JAIR KIRSCHKE: “El Plan Cóndor nació en Brasil”

Kirschke es uno de los más veteranos entre los activistas de derechos humanos en Brasil. Sostiene que la mirada hegemonista de los militares de su país impulsaron el Plan Cóndor y recuerda operativos realizados en Argentina al principio de los ’70.


–¿Por qué sostiene que el Plan Cóndor nació en Brasil?

–Me apoyo en hechos claros y conocidos. Y es importante subrayar que el aparato represivo brasileño trabajó siempre muy vinculado con el aparato represivo argentino. Incluso, cuando en Argentina había democracia, antes del golpe de 1976. Mi país inauguró la doctrina de la Seguridad Nacional en 1964, con la dictadura. Algo que nuestras naciones ni conocían. Y Brasil, ese año, empezó a organizar sus servicios de inteligencia. Hasta entonces, no existían servicios tan bien elaborados, tan bien pensados para el mal. Hubo una figura importantísima, el general Golbery do Couto e Silva, que se encargó de hacerlo.

–Usted habló de hechos conocidos. ¿Cuáles son?

–El primero es un operativo que Brasil realiza en Buenos Aires. Un clásico operativo en el año ’70. En la Argentina estaba refugiado un coronel del ejército brasileño, Je-fferson Cardin de Alencar Osorio, junto a su hijo y un sobrino. Lo detuvieron y lo llevaron a Río de Janeiro, donde cumplió una condena de siete años.

–¿Por qué lo detuvieron?

–Por razones políticas. Era un tipo muy interesante el coronel, que había liderado un grupo guerrillero después del golpe. Se había exiliado en Montevideo, donde se organizó para ingresar a Brasil. Tomó radios, asaltó cuarteles y había salido en taxi desde la capital uruguaya en un hecho bastante loco.

–¿Hubo algún otro episodio en la Argentina donde las fuerzas armadas brasileñas hayan tenido participación?

–Sí. En el ’72, un mayor del ejército brasileño, Joaquim Pires Cerveira, se había exiliado en Buenos Aires junto con un joven estudiante, Joao Batista Rita Pereda, y fueron detenidos. También los llevaron para Río de Janeiro, donde varias personas vieron cómo eran brutalmente torturados. Los dos están desaparecidos. Y como en Brasil estos hechos no se publicaban, la noticia salió en The Guardian, un diario británico, que escribió hasta el nombre de la calle donde habían sido torturados.

–Hasta ahora mencionó un par de casos que afectaron básicamente a militares. ¿Hubo también más víctimas civiles?

–No tengo precisa la fecha, pero un militante nuestro, Félix Luis Camargo, un negro enorme, fuerte y que era guerrillero, vivía en Chile y viajaba a Montevideo, cuando en una escala en Ezeiza lo sacaron del avión. Sobre su caso yo hablé en el Uruguay. Un país donde estuvo un diplomático brasileño importantísimo, Tim Correa, del que recién ahora se consiguieron pruebas para vincularlo con la creación de un servicio secreto en Itamaraty, en el seno de la diplomacia brasileña. Este señor iba también a Buenos Aires, donde pedía la detención de alguien, después iba un avión de la fuerza aérea brasileña a Ezeiza, le entregaban al detenido y este embajador les firmaba un recibo a los represores.

–¿Es cierto que otra pieza clave del Plan Cóndor fue el embajador brasileño en Santiago de Chile cuando se produjo el golpe contra el gobierno de Salvador Allende?

–Sí, lo llamaban el quinto integrante de la junta, con ejército, marina, aeronáutica y carabineros. Eso lo decían los militares chilenos. Se trata de Antonio Cámara Canto, que además estaba acompañado por una cantidad importante de agentes brasileños, del servicio nacional de informaciones y de la policía federal de nuestro país. Su tarea era seguir a los cinco mil exiliados brasileños que había en Chile. Fíjese quiénes vivían allí: Fernando Henrique Cardoso, José Serra, que hoy es el gobernador de San Pablo y nuestro gran pedagogo, Paulo Freire. Todos gente muy calificada que se había ido a partir del golpe del ’64. Incluso, antes de que Allende llegara al poder en Chile.

–¿De qué modo se involucró Cámara Canto en el Plan Cóndor?

–En el libro de un ex embajador norteamericano se cuenta lo que hacía y otro diplomático que formuló declaraciones ante el senado de Estados Unidos dijo que Cámara Canto invitó a varios embajadores a apoyar el golpe. La noche del 11 de septiembre del ’73, en el magnífico predio de la embajada brasileña en Santiago, el tipo gritaba: ganamos, ganamos… Este embajador siguió en Chile hasta septiembre del ‘75. ¿Por qué esa fecha? Porque en los últimos días de noviembre y en los primeros de diciembre hubo una famosa reunión en Santiago de Chile donde formalmente se decidió hacer la Operación Cóndor. Y los preparativos se dieron con la participación de Cámara Canto.

