La denuncia contra el ex dictador se había presentado ante la Suprema Corte de Justicia, quien en un histórico pronunciamiento consideró que Bordaberry debía ser encauzado por un juzgado penal, aún cuando no se le había practicado un "juicio político" en el parlamento.
Durante más de tres años, los abogados denunciantes Hebe Martínez Burlé y Walter de León, han alertado sobre cómo el proceso ha sufrido una serie de enlentecimientos procesales, en ocasiones provocadas por diversos recursos promovidos por el abogado defensor Gastón Cháves.
El expediente derivó al juzgado penal de 7º turno, a cargo de juez Pedro Hackenbruch, quien luego de meses de dilaciones se excusó de actuar en la causa porque alguna vez había contratado al propio Cháves como su abogado, por lo que el caso llegó a manos de la doctora Fanny Canessa. Canessa se negó a citar a Bordaberry y terminó por clausurar las actuaciones el 23 de diciembre de 2004. La Fiscalía apeló en febrero de 2005 y la defensa pidió la prescripción. Canessa terminó por declarar que el caso era "cosa juzgada".
Recién en marzo de 2006 el proceso continuó cuando el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er Turno, integrado por los ministros Bernadette Minvielle, Eduardo Borges y José Bonavota, resolvieron que Bordaberry debía ser juzgado por "atentado a la Constitución" y también por los otros delitos.
De acá en más... el proceso que rompió la Impunidad
Ver también: El Bordaberrismo
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3º Turno resolvió ayer que el dictador Juan María Bordaberry deberá ser juzgado, no sólo por "atentado a la Constitución", sino también por coautoría de homicidios y desapariciones forzadas, entre las que se incluye la muerte de Ubagesner Chaves Sosa.
Los ministros Bernadette Minvielle Sánchez, Eduardo Borges y José Bonavota, aprobaron ayer el histórico pronunciamiento en el que revocan y critican una sentencia de la jueza penal de 6º Turno, Fanny Canessa, quien había resuelto archivar la denuncia contra Bordaberry.
El unánime fallo del Tribunal de Apelaciones ordena ahora instruir la denuncia que contra el ex presidente de facto habían presentado en 2003 los abogados Hebe Martínez Burlé y Walter De León, quienes acusaban a Bordaberry por una serie de delitos generados a partir del golpe de Estado.
La denuncia contra el dictador incluye -además del atentado a la Constitución implícito en el decreto de disolución de las cámaras el 27 de junio de 1973-, su coautoría en todos los crímenes de la dictadura y en delitos contra la Patria por los que Bordaberry debería ser juzgado como "reo de lesa Nación".
Entre los homicidios y desapariciones forzadas, se incluye el caso del militante comunista Ubagesner Chaves Sosa, asesinado en 1974 en una unidad militar, cuyo cuerpo, recuperado a fines del año pasado en una chacra de Pando, será enterrado esta tarde en el Cementerio del Buceo.
El expediente judicial volverá al Juzgado Penal de 7º Turno, ahora a cargo de la jueza Graciela Gatti Santana, quien juramentó en esa magistratura el pasado 22 de febrero, en sustitución del juez Pedro Hackenbruch, quien debía instruir la causa inicialmente pero se abstuvo de actuar en el Caso Bordaberry.
Al abstenerse, Hackenbruch alegó que el abogado del ex presidente de facto, Gastón Chaves Hontou, había sido defensor suyo durante un sumario que se le instruyó por demorar un expediente sobre irregularidades en el Ministerio de Salud Pública. La causa derivó entonces al juzgado de Fanny Canessa.
Duras críticas a la jueza
El Tribunal de Apelaciones dio razón a los argumentos de la fiscal penal de 5º Turno, Ana María Tellechea, en sus discrepancias con la actuación de la jueza Canessa, quien sin llegar a citar a declarar a Bordaberry, sentenció que el tema era "cosa juzgada" y que los delitos habían prescripto.
