Pedido de condena a 30 años de cárcel por desaparición forzada sobre ex canciller Blanco abre nueva etapa. Actual interpretación de la ley excluye casos cometidos en territorio extranjero. Siguen sin desclasificarse archivos de la DNII.
El abogado Pablo Chargoñia, en representación de la secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, denunciante del secuestro y desaparición de la maestra Elena Quinteros en 1976, pedirá a la Justicia y al Poder Ejecutivo que el caso sea excluido de la Ley de Caducidad, ya que ocurrió en el territorio extranjero de la Embajada de Venezuela.
La nueva solicitud en el largo camino judicial de la causa Quinteros se interpondrá luego del pronunciamiento de la fiscal Mirtha Guianze, quien solicitó una condena de 20 años de cárcel para el ex canciller Juan Carlos Blanco por un delito de desaparición forzada de personas, en aplicación de la incorporada jurisprudencia internacional.
La acusación del ministerio público abre una nueva etapa en la causa judicial iniciada el 27 de febrero de 1985 por el entonces diputado Nelson Lorenzo Rovira, ya que en la interpretación de la Ley 15.848 que realiza el actual Poder Ejecutivo no son incluidos en la norma los casos de delitos cometidos en territorio extranjero.
La maestra Elena Quinteros fue secuestrada de los jardines de la Embajada de Venezuela en Montevideo el 26 de junio de 1976, en un operativo represivo de la dictadura en el que participaron funcionarios policiales, del Ejército y de la Marina, debido al cual el Estado venezolano rompió relaciones diplomáticas con Uruguay.
Ocultamiento de pruebas
Los denunciantes también reclamarán que se desarchive la documentación que sobre Elena Quinteros y su madre Tota Quinteros hay en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) de la Policía, cuya existencia había sido negada en democracia, y que se indaguen las responsabilidades por su ocultamiento.
Los archivos de inteligencia policial habían sido solicitados originalmente por el propio Lorenzo Rovira, representado por el abogado José Luis Baumgartner, luego de que el presidente Julio María Sanguinetti amparara el caso Quinteros en la Ley de Caducidad y ordenara cumplir el artículo 4º de la Ley 15.848 el 4 de agosto de 1987.
Sin embargo, el 9 de octubre de 1987, el informante del Ministerio del Interior, doctor Roberto Moreira Piegas, concluyó que "de la exhaustiva averiguación realizada no surgen indicios probatorios de que en el infausto hecho que causó la denuncia haya tenido participación las dependencias del Ministerio del Interior" (sic).
La engañosa respuesta, similar a la de los "informes" que por entonces realizaba el fiscal militar José Sambucetti en nombre del Ministerio de Defensa, fue denunciada el 25 de junio de 1990 ante el ministro Juan Andrés Ramírez del gobierno de Luis Alberto Lacalle, quien tampoco reconoció la existencia de los archivos sobre el caso Quinteros.
Una mentira de Estado
Sin embargo, durante el gobierno de Jorge Batlle, la Comisión para la Paz (Comipaz) admitió en su informe público que en el caso del secuestro actuaron funcionarios militares y policiales, lo que constituyó el primer reconocimiento oficial del Estado uruguayo de su participación en la desaparición, negada durante treinta años.
El propio asesor presidencial, Carlos Ramela Regules, llegó a declarar el 9 de mayo de 2003 ante el Juzgado de Primer Turno, que habían concluido que Elena Quinteros estuvo detenida en el Batallón 13 de Infantería porque "fuentes militares reconocieron expresamente haber participado en ese operativo".
Ramela Regules agregó en la ocasión que "para aceptar que la persona retirada de la embajada era Elena Quinteros (...) se basó fundamentalmente en los testimonios de fuentes policiales y militares", y agregó que esas fuentes le dijeron que la maestra fue asesinada entre el 1º y el 5 de noviembre de 1976.
La contradicción entre el informe de la Comipaz y la respuesta que dieron Sanguinetti, su secretario Miguel Semino, su ministro del Interior, Antonio Marchesano, y el director general de Secretaría, doctor Jaime Ruben Spolinski, como las autoridades del gobierno de Lacalle, implicarían una nueva mentira de Estado.
