Gavazzo comandó en Argentina a la "Patota de la OCOA". Hoy está a punto de ser extraditado a ese país.
La ruta del botín. Todos los caminos conducirían a Automotores Orletti, el centro clandestino de represión en Buenos Aires. La represión contra los uruguayos del PVP en Argentina tenía un doble propósito: eliminar la resistencia a la dictadura y quedarse con dinero. El OPR 33 había realizado un secuestro en 1974 donde obtuvo 10 millones de dólares. En 1975 el general Cristi intentó chantajear a presos políticos. El "informante" de Orletti narra que se repartían el "botín de guerra" en tercios entre la Policía Federal, la banda de Gordon y la patota de Gavazzo. Con la plata de Orletti los argentinos instalaron la actual base de la SIDE en la calle Coronel Díaz. En Uruguay se compró la Casona de Millán e "invirtieron" en casas, chacras, flotas de camiones, acciones de empresas y otros negocios.
Todos los crímenes relacionados con la represión de uruguayos durante el año 1976 en el centro de torturas Automotores Orletti de Buenos Aires deben ser expresamente excluidos de la Ley de caducidad, porque sus autores tuvieron como propósito el lograr un beneficio económico propio o para un tercero.
Esa es la conclusión de la investigación periodística iniciada en 2001, con la que se lograron los datos para encontrar al niño Simón Riquelo y por la cual se denunció la existencia de un segundo vuelo clandestino de Orletti en el que se trajo a Montevideo a una veintena de uruguayos que siguen desaparecidos.
Los grupos represivos de la dictadura uruguaya conformados por la "patota" de la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y por los agentes del Servicio de Información y Defensa (SID) lograron apropiarse de 7 millones de dólares que poseían los uruguayos secuestrados en Orletti.
La Ley 15.848 de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado sobre los delitos de policías y militares en la dictadura establece en su artículo segundo que no están comprendidos los crímenes "que se hubieren cometido con el propósito de lograr para su autor o para un tercero, un proyecto económico".
La investigación evidencia que existió un pacto entre los represores uruguayos y argentinos para repartirse en tercios el "botín de guerra" que obtenían, y que esa plata fue utilizada en beneficio propio o de un tercero, aunque este fuera el propio Estado, al que no se dio formal ingreso del dinero.
Los militares y policías a cargo de la represión de la dictadura planificó desde principios del año 1975 los operativos contra un grupo de militantes sindicales y estudiantiles que constituirían el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), quienes en 1974 obtuvieron 10 millones de dólares a través de un secuestro.
En 1976, cuando uno de los dirigentes de ese grupo político, el sindicalista Gerardo Gatti, fue capturado en Orletti, se impulsó un chantaje extorsivo en el que los militares llegaron a pedir dos millones de dólares a cambio de los cuales se comprometían a liberar al "subversivo" capturado.
Durante la indagación periodística, entre otros, se volvió a contactar al ex represor argentino, "informante" que aportó los datos sobre Simón Riquelo y el segundo vuelo, quien hizo nuevas e impactantes revelaciones sobre el destino que en Argentina se dio "al dinero de los uruguayos de Orletti".
Los uruguayos gastaron los siete millones de dólares en forma individual y en "inversiones de terceros", que la Justicia deberá indagar en la medida en que el dinero pudo ser motivo de la desaparición del grupo de uruguayos traídos a Montevideo en el segundo vuelo de Orletti, ahora denunciado judicialmente.
Los "recursos" del PVP
A principios de 1974, un grupo importante de militantes de izquierda, de sectores que en poco tiempo constituirían el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), se encontraba detenido en cuarteles de Uruguay. Otros se habían exiliado en Buenos Aires, donde contactaron a grupos anarquistas.
En ese escenario, la organización que en Buenos Aires era dirigida por el sindicalista gráfico Gerardo Gatti comenzó a planificar operaciones para la "obtención de recursos". Entre ellas, un frustrado secuestro a un gerente de Pepsi Cola Interamericana en el que la transnacional se negó a negociar.
El "objetivo" elegido, finalmente, fue un acopiador y exportador lanero holandés Federico Hart, quien había sido denunciado como contrabandista en Uruguay dentro de una comisión investigadora parlamentaria de 1957 y en un artículo que el socialista Vivian Trías publicó en El Sol el 28 de junio de 1957.