El su pronunciamiento, el Tribunal de Apelaciones corrige uno a uno los errores cometidos por la jueza Fanny Canessa y devolvió el expediente judicial para que definitivamente se proceda a realizar una instrucción judicial que se había dilatado por más de tres años.
Los ministros del Tribunal discreparon con la acción de Canessa, cuando dio cuenta a la defensa de Bordaberry sobre la denuncia presentada antes de comenzar la indagación y por desobedecer un fallo de la Suprema Corte de Justicia que determinó que el ex dictador fuera juzgado penalmente.
El Tribunal de Apelaciones criticó parte del proceso determinada por la jueza respecto a su competencia y subrayó que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia debía ser "inexorablemente acatada por el Juzgado Letrado", que no debió aceptar una serie de pedidos dilatorios de la defensa.
También se refutó la opinión de Caneca respecto a que el caso era "cosa juzgada", ya que la propia Suprema Corte de Justicia había resuelto que se instruyera un juicio penal a Bordaberry, aun cuando se había procedido a realizar un juicio político a nivel parlamentario.
El pronunciamiento del Tribunal de Apelaciones también desestima el fallo de la jueza respecto a que los delitos de Bordaberry pudieran haber prescripto, entre otras razones porque no se han indagado los crímenes denunciados, entre los que se incluyen delitos de homicidio y desaparición forzada.
"En ese marco, dado los hechos objeto de denuncia y la nula instrucción cumplida, la Sala carece de elementos para determinar si en el supuesto de existir responsabilidad penal corresponde o no la elevación del término de prescripción en un tercio, según dispone el art. 123 del C.P. (Código Penal)", señala la resolución.
Roger Rodríguez
La República
14/03/06
Bordaberry afirmaba en 1975 que en el Uruguay no había presos políticos
Facsímil de la carta.
El dictador Juan María Bordaberry negaba en 1975 que hubiera detenidos en las cárceles de la dictadura por su posición política, señalaba que Uruguay era en ese momento "un Estado de Derecho" en el que la Justicia era independiente y mientras torturaban a los detenidos señalaba que no se mantenían presos "por el solo hecho de discrepar políticamente con la autoridad". El documento al que accedió LA REPUBLICA forma parte de la respuesta del ex dictador a un grupo de familiares carmelitanos de detenidos por la dictadura militar, y a cuya copia accedió LA REPUBLICA gracias al cuidado del original que uno de estos familiares realizó de la respuesta de Bordaberry.
Mientras cientos de ciudadanos eran detenidos todos los días, los conceptos del dictador fueron vertidos en una carta firmada de puño y letra que a fines de diciembre de 1975 envió como respuesta a un grupo de familiares de detenidos políticos que, preocupados por el destino de éstos, envió al entonces presidente Juan María Bordaberry pidiéndole el beneficio de la gracia para su liberación.
Ya hacía dos largos años que los militares habían dado el golpe de Estado. A esa altura la guerrilla había sido formalmente derrotada pero sin embargo, Bordaberry seguía hablando de sedición: "Es notorio que las personas a que ustedes hacen referencia están detenidas a disposición de la Justicia competente o detenidas por ésta, no por discrepar políticamente con la autoridad sino por haber cometido delitos previstos en las normas jurídicas vigentes o por encontrarse presuntamente incursos en los mismos", aseguró Bordaberry en la carta que le respondió a familiares de detenidos, muchos de ellos dos y tres años antes, a escasos días de terminar 1975. "La reiterada afirmación de la existencia de detenidos calificados como políticos, trasciende al exterior, daña al país y alimenta campañas internacionales contra él".
Bordaberry acepta en la carta que tiene facultades para interceder para lograr la libertad de los inocentes detenidos en el cuartel de Colonia primero donde sufrieron torturas de todo tipo- y pasados luego al Penal de Libertad, pero señala que no piensa utilizar este instrumento porque los peligrosos sediciosos por los que pedían los familiares, según el dictador, "se trata de un tipo de delincuencia que no puede presumirse se termine con la concesión de la libertad por una gracia especial; por el contrario", y agrega que "los liberados han vuelto a su actividad de inmediato", y recuerda que "buena parte de los sediciosos que cumplen su condena y reciben la libertad vuelven a su actividad delictiva".