Los archivos Quinteros
La existencia de archivos sobre el caso Quinteros en la DNII fue finalmente reconocida el 27 de diciembre de 2006, durante la gestión del doctor José Díaz, quien autorizó a los denunciantes a requerir los archivos que la dependencia de inteligencia tuviera sobre Elena y su madre, Tota Quinteros, quien también fue vigilada por los servicios.
Pero cuando se hicieron los trámites respectivos, recibieron una nota fechada el 18 de noviembre de 2006 del encargado del Departamento III de la DNII, quien comunicaba que existía documentación sobre Quinteros pero sólo estaba a disposición si mediaba una autorización judicial al peticionante.
El 14 de agosto de 2008, esa autorización fue solicitada por los denunciantes al juez penal Juan Carlos Fernández Lecchini, quien instruye la causa, en el entendido de que la información existente en los archivos de la DNII puede ser ahora fundamental para el esclarecimiento del caso.
Si el juez Fernández Lecchini admite la solicitud, la causa podría derivar finalmente hacia la búsqueda de sus restos. Una indagatoria que ya ha comenzado en otros casos de desaparecidos y que implicaría la citación de militares y policías implicados en el caso. En tanto, la maestra Elena Quinteros sigue desapareciendo.
EL SECUESTRO
El 26 de junio de 1976, la maestra Elena Quinteros fue detenida de su domicilio en Ramón Massini 3044, de la ciudad de Montevideo, Uruguay, por los servicios de seguridad de la dictadura uruguaya. El 28 de junio de 1976, a las 10 y 20 de la mañana, fue trasladada a las cercanías de Bulevar Artigas y Rivera para que entablara un supuesto "contacto" mientras era vigilada por integrantes de los servicios de seguridad. Elena Quinteros había inventado el "contacto" para intentar su asilo en la embajada de Venezuela, a donde logró ingresar y pedir asilo político.
Sin embargo, las fuerzas de seguridad que la vigilaban entraron a la fuerza a la sede diplomática y tras golpear a funcionarios venezolanos la secuestraron. Desde entonces, Elena Quinteros está desaparecida. Fueron testigos del secuestro del interior de la sede diplomática el embajador de Venezuela, Dr. Julio Ramos, otros funcionarios de la embajada y algunos exiliados uruguayos que se encontraban asilados en dicha embajada. En el operativo participaron los policías Ruben "Cacho" Broncini, María Severo y Ricardo De León, y los militares Jorge Silveira y Juan Carlos Larcebeau, entre otros.
LA OMISION
"Yo denuncié la omisión en proceder ante delito conocido: el secuestro de Elena Quinteros desde terrenos de la Embajada de Venezuela en Montevideo. Yo denuncié que tal omisión es configurante del ilícito previsto por el artículo 177 del Código Penal. Yo denuncié a personal del Departamento Nº 5 de Información e Inteligencia. Yo denuncié a "funcionarios policiales o no" por una renuencia criminal, cometida en 1976. El Ministerio del Interior -a través de los funcionarios actuantes en este expediente- estuvo consumando el delito precisamente denunciado, entre 1987 y 1990, porque no precedió tras conocer la denuncia (ni siquiera ya, tras conocer el delito): no investigó, no salió de un mero trámite oficinesco, no cumplió lo ordenado por el Poder Ejecutivo, no se atuvo a sus cometidos policiales, no buscó el "esclarecimiento de los hechos" -como manda la ley- sino que fraguó dolosamente una apariencia de "averiguación" que no pasó de un expedienteo que no resiste el menor y más benévolo examen. ¿O acaso alguien podrá aducir que tan burdo formalismo se aparece a lo que es una real investigación?" (De la nota del Nelson Lorenzo Rovira al ministro Juan Andrés Ramírez, por el incumpliendo del Art. 4º de la Ley 15.848. 25 de junio de 1990)
Roger Rodríguez
La República
31/08/08
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