Lo que comenzó como una encendida defensa del doctor Pedro Bordaberry, sobre la inocencia de su padre en relación a los crímenes de los senadores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, terminó en un acalorado enfrentamiento televisivo con el senador Rafael Michelini, quien concurrió a los estudios de Canal 10, al saber que el ex ministro lo había emplazado públicamente.
Todo ocurrió en el programa Zona Urbana, durante el cual Bordaberry hizo públicas dos cintas grabadas en forma secreta, obtenidas de conversaciones con el senador Michelini y el secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández.
En la grabación, Michelini expresaba su convicción de que Juan María Bordaberry no había ordenado el asesinato de Michelini en 1976. En el otro registro, Fernández expresaba que un paramilitar argentino habría sido quien dio muerte a los ex legisladores y que el móvil habría sido económico.
En el fragor de la discusión, ambos políticos se interrumpieron varias veces, al punto que el periodista Ignacio Alvarez debió intervenir y cerrarles el audio para reencauzar el debate.
Sobre el final de la tensa entrevista, Bordaberry catalogó a Rafael Michelini, como un "mentiroso" y un "travesti de la mentira", al acusarlo de afirmar en el juzgado que su padre fue el responsable de los crímenes en Buenos Aires y de desdecirse ante él en una conversación privada, y en este caso, ante la opinión pública. Por su parte el legislador del Nuevo Espacio, volvió a repetir que hace 30 años que pide justicia y que el ex dictador debe y tiene que decir todo lo que sabe sobre qué ocurrió durante esos años y en particular sobre el crimen de su padre y del "Toba" Gutiérrez Ruiz. Aclaró que su padre y no él era quien debía dar explicaciones y que, en cambio, el suyo fue asesinado durante la dictadura que Bordaberry prohijó.
Durante el programa también se emitió otra cinta que Pedro Brodaberry le grabó en forma secreta al secretario de la Presidencia, Dr. Gonzalo Fernández, pero ante esto Michelini retrucó diciendo que porqué no pasaba las otras grabaciones donde se decían cosas que a él no le sirve para defender a su padre, "porque me consta que ha grabado a muchas personas", dijo, a la vez que se retrotraía a las épocas de la dictadura, donde esto era muy habitual.
En dicha grabación Fernández le comentaba que a su forma de ver los hechos, los crímenes de los legisladores no tuvieron un móvil político, sino que los asesinos eran de una banda paramilitar argentina, cuyo único fin era el robo.
Con bombos y platillos la publicidad del mencionado programa televisivo anunciaba que ayer concurriría el Dr. Pedro Bordaberry, con pruebas que demostrarían la inocencia de su padre. En un principio quien fuera el candidato a intendente del Partido Colorado, reveló que el paréntesis en su actividad política tuvo el propósito de preparar la defensa de su padre "como hijo". Habló de la acusación que enfrenta su padre por el delito de "atentado a la Constitución", en cuya alocución incluso llegó a reconocer que él no estaba de acuerdo con lo que había hecho su padre cuando dio el golpe de Estado, expresando que "yo en su lugar no hubiera hecho lo mismo". De todos modos, deslindó el accionar de su padre del quiebre institucional de febrero de 1973 y recordó que en aquel momento el presidente no tuvo respaldo popular. También señaló que parte de la izquierda promovía en aquel momento una alianza con un sector de las Fuerzas Armadas.
Pero los hechos tomaron otro ribete cuando se comenzó a tratar el caso de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, pues allí aparecieron en escena las mencionadas grabaciones secretas; las cuales ya habían sido proporcionadas con bastante tiempo de antelación a los productores del programa, ya que las mismas estaban subtituladas.
La primera grabación fue en la que Bordaberry hijo y Michelini hijo mantenían una conversación, hipotéticamente privada en la cual este último le vertía su opinión de lo que creía había ocurrido en el crimen de su padre.
Tan sólo unos instantes más tarde arribó al canal el senador, quien de inmediato empezó a responder a las acusaciones de Bordaberry, pero la situación se fue desvirtuando, al punto que ambos comenzaron a alzarse la voz.
