Las responsabilidades políticas

Una investigación del semanario Brecha permite detener a Nelson Bardesio (ex miembro del Escuadrón de la Muerte) en Buenos Aires

HABRÁ MUCHOS -y no únicamente los miembros del Escuadrón de la Muerte- que hoy estarán inquietos con la detención en Argentina de Nelson Bardesio.

En su momento, abril de 1972, la difusión de las confesiones de Bardesio a los tupamaros parecía una prueba incuestionable de la existencia de bandas para­policiales y paramilitares que desplegaban el terroris­mo bajo la conducción de altos funcionarios del go­bierno, y con el apoyo logístico de las estructuras esta­tales. En su momento, muchos legisladores de la opo­sición y del Partido Colorado no sólo tuvieron en sus manos las declaraciones de Bardesio como prueba con­cluyente de la existencia del Escuadrón, sino también el testimonio de otros integrantes de la banda que con­firmaban lo dicho por él. También integrantes del equi­po de Juan María Bordaberry, como el entonces minis­tro de Educación y Cultura, Julio María Sanguinetti, manejaron información de primera mano. Una vez li­berado por los tupamaros en mayo de 1972, la entrega
de Bardesio a la Policía -a los mismos que él había de­latado como participando en atentados, asesinatos y desapariciones- sirvió para montar un esquema de de­sinformación que le dio a la mayoría parlamentaria la excusa para no investigar absolutamente nada. En po­der de la Policía, Bardesio se habría retractado de todo lo confesado a los tupamaros. El condicional es opor­tuno porque mientras las actas de Bardesio difundidas por los tupamaros estaban acompañadas de grabacio­nes con el testimonio oral del fotógrafo policial, la rec­tificación simplemente fue anunciada al Senado por el ministro del Interior.

Desde entonces, para el Estado, el Escuadrón no había existido y había sido un invento de los guerrille­ros. A partir de 1985, con la reinstitucionalización, fa­miliares de las víctimas del Escuadrón formularon de­nuncias ante los jueces, y una instancia particularmen­te trascendente fue la denuncia del entonces diputado del Frente Amplio Nelson Rovira, que reclamaba una investigación profunda de todos los crímenes del Escuadrón, en particular de la desaparición de Héctor Castagnetto y Abel Ayala, y los homicidios de Manuel
Ramos Filippini e íbero Gutiérrez. Insólitamente, el entonces presidente Sanguinetti ordenó el archivo de las actuaciones aplicando la ley de caducidad, aun cuando los hechos habían ocurrido antes de 1973, la fecha que la propia ley tomaba como marco de vigen­cia de la norma. Algo muy particular ocurrió con la de­nuncia de los familiares de Ayala sobre su desapari­ción. Sanguinetti, en una resolución presidencial, des­cartó toda vinculación de militares o policías en ese hecho, con lo que la caducidad no operaría en este caso; pero, se agregaba, se decretaba el archivo en la eventualidad de que en el futuro surgieran nuevos elementos.

Hoy, con la captura de Bardesio, la investigación de los crímenes del Escuadrón no sólo abre la posibili­dad del castigo; también abre una instancia política que cuestiona a los legisladores y políticos que en aquella oportunidad miraron para el costado. El debate sobre las razones de tal actitud resulta imprescindible, a los efectos de que en los hechos del terrorismo de Estado la responsabilidad no se limite a los ejecutores materiales de los crímenes.

Samuel Blixen
BRECHA
25/07/08