Informes de Inteligencia

A lo largo del período posterior al golpe, la CIA recabó y distribuyó entre las comunidades política y de inteligencia amplios informes relativos a cuestiones de derechos humanos en Chile. Parte de esta información provenía de informantes con una confusa reputación. La información de inteligencia era de una gran variedad, incluyendo:

Debates desde 1973 hasta 1988 en el seno del ejército chileno y los servicios de seguridad sobre el nivel adecuado de fuerza que había que usar para combatir lo que ellos veían como la amenaza subversiva de los grupos políticos de izquierda y las organizaciones terroristas que eran facciones escindidas de otros grupos.

La identidad y actividades de las subunidades en el seno de las fuerzas de seguridad chilenas encargadas de llevar a cabo actividades políticas especiales o actividades contra la izquierda y cuya asociación con grupos extremistas de tendencia violenta les hacía más proclives a los abusos sistemáticos;

Debates en el seno de los grupos políticos de izquierda y organizaciones terroristas que eran facciones escindidas de otros grupos acerca del uso de la violencia para combatir al Gobierno; y

Entrenamiento, capacidad, estado de preparación y despliegue de los diversos grupos de "autodefensa" en el seno de los Partidos Socialista y Comunista de Chile y las organizaciones terroristas que eran facciones escindidas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y, la Juventud Lautaro y las facciones de obreros y agricultores del Movimiento de Acción Popular Unitaria.

En los días y meses inmediatamente posteriores al golpe de 1973, la CIA suministró amplios informes sobre lo que el Gobierno caracterizaba como actividades necesarias para restaurar el orden. Había informes enormemente discordantes acerca del número de personas asesinadas y arrestadas. Los informes de la CIA confirmaron que los militares no estaban revelando las cifras exactas de manera deliberada y detallaban las opiniones divergentes en el seno de la Junta Militar sobre si había que ejecutar sumariamente a los extremistas y subversivos o permitirles ser sometidos a juicio y sentencia. Había también extensos informes acerca de:

La aplicación de la "justicia militar" a los detenidos civiles y los tipos de castigo que podrían enfrentar;

La ubicación de los campos de detención y los nombres de las personas específicas que estaban en ellos, incluyendo el hecho de que algunas de estas ubicaciones eran secretas;

Acciones de los militantes de izquierda para abandonar el país u obtener asilo en embajadas extranjeras; y

Evaluaciones del efecto que la represión gubernamental estaba teniendo sobre la capacidad y acciones de la izquierda para reagruparse.

La CIA recibió también información sobre el "Plan Z", supuestamente elaborado por la coalición de la Unidad Popular de Allende a fines del Gobierno de éste para asesinar a figuras importantes del medio político y militar opuestas a su agenda de izquierda. Cuando afloraron por primera vez las alegaciones de la existencia del "Plan Z", la CIA señaló que probablemente se trataba de una desinformación manipulada por la Junta para mejorar su imagen y ofrecer una justificación de sus actividades. Las acusaciones de que los informes sobre el "Plan Z" formaban parte de una operación conjunta entre la CIA y Chile no son ciertas, si bien oficiales del ejército con quienes la CIA tenía contacto antes del golpe de 1973 participaron en la redacción del "Libro Blanco", en el que las alegaciones de la existencia del "Plan Z" constituían una pieza central.

