Derechos Humanos y Desaparecidos en Dictaduras Militares (II)

1. LAS DICTADURAS MILITARES EN EL CONO SUR
La instauración de regímenes militares en el Cono Sur, a partir de 1964 determinó una profunda transformación de su historia política. Se puso fin al periodo de movilizaciones sociales que le antecedieron y que significaron un crecimiento inusitado de sectores sociales y populares. Crecimiento que derivó en algunos países como Uruguay y Argentina en movimientos de guerrilla urbana cuyo objetivo era impulsar una revolución social por esa vía(5).

Estos regímenes, apoyados por las Fuerzas Armadas se caracterizaron por su afán desmovilizador y su represión exacerbada en contra de la disidencia política. En Argentina, Chile y Uruguay esta represión comenzó inmediatamente a la usurpación violenta del poder y el derrocamiento de los gobiernos constitucionales. Brasil tuvo su represión más cruda al finalizar la década de los años sesenta cuyo objetivo era aplastar los focos guerrilleros que se habían logrado levantar durante los cuatro años anteriores de dictadura. Argentina y Chile fueron los países en los que se vivió la represión clandestina de manera más violenta. En Uruguay la represión se caracterizó por ser más selectiva y dirigirse principalmente a un control de la sociedad civil impidiendo la apertura de canales de participación. Pero fue la dictadura del General Stroessner en Paraguay (1954-1989) el modelo articulador para el resto de las dictaduras latinoamericanas. Éste fue elogiado por sus análogos y por el gobierno norteamericano, al resaltar su capacidad para mantener la "paz social a cualquier costo", en otras palabras, por su eficacia en el control de la subversión.(6)

Pese a esta diferencia en el mayor o menor grado de represión, lo cierto es que todos ellos redundaban en ciertas características comunes: Primero, su incapacidad política para dotarse de bases de legitimidad que les permitiera crear una forma de Estado diferente de la democracia política(7). Segundo, sus violaciones reiteradas y persistentes a los derechos humanos producto de la implementación de una metodología represiva sistemática y a gran escala. Estas violaciones a los derechos fundamentales teñidas del carácter ideológico que imponía la eliminación de toda disidencia política, y se materializaron a través de diferentes figuras delictivas tales como detenciones ilegales y secuestros, seguidas en la mayoría de las ocasiones de homicidios, asesinatos y desapariciones forzadas, previa tortura de las víctimas, todas ellas propias de las prácticas del terrorismo de Estado. Tercero, una marcada cooperación a nivel internacional en el control y en la eliminación de la disidencia política, cuyo blanco principal era la izquierda política, en especial los Partidos Comunistas y Socialistas, amén de los focos guerrilleros.



1.1. La organización criminal internacional de represión: "El Plan Cóndor"
Las relaciones internacionales entre los oficiales de las fuerzas armadas sudamericanas se habían estrechado desde fines de la década de los sesenta producto de una especialización contrainsurgente conjunta en las academias militares norteamericanas(8). Esta especialización se enmarcó dentro de la "Doctrina de Seguridad Nacional", cuya esencia era la de lograr el "orden" en la sociedad civil y la eliminación física de los disidentes. Estas relaciones de militares argentinos con sus similares uruguayos, paraguayos, brasileños, chilenos, bolivianos y peruanos, tendrían sus frutos en los años de las dictaduras(9).

Dentro de este marco de cooperación, los dictadores sudamericanos forman una organización criminal de alcance hemisférico, "Operación Cóndor", cuyo objetivo era la consecución de los objetivos políticos y económicos de la conspiración y la neutralización o eliminación de la oposición política y múltiples personas por razones ideológicas(10). Fue así como esta organización aprovechándose de la usurpación violenta del poder que subvirtió el orden constitucional, que le garantizaba la impunidad, y profitando de la estructura militar, concibió, desarrolló y ejecutó un plan sistemático de detenciones ilegales seguidas de secuestros prolongados, que derivaron en desapariciones forzadas de personas o en asesinatos, precedidos de torturas en la mayoría de los casos. En su accionar no establecieron diferencia entre la oposición violenta y la no violenta. Estas acciones afectaron a ciudadanos de Argentina, España, Reino Unido, Estados Unidos, Chile, Suiza y Francia, entre otros.

