Informe sobre Lavado de Dinero en Uruguay

"El dinero sucio puede lavarse en Uruguay, pero lo planchan y guardan en los bancos norteamericanos"

Uruguay puede sufrir sanciones por acusación de lavado de dinero. Fiscal estadounidense habría confundido a Lespan SA con una Lespan Holding de Panamá. Cambio Gales, sin embargo, transfirió dinero a cuenta del investigado Beacon Hill en el JP Morgan Chase. El caso replantea realidad de la plaza financiera. Dinero y metales preciosos ingresan y salen del país sin control del Banco Central. Aduanas detectó salida de U$S 700 millones en seis meses. Estudios jurídicos crean miles de off shore anuales que luego aparecen implicadas en ilícitos. En la unidad de contralor del BCU fue donde se nombraron "cargos de confianza". La situación preocupa al futuro gobierno que podría crear una policía fiscal.

La fragilidad de la plaza financiera uruguaya ante una eventual operación de lavado de dinero del "terrorismo internacional" o del "narcotráfico" quedó expuesta luego de que el fiscal de Manhattan, Robert Morgenthal, implicara a una casa cambiaria uruguaya en una maniobra con el Bank of America.

Uruguay podría quedar sujeto a sanciones económicas internacionales si prosperase la causa por lavado de activos que desde hace tres años realiza el fiscal de Nueva York, y el proceso es incorporado al estudio anual del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAIF) con sede en París.

La acusación replantea el tema del lavado en la plaza uruguaya y ahora poco importa si el país ha mejorado su normativa y aprobó una ley antilavado, o si Morgenthal pudo confundir a Lespan SA (Gales Casa Cambiaria) con la firma "Lespan Holding", que habría operado durante seis meses desde Panamá.

Las declaraciones de Morgenthal al diario The Wall Street Journal ya provocaron un efecto negativo sobre Uruguay, pero a la vez permiten revisar distintos ángulos de un problema que deberá afrontar el gobierno electo, aunque el tema no se encuentre en su agenda de prioridades.

Por Uruguay transitan anualmente cientos de millones de dólares en billetes o metales preciosos que no son controlados por el Banco Central del Uruguay, que tampoco tiene fiscalización real sobre empresas off shore domiciliadas en el país, ni sobre una serie de actividades parafinancieras.

Gales Casa Cambiaria, como cualquier otro operador financiero, puede cumplir todos los requisitos impuestos por la normativa uruguaya, pero su actividad en el libre flujo de capitales, hacia y desde el país, alarmará a los agentes norteamericanos que investigan el lavado de capitales del terrorismo.

"Pero que quede claro que el dinero sucio puede venir a Uruguay por distintas vías y acá se podrá lavar, pero quien luego almidona, plancha, cuelga y guarda ese dinero, son los grandes bancos norteamericanos", sintetizó a LA REPUBLICA un operador de cambios montevideano.



"Bueno, sería tonto"
El "dinero sucio" que, según el fiscal Robert Morgenthal del distrito de Manhattan, se "lava" en Sudamérica, en Uruguay entre otros, aparece trasladándose inequívocamente a cuentas de los principales bancos norteamericanos, sin que las autoridades de ese país hagan algo por evitarlo.

En una clase sobre lavado de dinero realizada el año pasado en Washington durante un curso de la Universidad Nacional de Defensa, al que anualmente asisten políticos, militares y periodistas uruguayos, se admitió expresamente que el dinero del "lavado" pasaba por bancos estadounidenses.

"Pero si reconocen que por algunos bancos norteamericanos pasa el dinero ilícito, que luego queda o sale de Estados Unidos, ¿por qué ustedes no actúan sobre esos capitales en ese tramo de la cadena?", preguntó uno de los asistentes al conferencista especializado en el tema.

"Bueno, sería tonto cortar esos flujos de capital que nos llegan, cuando no lo hacen en los países de donde sale el dinero", dijo el académico para admitir que "el dinero de Triple Frontera puede pasar por un banco norteamericano, ir a Europa y a Africa, para terminar en manos de terroristas de Medio Oriente".

