Militares compraron casas con saqueos a detenidos.
Los robos de los militares uruguayos a los integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) fueron parte de la acusación que presentó la semana pasada la fiscal Mirtha Guianze. Qué hicieron los militares con los 8 millones de dólares que se apropiaron es una incógnita pero algunas certezas hay.
El PVP en marzo de 1974 secuestró al empresario lanero Federico Hart. Después de una frustrada extorsión a un importante empleado de la Pepsi Cola, con el operativo de Hart se pudieron hacer de 10 millones de dólares.
Ese dinero se utilizó en Buenos Aires para bancar compañeros en el exilio, se compraron inmuebles y también se hizo una campaña de publicidad masiva en Uruguay de un producto llamado Vilox, con el que pensaban captar la atención de las masas y utilizarlo en beneficio de la causa emancipadora en el momento adecuado.
Los secuestros y las 28 muertes por las que la semana pasada la fiscal Guianze pidió el enjuiciamiento por desaparición forzada de ocho militares, dos policías y el canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco, desarticularon los planes del PVP. (ver la diaria del viernes) Hart nunca denunció ante las autoridades el secuestro, ya que arregló que los aspectos oscuros de sus negocios no se conocieran. Y así fue.
En el expediente judicial que indaga a los represores, el ex integrante del PVP Ruben Prieto afirmó que los militares uruguayos obtuvieron con las detenciones de sus compañeros, entre julio y setiembre de 1976, unos 8 millones de dólares.
El represor José Gavazzo aseguró en el juzgado de Luis Charles que fueron 1,2 los millones de dólares con los que se terminaron quedando y que el resto se lo guardaron los argentinos.
Gavazzo aseguró que de la casa de Adalberto Soba se llevaron 5 millones de dólares.
Además del dinero que buscaban y encontraron, los robos fueron una práctica sistemática de estos militares y policías. A la gran mayoría de los detenidos desaparecidos se les desvalijó la casa y hasta automóviles se llevaron. En la acusación por desaparición forzada de Guianze se muestra que los bienes de los secuestrados fueron transportados en varios aviones hacia Uruguay como destino presumible.
No existe constancia de que el botín haya sido entregado a autoridad competente alguna. Mucho menos de que haya sido restituido a las familias o a los sobrevivientes. Entre el botín hay automóviles, muebles y objetos personales varios. Nadie sabe qué pasó con ellos. Nadie quiere preguntar tampoco.
Pilar Nores, una de las delatoras del PVP, tenía un apartamento a su nombre y se lo hicieron escriturar para que un represor argentino, que regenteaba Orletti, se quedara con el inmueble por la legal.
Otro capítulo es el de qué hicieron los militares con el dinero de los capturados. En buena medida es el oscurantismo propio de las prácticas dictatoriales el que sigue manteniendo en silencio la pregunta.
Se sabe que se compraron dos centros de detención en Montevideo.
Las adquisiciones de las casas las hizo Gilberto Vázquez.
La finca de Millán y Loreto Gomensoro, donde murió por las torturas el maestro Julio Castro, la escrituró una escribana llamada Irma Luisa Puig, hoy jueza de Paz en Santa Rosa, Canelones. Esta mujer era esposa de un oficial del Servicio de Información y Defensa (SID). El nombre del comprador de la casa es falso, no está registrado en la Dirección de Identificación Civil. Además no se hace figurar su cédula de identidad en la escritura sino que Puig manifestó que el comprador era de su conocimiento.
Tan de su conocimiento que fijó la dirección de su propia casa en el escrito.
La propiedad de Francisco Medina 1525, llamada Base Valparaíso, donde presumiblemente asesinaron a María Claudia García de Gelman, se escrituró a nombre del SID en 1976. En 1979 fue adquirida por una persona con nombre falso; ese individuo es Gilberto Vázquez, aunque en la audiencia le tiró la responsabilidad al fallecido capitán Jorge Nader, integrante de los Escuadrones de la Muerte, el mismo que asesinó al estudiante Héctor Castagnetto.
Una búsqueda a vuelo de pájaro da cuenta de otras versiones. Aníbal Gordon, jefe del grupo conocido como Operaciones Tácticas 18, que regenteaba Automotores Orletti, vino a Uruguay a buscar su parte del botín.
Se compró una casa sobre la rambla del balneario La Paloma. Con otra parte del dinero habrían adquirido aparatos de espionaje de origen asiático.
Gavazzo, que vivía con su padre en Mariano Soler y Larrañaga, en el barrio Brazo Oriental, se compró un apartamento en Pocitos, en José Martí y Libertad.
Guillermo Garat
La Diaria
04/08/08
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