El operativo fue comandado por Alberto Mechoso y en él participaron Adalberto Soba e Iván Morales, entre otros. Hart ("Manuel") fue secuestrado en marzo de aquel 1974 y por su liberación (el empresario no quería que se mediatizaran algunas de sus "oscuras" operaciones) se obtuvieron 10 millones de dólares.
La cifra era enorme para aquellos tiempos. El dinero fue cautamente administrado por el PVP que adquirió algunas propiedades y negocios, dio sustento a sus militantes clandestinos y llevó a la práctica un ingenioso operativo publicitario para la aparición pública del nuevo partido en Uruguay.
El hecho de que más de la mitad de aquel "rescate" estuviera aún en manos de militantes del PVP dos años y medio después de aquel secuestro, implica que no existía en realidad una coordinación efectiva entre los grupos políticos opositores a las dictaduras de Argentina, Chile y Uruguay.
Contrariamente a lo que sostiene el periodista norteamericano John Dinges, la represión conocida como Plan Cóndor no fue una respuesta de los militares ante la creación de una Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) por parte de partidos y movimientos de izquierda de la región. Hubo otros intereses.
"La JCR nunca llegó a tener un funcionamiento real. Existían diferencias entre los grupos políticos que suscribieron aquella coordinación. En realidad era más fácil conseguir armas de ladrones que de los movimientos guerrilleros argentinos", explicó a LA REPUBLICA un militante clandestino de la época.
El "chantaje" de Cristi
En 1969, la Federación Anarquista del Uruguay (FAU) había robado del Museo Histórico Nacional (Casa de Lavalleja) la bandera original de la cruzada libertadora de los Treinta y Tres Orientales, con la que se produjo el desembarco en La Agraciada el 19 de abril de 1825.
La Federación Anarquista y los grupos que le rodeaban (el grupo armado Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR 33), el estudiantil FER y el sindical FTR) se constituyeron en objetivos particulares de los organismos de represión de la dictadura, que estableció como una misión simbólica la recuperación de la histórica bandera.
Casi un año después del secuestro de Hart, en abril de 1975, calificado Año de la Orientalidad a 150 de la Cruzada Libertadora, un grupo de militantes de las organizaciones que constituirían el PVP fueron sacados de los Penales de Punta de Rieles y Libertad, y trasladados al Grupo de Artillería Nº 1 del Cerro.
El testimonio de uno de aquellos presos recogido en el libro "Memorias de la Resistencia" del dirigente Hugo Cores narra que los militares uruguayos intentaron entonces una extorsión contra aquellas organizaciones: a cambio de la bandera y el dinero del secuestro, reducirían las penas de sus presos.
"Allí el capitán Manuel Cordero (...) se limitó en esta ocasión a proferir amenazas. El discurso fue pronunciado por otro oficial, más o menos en estos términos: Primero que estábamos allí para un chantaje, para una extorsión o para una negociación, según rondaran las cosas".
"Segundo, que esperaban que nuestros compañeros en Argentina estuvieran a la altura de las circunstancias porque de ellos dependía nuestra suerte; y tercero, que la negociación consistía en que los compañeros entregaran la bandera de las 33 y la plata, mientras ellos se comprometían a "alivianar" nuestros sumarios que significarían, para los que estábamos allí, la obtención de la libertad en un máximo de un año y medio".
"Después de esta presentación nos llevaron a los calabozos del piso superior donde entraron en escena Jorge Silveira y Rama ("el Tordillo"). Silveira se presentó con nombre, grado y "cualidades" de interrogador de poca paciencia. "¿Sabés qué están haciendo tus compañeros en Buenos Aires? Yo sí. Se mandaron varias grandes y están forrados de guita".
"Dijo que se les había acabado la suerte y que si no aprovechaban esta oportunidad les quedaba poca vida. Y a nosotros también. Llamaba a mi marido, a mi hermana y a mi cuñado por sus nombres. Dijo en qué trabajaba cada uno de ellos e insistió en que León Duarte y Gerardo Gatti tenían mucha plata y la tenían que soltar".
"En esos días tuvimos oportunidad de ver, como 'prueba' de la seriedad de la negociación, un acta de uno de nosotros, como un nuevo presumario, en la que aparecían tipos de delitos menores: asistencia a la asociación para delinquir, coautoría de asistencia, etcétera. El acta estaba firmada por Esteban Cristi", recuerda la testigo.