La organización criminal "Cóndor" nació a instancia de la dictadura militar de Chile, y de hecho su sede estuvo en Santiago. Numerosos documentos acreditan que sus orígenes se remontan al "Primer Encuentro de Trabajo de Inteligencia Nacional", en el que participaron, entre otros, el general chileno Manuel Contreras, acusado y condenado posteriormente por el asesinato del ex - ministro del presidente Allende, Orlando Letelier(11), y el general paraguayo Guanes Serrano. Allí, Contreras ofreció las instalaciones de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional chilena) como el cuartel general para "la centralización de la información sobre los antecedentes de personas, organizaciones y otras actividades conectadas directa o indirectamente con la subversión"(12).

Este cuartel sirvió entonces para que en octubre de 1975 se reunieran los jefes de la inteligencia militar de Argentina (SIDE), Brasil, Paraguay y Uruguay, y tan solo un mes después, se reunieron en el cuartel general de la DINA, Contreras, Guanes Serrano y el jefe de la policía paraguaya, Francisco Brites, y se procuraron "un banco de datos, un centro de información y talleres". Ocultando el verdadero nombre y disfrazándolas con el término "talleres" se llevaron a cabo las sesiones de planificación de los grupos multilaterales de agentes encargados de vigilar, arrestar, encarcelar, torturar y "repatriar" a opositores de los diferentes regímenes.

Los primeros objetivos de persecución y atentados fueron altos dirigentes y líderes opositores a las dictaduras latinoamericanas, entre ellos, los ex - ministros de la Unidad popular Carlos Prats, asesinado en Buenos Aires, Orlando Letelier, asesinado en Washington, y Bernardo Leighton, que logró sobrevivir luego de un atentado contra su vida en Roma(13).

Los blancos de la Operación Cóndor fueron extendiéndose hacia otros militantes y simpatizantes de izquierda. Chilenos, uruguayos, paraguayos, brasileños, y bolivianos fueron objeto de detenciones ilegales y secuestros en Argentina y Paraguay, por agentes policiales de sus respectivos países. Los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile (MIR) fueron los más perseguidos en Argentina, igualmente se llevó a cabo una represión coordinada y sistemática contra ciudadanos alemanes, españoles, judíos y peruanos, entre otros, que figuran entre los miles de desaparecidos. Para la realización de este tipo de crímenes utilizaban el manto de impunidad que les otorgaban los respectivos gobiernos dictatoriales, quienes proporcionaban la infraestructura adecuada. (14)

La acción de la DINA encontró en Argentina, un lugar en el que llevar a cabo impunemente sus acciones. Ya desde 1974, antes de la dictadura del general Videla (1976-1983), los lazos de colaboración se estrecharon con su análogo, SIDE. Desde mayo de 1975 numerosos activistas políticos chilenos fueron detenidos por la policía de este país y Paraguay para ser entregados a la DINA(15), quien les trasladaba a los campos de concentración que mantenían en Chile (Villa Grimaldi, Tejas Verdes, Colonia Dignidad, etc.). Muchos de ellos fueron ejecutados, otros simplemente desaparecieron.

Es indudable que estas y otras desapariciones culminaron con el asesinato de las víctimas. Por ejemplo, en Chile en el año 1990 fueron descubiertas fosas comunes en la ciudad de Pisagua, al Norte del país, con los cuerpos de varios desaparecidos en 1976. La cal propia del suelo desértico se encargó de mantener casi intactos los cuerpos de las víctimas(16). En Argentina, el general Ramón Campos, Jefe de la Policía de Buenos Aires, declaró que: "en Argentina no quedan desaparecidos con vida. Asumo toda la responsabilidad y me siento orgulloso". No solo militantes activos de los movimientos opositores de izquierda fueron objeto de torturas, secuestros, detenciones ilegales, ejecuciones y desapariciones forzadas, sino asimismo sus familiares y amigos. El general Saint Jeant, Interventor de la Provincia de Buenos Aires igualmente dijo en la época de la dictadura militar: "Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, luego a sus simpatizantes, luego a quienes permanezcan indiferentes, y por último, a los indecisos."(17).

