El caso Simón Riquelo

La justicia es proclive a castigar a los militares que robaron, en julio de 1976, al entonces recién nacido Simón Gatti Méndez (Simón Riquelo) y engendraron la supresión de su identidad durante 26 años, según información en poder de BRECHA.

El niño fue arrancado de los brazos de su madre, Sara Méndez –dirigente del PVP–, en un operativo ejecutado en Buenos Aires por integrantes de las fuerzas represivas uruguayas. Los militares implicados son José Nino Gavazzo, Manuel Cordero y Juan Rodríguez Buratti, entre otros.

El joven aparecido es hijo de Méndez y de Mauricio Gatti –fallecido en 1991–, por cuanto su verdadera identidad es Simón Gatti Méndez. Riquelo es un apellido inventado por Sara cuando debió internarse en el hospital argentino donde nació Simón.

Luego de sustraer al bebé el comando represivo lo abandonó en el Hospital Norte de Buenos Aires. De allí fue trasladado a una institución pública donde lo adoptó una familia argentina.
Simón se reencontró con Sara en marzo de 2002, al prosperar investigaciones paralelas del periodista Roger Rodríguez y del senador Rafael Michelini.

La sustracción de menores se castiga con una pena máxima de 24 meses de prisión, y la supresión del estado civil de las personas con hasta ocho años de penitenciaría. La acción punitiva de la primera conducta prescribe a los cuatro años de concluida la ejecución del delito: Simón apareció en marzo de 2002, por cuanto el plazo vencería en marzo de 2006. La segunda figura prescribiría en 2012. Ambos delitos, por tanto, pueden ser perseguidos y castigados. Eso es lo que entiende el juez Gustavo Mirabal, quien actuará en consecuencia una vez que los denunciantes soliciten la reapertura del caso.

La situación de Simón es parte del expediente que incluye también los casos de desaparición de Gerardo Gatti Antuña, María Islas de Zaffaroni, Carlos Rodríguez Mercader, Cecilia Trías Hernández, Washington Cram Hernández, Ary Cabrera Prates, Juan Pablo Errandonea Salvia, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Alberto Mechoso Méndez, Rafael Lezama González y Andrés Humberto Bellizzi Bellizzi, militantes y dirigentes del PVP víctimas de la represión coordinada entre Uruguay y Argentina.

Familiares de estos desaparecidos se presentarán en los próximos días ante la sede penal para solicitar que se reabra la investigación. El abogado patrocinante, Pablo Chargoñia, declaró a BRECHA que “el caso de Simón está claramente fuera de la ley de caducidad148;, y dijo esperar un pronunciamiento del Poder Ejecutivo que “excluya” los demás casos del alcance de la norma.
Sea cual fuere la posición del gobierno, hay otro escollo. Todos estos casos –unificados en un mismo proceso– fueron archivados en 2002 a pedido del fiscal Enrique Moller, quien sostuvo que están amparados en la ley de caducidad, y para ello transcribió la posición adoptada por Julio María Sanguinetti durante sus dos presidencias.
De mantener Moller su posición, y si el Ejecutivo da vía libre a la investigación por el caso Simón o por el resto, se generará una nueva contienda jurídica entre el juez y el fiscal que deberá resolver un tribunal de apelaciones, e incluso la Suprema Corte de Justicia.

Tomado de Brecha, 2/9/05.