–¿Y había militares brasileños también?

–Recién ahora se supo el nombre de un coronel brasileño que participó de esa reunión. Pero los militares brasileños tuvieron cautela para no dejar las huellas digitales en lo que hacían. Sabemos quiénes estaban de otros países, pero de Brasil, sólo se conoció hace poco. En el marco de la doctrina de la Seguridad Nacional, donde las fronteras geográficas no se consideraban y sí las ideológicas, Brasil, para nuestros militares, debía ser la nación hegemónica de la región. Y ellos no permitirían que a sus límites hubiera gobiernos de izquierda o, al menos, progresistas. Esto era intolerable. Ahí tiene el Operativo 30 Horas, algo impresionante…

–¿El que se había planificado para invadir Uruguay si triunfaba el general Líber Seregni en las elecciones presidenciales?

–Sí, lo llamaron así porque Brasil ocuparía en 30 horas Uruguay. Fue para el año ’71. Si ganaba Seregni, los militares tomarían el país. Hoy, además de documentos, tenemos declaraciones. Eran tan preocupantes las elecciones en Uruguay que hubo reuniones entre nuestro presidente, el general Garrastazu Medici, Richard Nixon, Henry Kissinger y Vernon Walters para tratar este tema. Un militar brasileño dijo en enero de 2007 en un programa de TV que se llama Historia, que los uruguayos habían pedido la invasión durante el gobierno de Pacheco Areco. El periodista que lo entrevistaba, que sabe mucho del Plan Cóndor, se sorprendió cuando lo escuchó decir eso.

–¿Se conoce aproximadamente cuántos argentinos se refugiaron en Brasil en los años ’70?

–Nosotros recibimos a más de 2000 personas. Pero no sé cuántos argentinos, cuántos uruguayos, cuántos chilenos. Y lo hicimos siempre en colaboración con la Acnur.

–¿Cuál fue el papel que desempeñó la Iglesia de su país en defensa de los derechos humanos? ¿Hubo esfuerzos aislados como los de Elder Cámara o Evaristo Arns o los apoyó institucionalmente?

–Se trató de obispos sueltos. Con el golpe del ’64, la Iglesia puso en marcha aquello de la marcha con Dios y por la libertad. Tradición, Familia y Propiedad. Justo había pasado por Brasil un sacerdote extranjero que juntaba multitudes en las plazas de San Pablo, Río y Porto Alegre, hablando un poco en portugués y otro poco en español. “¡Hermanos…!”, decía (y lo imita). Hablaba con una prédica contra los comunistas. Aparecía en la televisión con el rosario, con una imagen de la virgen. Eso fue en tiempos del pregolpe. Y obispos importantes estaban metidos en ello. Hasta que después, otros, empezaron a aparecer públicamente en contra de la dictadura.

–Usted nos dijo que los militares brasileños no dejaron huellas. ¿En qué se basa para afirmarlo?

–Tuvieron tanta cautela que, hoy en día, en la Argentina hay una gran cantidad de militares detenidos, en Uruguay hay dos ex presidentes enjuiciados y en Chile acaban de condenar al general Contreras por el crimen del general Prats. Pero en Brasil no hay ni un condenado. Aunque ahora, después de haber trabajado con el fiscal italiano Giancarlo Capalbo el tema del Tribunal Penal de Roma desde el 7 de diciembre de 1999, tenemos los casos de dos ítalo-argentinos desaparecidos en Brasil. Y la justicia italiana, el 24 de diciembre de 2007, determinó el pedido de captura de 146 represores de Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil. Hasta ahí, los militares brasileños nunca habían sido molestados para nada.

–¿Cuántos integrantes de las fuerzas armadas de su país están involucrados en ese grupo?

–Trece.

–¿En qué período fueron cometidos los delitos que se les imputan?