Para hacer el contacto con los grupos políticos a los que pertenecían los presos chantajeados en el Grupo de Artillería 1 del Cerro, se filtró un número telefónico al que sus compañeros debían llamar para entregar la bandera y el dinero. Entonces, nadie llamó para aceptar el chantaje.
Las bandas de Orletti
El 9 de junio de 1976, en su apartamento de Manzanares 2331, 4º piso, en Núñez, fue capturado el sindicalista Gerardo Gatti, quien fue trasladado a la Superintendencia de la Policía Federal Argentina. Poco antes, habían detenido a María del Pilar Nores Montedónico, quien actuaba como su secretaria.
La detención de Gatti fue comunicada a las fuerzas represivas uruguayas y de inmediato viajó el entonces mayor Manuel Cordero, quien luego de un primer interrogatorio en la dependencia policial, determina su traslado al centro de torturas Automotores Orletti, desde donde los uruguayos comienzan a actuar.
El local donde funcionaba Automotores Orletti, ubicado en la calle Venancio Flores 3519, había sido alquilado por un grupo de funcionarios del Servicio de Información del Estado (SIDE), alguno de los cuales pertenecían a la "banda" de Aníbal Gordon, miembro de la "Tiple A" patrocinada por José López Rega.
Cordero, quien ya había participado del intento de "chantaje" que por la bandera de los 33 Orientales y por el dinero habían intentado en 1975, encontró en el dinero del secuestro del empresario Hart un buen "estímulo" para que los argentinos los ayudaran en la captura de los militantes del PVP.
Con la colaboración de María del Pilar Nores Montedónico quien confiesa haberse "quebrado" tras ser torturada los represores comienzan a identificar locales que el PVP había comprado. Un apartamento en la calle Grecia 3254, el de Manzanares 2331, un local de la calle Murature y otro en la calle Ecuador.
"Era un montón de gente (una banda) que lo que más le importaba era la plata, yo no lo sabía en aquel momento, creía que era una banda que trabajaban por un salario para "captar revolucionarios". Me fui enterando de a poco que esa banda estaba formada por delincuentes, policías en actividad y policías que ya no estaban en actividad. Los uruguayos (hasta donde sé) eran oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía, en actividad, que estaban cumpliendo órdenes represivas de altos mandos uruguayos y, de paso, "haciendo negocio" , testificó Nores.
Pilar Nores fue obligada a "vender" en forma ficta una de las casas que el PVP había comprado. Era un apartamento sobre la calle Ecuador, donde los represores encontraron los documentos falso a nombre de Luisa, con los que la propia Nores había comprado la vivienda.
"Con esos dos documentos en su poder, me obligaron a "vendérselo" a uno de ellos. Fue gente de la banda. Una tarde fui con dos argentinos de la banda a una escribanía y firmamos un documento de venta. Ni siquiera me quedó claro si el escribano estaba al tanto de la clase de "negocio" que se estaba haciendo...", cuenta.
La extorsión Gatti-Duarte
Para obtener el rescate por Gatti, es que cuatro días después se detiene a otro ex dirigente sindical uruguayo, Washington "Perro" Pérez, quien entonces tenía un reparto de diarios. Llevado a Orletti es recibido por el propio Gordon, y los uruguayos José Nino Gavazzo, Manuel Cordero y Jorge "Pajarito" Silveira.
La propuesta fue realizada por Gavazzo en forma directa: a cambio de Gatti quien ya había sido duramente torturado y por la libertad de diez militantes del sindicato de Funsa que estaban presos en Uruguay, exigían dos millones de dólares. Pérez fue dejado en libertad para realizar los contactos.
Cuatro días más tarde nuevamente se contactó a Washington Pérez, quien llevado a Orletti pudo ver una leve mejoría en el estado de Gerardo Gatti, evidencia de que había recibido atención médica. En esa oportunidad se saca la fotografía en la que ambos aparecen junto a un ejemplar del diario Crónica.
En un tercer contacto, cuando se les piden más pruebas sobre el estado del sindicalista, los represores evidencia su molestia y hacen que Gatti firme un ejemplar del diario El País y entregan una serie de fotos que, evidentemente, habían sido tomadas con anterioridad, según testificó Washington Pérez.