A partir de los atentados a las Torres Gemelas el 11 de setiembre de 2001, la política de Estado norteamericana se dirigió contra "el terrorismo" y, además de invadir Afganistán e Irak, se investigaron y congelaron las cuentas bancarias de todo lo que fuera "sospechoso" de serlo.

De la misma manera en que años atrás la política exterior norteamericana señalaba con su dedo inquisidor a los países donde se plantaba coca, pero no destruía el negocio de la distribución en su territorio, desde el "11/9" capitales de origen dudoso se siguen reciclando en su sistema financiero.

En ese marco fue que Morgenthal inició su investigación sobre lavado de dinero que derivó en la operación "Beacon Hill" (Faro de la colina), la mayor ofensiva contra los negociados en la Triple Frontera, que implicó la detención de cientos de personas en Brasil y Paraguay, y tuvo derivaciones en Uruguay.



"Faro de la colina"
Beacon Hill Service Corporation (BHSC), era una compañía de servicios financieros de Nueva York, supuestamente vinculada al JP Morgan Chase, que la Justicia estadounidense enjuició por el desvío ilegal de 3.200 millones de dólares a cuentas de paraísos fiscales como Islas Cayman y las Bahamas.

El pasado 30 de diciembre el periodista Glenn R. Simpson, del diario The Wall Street Journal, publicó un artículo en el que el fiscal Morgenthal acusaba al Bank of América de haber transferido millones de dólares a la firma uruguaya Lespan SA (Gales Casa Cambiaria) y "sus filiales".

Morgenthal reconoció que buscaba un acuerdo extrajudicial con el Bank of América "que transfirió cientos de millones de dólares para un negocio de transferencia de fondos uruguayo vinculado al tráfico de drogas, fraude fiscal y otros delitos financieros".

La publicación provocó una onda expansiva en la plaza financiera uruguaya donde el propio prosecretario de la Presidencia de la República, Leonardo Costa, señaló su sorpresa por la información, en tanto los dueños de Lespan SA publicaron remitidos de prensa deslindando responsabilidades.

En la operativa con el Bank of America, Morgenthal pudo haber confundido a Lespan SA de Uruguay con una empresa llamada "Lespan Holding" que durante seis meses habría operado desde Panamá. Morgenthal podía conocer el nombre Lespan en el marco de otra causa.

En agosto del año pasado, el propio fiscal Morgenthal había realizado una acusación similar contra la empresa Tupi Cambios SA, uno de los corresponsales de Cambio Gales en Paraguay, a quien se denunció por lavar dinero en el marco del negociado del Beacon Hill Service Corporation.

La llamada Operación Faro de la Colina, realizada por la Policía Federal Brasileña determinó entonces la detención de más de 200 personas vinculadas a un operativo de lavado de dinero por 30 mil millones de dólares entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú, en la Triple Frontera.

Los medios de prensa consideraron que era "la mayor ofensiva con el propósito de desarticular el esquema de lavado de dinero que funciona en el Brasil y que tiene ramificaciones en el Paraguay y el Uruguay, además de los Estados Unidos". Ninguna empresa uruguaya fue mencionada entonces.



¿Malas compañías?
"Faro de la Colina" fue una derivación de la investigación brasileña sobre el Banco Banestado, que también lavaba dinero a través del Beacon Hill en Estados Unidos. En el "relatorio" de la Comisión Investigadora parlamentaria se acusó a casi un centenar de ciudadanos de Brasil, Paraguay y Uruguay.

En la lista de la CPI brasileña figura el paraguayo Silvio Moisés Cuenca González (dueño de Tupi Cambios), el panameño Aníbal Contreras (presidente del Beacon Hill) y los uruguayos Juan, Jorge y José Peirano Basso, Ricardo Sánchez y Raúl Zaboli de la casa de cambios Finambras.

Finambras (brasileña del grupo Peirano), Tupi Cambios y Beacon Hill, también integraron el esquema de lavado de dinero que implicó la detención de "el comendatore" João Arcanjo Ribeiro cuya extradición se tramitó en Uruguay y por la que fue preso en Brasil el uruguayo Luis Alberto Dondo Gonçalves.