Es así como se investigan casos de cientos de niños desaparecidos, hijos de detenidos desaparecidos, bajo el régimen militar en Argentina(18). La Comisión de Verdad y Reconciliación de Chile, en su Informe Final, denominado "Informe Rettig", acredita con documentos los casos de 33 ciudadanos chilenos desaparecidos tras ser capturados por agentes argentinos y paraguayos y entregados a la DINA, entre 1975 y 1976.

En 1992 el Juez José Agustín Fernández, en el marco de la investigación de una detención ilegal precedida de tortura, descubrió casualmente el archivo secreto de la inteligencia paraguaya, en una oficina de la "Sección Política y Afines" de la Policía de Investigaciones de Asunción, archivos en los que se encontraron numerosos documentos relacionados con casos de detenidos y desaparecidos paraguayos que el gobierno siempre negó tenerlos(19). Estos documentos han permitido asimismo establecer que en este contexto de cooperación militar entre los países sudamericanos, fueron asesinados el ex - presidente de Bolivia, general Juan José Torres, en Argentina; los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, así como del doctor Agustín Goyburú, dirigente del Movimiento Popular Colorado, de Paraguay, y cientos de activistas políticos chilenos, argentinos, paraguayos, y brasileños(20).

La operación "Cóndor" costó la vida y la desaparición también de ciudadanos españoles, lo que llevó a que durante el primer semestre de 1996 se iniciaran ante la Audiencia Nacional Española las causas contra los integrantes de la Junta Militar Argentina (1976 -1983) y Chilena (1973-1990) por delitos de genocidio, terrorismo internacional y tortura(21), figuras delictivas que se materializaron mediante detenciones ilegales, torturas, secuestros, desplazamientos forzosos de miles de personas y desaparición selectiva de un mínimo de 3.178 víctimas, actividades todas que fueron desarrolladas dentro del marco de la actividad represiva violenta que se inició con la toma del poder en Chile mediante el golpe de Estado de 11 de septiembre de 1973.

De manera clara observamos, que lo ocurrido en estos países durante las dictaduras militares -aniquilamiento sistemático de sectores de población (mediante asesinatos, secuestros, torturas masivas, desapariciones forzadas, detenciones ilegales, lanzamiento de cadáveres al mar)- constituyen conductas proscritas por la normatividad internacional, ya sea mediante la formulación prohibitiva hacía los Estados consagradas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, o de conductas concretas que como la Tortura, el Genocidio o la Desaparición Forzada se encuentran descritas en instrumentos específicos que las consagran, desarrollan y prohíben.

Así las cosas y previo al estudio de estos instrumentos internacionales en relación a los casos concretos de las dictaduras Argentina y chilena, realizaremos a continuación una ubicación sistemática de los fundamentos jurídicos y filosóficos, que sustentan el andamiaje y permiten, la posible persecución penal de responsables de tan execrables hechos.




Notas:
5. Para un examen de las causas de la instauración de regímenes autoritarios en el Cono Sur, véase COLLIER, David; The new authoritarism in Latin America, Princeton University Press, Estados Unidos, 1979; LECHNER, Norbert; Estado y Política en América Latina, Ed. Siglo XXI, México., 1981; GARRETON, Manuel Antonio; En torno a la Discusión sobre los Nuevos Regímenes autoritarios en América Latina, en PORTALES, Carlos; La América Latina en el Nuevo Orden Económico internacional, Fondo de Cultura Económica, México, 1983, pp.334-360.