Al narrar el cuarto contacto, Washington Pérez ve una caja fuerte y le dicen: "Mire, don perro, esperemos, para bien de todos, que esto culmine en forma satisfactoria. Dijeron que si necesitaba documentación para mí y mi familia, debía señalarlo. Abriendo la caja fuerte me dijeron "aquí tenemos el dinero". Ahí veo mucho dinero argentino y dólares", señala.
A Pérez le dieron una carta que Gatti se vio obligado a redactar. Las negociaciones extorsivas se habían extendido por casi un mes, y el 13 de junio de 1976 los represores realizan una serie de secuestros de uruguayos, entre ellos el de los principales dirigentes políticos del PVP.
Días después se produce el quinto contacto con Washington Pérez. Lo levantan, le quitan y rompen la carta escrita por Gatti, y le dicen: "Don perro, no tenemos suerte, esto se liquidó". Ya no le permiten ver a Gatti. Automotores Orletti estaba repleto de uruguayos detenidos.
El mismo día, Pérez fue llevado nuevamente a Orletti. Esta vez, le mostraron al sindicalista de Funsa, León Duarte, capturado el día 13 y desde entonces brutalmente torturado. Se planteó una nueva extorsión, esta vez por quinientos mil dólares. Duarte llegó a decirle: "Andate porque estos son unos asesinos".
La guita, la bandera, la guita...
Varios de los sobrevivientes de Orletti coincidieron al narrar a LA REPUBLICA que los interrogatorios a los que eran sometidos durante la tortura se referían particularmente a ubicar el paradero de la bandera de los 33 orientales y, en especial, a saber dónde estaba el dinero del secuestro de Hart.
Alicia Cadenas, consultada por LA REPUBLICA, cuenta con detalles lo que vivieron aquellos días en Orletti. Cuenta que en un momento, yacía en el piso junto a otros compañeros y León Duarte, aún dolorido por las torturas, cuando un represor se les acercó y les preguntó por el dinero.
"Loco ¿dónde está la guita?", le dijo. Luego le comentó "Qué huevos que tiene el viejo (por Gatti), mirá que le dieron palo y no dice nada... ¿De cuánto estamos hablando, de un palo verde?", le preguntó... "Creo que sí", llegó a decirle Duarte, que también estaba muy maltrecho", recuerda.
Cadenas también relata en un testimonio: "Delante nuestro se repartían el botín con los argentinos y una vez arreglados se dedicaban a desarmar y embalar los autos que habían robado, el mobiliario y todas las pertenencias que fueron sacando de nuestras casas a medida que nos secuestraban", dijo.
Eduardo Dean no entendía la razón por la que fue víctima de semejante golpiza. Durante diez días no dejaron de torturarlo e interrogarlo. "Me preguntaban por la bandera de los Treinta y Tres y por el dinero, pero sobre todo por el dinero. No sabía de qué guita me hablaban", dijo a LA REPUBLICA.
"Me golpearon hasta un día en que el "Pajarito" Silveira me levantó la capucha y como con sorpresa dijo: "Pero este no es el Pocho, este es el Muspo". Ellos me habían confundido con Alberto Mechoso, porque a mí también me decían "Pocho". Hoy comprendo que lo que querían era el dinero...", explica Dean.
Ana Inés Cuadros, quien trabajaba junto a Duarte y también fue secuestrada aquel 13 de julio, admitió a LA REPUBLICA que ellos también habían adquirido algunas casas y, al igual que a Pilar Nores, a ella le obligaron a vender una de esas propiedades en forma ficta, con documentos falsos.
El represor argentino Francisco Valdez, en su testimonio ante la Comisión Nacional de Desaparecidos (Conadep) de Argentina, reconoció la extorsión por Gatti y admitió que lo torturó por orden de Gordon. "Esta persona no tenía ningún tipo de actividad política y entiende que para lo único que se lo secuestró fue para sacarle dinero", dice su testimonio del 6 de junio de 1984.
Las "tres patas" de Orletti
En un nuevo contacto en Buenos Aires, el "informante" argentino también confirmó la versión de la extorsión que Washington Pérez pudo hacer, antes de fallecer, ante la "Comisión Investigadora sobre la Situación de Personas Desaparecidas" de la Cámara de Representantes el 8 de julio de 1985.
El "informante" , indicó a LA REPUBLICA, que a partir de la caída de Gatti, se constituyó en Orletti una sociedad compuesta por "tres patas": la gente de Gordon integrada por militares, policías y civiles; los policías dependientes de la División Extranjería de la Policía Federal, y los uruguayos.