–En 1980, en mi primer caso, investigamos el operativo realizado en el aeropuerto de El Galeao, en Río de Janeiro, el 12 de marzo de ese año. Es la causa del secuestro de Horacio Campiglia y Mónica Pinus de Binstock. También hay otro del 26 de junio en Uruguayana, donde desapareció Lorenzo Ismael Viñas, que es hijo de David Viñas. El venía en ómnibus hacia Brasil. Esto es muy interesante desde el punto de vista jurídico, porque en el año 1979 hubo una amnistía. Y cuando la prensa buscó al actual ministro de Justicia brasileño, Tarso Neves, un hombre de izquierda, para preguntarle sobre estos casos, respondió que la amnistía había borrado todo. Sus colegas periodistas, insistentes, le dijeron que estaba equivocado porque los delitos eran del ’80 y la ley los cubría hasta agosto del ’79. Pero Neves, que era mi amigo, aunque no puedo decir que ahora lo sea, les volvió a responder que como eran homicidios, los homicidios del ’80 habían prescripto. Aunque olvidó que como es secuestro con desaparición, el crimen sigue vigente. Con la publicación de estas informaciones, los militares enloquecieron. Y uno de ellos, que está retirado, me inició una causa. Hasta un sargento me enjuició. Y si yo le mostrara la querella, dedica dos páginas a decir: “fui del aparato represivo del ejército con muchísimo orgullo porque nosotros combatimos al comunismo”.

–¿Cuál es su visión de los juicios que se siguen en la Argentina contra los represores de la última dictadura?

–Yo diría que Argentina es el que está más adelantado entre todos los países de la región. Hubo una lucha de su pueblo, a través de las organizaciones de derechos humanos y también una mayor conciencia de lo que había pasado. ¡Treinta mil desaparecidos! ¡Por favor! Es algo tan grande que no hay en la Argentina ninguna persona que no tenga un familiar, un amigo o un conocido desaparecido. Eso hizo reaccionar al pueblo argentino de una manera muy justa. Y aunque no se avanzó en un primer momento, la Corte Suprema decidió la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final para que en verdad comenzaran a marchar las cosas. Además, ustedes tienen en la figura de algún miembro de la Corte una posición extraordinaria basada en los conceptos del derecho internacional que, en Brasil, nos hace falta.

–Esto induce a pensar que en su país será muy difícil avanzar en las causas contra militares. ¿Siguen teniendo mucha influencia las fuerzas armadas sobre el poder político?

–Yo digo que sí. Y es que hicieron un pacto con los gobiernos, incluso el de Lula, para mantener el statu quo. Es incomprensible que hasta el día de hoy sigan intocables. No se abren los archivos de la represión. Naciones Unidos le solicitó formalmente a Brasil que los abra. Y nada. Existe una sentencia de octubre pasado de la Justicia Federal que determina la apertura de los archivos. Y nada… Hay un pacto para que no se toquen ciertas cosas. Lula tiene a un general en un despacho vecino, Jorge Félix, que durante una entrevista dijo que no convenía que se abrieran los archivos porque ahí iban a aparecer cosas terribles. Las declaraciones las publicó Folha do San Pablo. A mí me parece que el presidente le tendría que haber dicho a este general, adiós, váyase. No se pueden decir estas barbaridades. Es el responsable de la Seguridad Institucional. Y está desde el primer mandato de Lula.

–¿Se producen situaciones de este tipo porque el presidente permite que haya impunidad?

–En la transición de Cardoso a Lula, el boletín oficial publicó un decreto con la firma de Fernando Henrique aumentando los plazos para la apertura de los archivos. El no hubiera firmado una cosa así justo en el último día de su gobierno si no hubiera una concertación. Es más, puede parecer un disparate, pero Collor de Melo propuso una ley en el Congreso brasileño que cuida la clasificación y desclasificación de documentos y dice quién puede desclasificar y quién no. Sólo el presidente de la Nación puede hacerlo con los documentos ultrasecretos. Otro dato: Lula creó un comité interministerial para examinar los documentos y reclasificarlos que jamás se reunió. Y lo hizo en su primer mandato.

–Es evidente que no está nada de acuerdo con las decisiones que toma Lula.

–Es más, tiene que cumplir una decisión judicial que llegó hasta la Suprema Corte y no lo hace. Es sobre la cuestión de Araguaia. Hace casi treinta años un grupo de familiares de guerrilleros desaparecidos llevaron una denuncia a la Justicia Federal para saber dónde estaban los cuerpos. Y consiguieron por medio de un abogado, Luis Eduardo Greenhalg, una decisión favorable: que se abrieran los archivos para el tema de Araguaia. Pero el presidente después lo mandó al abogado general de la Nación para ingresar un recurso en contra de la decisión. La Corte ratificó la apertura en octubre, pasaron nueve meses hasta hoy y el niño ya puede nacer (sonríe), aunque la sentencia no se cumple. Y esos archivos están en manos del ejército. Un ejército cuyo poder llega hasta que el presidente de la Nación no cumpla con una sentencia judicial. Impresionante, pero es así.