6. la dictadura de Stroessner amparada por las Fuerzas Armadas y por sectores de derecha fue el nido que cobijó a criminales como el medico nazi Josef Mengele, el jefe de la Logia Masónica P-2 Licio Gelli, el franquista español Juan León Cordón, el chileno responsable de numerosas desapariciones forzadas, torturas y asesinatos, Miguel Estay Reyno, "El Fanta" que residió clandestinamente en este país hasta 1992. Recordemos asimismo que Paraguay sirvió para el adoctrinamiento xenófobo desde fines del siglo pasado; fue Bernard Forster, médico quien fundó allí la colonia Nueva Germania, con el objetivo de aplicar su programa de pureza racial. CAMUS, María Eugenia. Rev. APSI. 441, Santiago 1993. Por otra parte Richard Nixon designó a Paraguay como "un eje estratégico clave para la lucha contra el comunismo". CUYAS, Esteban; ob. cit.

7. FRÜHLING EHRILCH, Hugo; La defensa de los derechos humanos en el cono sur. Dilemas y perspectivas hacia el futuro, en "Represión Política y defensa de los derechos humanos", Programa de derechos humanos Academia de Humanismo Cristiano, Centro de Estudios Sociales (CESOC) Ediciones Chile y América, 1986, pp.15-37.

8. Sobre la intervención de la CIA en la formación de militares latinoamericanos, véase también CALLONI, Stella; Los Archivos del Horror del Operativo Cóndor. KO'AGA RONE'ETA; http://www.derechos.org/nizkor/doc/condor/calloni.html.

9. CUYAS, Esteban; La Operación Cóndor: El Terrorismo de Estado de Alcance Transnacional KO'AGA ROÑE'ETA se.vii (1996) - http://www.derechos.org/vii/1/cuyas.html

10. EQUIPO NIZKOR; Documento distribuido a la solidaridad internacional para lograr la detención y el procesamiento de Augusto Pinochet Ugarte, http://www.derechos.org/nizkor/

Véase también CALLONI, Stella; Ko'aga Rone'eta - Los Archivos del Horror del Operativo Cóndor. KO'AGA RONE'ETA; http://www.derechos.org/nizkor/doc/condor/calloni.html.

11. En febrero de 1998 se acumuló al expediente de la causa chilena en España, el testimonio prestado por el General y Director Ejecutivo de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, ante la Corte Suprema de Chile. En este documento señala que la DINA era un organismo militar que dependía directamente de Pinochet, al que "informaba diariamente". Recordemos que a raíz del juzgamiento de los militares Contreras, y Sergio Espinoza por el asesinato de Orlando Letelier, la propia Corte Suprema chilena declaró a la DINA como organización criminal en la línea de la figura reconocida en Nüremberg por sentencia de 30 de mayo de 1995 (Caso Letelier). Tanto Contreras como Espinoza se encuentran hoy en prisión. El primero condenado a siete años de prisión y el segundo a cinco años y un día. Ambos se encuentran recluidos en una cárcel especialmente construida para estos efectos a las afueras de Santiago de Chile.

12. EQUIPO NIZKOR; Documento distribuido a la solidaridad internacional para lograr la detención y el procesamiento de Augusto Pinochet Ugarte, http://www.derechos.org/nizkor

