La corrupción en Uruguay

El planteo de Tabaré Vázquez sobre la corrupción es una infamia inventada para demonizar a sus adversarios, sostiene Julio María Sanguinetti. En Uruguay ese animal no existe, es la tesis del dos veces ex presidente.

No fueron tan extensas, tan pormenorizadas ni tan novedosas las referencias a la corrupción que hizo Tabaré Vázquez en su exposición del 20 de setiembre. Sin embargo, levantaron una impresionante polvareda, como si se tratara de una nueva embestida baguala. Algunos dirigentes políticos y periodistas anunciaron que el EP-FA intentaría transformar los casos de corrupción recientes en uno de los centros de la campaña electoral. Llegaron a sostener que hay colaboradores de Vázquez que hablan de la necesidad de "des-sanguinettizar" el sector público (Claudio Romanoff, en Dicho y hecho, Canal 10, martes 28) y se rasgaron las vestiduras asegurando que Uruguay es un país donde la honestidad y la transparencia son la regla y la corrupción sólo es excepcional.

Lo que dijo Vázquez fue, esencialmente, que "es curioso y llama la atención poderosamente que en esta campaña electoral los otros candidatos a la Presidencia de la República no tengan en sus agendas el tema de la corrupción. No hemos escuchado de sus bocas, de donde salen tantas propuestas, tantas críticas hacia nuestra fuerza política, una sola palabra diciendo que condenan la corrupción que ha sufrido el país en los últimos años y que estarán dispuestos a investigar y aclarar las denuncias de corrupción que han castigado fuertemente al pueblo uruguayo. Nosotros actuaremos como lo hace un cirujano que ingresa a un cuerpo humano para extirpar un tumor. Abierto el mismo, con el balance adecuado y correspondiente, la tranquilidad para actuar, pero la seguridad y firmeza para llegar a extirpar en su totalidad un mal que nos aqueja". En otro pasaje, el presidente del EP-FA se refirió al monto impresionante que representaban las "pérdidas económicas por concepto de negligencia, despilfarros y fraudes".

No dijo que blancos y colorados no hubieran incluido definiciones sobre la corrupción en sus programas, como señalaron dirigentes colorados y blancos, sino que observó que en sus discursos de campaña no se han ocupado de un tema que en los últimos años ha sido tan frecuente. Sostuvo, eso sí, que si obtiene la presidencia dispondrá que las autoridades de los organismos del Estado ordenen auditorías al asumir sus cargos y al culminar su gestión, una medida que es habitual en otros países. Su asesor Esteban Valenti escribió en el suplemento Bitácora (La República, 23 de setiembre) que a consecuencia de ese procedimiento seguramente se multiplicarán las citaciones a los juzgados de los actuales jerarcas de varios ministerios y otras reparticiones como el Banco República, la Corporación para el Desarrollo, ANCAP y OSE. Por su parte, el senador Eleuterio Fernández Huidobro no descartó que antes de alejarse de sus cargos, algunas de las autoridades de este gobierno quemen o destruyan la documentación que existe en sus archivos.

Tampoco es la primera vez que Vázquez se refiere en un discurso a la corrupción. Basta recordar el que hizo el 5 de febrero de 2003, en el acto por el aniversario del FA, que estuvo centrado en esa problemática. En esa oportunidad fue bastante más lejos: "Algunos sostienen que es un problema coyuntural, que los hombres no son perfectos, que el poder los marea, que la naturaleza humana no es transparente y estamos de acuerdo. El poder y la fama marean, pero quien tiene la cabeza bien puesta sobre los hombros no se marea tan fácil. Y que la corrupción es coyuntural no lo compartimos; en nuestra modesta opinión, lejos de ser coyuntural, es estructural. (...) Es esta estructura de dominación neoliberal -más bien 'paleoliberal', porque es muy vieja-, hoy hegemónica, la que ambienta, desnuda y estimula la corrupción en sus diversas modalidades", dijo. Y agregó: "Por eso queremos cambiarla. Es más fácil cambiar las estructuras, porque corrupción no es únicamente meter la mano en la lata; también es dejar que otros la metan. Tampoco es ajeno a la corrupción el omiso, el haragán, el frívolo, el garronero, el bocón, el que tramita influencias disfrazadas de gauchadas, el fanfarrón o el arribista. A esos no los queremos en el FA. (...) Y si alguno se nos cuela, apenas lo descubrimos, marcha para afuera. (...) Pero tampoco queremos una caza de brujas ni chivos expiatorios". Faltaba más de un año y medio para las elecciones y seguramente por eso ningún dirigente de los partidos tradicionales se sintió molesto.