En la segunda cinta el secretario de la presidencia, Dr. Gonzalo Fernández, quien también fue grabado en forma secreta por Bordaberry, le decía a éste, que a su entender las muertes de Michelini y Gutiérrez Ruiz, habían sido obra de Osvaldo "Paqui" Forese y su banda de paramilitares argentinos y que las mismas tenían un fin delictivo y no político. Según Fernández iban detrás del oro de los Mahilos que supuestamente tendría Gutiérrez Ruiz y de un dinero del MLN, que también se supone, tenía en su poder Zelmar Michelini.
Nuevamente las acusaciones ganaron la escena, tal es el caso que en un momento el conductor del programa lo amenazó y cumplió al cortarles el audio de sus micrófonos, pues no lo dejaban hablar.
Ya la situación se había convertido en un show mediático y los sentimientos estaban a flor de piel, como en el instante en que el hijo del senador asesinado, quien también tuvo que sufrir el secuestro de una de sus hermanas y la prisión de otra, dijo visiblemente afectado, "con mi familia nadie tuvo piedad".
Justo antes del finalizar Michelini volvió a deslizar una frase con la cual quiso resumir sus sentimientos, "recién ahora estoy tranquilo porque los dictadores tendrán que rendir cuentas por primera vez".
La República
05/10/06
Facsímil del artículo publicado en el desaparecido diario El Día, el 31 de diciembre de 1974.
El abogado querrellante al dictador Juan María Bordaberry, doctor Walter De León, presentó ayer a la jueza en lo Penal de 7º Turno, doctora Graciela Gatti, un documento en el que el ex presidente de facto aseguró a las FFAA que su actitud "no podrá ser juzgada por la ciudadanía".
El documento, fue extraído de una nota periodística en la que se transcribió el discurso de Bordaberry, publicada en el desaparecido diario "El Día", el 31 de diciembre de 1974, tras la realización de un acto de fin de año, en el que Juan María Bordaberry expresó un discurso las altas autoridades militares de la época.
En su alocución, tras saludar a los mandos y desear felicidades por el año que se iniciaba, expresó su "profundo reconocimiento por el invalorable respaldo y apoyo prestado por las Fuerzas Armadas al Gobierno de la República".
Más adelante, dijo: "Las Fuerzas Armadas tienen que tener la tranquilidad suprema, de que su actitud, la de haber acompañado y respaldado al Gobierno en los hechos históricos de junio de 1973, no podrá ser juzgada por la ciudadanía, porque esa actitud, no es la actitud de un partido político, no es la actitud de un hombre, es simplemente el cumplimiento del deber: el deber de servir a la Patria debilitada por la omisión en el cumplimiento de su deber por quienes tenían la obligación de cumplirlo".
Bordaberry justificó la idea de que la actitud de las FFAA "no pueda entrar en el terreno de lo opinable", y "no pueda ser expuesta al juicio de la ciudadanía" porque "no es un partido político que asumió determinada conducta, sino que es la Institución Armada cumpliendo con su deber". "Y esta no es materia de juicio: la democracia no llega hasta eso, porque no puede ser opinable la conducta de las Fuerzas Armadas actuando en defensa del honor de la República", agregó.
Además, sostuvo que ese concepto fue "el fruto de meditación y de pensamientos y de reflexiones de muchas horas; estoy en cierta forma abriendo mi corazón a ustedes", dijo a los jerarcas castrenses. Y ejemplificó: "Pienso que pretender juzgar por los clásicos procedimientos de la democracia la conducta de las Fuerzas Armadas de defender lo más natural, lo más esencial de la nacionalidad, sería como pretender juzgar a un hombre que ha violentado normas jurídicas formales por defender a su madre, en este caso, la patria".
Finalmente, y antes de culminar su discurso, Bordaberry reiteró la importancia del "invalorable apoyo y respaldo" de las FFAA, y ratificó su "compromiso personal" de que "la conducta de las Fuerzas Armadas, ni directa ni indirectamente podrá ser sometida a juicio de la ciudadanía, como si fuera una actitud política corriente".