El paraguayo Moisés Cuenca y el vicepresidente de Tupi Cambios, Francisco Lovera, también fueron encauzados por remesas ilegales de dinero a través de la filial brasileña de Tupi Cambios por el Juzgado Federal Criminal de 2º Turno de Curitiba, que dictaminó sus prisiones preventivas en ausencia.

Aníbal Contreras y el Bacon Hill Service Corporation (BHSC), ya habían sido mencionados en otra investigación sobre lavado: la "Operación Chimborazo" que analizó en Argentina el tráfico de dinero de la familia colombiana Cuevas Gamboa a través de la firma chilena Transafex SA y su filial en Argentina.

Según un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las empresas Transafex tendrían como antecedentes la firma norteamericana Afex a la que también se vincula con el lavado de dinero de Cuevas Gamboa para el Cartel de Cali. Afex es un corresponsal chileno de Tupi Cambios SA.

Otro corresponsal de Cambio Gales, la financiera argentina Magitour con filiales en Buenos Aires, Mendoza y Tucumán, también fue acusada de lavado en la "Operación Chimborazo" y por el traslado de dineros oscuros a las cuentas secretas de Carlos Menem en Suiza.



Dinero va y viene, va
Uno de los elementos que más preocupa a los investigadores del lavado en Estados Unidos es la imposibilidad de seguir el camino de las voluminosas remesas de dinero y metales preciosos cuyo ingreso y salida es libre y hasta el momento no tiene por qué ser declarado o registrado en Uruguay.

Esa característica de la plaza financiera uruguaya por la que una persona puede ser detenida por contrabando si intenta ingresar un televisor al país, pero es libre de entrar con una maleta repleta de oro o dinero, provocó un susto al ex director de Aduanas, Victor Lissidini, a poco de asumir el cargo.

"Un funcionario me llamó desde el Aeropuerto de Carrasco: 'Acá tengo un paquete con once millones de dólares, ¿qué hago?', me dijo, y yo no supe contestarle. Consulté al Banco Central y me confirmaron que el dinero era de libre tránsito y el único control correspondía a la Aduana", cuenta Lissidini.

Desde ese día, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) comenzó a llevar un registro del dinero en efectivo que entraba y salía del Uruguay a través de remesas de los cambios o transportadoras de caudales, que iban o venían en avionetas o en los vuelos periódicos de United Airlines.

En seis meses, en los mismos días que se producía la corrida bancaria y la crisis financiera del 2002 con la caída del Banco Comercial y del Banco Montevideo, sólo por el Aeropuerto Internacional de Carrasco la DNA registró la salida de 700 millones de dólares, explicó Lissidini a LA REPUBLICA.

Fuentes de una importante empresa transportadora de caudales indicaron a LA REPUBLICA que la cifra es mucho mayor si se agrega el dinero que ingresa por tierra y mar, o que entra en régimen de zona franca, donde tampoco hay control del Banco Central.

"En nuestro trabajo está lo que denominamos el 'camino de La Mina', que consiste en tener que ir a recepcionar una carga de valores en caminos internos, a kilómetros de las rutas, cerca de la frontera, donde nos aguardan un par de camionetas repletas de oro, por ejemplo", cuenta el informante.

"La Mina" alude a la organización que operaba el argentino Raúl Vivas, quien hasta 1999 por el Cambio Italia lavó 500 millones de dólares a través del contrabando de oro brasileño. Uruguay se convirtió en el segundo exportador de Oro a Estados Unidos. Extraditado, Vivas cumple condena de 505 años.



Off shore, off course!
En el informe del Congreso argentino sobre lavado de dinero, se dedica un capítulo especial a los modos de constitución de empresas en el exterior, donde las sociedades anónimas de tipo "holding" de origen uruguayo tienen un fundamental protagonismo.

"A partir de fines de los años 80 las sociedades comerciales uruguayas se han hecho crecientemente presentes en la agenda de los delitos comerciales. Particularmente esto se ha incrementado en lo que tiene que ver con lavado de activos producto de la evasión impositiva, del narcolavado y del fruto de la corrupción política", sostiene la investigación.

