La familia de Ramón Peré, un estudiante de Facultad de Veterinaria asesinado durante la huelga general de 1973, ratificó ayer una denuncia penal contra los mandos civiles y militares de la época, como responsables del homicidio.
La denuncia tiene como objetivo investigar la primera muerte de la dictadura, ejecutada el 6 de julio de 1973, por dos policías vestidos de civil.
Roberto Ramón Peré era estudiante de la Facultad de Veterinaria, docente de Enseñanza Secundaria y militante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), y en julio de 1973 se encontraba ocupando el local del centro de estudios en el marco de la huelga general decretada por el PITCNT contra el golpe de Estado del 27 de junio de ese año.
A nueve días de iniciada la huelga general, los ómnibus de Amdet comenzaron a transitar, debilitando así la movilización de los trabajadores. Los estudiantes de Veterinaria resolvieron colocar en la calle "grampas Miguelito", para que las ruedas de los ómnibus pincharan y estos no pudieran circular.
Según el relato de la viuda de Peré, Alicia Jaime, en la tarde del 6 de julio, Ramón Peré y un compañero salieron por la avenida Rivera a colocar las grampas. Luego de unas cuadras ambos se dieron cuenta que dos personas los estaban siguiendo, por lo que empiezan a correr. Cuando apenas doblan por la calle Pedro Bustamante, las dos personas que eran policías vestidos de civil comenzaron a disparar.
"Empezó una balacera y a Ramón le dio en el corazón", contó Jaime. Su compañero logró escapar y llegó hasta el local de la Facultad, y fue quien, luego de muchos años, relató a la familia de Peré los hechos sucedidos. Peré sería trasladado en un auto hasta el Hospital Militar, donde el doctor Mautone firmó el certificado de defunción.
La denuncia fue elaborada por el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), con el asesoramiento de los abogados Juan Errandonea y Ruben Waisrub. Como abogado de la familia, Oscar López Goldaracena, quien a partir de la ratificación se hace cargo de la causa, explicó que la denuncia es "contra los mandos civiles y militares de la época", entre ellos el presidente de la República, Juan María Bordaberry.
Goldaracena explicó que la denuncia introduce una nueva noción de mandos, ya que considera como mando no sólo a los superiores, sino a "cualquier persona que en la estructura del aparato de poder tuviera poder de decisión", con el objetivo de "hacer justicia en relación a todos los que participaron en la represión de la huelga general".
El juez en lo penal de 3er. Turno, Sergio Torres, enviará en los próximos días la denuncia al Poder Ejecutivo, para que este defina si excluye o no el caso de Ramón Peré de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
La República
12/09/08
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