente el cobro de la misma. Como hace con cualquier deudor; aunque, por razones poco claras no hizo en éste caso.
El 5 de agosto de 1994 la Dirección de Contribución Inmobiliaria respondió a los ediles que en esa Dirección hay antecedentes por deudas de ese padrón desde el año 1980; "hasta 1992 la misma ascendía a unos 56.272 pesos" equivalentes a 22.000 dólares de la época.
El responsable de dicha repartición informa en el expediente 6635/94 que "por ese padrón se realizó un convenio de pago cancelado de acuerdo al siguiente detalle:
El informante consigna además que se deben "los ejercicios correspondientes a 1993 y a 1994".
Por su parte el oficio 400/94, remitido por el intendente Domingo Burgueño al entonces presidente de la Junta, Gastón Pereira, en el que se informaba sobre las adjudicaciones de publicidad a los medios, muestra coincidencias significativas en lo referente a los pagos realizados al Península:
Nunca fue explicado por las jerarquías municipales cómo un acuerdo un acuerdo de pago realizado con mucha antelación se correspondía a lo cobrado con exactitud en dos casos y sobradamente en otros dos.
Sin embargo, la Intendencia tampoco ha explicado por qué fue tan generosa con un periodista que había intentado sobornar a dos ediles en el trámite del expediente conocido como "La Juanita"; que lo llevó a la cárcel e hizo perder su banca a los dos legisladores implicados; que conmocionó al sistema político nacional y promovió la intervención del Senado de la República.
Tal vez la respuesta se encuentre en lo que Belino sabía sobre la participación de otras personas en su maniobra y ocultó tanto a la investigadora de la Junta como a la Justicia. Porque, en realidad, los informes demuestran que con medios de comunicación independientes la Intendencia no fue tan generosa.
La República
28/01/2000
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