La indiscreción de estar vivo

Los intereses de los militares criminales y de los cortesanos civiles de la dictadura, que en algún momento se bifurcaron, hoy vuelven a juntarse para presentar un frente común. Unos y otros cierran filas tratando de oponer diques al desplome de la impunidad.

Antes era el silencio impenetrable, la cortina metálica que clausuraba todo. Podía ser la decisión presidencial de Julio María Sanguinetti ordenando archivar las investigaciones judiciales sobre los delitos económicos en el Banco de Seguros, o decretando la caducidad, “por las dudas”, en la desaparición de Abel Ayala, víctima del Escuadrón de la Muerte; o impidiendo que la justicia actúe en la denuncia sobre la Operación Zanahoria; o, lo que es peor, ocultando la verdadera identidad de una supuesta hija de su jefe de Policía en San José.
O podía ser la amenaza constante de la usina de las “fuentes confiables del Ejército” sobre un “retorno al pasado”, o las advertencias sobre desacatos. En cualquiera de las variantes, el resultado era el mismo: secreto sin fisuras.

Pero ahora la situación cambió: el procesamiento de ocho militares y policías en el “caso Soba” no sólo instaló la perspectiva real de la cárcel (aunque sea dorada), sino que resquebrajó la omertà.

Los ideólogos de la impunidad han decidido apresurar el despliegue del plan B, dado que el plan A (la caducidad pura y dura) hizo agua con la irrupción del gobierno frenteamplista. El plan B consiste en multiplicar las operaciones de inteligencia para adecuar el discurso –y las presiones– a la nueva realidad.

Ahora que la ley de caducidad no asegura la impunidad (y por ello Sanguinetti sale, más asustado que indignado, a acusar al gobierno de “derogarla por decreto”, justo él que la estiró como un chicle) se impone “organizar” la historia de modo que ella confluya siempre en los testigos más confiables: los muertos.

Por ejemplo: en su edición de ayer, jueves, Búsqueda atribuye al Comando del Ejército la afirmación de que esa fuerza institucionalmente deslinda responsabilidad respecto del destino de los prisioneros uruguayos que fueron repatriados clandestinamente en el llamado “segundo vuelo”. Así dicho, se trata de una doble desaparición. La primera, en 1976, cuando los veintipico de militantes del PVP que permanecían prisioneros en Orletti desaparecieron sin dejar rastros. Ahora que los rastros fueron hallados, y que la Fuerza Aérea admite que aquellos prisioneros fueron traídos a Uruguay y entregados al Ejército, éste deslinda responsabilidad y dice que no sabe nada de nada; vuelven a desaparecer.

Hay un linda trampa, muy uruguaya, muy formal: si los uruguayos de Orletti fueron detenidos en Buenos Aires por oficiales uruguayos, y fueron conducidos hasta Uruguay por oficiales uruguayos, ¿cómo puede ser que el Ejército no tuviera nada que ver? El Comando, en su comunicación al gobierno, está implícitamente pasándole la pelota al Servicio de Inteligencia del Ejército (SID), organismo en el que actuaban los “300” (302: Gavazzo; 301: Rodríguez Buratti; 307: Gilberto Vázquez; 304: Silveira).

El SID ya no existe y su jefe de la época, Amaury Prantl, está muerto. También está muerto el comandante del Ejército de esos tiempos, Julio César Vadora. Y también el ministro de Defensa de la época, Walter Ravena, quien podría haber aclarado algo, en la medida en que el SID dependía del Ministerio de Defensa. Y por si fuera poco, también está muerto el presidente de la época, Aparicio Méndez, cuya responsabilidad no caduca por el hecho de que, como sostuvieron sus contemporáneos, vivía en la luna. El silencio de la omertà se sustituye en el plan B por el silencio de los cementerios, si es que los que todavía pueden hablar (los Gavazzo, los Silveira, los Maurente) mantienen la boca cerrada. En este esquema fue providencial el suicidio de Rodríguez Buratti. Así que en el caso del segundo vuelo, las responsabilidades de los de arriba están a resguardo, no así las de la mano de obra, que inevitablemente han dejado huellas dactilares.