La CIA informó por primera vez de los abusos a los derechos humanos por parte de la Junta el 15 de septiembre de 1973, pocos días después del golpe. La CIA informó de que las unidades de interrogación de la seguridad chilena estaban tratando a los supuestos oponentes de una forma extremadamente dura. Un informe de 22 de septiembre señalaba que los prisioneros del Estadio Nacional eran tratados cruelmente en los primeros días después del golpe. El 28 de septiembre, la Cia informó de que se habían encontrado en el Río Mapocho 27 cadáveres, algunos de ellos con signos de tortura y mutilaciones. El 9 de octubre la CIA informó de que técnicos soviéticos no diplomáticos que se hallaban en Chile habían sido amenazados e insultados en repetidas ocasiones; algunos de los juzgados con posterioridad fueron golpeados o resultaron heridos. El 25 de octubre la CIA informó de que el General Sergio Arellano Starck había ordenado la ejecución sumaria de 21 prisioneros políticos. El 3 de noviembre la Cia informó de que, a pesar de un decreto gubernamental para poner fin a las ejecuciones sumarias, en el Canal de San Carlos se hallaron 20 cuerpos asesinados a tiros. El 12 de noviembre la CIA informó de la preocupación en el PDC por os abusos a los derechos humanos. El 18 de enero de 1974 la CIA informó de que determinados políticos chilenos a lo largo del espectro político estaban sopesando la posibilidad de elevar la cuestión de los abusos a los derechos humanos a la atención de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Era evidente que la circular del Gobierno chileno de 17 de enero de 1974 prohibiendo la tortura y dando instrucciones para el trato a los prisioneros era un ardid de cara a las relaciones públicas. La información de la CIA indicaba que las fuerzas de seguridad chilenas no observaban, y probablemente no lo harían, la declarada política. Aunque la rendición de informes sobre derechos humanos correspondía principalmente al Departamento de Estado y la Embajada, la naturaleza clandestina de las prácticas en materia de derechos humanos de los servicios de seguridad chilenos requería de la actuación de la CIA para recabar información. A finales de enero de 1974, la CIA dio instrucciones a todos sus funcionarios concernidos para que recabaran informes sobre tortura en Chile a través de sus informantes clandestinos.

Durante los 17 años siguientes, la CIA suministró información sobre abusos a los derechos humanos en Chile proveniente de sus contactos. A medida que la izquierda fue retomando fuerzas después, la información de inteligencia incluía los planes, intenciones, capacidades y actos terroristas de la izquierda. Durante la transición del gobierno militar al civil, los informes de inteligencia siguieron el asunto político de cómo se abordarían las investigaciones y procesamientos en materia de derechos humanos.

Una revisión de los archivos de la CIA no ha arrojado evidencia de que sus funcionarios y empleados estuvieran inmersos en abusos a los derechos humanos o en el encubrimiento de tales abusos en Chile.



Muerte/Desaparición de ciudadanos estadounidenses
Las alegaciones sobre complicidad de la CIA en la muerte del ciudadano estadounidense Charles Horman, Jr. -expatriado que apoyó a Allende y que fue asesinado tras el golpe de 1973- carecen de fundamento. De igual modo, la CIA no tenía conocimiento a priori de las circunstancias conducentes a la muerte en 1973, en Chile, del ciudadano estadounidense Frank Teruggi o sobre la desaparición del también ciudadano estadounidense Boris Weisfeiler en 1985.

No obstante, algunos informantes clandestinos de la CIA estuvieron involucrados en abusos a los derechos humanos. La CIA, bajo las órdenes de, y en concurrencia plena con, políticos estadounidenses de alto nivel, mantuvo contactos oficiales con varios servicios de seguridad. Al mismo tiempo, la CIA mantuvo contactos secretos con miembros selectos del ejército, la inteligencia y las fuerzas de seguridad chilenas, tanto para recabar información de inteligencia como para llevar a cabo las acciones encubiertas descritas más arriba. No hay duda de que algunos de los informantes de la CIA estuvieron activamente involucrados en la comisión y encubrimiento de graves abusos a los derechos humanos.

Como resultado de las lecciones aprendidas en Chile, Centroamérica y otros lugares, la CIA supervisa hoy cuidadosamente todos sus informantes en relación con su eventual implicación en abusos contra los derechos humanos y decide en función del equilibrio entre la naturaleza y gravedad del abuso a los derechos humanos y el potencial valor en términos de inteligencia de continuar con la relación. Estas normas mínimas, establecidas a mediados de los '90, habrían alterado probablemente la cantidad de contactos que teníamos con perpetradores de violaciones a los derechos humanos en Chile de haber estado en vigor en aquel entonces.

EQUIPO NIZKOR