–En consecuencia, ¿Lula tiene para usted una deuda muy grande en materia de derechos humanos?

–Lula y el PT, que nació como una gran esperanza para el pueblo, especialmente para los más pobres, los más humildes y ahora nos encontramos ante una situación que no es así. En verdad, el tema de los derechos humanos recibe un maltrato del gobierno. En determinado momento tenía, a nivel de ministerio, un equipo de trabajo y quien estaba a su frente era un militante del PT de toda la vida, un ex preso político y periodista al que siempre le negaron un espacio de importancia: Nilmário Miranda. Ahora, tenemos a los derechos humanos en el nivel de una secretaría nacional, vinculada al despacho del Presidente.

–¿Cuáles son las principales violaciones a los derechos humanos del presente en un país como Brasil?

–Las violaciones a los derechos humanos no son solamente de la policía que tortura y que mata. Yo siempre digo que, nosotros, en Brasil, tenemos al gran violador de los derechos humanos que es el Estado nacional, también el estado provincial y las intendencias. Porque niegan atención a los niños, una buena educación, no cuidan la salud pública, no cuidan a los viejos y ésas son violaciones a los derechos humanos. En Brasil suceden cosas increíbles y la gente no se da cuenta de que la calidad de vida se va terminando. Mientras tratamos el pasado, que es importante, hablamos de un país donde se mata gente todos los días. Y especialmente la Policía Militar.

–¿Que depende de las fuerzas armadas o es autónoma?

–Es casi autónoma. Se trata de una invención de la dictadura del ’68. Pero en Rio Grande do Sul existe hace casi 170 años. En San Pablo hace casi cien años, como en Minas Gerais y Pernambuco, aunque antes eran el ejército del gobernador del estado. No tenían atribuciones de policía. En el ’68, como le decía, cuando los militares dan el golpe dentro del golpe, en diciembre de ese año se publica el acta institucional número 5 que termina con los hábeas corpus, establece la censura en la prensa, en el teatro, en la TV y también se crean por decreto las policías militares y les dan atribuciones. Las fuerzas armadas hicieron la constitución, que no fue refrendada por nadie, y en el ’88, y pese a que logramos la nueva constitución en Brasil, que la llamamos la constitución civil ciudadana, por presión de los militares sigue vigente una disposición de que la policía militar es reserva de las fuerzas armadas.

–¿Para usted es completamente absurdo?

–Yo siempre explico una cosa para que se entienda bien cómo es el tema de la policía militar en Brasil, algo aberrante. Policía viene de griego, polis, que significa ciudad. Y militar viene del latín, milis, de milicias. Entonces, los militares son entrenados para qué. Para enfrentar al enemigo, vencerlo y someterlo a su voluntad. Eso es ser militar. Pero la policía tiene que ver con el ciudadano que tiene derecho a protección. Hasta el ciudadano que comete un crimen tiene derecho a protección. Acá tenemos policía militar y seguimos sufriendo la misma impunidad.

–Mientras tanto, ¿cuál es la política para los millones de pobres que tiene su país?

–Ahora la represión está direccionada hacia ellos. Esto me hace recordar al encuentro de la Iglesia Católica en Puebla, que se realizó bajo la opción por los pobres. Y por eso, yo siempre digo que acá, en Brasil, la policía ya había hecho antes la opción por los pobres, las tres Pe: pobres, pretos (negros) y putas, que son las víctimas del sistema.

Cuando uno percibe que en Brasil la banca obtiene ganancias espectaculares, algo está funcionando mal.





Un veterano de batallas
Jair Kirschke es abogado y fundador del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Rio Grande do Sul, el más antiguo de los organismos de ese país. Dueño de una oratoria apasionada y una memoria prodigiosa para recordar ciertas situaciones y fechas, acredita un compromiso militante desde 1961 (nació en el ’38). Ese año defendió al gobierno estadual de Leonel Brizola, del Partido Trabalhista, de un intento de golpe de Estado que se estaba gestando en Brasil y que se concretaría tres años más tarde. A partir de 1964, y ya bajo la dictadura militar, ayudó a salir del país a varios compatriotas, como bien entrados los años ’70, hizo algo semejante con militantes argentinos, uruguayos o chilenos a los que dio refugio en Brasil. Ha sido testigo en algunas causas por violaciones a los derechos humanos en la Argentina; la última de ellas fue la que condenó al general Cristino Nicolaides. Tiene un parecido físico llamativo con el político radical César Jaroslavsky (ya fallecido) y trabaja rodeado de expedientes y papeles que desbordan su pequeño despacho ubicado en un antiguo edificio de la ciudad donde vive, Porto Alegre.



Gustavo Veiga