Tampoco corresponde irse al otro extremo y sostener que Vázquez o el FA han sido los únicos, en estos años, que han planteado la gravedad del problema de la corrupción. La exclusividad en esa materia la ha tenido sólo durante la campaña electoral. Escuchemos a Ruperto Long, uno de los dirigentes más cercanos a Jorge Larrañaga. Hace un año, el 3 de setiembre de 2003, cuando aún era director del LATU, en un discurso pronunciado durante un almuerzo de ADM, tras afirmar que la corrupción agrava la desigualdad social y quita posibilidades de desarrollo al país, propuso elaborar "códigos, fortalecer la normativa legal contra la corrupción y recuperar la mística del funcionario público honesto". Dijo en esa oportunidad: "Hay que abatir sustancialmente los niveles de corrupción (porque) Uruguay es un país más corrupto de lo que correspondería a su nivel de desarrollo humano; ésa es la verdad y hay que enfrentarla". Y agregó que "la gente honesta, que es la amplia mayoría de este país, cansada de tanta corruptela menor y mayor, dice definitivamente 'basta, no VA más: éste no es el país que queremos y vamos a limpiar la casa de una vez por todas'".

La posición de Long también molestó a los principales dirigentes de los partidos tradicionales. Según una crónica de El Observador (5-IX-03), Luis Alberto Lacalle se retiró molesto de aquel almuerzo y pocos días después su actitud también fue cuestionada desde la edición digital del Correo de los viernes, el órgano oficial del Foro Batllista. El 14 de noviembre Long volvió a hablar de la corrupción en una entrevista que concedió a Últimas Noticias, afirmando que parecería que a nadie le importara ese fenómeno, pese a que se trata de uno de los factores que desalientan a los inversores que podrían venir a Uruguay. Esta vez los más disgustados con las declaraciones de Long fueron el presidente Jorge Batlle y el ministro de Industria y Energía José Villar, quienes cinco días después lo removieron de la dirección del LATU, que había ejercido durante las presidencias de Lacalle y de Sanguinetti y la mitad del actual gobierno. Las reacciones de hace un año respecto a Long y las de ahora con relación a Vázquez demuestran que el de la corrupción parece un asunto más en el que los tres mandatarios que Uruguay ha tenido desde 1985 recuerdan a los sobrinos del Pato Donald.



EL TAMAÑO TAMBIÉN IMPORTA
Con el criterio de que en todo gobierno hay corrupción, el hecho de que el inventario y el monto de los casos de "negligencias, despilfarros y fraudes" ocurridos en estos últimos cinco años hayan sido los mayores de la historia uruguaya reciente no sería demasiado significativo. Lo que sí importa es valorar qué esfuerzos se han hecho para evitarlos, comprobarlos y sancionarlos y, en definitiva, qué eficacia se ha obtenido. El problema es que el balance no es en absoluto alentador.

Quizás antes que nada corresponda analizar los casos a incluir en cada una de esas categorías. Está claro que los fraudes suponen dolo, las negligencias no y los despilfarros pueden caer de uno u otro lado de esa frontera. Sin ir más lejos, ¿cómo clasificar a la mayor crisis financiera de la historia uruguaya? ¿A qué se debió la increíble falta de controles? ¿Fue legal la asistencia económica prestada por el presidente Batlle y el ministro Alberto Bensión a bancos que ya estaban quebrados? ¿No sabía acaso el Banco Central -o no podía suponerlo- que el dinero que se entregaba al Banco de Montevideo se estaba sacando del país, en parte para cubrir otros negocios del grupo Peirano? ¿Por qué se permitió al Banco de Montevideo comprar La Caja Obrera, pese a que su vaciamiento era más que previsible? ¿No se destinó dinero del Estado para atender los fondos depositados en el exterior a través del Banco Comercial? ¿Sólo a los Rohm, a los Peirano y a sus colaboradores de mayor confianza pueden imputarse maniobras dolosas? ¿Son todos los personajes de esta historia tan buenos e inocentes como parecen -salvo los Rohm- en el libro Con los días contados, de Claudio Paolillo?