"El acuerdo era que toda la guita que se recuperara sería repartida en tres partes: un 33% para los de Policía Federal, otro 33% para la gente de Gordon y el restante 33% para los uruguayos. Cuando entró el "viejo", como le decían a Gatti, se hablaba de que podían aparecer dos palos verdes", explica.
La fuente quien años atrás aportó los datos para encontrar a Simón Riquelo y denunciar el "segundo vuelo" de Orletti admite que aquella negociación por Gatti, en cuyas oficinas ya habían obtenido una cifra grande de dinero, se extendió más de lo previsto y se cerró con las caídas del 13 de julio de 1976.
Según el "informante", existió luego una nueva negociación en la que el propio Duarte habría aceptado entregar un "berretín" donde había otra importante suma de dinero, a cambio de la cual se habría arreglado el traslado de sus compañeros detenidos a Uruguay.
El "informante" cuanta que en uno de esos días de julio, habían logrado un botín de cientos de miles de dólares que depositaron sobre una amplia mesa en la planta baja de Orletti. "El turco Arab, incluso, se puso a bailar como odalisca sobre la mesa, mientras se bañaba con whisky", narra.
Sin embargo, cuando se disponían a repartir las cuotas partes para cada uno, ingresaron al lugar "los jefes" y se llevaron todo el dinero de la mesa. Explica que se les argumentó que semejante cifra no podía repartirse sin llamar la atención de otros grupos operativos.
La base de Coronel Díaz
Sin embargo, el "informante" agrega que ese dinero, aproximadamente unos 750 mil dólares, equivalentes a los dos tercios que por el acuerdo de Orletti correspondían a los argentinos, fue finalmente derivado a las oficinas de la SIDE y estos lo habrían elevado, a su vez, al propio presidente Jorge Videla.
El "informante" sostiene que el dictador argentino tuvo entonces un "gesto" con sus subalternos represores. Se decidió que un 30 por ciento (225 mil dólares) de aquel dinero fuera "para los muchachos" y con el resto (410 mil dólares) se instalara una nueva base represiva especialmente acondicionada.
La base construida sería la actual sede de Inteligencia Exterior de la propia SIDE, ubicada en la calle Coronel Díaz 2079, frente al shopping Alto Palermo, donde hace pocos años se produjo el escándalo del Caso AMIA y actualmente se estudian los casos relativos a la "triple frontera".
El periodista Gerardo Young, del diario Clarín de Buenos Aires, quien escribe el libro "SIDE, la Argentina secreta" que editará en julio la editorial Planeta, pudo confirmar a LA REPUBLICA que, efectivamente, el dinero de Orletti está relacionado con la creación de esa base de inteligencia.
La Base de Coronel Díaz, explicó Young, sirve desde 1998 de enlace con las agencias de inteligencias extranjeras y coordina a los agentes asignados a la triple frontera. En 1979 fue la dirección de reclutamiento de la SIDE, luego base de tecnología de espionaje (1986) y luego sede de Sala Patria (1996) encargada de la investigación de la AMIA.
El edificio de Coronel Díaz 2079 ya había protagonizado un escándalo en el año 2001, cuando un grupo de ex agentes inició un juicio a la propia SIDE por la propiedad de 25 inmuebles que el organismo de inteligencia tenía en su poder a nombre de la sociedad de cobertura llamada Osgra SRL.
Uno de esos locales era el de la calle Coronel Díaz que, según los certificados del Registro de la Propiedad Inmueble a los que accedió LA REPUBLICA, está inscripto bajo la Matrícula Nº 19-4694, y fue propiedad de Osgra SRL desde 1977 y luego pasó a manos de Tiumayu SA, otra empresa de la SIDE.
Una llamada al Comando
Los sobrevivientes de Orletti fueron finalmente trasladados a Montevideo el 25 de julio de 1976 en un vuelo del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU) que piloteó el actual comandante en jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya, brigadier Enrique Bonelli, según admitió meses atrás.
En el vuelo no estuvieron incluidos ni Gerardo Gatti ni León Duarte. Duarte llegó a decirle a Ana Inés Cuadros que iría a negociar a Campo de Mayo. La versión coincide con los datos aportados por el "informante", quien sostiene que allí tuvieron "destino final". Ambos eran testigos directos de la extorsión.