13. El 30 de septiembre de 1974, en Buenos Aires, fue realizado un atentado realizado que cobró la vida del ex -Vice Presidente de Chile y Ministro de Estado en el gobierno de Salvador Allende, general Carlos Prats Gonzáles y de su esposa Sofía Cuthbert. Este hecho fue una de las primeras acciones en el exterior que llevó a cabo la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile, DINA, cuyo jefe era el general Manuel Contreras. El 6 de octubre de 1975 Bernardo Leighton, dirigente del Partido Demócrata Cristiano y ex -Vice Presidente de la República de Chile, opositor al régimen de Pinochet fue acusado por éste de desarrollar "actividades antichilenas", razón por la cual fueron objeto él y su esposa de un atentado en Roma. Pier Luigi Concutelli y Salvatore Falabella, neofascistas italianos temporalmente al servicio de la DINA, fueron los autores de este atentado, al que sobrevivieron las víctimas. Sobre estos casos véase: VERDUGO; Patricia; Los Zarpazos del Puma, CESOC, Santiago de Chile, Septiembre de 1989. Pero sin duda fue el caso de Orlando Letelier el que mayor impacto ha causado a nivel internacional, el 21 de septiembre de 1976 la DINA atentó con una bomba de alto poder, en Washington D.C. contra el ex ministro de Estado en el gobierno de Salvador Allende, blanco de la mirada de Pinochet, el que le había privado de la nacionalidad chilena por "haber llevado a cabo en países extranjeros una campaña publicitaria tendiente al aislamiento político, económico y cultural de Chile", y "por influir en la política exterior norteamericana demandando la suspensión total de su ayuda militar a Chile". En el atentado, cometido con bomba a control remoto, también murió Ronnie Moffit, ciudadana norteamericana, secretaria de Letelier. La muerte de Ronnie Moffit motivó la intervención de los Estados Unidos, así el Fiscal de los EEUU, Ernest Lawrence Barcella, solicitó una comisión rogatoria al juez español encargado de la causa chilena. Quedó establecido en el proceso el carácter de la DINA como organización que conspiró para cometer atentados terroristas en España, Francia, Portugal, Italia, EEUU, Argentina, Chile y otros países, actividades de las que el General Pinochet estaba al tanto y dirigía. Véase, CUYAS, Esteban, ob. cit.

14. Los organismos de seguridad chileno y paraguayo, por ejemplo podían disponer de líneas aéreas estatales, (LAN CHILE, Líneas Aéreas Paraguayas), y pleno poder de actuación en las cancillerías, en correos, en los tribunales de justicia, etc. Sus actividades se encubrían bajo la forma de empresas comerciales e industriales ficticias. De acuerdo a las investigaciones judiciales, 30 fueron las empresas creadas en Chile para cubrir la actividad delictiva de la DINA cuyo centro de operaciones estuvo en el Puerto de San Antonio, Empresa Pesquera Chile. Asimismo existió una cofradía en Santiago de Chile, la "Sociedad Benefactora" integrada por ex agentes de la DINA, oficiales del ejército y agentes de inteligencia militar cuya misión era facilitar la impunidad de los ex agentes y sus familias mediante la producción de documentos falsos de identidad, pasaportes y visas de residencia en otros países, transferencias de recursos económicos y financieros, facilidades para su desplazamiento evitando controles policiales y la acción de la justicia. La "Cofradía" fue descubierta en 1992, durante el gobierno de la transición democrática, y estaba a cargo del General de la Fuerza Aérea de Chile y ex jefe de Inteligencia de esa institución ,Vicente Rodríguez. ( Rev. APSI Nº 441, Santiago, Chile, 1993).

15. Contamos entre ellos, a Jorge Isaac Fuentes, militante del ERP (Ejército revolucionario del Pueblo), arrestado en Argentina, entregado a la DINA en Paraguay y trasladado ilegalmente a Villa Grimaldi en Santiago de Chile, donde desapareció. Su caso fue objeto de investigación por la Comisión Rettig (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada por Decreto Supremo Nº355, de 25 de abril de 1990 durante el gobierno de la transición democrática en Chile). RETTIG GUISSE, Raúl y otros; "Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación". Texto oficial Completo. Publicado por el periódico "La Nación". 287 págs. Santiago de Chile 5 de marzo de 1991. También el militante del MIR, Ives Claudet Fernández, franco-chileno, fue detenido en 1975 en Buenos Aires y posteriormente ejecutado por agentes de la DINA en esa ciudad, en una operación que se enmarcó dentro de un plan de neutralización de la resistencia de dicho Movimiento, plan que se integró por policías argentinos y agentes chilenos de la DINA.