"Les asegura la impunidad"
El abogado Walter De León, al retirarse del juzgado de la calle Misiones, donde presentó ante la jueza Gatti el contenido del discurso de Bordaberry, dijo a los medios de prensa que es una prueba "muy importante" que se suma a los expedientes de "Atentado a la Constitución" y todas las causas abiertas por desapariciones reiteradas durante su mandato tras el golpe de Estado de 1973. El jurista remarcó de este nuevo elemento porque en él "se compromte a que jamás van a ser enjuiciados por todo lo que están haciendo por él, apoyándolo, colaborando con él y que nunca van a ir ante la justicia, es decir les asegura la impunidad, que es uno de los rasgos fundamentales para configurarse la coautoría de homicidio y desapariciones forzadas que se lo acusa en este expediente".
La República
06/10/06
Guianze: Opiniones no son relevantes; en expediente "hay carros de pruebas"
La fiscal del caso que incrimina al ex dictador Juan María Bordaberry por los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez, doctora Mirtha Guianze, sostuvo que la tiene sin cuidado el hecho de la presentación del nuevo escrito por parte de la defensa del ex dictador con las grabaciones del programa Zona Urbana, diciendo que las opiniones no son relevantes, y graficó expresando: "En el expediente hay carros de pruebas".
En el mencionado escrito se le solicita al juez, doctor Roberto Timbal, que agregue al expediente el DVD con la grabación del mencionado programa, más las declaraciones del coronel (degradado) Gilberto Vázquez, y del ex asesor presidencial Carlos Ramela, en el caso por "Atentado contra la Constitución", caso que comanda la jueza Graciela Gatti, en las cuales ambos afirman que Bordaberry nada tuvo que ver con las muertes de los legisladores y que las mismas tuvieron como móvil el dinero.
Guianze sostiene que las opiniones personales no son de relevancia , que lo importante es "la posición institucional que tenía Bordaberry en ese momento", agregando "qué puede saber Vázquez de cómo se manejaba la estructura del Estado en ese entonces, si era un capitán más del Ejército".
Por otra parte fuentes judiciales señalaron a LA REPUBLICA, que todos estos movimientos se encuadran dentro de una estrategia para entorpecer la resolución de fondo.
Tras el "show mediático" que se desatara el miércoles en el horario central de Canal 10, la defensa de Bordaberry vio una veta para hacer ingresar en el expediente nuevos elementos para basar su idea de que los crímenes ocurridos en mayo de 1976 (Zelmar Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw) en Buenos Aires fueron con un móvil económico y no político.
El miércoles pasado Gilberto Vázquez y Carlos Ramela declararon ante la jueza Gatti, por el otro caso que tiene a Bordaberry como protagonista, en el cual se lo está juzgando por "atentado a la Constitución". Vale tener presente que en el juicio por los asesinatos, además del ex presidente devenido en dictador, está también siendo enjuiciado su ex canciller, Juan Carlos Blanco.
En dicha instancia Gilberto Vázquez aseguró que el entonces presidente de facto nunca fue informado de los actos represivos "ilegales", mientras que el ex asesor de Jorge Batlle manifestó que según pudo saber cuando integró la "Comisión para la Paz", los crímenes fueron perpetrados por la banda paramilitar de Gordon, concretamente por un tal "Paqui" Forese.
Aunque lo más extraño que se desprende de estos documentos es la parte en que el coronel degradado, quien perpetrara una fuga, dice haber sido visitado en la cárcel varias veces por la abogada acusadora de Borbaderry, Hebe Martínez Burlé, con quien afirma tener una amistad.
Ya días pasados, la defensa de Bordaberry había solicitado al expediente un escrito que fue redactado tras la aparición de un artículo publicado en "Búsqueda", en el cual se sostenía que el secretario de la Presidencia le había comentado a Rafael Michelini que a su padre lo había matado una banda de argentinos y que ese crimen nada tenía que ver con móviles políticos.