Los uruguayos detenidos en julio en Orletti fueron llevados a la Casona de Punta Gorda (Rambla República de México 5515), conocida como el "infierno chico", para negociar como se produciría su "blanqueo" en Uruguay ya que los obligarían a fingir una "invasión" para procesarlos por la justicia militar.
Mientras tanto, en Orletti los argentinos realizaban nuevos operativos coordinados contra chilenos, bolivianos, cubanos y opositores locales. En esa etapa fueron detenidos Marcelo Gelman y su esposa María Claudia García de Gelman, embarazada de siete meses, quien sería trasladada a Uruguay.
A mediados de setiembre de aquel 1976, en una oficina del Comando del Ejército se recibió una extraña llamada. Una persona quería contactarse con quienes había detenido a los militantes del PVP en Buenos Aires. El número telefónico era el que habían filtrado cuando el chantaje de Cristi en 1975.
El llamado lo hacía un militante clandestino del PVP, Carlos Goessens, alias "el Karateka", quien estaba dispuesto a entregar al grupo de sus compañeros que no habían sido capturados en Argentina y que, bajo el liderazgo de Alberto Mechoso, estaba compuesto por los ex integrantes de la OPR 33.
La llamada pudo ser derivada a la sede de la "patota" de la OCOA, donde la banda de Gavazzo, encontraba una nueva oportunidad de operar en Argentina y, particularmente, para capturar a Mechoso, quien aún mantenía en su poder entre 4 y 6 millones de dólares de aquel secuestro de 1974.
El "informante" argentino recuerda con particular desagrado al "Karateka". "Ese tipo era un asco. No sólo entregó a sus compañeros, sino que iba con nosotros en los operativos y armado. Teníamos pensado matarlo, pero lo protegió Gavazzo, que lo sacó para Europa", afirma.
La valija de Mechoso
Los represores uruguayos volvieron a encontrarse con sus amigos de Automotores Orletti, pero en esta ocasión, habrían mantenido en secreto que uno de los motivos de su nueva "cruzada antisubversiva" era más dinero. En las operaciones de julio, sólo habían podido traer unos 700 mil dólares.
En la mañana del 26 de setiembre detienen a Adalberto Soba y al mediodía al propio Alberto Mechoso. Soba, torturado, fue llevado a su casa en la localidad de Haedo, donde delante de su esposa Elena Laguna y sus tres hijos, rompieron todo hasta encontrar una caja de madera con dinero del PVP.
Un reciente testimonio dado al semanario Brecha por uno de los hijos de Mechoso permitió ahora saber que en los fondos de aquella casa, también habrían caído Juan Pablo Errandonea y Raúl Tejera Llovet, quienes en esos días intentaban poner en marcha una vieja imprenta offset.
El mayor Gavazzo fue quien luego copó la casa de Mechoso en Miralla 2864, Villa Lugano. Llegó acompañado de un grupo de soldados que traían picos y macetas. De inmediato se pusieron a romper paredes para hallar el "tesoro" tan buscado: una suma de entre 4 y 6 millones de dólares.
"Me dijeron que era un operativo conjunto de fuerzas armadas uruguayas y argentinas. Estaban armados y de particular. Entraron a mi casa, algunos con picos y macetas, destrozaron todo. No sé qué buscaban. Reunieron el dinero que había y se lo llevaron", narra Castellonese.
En ese operativo, sin embargo, los represores argentinos no habrían estado presentes. El "informante" se mostró sorprendido al leer los testimonios de Elena Laguna y Beatriz Castellonese sobre el dinero recuperado en sus casas. "Esa nos la pasaron por arriba", dijo antes de dar una puteada.
Beatriz Castellonese y sus hijos no fueron a Orletti, sino que esperaron en otra base que los uruguayos conocían, probablemente una casa del PVP en la calle Murature. Allí esperaron hasta el día siguiente, cuando le llevaron a su marido y le anunciaron que serían trasladados a Montevideo.
Otro tanto ocurrió con Elena Laguna y sus tres hijos, quienes luego de pasar por Orletti, también fueron conducidos a Aeroparque. Desde allí, acompañadas por José Gavazzo y Ricardo Arab, quienes utilizaron como propios los documentos de sus esposos, fueron trasladadas a Uruguay.
"El mayor Gavazzo dijo que iba a pasar por mi esposo y a los chicos les dijo que lo llamaran papá. Traía un maletín con dinero que había sacado de mi casa (era del PVP) y quien observara con atención podía ver el contenido, porque estaba mal cerrado", cuenta Castellonese.