Los informes de los diputados blancos, encuentristas y del Partido Independiente que trabajaron en la comisión investigadora sobre la crisis financiera, y que a principios de este año remitieron los antecedentes a la justicia penal, tienen una visión mucho más crítica sobre la actuación de las autoridades competentes, empezando por el presidente Batlle, el ministro Bensión y el directorio del Banco Central.

El otro hecho de enorme magnitud ocurrido en los últimos años -por las pérdidas que generaron al país- fueron las actividades de ANCAP en Argentina, que comenzaron durante el último gobierno de Sanguinetti. En marzo de 2003 la comisión investigadora del Senado, con los votos de blancos y encuentristas, envió a la justicia penal los antecedentes de sus actuaciones. Del informe surge que los negocios emprendidos en 1998 por el directorio que presidía el economista Eduardo Ache fueron "inconvenientes, ruinosos y negativos" y provocaron al ente pérdidas superiores a los 200 millones de dólares.

La investigadora parlamentaria detectó omisiones, falsedades, gastos exorbitantes, decisiones irracionales y otras acciones que podrían configurar delitos. En una de las conclusiones del informe se afirma que hubo una acumulación permanente de "transferencias, sobrecostos, pérdidas y garantías por importantes montos". Se señala también que el directorio de ANCAP elevó al Parlamento respuestas a pedidos de informes en las cuales "no declaraba la verdad acerca de las pérdidas sufridas por las inversiones en la República Argentina. Ello constituye un gravísimo hecho de violación de disposiciones constitucionales, y puede también implicar otras responsabilidades vinculadas con el deber de decir la verdad en documentos oficiales". Según declaró a BRECHA en su momento el senador Enrique Rubio (VA, EP-FA), "nos asociamos con delincuentes, contratamos a empresas consultoras que están denunciadas internacionalmente por estafa y adquirimos acciones de una empresa que estaba al borde de la quiebra, siendo vaciada por nuestros propios socios".



A LA GUERRA CON UN TENEDOR
Si bien toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, la realidad enseña que este principio se aplica para algunos con enorme generosidad, mientras que para otros es como si no existiera.

Un Poder Judicial sin recursos económicos, sin personal especializado en la investigación de delitos complejos y que simultáneamente debe atender la creciente carga de los casos cotidianos, difícilmente llega a reunir los elementos de prueba necesarios para dictar procesamientos en este tipo de ilícitos. Sus autores, intelectualmente mucho mejor preparados que el común de los delincuentes para enfrentar los interrogatorios y asistidos por abogados muy diestros, cuando llegan a ser procesados permanecen poco tiempo recluidos y -por decisión del Ministerio del Interior- jamás son remitidos al penal de Libertad o al Comcar, sino que permanecen en Cárcel Central u otros establecimientos preferenciales. De todos los casos de procesamientos con prisión en los últimos cinco años por asuntos de corrupción estatal, actualmente sólo siguen recluidos el ex fiscal Carlos García Altolaguirre (remitido en abril de 2003) y el ex jefe de Policía de Lavalleja José Pose San Martín (remitido en agosto último).

La indigencia de la justicia es tan grande que una jueza llegó a archivar la investigación sobre un diputado, denunciado por haber pedido una coima de un millón de dólares para la concesión de un puerto, con el argumento de que no tenía recursos para pagar una pericia que permitiera identificar la voz del imputado, la cual debía hacerse en Brasil...