Además de dicho elemento se solicitó al magistrado que citara a varias personas más a declarar, entre ellas Vázquez, Ramela y Gonzalo Fernández, pero el doctor Timbal desestimó dicha petición y ahora evalúa si agrega al expediente dicho documento.
Pero nuevamente los abogados del ex dictador movieron sus fichas, y como el juez no aceptó los testigos, de alguna manera quieren encargarse de que sepa sus posiciones, aparentemente con la intención de ir dilatando los hechos lo más posible.
Actualmente el nuevo escrito con el DVD y las declaraciones de Vázquez y Ramela se encuentran en Fiscalía y luego será llevado al despacho de Timbal, y allí éste decidirá si ingresa todo o algunos de dichos elementos al expediente.
Estos elementos están a disposición de la fiscal Mirtha Guianze, pero ella adelantó a LA REPUBLICA que la tiene sin cuidado lo que hay en ellos, porque en el expediente considera que hay pruebas más que suficientes para procesar.
La Reública
07/10/06
SCJ desmintió a Pedro Bordaberry
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) salió ayer al cruce de expresiones del ex ministro de Turismo Pedro Bordaberry respecto al juicio que enfrenta su padre, contenidas en un reportaje publicado el domingo en el matutino El País.
En la comunicado, la corporación refutó siete afirmaciones del ex ministro referidas al accionar de la Justicia, en relación a las denuncias contra el ex dictador.
En el citado reportaje, Pedro Bordaberry sostiene, entre otros comentarios, que los jueces que intervinieron a favor en esa causa, los doctores Fanny Canessa y Pedro Hackenbruch, fueron sancionados.
Respecto a esto, la SCJ manifestó que "cuando la política entra al cuarto por la puerta, la Justicia sale por la ventana". En el comunicado de prensa, la SCJ desmintió "enfáticamente" las afirmaciones de Bordaberry "por su ostensible falsedad" y recalcó que no hubo "intencionalidad o motivación política" alguna en las actuaciones judiciales.
En el comunicado, firmado por cuatro de los ministros de la SCJ (su presidente el Dr. Hipólito Rodríguez Caorsi se encuentra de licencia médica), expresa que eso es "incorrecto", pues la doctora Canessa no fue sancionada y el doctor Hackenbruch si bien fue sancionado, "nada tuvo que ver con su desempeño en las causas que involucran el Sr. Bordaberry".
"¿Te das cuenta que la nueva jueza recibe el expediente, de dos jueces que fallaron a favor de mi padre y están sancionados?", dijo Bordaberry en el reportaje. Sobre esto, la SCJ expresó que "es groseramente falsa la afirmación" de que Canessa haya sido "sacada", agregando que fue la propia letrada quien devolvió el expediente al juzgado de origen, debido a una normativa legal.
A continuación, publicamos el texto completo del comunicado de la Suprema Corte de Justicia:
"Montevideo, 9 de octubre de 2006.
Sres. Directores de Diario El País
Enrique Beltrán Mullin/ Martín Aguirre Gomensoro/ Julia Rodríguez Larreta
En la entrevista realizada por Magdalena Herrera al Dr. Pedro Bordaberry, publicada este domingo 8 de octubre en pág. 10, se transcriben expresiones del referido entrevistado que, por su ostensible falsedad merecen ser desmentidas enfáticamente.
1) En primer lugar, es incorrecto que "dos jueces que fallaron a favor de mi padre están sancionados". En efecto, la Dra. Canessa no fue sancionada, y el Dr. Hackenbruch sí lo fue (pérdida del derecho de ascenso por dos años) el 17/02/06 como conclusión de un sumario dispuesto a causa de la constante morosidad en su labor que nada tuvo que ver con su desempeño en las causas que involucran al Sr. Bordaberry.