"Nos acompañaban dos hombres. Entre ellos se llamaban "Turco" y "Gabito". Este último llevaba la caja de madera robada en casa. En determinado momento la abrió y empezó a sacar los dólares y guardárselos en los bolsillos. No le daban las manos para guardar todo y rápido", narra Laguna.
Gavazzo y Arab regresaron de inmediato a Buenos Aires para continuar los operativos y no levantar sospechas de sus "socios" argentinos. Entre el 23 de setiembre y el 4 de octubre llegaron a completar 22 detenciones, que serían los pasajeros del segundo vuelo de Orletti, aún desaparecidos.
Los "gastos" en Uruguay
El "informante" argentino afirma que en los operativos contra los uruguayos en Orletti los argentinos sólo supieron de los dos millones de dólares recuperados en el mes de julio. Si así fuera, los uruguayos se quedaron con casi siete millones de dólares de aquel secuestro de 1974.
Lo que ocurrió con ese dinero, que no fue devuelto al secuestrado Hart o su familia y que tampoco ingresó formalmente a las arcas de la dictadura uruguaya, ni a la contabilidad que en el Servicio de Información y Defensa (SID) realizaba el coronel (av.) Sasson, aún debe ser indagado por la Justicia.
Sin embargo, hay una serie de pistas que permiten presumir en qué fue gastado parte de ese dinero que hoy coloca a la "patota" de la OCA y el SID fuera del amparo de la Ley de Caducidad, con la que han sido protegidos durante veinte años.
El ex agente del SID, Julio César Barboza, indicó a LA REPUBLICA, que a principios de 1977, Gavazzo y Cordero viajaron al Oriente (probablemente Corea y Taiwan) de donde trajeron nuevos equipos para el SID: los primeros visores nocturnos, equipos de espionaje telefónico y armas cortas.
El 31 de marzo de 1977 se adquirió, bajo el falso nombre de Virginio Pomato, la propiedad de Avenida Millán 4269, que luego sería conocida como la base de torturas La Casona, donde fueron detenidos y desaparecidos el maestro Julio Castro y el militante Ricardo Blanco.
La compra de la Casona de Millán, según el Registro de Traslaciones de Dominio de Montevideo (Nº de Entrada 04953), fue escriturada por la escribana Luisa Puig de Warschum, cuyo marido era el mayor de caballería Carlos A. Warschum Khun, de los servicios de inteligencia del Ejército.
En la Base Valparaíso a la que fue llevada María Claudia García de Gelman para ser asesinada funcionaba una inmobiliaria que, además de actuar como fachada de la base de taxímetros espías que allí operaba, se llegó a organizar una "sociedad civil" para construir un edificio.
El edificio que hoy se erige en la esquina de Luis Alberto de Herrera 1503 y Demóstenes donde por años había existido el bar Layva (por la intersección de las calles que entonces se llamaban Larrañaga y José Pedro Varela), fue vendido a sus propietarios desde la propia Inmobiliaria Valparaíso.
Entre los integrantes de la sociedad civil, se señala al teniente Barrabino (h) y al mayor Tomás Casella, pero algunos de los promitentes compradores recuerdan la presencia de otros militares de alta graduación que actuaron en aquel negocio, que casi fracasa con el quiebre de la tablita en 1982.
Estas "inversiones" deberían complementarse con un análisis de las fechas de adquisición de muchas propiedades adquiridas entonces, que hoy figuran a nombre del propio Ministerio de Defensa Nacional, como la actual sede de la Dinacie, ubicada en Luis A. de Herrera y Monte Caseros.
También deberá incluirse en el análisis de lo hecho con el dinero de Orletti, los propios bienes personales de varios de esos represores uruguayos, que poseen chacras, casas, departamentos, flotas de camiones, empresas de seguridad, casas de cargas de gas y hasta acciones en importantes firmas.
Un importante jurista consultado fue categórico ante una consulta de LA REPUBLICA: "Ese dinero secuestrado implica a esos militares y policías en la persecusión de un proyecto económico para beneficio propio y aún de un tercero, ya que el Estado que regía entonces, no era un Estado de derecho".
Roger Rodríguez
La República
01/06/06
Ver también:
Gravedad de denuncia periodística impone exhaustiva investigación"
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