La Auditoría Interna de la Nación uruguaya comprobó que en 1999 se habían creado 4.374 Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI), una de las más conocidas modalidades de "off shore", con las que se puede realizar todo tipo de operativas económicas fuera del Uruguay.

Protegidas por el secreto bancario, fiscal y profesional, las SAFIs sólo tributan anualmente un 0,3 % sobre el capital y otro tanto por los pasivos que superen al patrimonio, sólo necesitan tener un accionista que no debe declarar nada en informes públicos. Se pueden adquirir en sólo 72 horas.

Los estudios jurídicos Vignolli Laffite & Lublinerman (donde nació Lespan SA), Posadas, Posadas & Vecino, y Etcheverrito, fueron particularmente denunciados en Argentina por constituir sociedades anónimas de operativa off shore que protagonizaron todo tipo de delitos en países vecinos.

Con semejantes facilidades, las empresas uruguayas fueron elegidas para el lavado de activos del Cartel de Medellín, de Cali y de Juárez. Letras SA era la empresa de Raúl Vivas. Otro extraditado, Ramón Puentes Patiño, utilizó firmas uruguayas para hacer el lavado del Cartel de Cali. La llamada "Operación Casablanca" descubrió a Tamilur SA encubriendo al Cartel de Juárez.

El ex presidente Color de Melo y su amigo PC Farías utilizaron Alfa Trading para sus desfalcos, y off shore se utilizaron para las coimas de IBM y el Banco la Nación, el escándalo de las armas a Croacia y hasta para ocultar los intereses del incendio de la boite República de Cromagnon en Buenos Aires.

Y por si las SAFIs no alcanzaban, también se crearon Sociedades Anónimas de Zonas Francas (SAZF), que realizan similares operaciones que las otras, pero con el agregado de funcionar en un territorio "liberado" que los constituyen prácticamente en repúblicas independientes.



Control sí, perder no
El doctor Leonardo Costa no imaginó que, luego de asumir su cargo como prosecretario de la Presidencia de la República, una de sus preocupaciones sería su simultánea condición de presidente de la Junta Nacional de Drogas (JND), donde enfrentaría la problemática del lavado de dinero.

A sólo tres meses de asumir, en julio de 2000, el gobierno de Jorge Batlle se encontró con una observación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI-FATF), creado en el ámbito de la Oficina de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para el control internacional del lavado de dinero.

La observación, que podía implicar la pérdida del grado inversor de Uruguay, habría sido impulsada por Argentina y Brasil, quienes se sentían perjudicados por las empresas off shore y el libre tránsito de dinero y oro de una plaza financiera por la que se les "fugaron" cientos de millones de dólares.

El Banco Central del Uruguay (BCU) debió implementar con urgencia una serie de modificaciones en su normativa entre octubre y diciembre del año 2000, cuando aprobó las circulares Nº 1.712, 1.713, 1.715 y 1.722, con las que amplió el control sobre personas físicas y jurídicas de su plaza financiera.

Pero un año después, a partir del atentado del 11 de setiembre de 2001, al problema social y del lavado de activos del narcotráfico por el que inicialmente se creó JDN, se le sumó toda la problemática y la presión norteamericana e internacional para luchar contra el lavado del "terrorismo".

Uno de los principales logros que se anota la administración Jorge Batlle es haber impulsado la aprobación de la Ley Nº 17.835 (Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo) que obliga a declarar el tránsito financiero de toda suma mayor a los 10 mil dólares.

Leonardo Costa explicó a LA REPUBLICA que se trabaja para implementar la reglamentación antes del próximo 1º de marzo y consideró que con la nueva normativa Uruguay quedará a la vanguardia en lo que a legislación sobre el lavado internacional de activos refiere.

El problema, acepta Leonardo Costa, es que Uruguay deberá controlar la actividad del lavado ilícito de activos sin perder las posibilidades de un sistema financiero que deja ingresos al país y que otros países están interesados en eliminar para captar para sí como negocio.



