Una vieja bóveda del desaparecido Banco Nacional de Desarrollo (Banade) en la ciudad de Buenos Aires mantuvo oculto hasta abril del 2000 un archivo de inteligencia del Ministerio del Interior del último gobierno militar. Entre los documentos había un informe de inteligencia del 21 de junio de 1976, "estrictamente secreto y confidencial", elevado a Harguindeguy con copia al presidente Jorge Rafael Videla, sobre una conversación telefónica entre el presidente del Uruguay y su embajador en la Argentina, Mateo Magariños (jefe de misión entre diciembre de 1975 y mayo de 1978).
Habían conversado sobre la visita a Buenos Aires de abogados del Movimiento Internacional de Juristas Católicos y de la Comisión Internacional por los Derechos del Hombre. Llegaban para averiguar sobre presos políticos. Demicheli ordenó a su embajador "no proporcionar absolutamente nada" a los abogados.
El archivo sobrevivió a la destrucción de documentos secretos en la vecina orilla --ése es el carácter de la mayoría-- que hicieron los militares al final del Proceso, a pesar de que muchos llevan la recomendación de ser destruidos luego de su lectura. En la bóveda hay documentos originales sobre represión política interna --informes de inteligencia acerca de personas y organizaciones, expedientes sobre seguimiento ideológico y censura a libros y medios de comunicación--; pedidos de informes y averiguaciones entre fuerzas de inteligencia sobre desaparecidos y presos políticos, y otros papeles internos del Ministerio del Interior de 1976 a 1982, según comprobó el diario porteño La Nación.
El archivo, unas pilas de papeles amarillentos llenos de polvo, estaba amontonado desprolijamente en una estantería metálica en lo que fue la bóveda del Banade, en el segundo piso del edificio de 25 de Mayo y Bartolomé Mitre, que desde 1992 ocupan dependencias del Ministerio del Interior. Lo encontró un empleado de la Subsecretaría de Asuntos Institucionales y Relaciones con la Comunidad, que abrió la pesada doble puerta de hierro de la bóveda con la instrucción de limpiarla para habilitarla como oficina del Instituto Nacional de Capacitación Política (Incap).
El empleado avisó a Lautaro García Batallán, el subsecretario, quien consultó al anterior ocupante de las oficinas, Hernán Corach, hijo del ex ministro del Interior argentino Carlos Corach. Entre los archivos de la dictadura había documentos de inteligencia de 1984, 1990 y 1992.
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