Es oportuno recordar que el pasado 20 de abril el Dr. Pedro Bordaberry remitió una nota al Semanario Búsqueda en la cual, como ahora, afirmaba que los jueces Dr. Pedro Hackenbruch y Dra. Fanny Canessa habían sido objeto de sanción el primero y de procedimiento disciplinario la segunda, en ambos casos debido a las resoluciones que cada uno de ellos había vertido en la investigación presumarial que se sigue al padre de éste, Juan María Bordaberry, por presunto atentado a la Constitución.
En aquel entonces, por nota fechada el 16 de mayo, la Suprema Corte de Justicia se vio en la necesidad de contestar públicamente estas afirmaciones. Ahora, los mismos argumentos falaces se reproducen en la entrevista publicada por diario El País, obligando a la Corporación, a su vez, a reiterar su posición sobre este asunto.
2) No es cierto que se haya violentado en lo más mínimo la independencia de estos ni de otros jueces uruguayos. La imposición de las correcciones disciplinarias es una atribución de la Suprema Corte de Justicia (art. 239/2º de la Constitución, art. 113 ley 15.750) que se ha ejercido con imparcialidad y transparencia.
3) El Dr. Pedro Hackenbruch fue trasladado del ámbito penal en febrero de 2006, desempeñándose hoy como juez Letrado de Primera Instancia de Trabajo de 14º Turno. Se trata de una medida fundada en razones de "buen servicio" (art. 99 ley 15.750) que la Corporación puede adoptar "en cualquier tiempo" y que, en este caso en particular, no implicó una disminución de grado ni sanción alguna, ya que el magistrado ocupa ahora un cargo con idéntica jerarquía y remuneración. Dicha resolución fue consentida.
4) Tampoco existe ilegalidad o motivación política en la decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia según la cual se resolvió iniciar procedimiento disciplinario a la jueza letrada en lo penal de 6º Turno de la Capital, Dra. Fanny Canessa. Esta resolución se funda en los argumentos del Considerando IV de la sentencia interlocutoria dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er. Turno, que declaró expresamente la fuerza o eficacia ("auctoritas") vinculante que tiene lo resuelto por la Suprema Corte respecto de los restantes magistrados que han de intervenir en la misma causa, careciendo de relevancia jurídica toda discrepancia en tal sentido, discrepancia que debe marginarse del ámbito del ejercicio de la potestad jurisdiccional, y cuya inobservancia por parte de la Dra. Canessa podría configurar un supuesto de responsabilidad (art. 26 del CGP) que justifica la iniciación de un proceso disciplinario.
Ello no implica de manera alguna vulneración de la independencia de que gozan los jueces de la República, tanto respecto de presiones externas al Poder Judicial como de parte de los órganos jerarcas del mismo.
Huelga decir que en este procedimiento se respetan, como corresponde a derecho, todas las garantías establecidas en las normas aplicables (ley 15.750, Acordadas 6995, 7168 y modificativas).
5) Es groseramente falsa la afirmación de que a la Dra. Canessa "la sacan de la causa...ahora se la pasan a una nueva juez".
Lo cierto es que fue la propia Dra. Canessa quien devolvió el expediente al juzgado de origen, tras haber sido trasladado el Dr. Hackenbruch del referido juzgado, cesando así la causal de recusación que determinara la asunción de competencia por la Dra. Canessa.
6) También es sorprendentemente mendaz la aseveración de que el Tribunal admitió la prescripción del delito imputado, bastando para descalificar tal afirmación la simple lectura de la sentencia Nº 106 de 13/03/06 del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er. Turno, el que concluyera: "En síntesis, corresponde instruir la presente denuncia de concurso delictual conforme a derecho y a fin de poder determinar la existencia de los hechos objeto de denuncia; la participación que cupo al denunciado y, la calidad de atribución. Sin la existencia de tales mínimos elementos, no corresponde siquiera abordar el tema relativo a la prescripción delictiva".
7) De lo expuesto se infiere claramente la ausencia de intencionalidad o motivación política alguna en las actuaciones judiciales y administrativas referidas precedentemente.