La diferencia de trato es más notoria cuando la tradicional lentitud de la justicia adquiere tal magnitud que el delito puede llegar a prescribir por demoras injustificables en la tramitación del expediente, como se corre el riesgo de que ocurra en el caso del ex director blanco de AFE Iván Coronel, cuyo procesamiento por fraude fue solicitado por la fiscalía hace nada menos que ocho años y que estuvo cuatro años estacionado en la propia Suprema Corte. No se trata de la única ocasión en que el máximo órgano del Poder Judicial ha mostrado disponer de más de una vara cuando debe actuar en este tipo de asuntos: también exhibió una magnanimidad digna de mejor causa en octubre de 2003, cuando otorgó las excarcelaciones por gracia del ex director nacional de Cárceles Carlos de Ávila, y del ex director del Penal de Libertad Pablo Machado, a quienes los magistrados competentes les habían negado la libertad provisional. Ambos habían sido remitidos un año y medio antes por conceder traslados de presos, autorizar el uso de teléfonos celulares y otorgar diversas formas de trato preferencial a reclusos a cambio de distintas sumas de dinero. Aunque no sea ésa su intención, este tipo de gestos de la Corte se convierten en señales a los magistrados penales sobre cómo deben proceder en casos similares.
En definitiva, la justicia parece haber sido enviada a la guerra contra la corrupción munida con un tenedor. Y para colmo, en unos cuantos casos, la ha asumido ostensiblemente sin muchas ganas.



TRAMPAS AL SOLITARIO
Para evitar que la administración pública siguiera engordando, se prohibió por ley el ingreso de nuevos funcionarios. La enmienda fue peor que el soneto y todo indica que la iniciativa tendía, antes que nada, a llenar el ojo de la opinión pública desprevenida: hay tareas que no pueden quedar vacantes y, por otro lado, si los empleados públicos no se renuevan, al cabo de varios años sólo sobrevive una burocracia envejecida, incapaz de atender con eficacia muchos de sus cometidos. Invocando como fundamento esos mismos argumentos y algunos otros pretextos, fueron surgiendo nuevos mecanismos para burlar la ley que prohibía los ingresos. Se crearon más cargos de confianza, se extendió el uso y el abuso de los pases en comisión, se inventó la categoría de los becarios y pasantes y un buen día aparecieron los famosos contratos de obra, para los cuales se contó con la cooperación de un organismo de las Naciones Unidas, el pnud, cuya intervención tuvo como dudosa virtud la de eludir el control del Tribunal de Cuentas.

Cada una de estas modalidades fue manejada a gusto de los distintos beneficiarios y sus respectivos benefactores, muchas veces vinculados por lazos de parentesco, amistad o cualquier otra afinidad. Los plazos que al principio regían para algunas de las nuevas contrataciones se renovaban, casi siempre en forma automática, a su vencimiento, incluso cuando ello estaba prohibido inicialmente. Los becarios se transformaron en funcionarios de hecho y dejó de importar su edad y que tuvieran o no la condición de estudiantes.

Fueron muchas las reparticiones públicas donde se produjeron lluvias de ingresos, por distintos mecanismos, y reparto de cargos entre sus autoridades y otros dirigentes de los partidos tradicionales. Una lista para nada exhaustiva incluye a la ANEP, OSE, Antel, algunas intendencias -en primer lugar las de Canelones y Maldonado-, El Correo y la Administración del Mercado Eléctrico (ADME) presidida por el ingeniero José Serrato.

Con el paso del tiempo desapareció el viejo mecanismo del concurso, y a lo largo y ancho de la administración el dedo fue dueño y señor. Al mismo tiempo, como consecuencia de estos cambios se eliminaron los escalafones: quedaron írritos, disueltos y sin ningún valor para siempre. En medio del caos fue modificándose también la política de remuneraciones: al sueldo básico se le agregaron compensaciones y complementos por distintos conceptos que, lejos de favorecer al funcionario, permitieron a sus jefes premiarlo y sancionarlo con mayor arbitrariedad.

Hubo una vez un presidente, justo el mismo que cuando era senador había impulsado la eliminación de la provisión de vacantes, que un día descubrió que los porteros de algunas instituciones ganaban más que algunos jerarcas y profesionales de otras. Cuando finalmente ese presidente abandone la Estación Carnelli probablemente el jefe de la misma tendrá un contrato de obra y el guardabarrera será un becario de sesenta o más años.



