Si ya había sentido alivio cuando supo que no la habían abandonado sino que fue robada durante la dictadura, Carmen Gallo Sanz completó la reconstitución de su identidad en enero del 2006. La Justicia ordenó al Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires que la joven, hija de una pareja de desaparecidos uruguayos, sea inscripta con el apellido de sus padres biológicos y el nombre que le dio su madre al nacer, según informó la organización Abuelas de Plaza de Mayo. La joven nació el 27 de diciembre de 1977, mientras su madre, Aída Sanz Fernández, se encontraba detenida en el centro clandestino conocido como el Pozo de Banfield. El médico policial Jorge Antonio Bergés fue quien asistió el parto de Aída y falsificó el certificado de nacimiento indispensable para la sustitución de su identidad. Aunque Carmen supo la verdad en 1999, cuando conoció el resultado de su análisis de ADN, tuvo que esperar seis años para poder recobrar su nombre. Por este caso, Bergés y el ex comisario Miguel Etchecolatz fueron los primeros represores condenados por la supresión de identidad de una hija de desaparecidos.
Los uruguayos Aída Sanz Fernández y Eduardo Gallo Castro se conocieron en Buenos Aires, adonde llegaron en los primeros años ’70 perseguidos por la dictadura en ese país. Ella era enfermera y militaba en una agrupación de nivel local en Montevideo, él era jornalero en la cosecha de azúcar e integraba la Unión Azucareros de Artigas. Vivían en San Antonio de Padua a fines de diciembre de 1977, cuando fueron secuestrados por un comando conjunto de militares uruguayos y argentinos, y fueron interrogados en el Pozo de Quilmes y en el Pozo de Banfield junto a otros compatriotas. Algunos de ellos sobrevivieron y declararon en el juicio contra Bergés y Etchecolatz. “Te voy a pedir que cuentes que tuve una hija. No sé dónde está porque me la sacaron”, le dijo Aída, en muy malas condiciones físicas, a Liliana Bermúdez cuando compartieron la celda en el Pozo de Banfield.
Durante ese proceso, en el que los dos represores fueron condenados a siete años de prisión, declararon otros testigos de esa nacionalidad, que viven en Canadá, e incluso la propia Carmen. “La historia es muy fuerte, sobre todo por lo que pasaron mis padres, pero tuve alivio y supe que no me habían abandonado”, expresó la joven ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata. Su abuela Elsa también permanece desaparecida. Había venido a Buenos Aires para estar presente cuando ella naciera.
Su familia de crianza la conforma un matrimonio no vinculado a las Fuerzas Armadas, que la Justicia terminó desvinculando del caso por carecer de responsabilidad en la apropiación, si bien la adopción habría sido ilegal. La pareja nunca le ocultó que era adoptada y estuvo de acuerdo con la búsqueda que emprendió Carmen, a partir de la sospecha que surgía del hecho de que su partida de nacimiento estuviera firmada por Bergés. Y también la acompañaron a Uruguay para conocer a su familia biológica, quienes se alegraron muchísimo cuando en diciembre la abogada María Ester Alonso, de Abuelas, les envió por fax la resolución judicial. Carmen se había acercado a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y en 1999 tuvo los resultados de las pruebas de ADN. La había acompañado Clara Petrakos, quien persiste en encontrar a su hermana, alguien que fue apropiada como Carmen. Clara pensaba que ella llevaba su sangre y por eso la convenció de hacerse el análisis.
Pese a la sentencia favorable por la sustitución de identidad y falsificación de documentos públicos, Carmen Gallo Sanz continuaba su vida con su documentación anterior. Fue necesario que durante 2005 intensificara en forma personal sus reclamos para ser inscripta como hija biológica de Aída Sanz Fernández y Eduardo Gallo Castro. Después de seis años de peticiones, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, presidido por Carlos Rozanski e integrado por Ana Aparicio y Nelson Jarazo, ordenó al Registro de las Personas provincial que la joven fuera inscripta con suverdadero nombre y apellido. Así consiguió que el derecho a su identidad fuera contemplado y reconocido, tal como establecen numerosas convenciones de derechos humanos así como recientes fallos y resoluciones de la Justicia argentina.
“Las Abuelas (de Plaza de Mayo) esperamos que, después de años de lucha en la búsqueda de la verdad y la restitución de nuestros nietos apropiados, no vuelva a repetirse la situación de que una joven apropiada tenga que realizar diversas peticiones y que transcurran años hasta alcanzar la restitución de su identidad, cuando el Estado argentino está obligado a restablecerla rápidamente por la Convención Internacional de Derechos del Niño”, señaló la entidad en su página web.