16. Las fosas comunes encontradas en Pisagua revelaron la existencia de los cuerpos de 20 prisioneros políticos, víctimas de la operación denominada "caravana de la Muerte" que bajo la dirección del militar Sergio Arellano, arrasó con la disidencia política izquierdista en el norte de Chile. FORTIN MAPOCHO, periódico chileno, Nº1532, 8 de junio de 1990, Santiago, Chile.

17. MARIA LOZADA, Salvador; VIAGGIO, Julio; ZAMORANO, Carlos; BARCESAT, Eduardo; Inseguridad y Desnacionalización. La Doctrina de la Seguridad Nacional, p.107 Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Ediciones Derechos del Hombre. Buenos Aires, julio de 1985. Cit. por CUYAS, ESTEBAN; ob. cit.

18. Por estos hechos fue detenido en noviembre de 1998 el ex almirante de la Marina argentina, Emilio Massera, miembro de la Junta que encabezó el golpe de Estado en 1976, y asimismo, con arresto domiciliario desde el 14 de julio de 1998 se encuentra el ex - general golpista Jorge Videla, ambos acusados de ser autores mediatos del delito de sustracción de menores. Massera se encontraba en libertad desde 1990 tras el indulto que le concediera el Presidente Carlos Menem, tras haber sido condenado a cadena perpetua por homicidios, torturas, secuestros y robos perpetrados durante la dictadura militar. EL PAIS; 25 Noviembre de 1998, p.5.

19. Stroessner se ha visto implicado en el caso de los hermanos Benjamín y Adolfo Ramírez, ambos ejecutados por su presunta vinculación con el grupo armado opositor, Organización Política Militar. CLARIN, 18 de enero de 1993, p. 13 .

20. El Senador Zelmar Michelini, dirigente del Frente Amplio y el doctor Héctor Gutiérrez Ruiz, Presidente de la Cámara de Diputados de Uruguay, fueron secuestrados y asesinados en Argentina por un comando conjunto de militares uruguayos y argentinos.(Uruguay Nunca Más. SERPAJ 1989) AMORIN, Carlos; BLIXEN, Samuel; Se destapa la multinacional del Terror. Rev. Cambio 16 Número 1114 Madrid 29. 3. 1993. pp.10-15.

21. Fuente: EQUIPO NIZKOR; http://www.derechos.org/nizkor/. El 4 de Julio de 1996, el Fiscal en el Tribunal Superior de Justicia en Valencia, en su condición de Presidente de la Unión Progresista de Fiscales de España interpuso una denuncia por presuntos crímenes contra la humanidad, delitos de genocidio (interior) y terrorismo (nacional e internacional) cometidos por el ex dictador de Chile, Augusto Pinochet, entre los años 1973-1990. Esta denuncia señala a siete ciudadanos españoles que fueron asesinados u objeto de desaparición forzada en este periodo por los servicios de seguridad de la dictadura chilena. Se fundamenta en el Tratado Bilateral de Extradición entre Chile y España y el Derecho internacional que vincula a ambos países. Con posterioridad haciendo uso de la Acusación Popular, figura del Derecho español, en la causa argentina, se querellaron la Secretaría de Derechos Humanos de Izquierda Unida (IU), y en la causa chilena, la Fundación Salvador Allende; esta querella señaló al menos a tres mil personas de diferentes nacionalidades, incluidos españoles y descendientes, que fueron asesinadas o desaparecidas. Véase; GARCÉS, Joan; Pinochet ante la Audiencia Nacional y el Derecho penal internacional. En Jueces para la Democracia, Nº 28, marzo de 1997, pp.92-99. También en KO'AGA ROÑE'ETA, Serie iii Impunidad y Verdad (1997), http://www.derechos.org/koaga/iii/5/garces.html.

Leer: Derechos Humanos y Desaparecidos en Dictaduras Militares (III)