Entre la omertà y el cementerio, el trecho estaría totalmente empedrado con los adoquines de la impunidad, si no fuera por un gran bache: el caso Michelini-Gutiérrez Ruiz. Los asesinatos de mayo de 1976 tienen dos protagonistas que siguen vivos, en el plano de los autores intelectuales: Juan María Bordaberry, ex presidente, y Juan Carlos Blanco, ex canciller; y por lo menos un testigo incómodo, a nivel de mano de obra ejecutora: el ex agente de la side Eduardo Ruffo. Los asesinatos de los dos legisladores, cuya investigación judicial, aquí y en Argentina, sigue en marcha, pueden desembocar en el peor de los escenarios: que los de abajo le saquen la pata al lazo y que la queden exclusivamente los de arriba. Terrible, ¿cuándo se ha visto?
Por eso la urgente necesidad de convertir los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz en un “episodio argentino”. El “Paqui” Forese, agente de la side, fue uno de los asesinos; los asesinatos fueron cometidos por la banda de Aníbal Gordon; el móvil era el dinero de los tupamaros que supuestamente manejaban los dos legisladores. Eso fue lo que dijo Búsqueda hace una semana; lo que no dijo está implícito: los uruguayos no participaron y no tuvieron nada que ver.

La autoría argentina de los magnicidios quita de escena como por arte de magia a Bordaberry y Blanco. No obstante, se necesita ser corto de vista para ignorar que Forese era un auténtico paquidermo cuya única virtud era la fuerza bruta para descalabrar puertas en los allanamientos. Cortos de vista para ignorar que Aníbal Gordon, por más delincuente que fuera, no se atrevería a una “boleta por la libre” y por “la guita”, contra personajes tan notorios como Michelini y Gutiérrez Ruiz, sin olvidar que hubo un intento fallido, simultáneo, contra Wilson Ferreira, que se salvó por un pelo de ser secuestrado. En este caso, ni Forese hubiera actuado sin la autorización de Gordon, ni Gordon sin la autorización de su superior, el general Guillermo Suárez Mason. Y probablemente Suárez Mason no hubiera podido anudar la coordinación entre militares y policías que se dio a la perfección aquella madrugada del 18 de mayo, si no hubiera contado con el visto bueno del ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, quien por algo se entrevistó, unos días a antes de los secuestros, con el canciller uruguayo Blanco.

Hay un inconveniente para confrontar esta nueva y peregrina versión de la “autoría argentina” con los hechos: Forese, el supuesto autor material de los crímenes, está muerto; Gordon, jefe de la banda, está muerto; Suárez Mason, jefe máximo, está muerto; Harguindeguy está muerto. Pero está vivo Ruffo, mano derecha de Gordon. Y Ruffo asegura que los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron obra de los uruguayos. Se lo dijo al senador Rafael Michelini, que por desgracia para la impunidad también está vivo.

Ruffo tiene que saber quiénes fueron los autores materiales de los asesinatos. Él operó en Orletti codo con codo con Gavazzo, Cordero y Silveira. Y tiene dos méritos para su credibilidad: dio las pistas para ubicar a Simón, el hijo desaparecido de Sara Méndez, y para ubicar a Macarena, la hija de María Claudia García de Gelman. Por qué no habría de creérsele en el caso de Michelini y Gutiérrez Ruiz, más cuando esa afirmación coincide con la montaña de indicios que confirman que los asesinatos de Buenos Aires fueron la consecuencia de las luchas intestinas, en el gobierno y en el Ejército, entre los que querían endurecer la dictadura y los que querían el inicio de una transición política.

A diferencia del “segundo vuelo”, en el caso Michelini-Gutiérrez Ruiz no toda la cadena de responsabilidad está RIP. Cierto que Prantl está muerto, y también lo están Vadora y Ravena, pero el presidente de entonces sigue vivo.

Bordaberry le advertía a los uruguayos, en su discurso de fines de 1974, que la actuación de las Fuerzas Armadas “no puede quedar expuesta al juicio de la ciudadanía (…). La democracia no llega hasta eso”. Juzgarlas sería como juzgar a un hombre que comete un delito para defender a su madre, en este caso la patria, afirmaba (diario El Día, 31 de diciembre de 1974).

Ahora Bordaberry se hace el olvidadizo, no sabe nada, no recuerda nada. Pero era presidente de la República. Y por tanto responsable de lo que hacía el Ministerio de Defensa y sus órganos, el SID y el OCOA.

No hay vuelta, la quedó, a menos que aquellos episodios se vuelvan, por arte de magia, estrictamente argentinos.

Samuel Blixen
Brecha
29/09/2006