Operación "sospechosa"
La Circular Nº 1.722 fue la que en diciembre de 2000 creó la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para que desde la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera del BCU controlara todo tipo de operación "sospechosa" en las transacciones del sistema.

"Se consideran operaciones sospechosas aquellas transacciones efectuadas o no realizadas en forma periódica o aislada que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulten inusuales, sin justificación económica o legal evidente, o de complejidad inusitada o injustificada", define.

La nueva dependencia -que rápidamente pasó a operar en coordinación con la Junta Nacional de Drogas- evidenció la falta de infraestructura que el propio BCU tenía para ejercer un control eficiente más allá de la burocrática revisión de papeles entregados por las propias empresas a fiscalizar.

La Unidad terminó generando una dura protesta del gremio bancario cuando el Directorio del Banco Central resolvió nombrar al frente de la Uniaf a la contadora Lucila Rinaldi, a la vez que designaba como secretaria del Directorio a la abogada Ana Rantighieri.

Rinaldi, esposa del vicepresidente del ABN-Amro Bank, contador Eduardo Pérez Muniz, había sido la interventora de Ediway SA, una importante colateral del Banco Comercial, descubierta tras la venta de la estancia La Arcadia, que no había sido embargada por los controladores del BCU.

Rantighieri, integrante de la sala de abogados del BCU, fue la interventora de la Compañía General de Negocios (CGN) implicada en el vaciamiento del Banco Comercial, y también del Banco Montevideo, cuyas acciones representa en el directorio de Gralados SA (Shopping Tres Cruces).

Los dos nombramientos, concretados en noviembre pasado, iban a ser rectificados por una resolución que el presidente Jorge Batlle había anunciado tras regresar de un viaje a Costa Rica, sin embargo ambas profesionales se mantienen en sus cargos.

Funcionarios del BCU, indicaron a LA REPUBLICA que ambos puestos son "estratégicos" para un debido contralor de actividades ilegales dentro del sistema financiero y señalaron sus sospechas sobre los intereses y relaciones que determinaron sendos nombramientos.



¿Una policía fiscal?
El tema del lavado de activos en la plaza financiera uruguaya no aparece entre las prioridades del equipo económico del gobierno del doctor Tabaré Vázquez que, embarcado en negociaciones con los organismos de crédito internacional, centra su esfuerzo en el prometido plan de emergencia social.

Fuentes del staff del ministro Danilo Astori no ocultaron su sorpresa al ser consultados por LA REPUBLICA sobre la realidad del tránsito de divisas y metales de origen sospechoso que a través de empresas off shore o el sistema parabancario terminan en los poderosos bancos estadounidenses.

La fuente (que pidió el anonimato), recordó que a fines de los años sesenta existió una iniciativa del entonces senador Amílcar Vasconcellos para crear una Policía del Tesoro con el cometido de impedir la evasión fiscal y no descartó la posibilidad de impulsar una policía y una Justicia fiscal.

"Está bien que se respete la legislación internacional contra el lavado y que haya que adecuarla a la institucionalidad del país, pero que quede claro que el futuro gobierno no puede aceptar que Uruguay sea un centro internacional de lavado de dinero", subrayó la fuente consultada.

El vocero admitió que el futuro ministro de Economía ya ha declarado que no se tocará el régimen de las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFIs), pero agregó que ello no implica que el gobierno no tenga sobre ellas un control y les dé un trato similar al de otras sociedades anónimas.

Un documento que la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) entregó a los candidatos presidenciales en 1999 también incluía la posibilidad de crear un "ombudsman financiero" en la esfera del Ministerio de Economía, que controlara la transparencia de la plaza.

En aquel documento el sindicato bancario también advertía sobre la existencia de segmentos del mercado financiero que no tenían supervisión del Banco Central, como las tarjetas de crédito, locales de cobranzas, servicios financieros internacionales, y transportadoras de caudales, entre otros.

Para AEBU todo el sistema financiero debía estar bajo supervisión del BCU en el marco de una reestructura que implicara al sistema judicial (especializarlo en el estudio de empresas), y a decisiones del sistema político sobre qué hacer con las off shore y, aún, con la impunidad del secreto bancario.

31/01/05
JND