Con sus casi 32 años Carmen Gallo Sanz es estudiante y empleada. Prefiere el bajo perfil. Cuando declaró ante la Justicia pidió que no hubiera público y que no estuvieran presentes los dos represores que estaban siendo juzgados. Con la resolución en la mano, a fines del año 2005 inició el trámite para dejar de llevar documentos falseados.
Los uruguayos Aída Sanz Fernández y Eduardo Gallo Castro se conocieron en Buenos Aires, adonde llegaron en los primeros años ’70 perseguidos por la dictadura en ese país. Ella era enfermera y militaba en una agrupación de nivel local en Montevideo, él era jornalero en la cosecha de azúcar e integraba la Unión Azucareros de Artigas. Vivían en San Antonio de Padua a fines de diciembre de 1977, cuando fueron secuestrados por un comando conjunto de militares uruguayos y argentinos, y fueron interrogados en el Pozo de Quilmes y en el Pozo de Banfield junto a otros compatriotas. Algunos de ellos sobrevivieron y declararon en el juicio contra Bergés y Etchecolatz. “Te voy a pedir que cuentes que tuve una hija. No sé dónde está porque me la sacaron”, le dijo Aída, en muy malas condiciones físicas, a Liliana Bermúdez cuando compartieron la celda en el Pozo de Banfield.
Durante ese proceso, en el que los dos represores fueron condenados a siete años de prisión, declararon otros testigos de esa nacionalidad, que viven en Canadá, e incluso la propia Carmen. “La historia es muy fuerte, sobre todo por lo que pasaron mis padres, pero tuve alivio y supe que no me habían abandonado”, expresó la joven ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata. Su abuela Elsa también permanece desaparecida. Había venido a Buenos Aires para estar presente cuando ella naciera.
Su familia de crianza la conforma un matrimonio no vinculado a las Fuerzas Armadas, que la Justicia terminó desvinculando del caso por carecer de responsabilidad en la apropiación, si bien la adopción habría sido ilegal. La pareja nunca le ocultó que era adoptada y estuvo de acuerdo con la búsqueda que emprendió Carmen, a partir de la sospecha que surgía del hecho de que su partida de nacimiento estuviera firmada por Bergés. Y también la acompañaron a Uruguay para conocer a su familia biológica, quienes se alegraron muchísimo cuando en diciembre la abogada María Ester Alonso, de Abuelas, les envió por fax la resolución judicial. Carmen se había acercado a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y en 1999 tuvo los resultados de las pruebas de ADN. La había acompañado Clara Petrakos, quien persiste en encontrar a su hermana, alguien que fue apropiada como Carmen. Clara pensaba que ella llevaba su sangre y por eso la convenció de hacerse el análisis.
Pese a la sentencia favorable por la sustitución de identidad y falsificación de documentos públicos, Carmen Gallo Sanz continuaba su vida con su documentación anterior. Fue necesario que durante 2005 intensificara en forma personal sus reclamos para ser inscripta como hija biológica de Aída Sanz Fernández y Eduardo Gallo Castro. Después de seis años de peticiones, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, presidido por Carlos Rozanski e integrado por Ana Aparicio y Nelson Jarazo, ordenó al Registro de las Personas provincial que la joven fuera inscripta con suverdadero nombre y apellido. Así consiguió que el derecho a su identidad fuera contemplado y reconocido, tal como establecen numerosas convenciones de derechos humanos así como recientes fallos y resoluciones de la Justicia argentina.
“Las Abuelas (de Plaza de Mayo) esperamos que, después de años de lucha en la búsqueda de la verdad y la restitución de nuestros nietos apropiados, no vuelva a repetirse la situación de que una joven apropiada tenga que realizar diversas peticiones y que transcurran años hasta alcanzar la restitución de su identidad, cuando el Estado argentino está obligado a restablecerla rápidamente por la Convención Internacional de Derechos del Niño”, señaló la entidad en su página web.
Con sus casi 32 años Carmen Gallo Sanz es estudiante y empleada. Prefiere el bajo perfil. Cuando declaró ante la Justicia pidió que no hubiera público y que no estuvieran presentes los dos represores que estaban siendo juzgados. Con la resolución en la mano, a fines del año 2005 inició el trámite para dejar de llevar documentos falseados.
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