NEGLIGENCIAS Y TORPEZAS
En algunos casos no hay elementos para presumir que haya habido dolo, pero sí descuidos gravísimos. Uno de ellos es la demanda judicial contra el Estado de mayor monto de la historia uruguaya -casi 300 millones de dólares-, que podría perder el Ministerio de Defensa. Todo empezó con un error del ex presidente Sanguinetti y su entonces ministro Raúl Iturria, que por inadvertencia revocaron varias autorizaciones para el uso de ondas de canales por cable en Canelones que ya habían sido anuladas por el gobierno de Lacalle, el mismo que las había concedido. La segunda revocación habilitó un nuevo plazo para apelar a los ex beneficiarios, Ana Troncoso y Adolfo Gutiérrez, cuando el anterior ya había vencido. Después hubo errores del abogado y coronel Germán Amondarain, del Ministerio de Defensa, que omitió responder en el plazo debido la demanda, que de otra forma se hubiera ganado. El abogado de Troncoso es su esposo, Miguel Sofía, uno de los socios del Grupo del Plata (véase BRECHA, 30-I-04.)

Hace unos pocos días la prensa informó que algo similar -aunque por un monto mucho menor- había ocurrido en la ANEP, que fue condenada a pagar algo más de dos millones de dólares por haber dejado sin efecto, por su sola voluntad, un contrato para la compra de software educativo que había firmado con una empresa israelí. A pesar de que sus abogados se lo habían advertido al Codicen, la ANEP perdió en primera instancia, en la segunda y hasta en la Corte. Por los gastos judiciales e intereses terminó pagando más que el precio pactado, y no recibió nada a cambio.



LEYES ESCASAS Y BENIGNAS
En el Parlamento los legisladores de los partidos tradicionales, siempre dispuestos a aumentar las penas de los delitos comunes -sobre todo de aquellos contra la propiedad- cada vez que alguno de ellos lo ha propuesto o los grandes medios lo han sugerido, han sido mucho más cautos a la hora de legislar en materia de corrupción. Son muy pocos los delitos contra la administración pública que se han incorporado en los últimos años al Código Penal (los de tráfico de influencias y utilización indebida de información privilegiada). La ley del 23 de diciembre de 1998 establece la obligación de las autoridades y de ciertos funcionarios públicos de hacer una declaración jurada de sus bienes, y las llamadas "normas de conducta en la función pública" están contenidas en un decreto (23-I-03) en el cual se crea la Junta Asesora en Materia Económica Financiera del Estado -más conocida como "Junta Anticorrupción"-, cuyo principal cometido es recibir esas declaraciones juradas y examinarlas cuando sea pertinente.

Por otra parte, la recientemente aprobada ley de financiamiento de los partidos políticos fue muy recortada en relación con el proyecto original, a tal punto que difícilmente pueda alcanzar resultados eficaces. No hay tradición en el país de investigar las contribuciones de los grandes empresarios a los partidos políticos y en los últimos años el tema sólo adquirió notoriedad en casos aislados. A mediados de los noventa se conoció el de Igor Svetogorsky, que financiaba sobre todo a dirigentes blancos; a principios de este año, el de la empresa Parmalat, que contribuyó a la campaña de Sanguinetti de 1994; y recientemente, el de Juan Carlos López Mena, propietario de Buquebus, que en campañas anteriores respaldaba al Partido Colorado y ahora apoya al EP-FA.

En cuanto a los mecanismos internos de los partidos para juzgar a sus dirigentes imputados de haber incurrido en actos de corrupción no han dado muestras de funcionar muy aceitadamente. En el caso del FA, si bien ha habido algún dictamen acusatorio del Tribunal de Conducta Política, el Plenario Nacional, órgano competente para pronunciarse, no ha emitido condena, para lo cual el estatuto exige una mayoría de nueve décimos de sus miembros. En el Partido Colorado, es un dato significativo que el 21 de agosto último, en la sesión de la Convención en que se votó a Tabaré Viera como compañero de fórmula de Guillermo Stirling, hayan participado Ariel Lausarot (ex presidente del Banco Hipotecario que le pidió a un correligionario, como gauchada, que empleara en su despacho a quien resultó ser un contrabandista prófugo), Benito Stern (el ex ministro de Turismo procesado por abuso de funciones), Óscar Rica (abogado del Banco de Seguros actualmente sumariado) y Pablo Scotellaro (ex director del Inju destituido por el presidente Batlle a consecuencia de las irregularidades administrativas detectadas en un sumario realizado en ese organismo).


Guillermo Waksman
Brecha
01/10/04