Atentamente
Ministro Dr. Roberto Parga Lista
Presidente interino de la Suprema Corte de Justicia
Dr. Daniel Gutiérrez Proto
Ministro de la Suprema Corte de Justicia
Dr. Leslie Van Rompaey
Ministro de la Suprema Corte de Justicia
Dra. Sara Bossio Reig
Ministra de la Suprema Corte de Justicia".
La República
10/10/06
Presentaron nuevas pruebas en causa del dictador Bordaberry
El historiador Oscar Destouet, encargado del desarchivo de los documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores, presentó ayer ante la jueza Graciela Gatti, que encausa la denuncia contra el dictador Juan María Bordaberry por el delito de "atentado a la Constitución", nuevos elementos que incriminarían al presidente de facto. Por otra parte, el abogado querellante, Walter De Léon, anunció que en los próximos días recibirá otros documentos desde EEUU.
El Juzgado de la calle Misiones mostró ayer una importante actividad, principalmente en lo que se refiere a derechos humanos: el juez Daniel Tapié notificó a varios militares nuevos pedidos de extradición y la jueza Gatti recibió nuevas pruebas en la causa Bordaberry.
El historiador Oscar Destouet, responsable del desarchivo de los documentos de la dictadura de la Cancillería, presentó ante la jueza y la fiscal Ana María Tellechea, un total de 56 documentos que suman unas 136 páginas.
Destouet informó al retirarse de la sede judicial que los nuevos elementos presentados incluyen "instructivos del canciller de la época, Juan Carlos Blanco, documentación sobre retiro de pasaportes, persecución a uruguayos desde distintos lugares del mundo y documentos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia".
"Esta documentación hace una imagen del Estado terrorista y represivo que existió en Uruguay en esos años; esto compromete la responsabilidad de Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco, que ocupaban el mando político del Estado", explicó el especialista.
Entre los elementos presentados se encuentra un instructivo con fecha 18 de febrero de 1975, que envió el canciller Blanco a las misiones diplomáticas uruguayas donde se habilitaba la investigación de personas, por lo cual "se equipara a este servicio exterior con la función de un servicio de inteligencia más", dijo el historiador.
La información de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia que según el historiador "reafirma todo lo anterior", también describe acciones de detenciones de personas, incautación de libros, discos y allanamientos registrados entre 1973 y 1975.
La magistrada también recibió ayer el testimonio de la responsable de la Comisión de DDHH del Partido Comunista, Lille Caruso, quien presentó una carta que su suegro, Selmar Balbi, envió al dictador tras la muerte de su hijo, Alvaro -esposo de Caruso-, militante comunista muerto por torturas el 31 de julio de 1975.
En esa sentida y conmovedora carta, Selmar Balbi, además de expresar el dolor de un padre que había perdido a su hijo, reclamó al dictador que asegurara que no hubiera "impunidad para el atentado discrecional".
La fiscal Ana María Tellechea presentó el pasado 24 de octubre ante la jueza Gatti el pedido de procesamiento del dictador por los asesinatos de Fernando Miranda y Ubagesner Chaves Sosa y por las desapariciones de Arpino Vega, Montes de Oca, Correa Rodríguez, Arévalo, Brieba, Bleier y González González.
Fuentes vinculadas al proceso judicial, dijeron a LA REPUBLICA que la jueza no definió por el momento nuevas actuaciones, y es de esperar que las declaraciones de ayer hayan sido las últimas previo a tomar resolución sobre el pedido fiscal.
Documentos desde EEEU
Por su parte, uno de los abogados querellantes en esta causa, el doctor Walter De León, confirmó ayer a LA REPUBLICA que en los próximos días recibirá archivos desclasificados por el investigador uruguayo Carlos Osorio, uno de los más importantes desclasificadores de documentos reservados del Departamento de Estado de EEUU. De León dijo que estos elementos, que componen un total de casi 70 registros de la dictadura uruguaya "son claramente incriminatorios hacia el gobierno, Bordaberry y la dictadura en todas las violaciones a los derechos humanos".
La República
07/11/06
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