La carta reclama la liberación de decenas de jóvenes carmelitanos que habían sido detenidos por pertenecer a agrupaciones del Frente Amplio y que en ese entonces militaban en los gremios estudiantiles de secundaria o en los comités de base de Carmelo. Según el libro La Resistencia, de Hugo Cores, Carmelo fue una de las ciudades del interior en donde fueron detenidas y torturadas más personas por los militares, basándose en un sistema de información que contó con la colaboración de civiles que les acercaban listas de sediciosos, término en el que incluían a todo aquel que no tuviera su certificado de pertenencia a la derecha más reaccionaria de los partidos tradicionales.
La carta
Lo que sigue es la carta de Bordaberry enviada a los familiares:
"Montevideo, 29 de diciembre de 1975
De mi mayor consideración:
Acuso recibo de la nota remitida por ustedes con fecha diciembre de 1975, en representación además de otros ciudadanos, y relativa a la eventual gracia especial para personas detenidas por sedición.
Debo en primer término rechazar la afirmación de que se encuentre detenida en establecimientos militares de reclusión persona alguna por causa de actividad política. Lamentablemente tal calificación, aplicada a los delitos cometidos por la sedición, hace un enorme daño al país por cuanto parece indicar la existencia de ciudadanos privados de su libertad por el solo hecho de discrepar políticamente con la autoridad. Es notorio que esto no es así, que las personas a que ustedes hacen referencia están detenidas a disposición de la Justicia competente o detenidas por ésta, no por discrepar políticamente con la autoridad sino por haber cometido delitos previstos en las normas jurídicas vigentes o por encontrarse presuntamente incursos en los mismos. Sin embargo, la reiterada afirmación de la existencia de detenidos calificados como políticos, trasciende al exterior, daña al país y alimenta campañas internacionales contra él.
En segundo lugar, debo expresar a ustedes que el Presidente de la República no tiene facultad por sí para decretar la gracia a favor de ninguna persona que esté condenada por la Justicia competente o a su disposición por encontrarse acusada por un delito. Nuestro país afortunadamente continúa siendo un Estado de Derecho, donde la Justicia es independiente y donde pese a la conmoción que la acción sediciosa causó en su organización jurídica y social, se han mantenido plenamente los principios jurídicos y morales que regulan tradicionalmente la convivencia social de los uruguayos.
El Presidente de la República no tiene facultades para conceder una gracia, por la misma razón que no tendría facultades para disponer arbitrariamente la detención de nadie.
Existe sí la posibilidad de que una ley especial conceda gracia a las personas por las cuales ustedes se interesan. Pero desgraciadamente esta posibilidad, que comprendo aliente en los espíritus de ustedes estimulada por sentimientos que no tiene por qué tener la perspectiva general que los gobernantes tienen obligación de tener, se enfrenta con antecedentes muy negativos como para que el Poder Ejecutivo pueda tener una iniciativa al respecto. Es notorio que el movimiento sedicioso responde a una orientación de carácter internacional, estando conectado con distintos movimientos de igual índole que actúan en otros países. Se trata de un tipo de delincuencia que por esa razón no puede presumirse se termine con la concesión de la libertad por una gracia especial; por el contrario los lugares donde ella se ha concedido, en Chile bajo el Gobierno de Allende y en la Argentina bajo el Gobierno de Cámpora, demuestran que los liberados han vuelto a su actividad de inmediato y, lo que es peor, aún, fueron responsables de crímenes como del asesinato del doctor. Pérez Zujovic en Chile o el de otras personas de notoriedad en la Argentina. La propia vigencia de la actividad subversiva en otros países ofrece pues al liberado la posibilidad de volver a ocupar una posición en la actividad sediciosa y conlleva para los gobernantes que concretaran esa libertad de inmensa responsabilidad por las consecuencias de la actividad futura de los liberados. No se trata ya de la responsabilidad de los gobernantes frente a su propia conciencia sino frente al resto de los ciudadanos que pueden ser luego amenazados o directamente dañados por la actividad de los liberados.
Nuestras propia experiencia es negativa en ese sentido y aún afortunadamente en escala menor, es notorio que buena parte de los sediciosos que cumplen su condena y reciben la libertad vuelven a su actividad delictiva.
Reitero mi comprensión hacia los sentimientos que abrigan ustedes y los demás firmantes de la petición y como persona nada me haría más feliz que poder hacer lugar a los que alientan en corazones de madres y padres, esposas y esposos, hijos e hijas, hermanas y hermanos, como seguramente alentarían en mí si estuviera en su lugar; como gobernante mi obligación es otra y confío puedan ustedes, pese a esos naturales y legítimos sentimientos, comprender que ése es mi deber.
Abrigo a mi vez la esperanza de que el esfuerzo de todos los orientales por transformar a su país impulsándolo en la senda del desarrollo, de la paz y de la justicia permita que cuando a esos hombres les llegue el momento de reintegrarse a la sociedad adviertan la magnitud de su error y engrosen las filas de un pueblo pacífico.
Saludo a ustedes muy atentamente. *
JUAN MARIA BORDABERRY".
La República
24/04/06
Pedro Bordaberry denunció presiones sobre la Justicia en el caso de su padre
El ex ministro de Turismo y ex candidato a la Intendencia Municipal de Montevideo por el Partido Colorado, Pedro Bordaberry, consideró que existen "presiones" desde distintos ámbitos para que la Justicia procese a su padre, el ex presidente Juan María Bordaberry por el delito de "atentado a la Constitución".
En una carta publicada en el semanario Búsqueda, Bordaberry hijo, uno de los futuros candidatos presidenciales del Partido Colorado, señaló que la jueza que recientemente asumió el caso de las denuncias contra su padre, Graciela Gatti, "lo hace con el nada agradable antecedente de que los dos jueces que intervinieron en él antes y fallaron en forma favorable a mi padre, han sufrido consecuencias: uno fue degradado y la otra sumariada". Bordaberry recuerda los casos de los jueces Pedro Hackenbruch y Fanny Canessa. En el caso de Hackenbruch dijo que "fue sancionado, en los hechos, sacándole del fuero penal y pasándolo al laboral".
Sobre Canessa, recordó que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió iniciar un sumario administrativo tras la decisión del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er. Turno de revocar el archivo de la causa resuelto por la magistrada.
Asimismo, Bordaberry hace notar el cambio que se produjo en la SCJ que, "en 1986, en plena democracia, rechazó una denuncia por atentado a la Constitución, disponiendo su clausura y archivo y casi veinte años después se vuelve a plantear la misma denuncia y ahora se rehabilitó lo que anteriormente había clausurado". Sobre las presiones a los jueces dijo que "un senador y un diputado vociferen en la prensa que la Justicia debe procesar sin más en este caso".
La República
24/04/06
A 33 años del golpe de Estado de 1973, aún impune, se celebrarán hoy actos en su repudio
Imagen de la resistencia en los días posteriores al golpe de junio de 1973.
La deuda que mantiene la Justicia uruguaya con la sociedad por los crímenes de la dictadura se mantiene impune a los 33 años del golpe de Estado. Aquel 27 de junio de 1973, cuando el ex dictador Juan María Bordaberry, con cuya firma se dictó el decreto de disolución de las Cámaras, será recordado con la renovada vigencia del reclamo de verdad y justicia.
En el plano de la Justicia los avances han sido particularmente lentos, pese a que se estrecha el cerco a varios de los responsables de los crímenes. Al procesamiento del canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco, se agregó en las últimas semanas el principio del fin de la impunidad de los dictadores Juan María Bordaberry y "Goyo" Alvarez.
Desde hace 11 días, Bordaberry está siendo investigado por la Justicia acusado de atentar contra la Constitución. En su comparecencia en sede penal trató de justificar el golpe de Estado, como "la mejor forma de defender al país ante el inevitable avance de las Fuerzas Armadas", según indicaron fuentes presenciales de la inesperada audiencia desarrollada el pasado viernes 16 de junio, cuando el dictador fue citado por la jueza penal de 7º Turno, Graciela Gatti.
Es la primera vez que el ex presidente devenido por decisión propia en dictador declaró por esta denuncia, que data del año 2002.
Por esta causa, la Fiscalía solicitó se agregue al expediente lo que hay en los demás juzgados con fecha posterior a la iniciación de este presumario, a saber, las denuncias presentadas ante los jueces, Gloria Merialdo (9º Turno Penal) y Sergio Torres (3º Turno Penal). La doctora Merialdo actúa en el expediente del "2º vuelo"; el doctor Torres investiga los asesinatos de Horacio Ramos y Hugo de los Santos.
Los abogados denunciantes Hebe Martínez Burlé y Walter De León presentaron, el 9 de junio, un escrito de 40 páginas con documentación sobre delitos de lesa humanidad, que no sólo incriminan al ex presidente de la dictadura por atentado a la Constitución, sino también por desaparición forzada de personas. Esta documentación, según los abogados, también prueba la existencia y la participación de los altos mandos tanto militares como civiles en el Plan Cóndor.
Además está abierto el expediente que investiga los asesinatos de Héctor Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini, Rosario Barredo y William Whitelaw, y la desaparición forzada de Manuel Liberoff. Por esta causa actúa el juez Penal de 11º Turno, el doctor Roberto Timbal, e involucra igualmente a su entonces canciller, Juan Carlos Blanco, luego de que el Tribunal de Apelaciones y la Suprema Corte de Justicia rechazara la resolución de la anterior magistrada en el caso, la doctora Fanny Canessa, por su fallo que determinaba que el crimen había prescrito y que era cosa juzgada.
El juez federal argentino Daniel Rafecas, que investiga estos mismos asesinatos en el vecino país, anunció hace un mes y medio, que podría llegar a pedir la extradición de Juan María Bordaberry y del canciller Juan Carlos Blanco.
La República
27/06/06
La hora de Juan María Bordaberry
Comienza la instrucción de la causa en la que el ex dictador puede ser procesado por "ataque a la Constitución" y por los delitos que generó su ruptura institucional. En el Juzgado Penal de 7º Turno se sucederán esta semana los testimonios del teniente general Enrique Bonelli, los de los ex comandantes Angel Bertolotti y Tabaré Daners, del procesado Gilberto Vázquez, del ex asesor presidencial Ramela Regules, de las víctimas Javier Miranda, Alicia Sabatel y Estela Reyes, y se recibirá ampliación de las investigaciones periodísticas de LA REPUBLICA. Bordaberry podría ser encarcelado antes de fin de año.
La jueza letrada penal de 7º turno, Graciela Gatti Santana, abrirá este lunes una etapa testimonial en la causa que por "atentado a la Constitución" y coautoría de múltiples delitos de lesa humanidad se instruye contra el ex dictador Juan María Bordaberry.
El su despacho de la calle Misiones, la magistrada inicia una etapa decisiva en la causa por la que Bordaberry podría ser encarcelado antes de fin de año debido al decreto 464/973 por el que disolvió el Parlamento el 27 de junio de 1973 y por los crímenes que en consecuencia pudo cometer la dictadura.
Gatti Santana recibirá explicaciones de los tres comandantes en jefe que firmaron los informes de las fuerzas armadas sobre los desaparecidos, interrogará al procesado ex coronel Gilberto Vázquez, y recibirá testimonios de víctimas, familiares de desaparecidos y periodistas.
Bordaberry fue denunciado por los abogados Hebe Martínez Burlé y Walter de León, quienes en su fundamentación sostienen que Bordaberry debe ser juzgado como "reo de lesa nación" y procesado por múltiples crímenes de la dictadura y el crecimiento de la deuda externa uruguaya en su gobierno.
La denuncia
Los denunciantes recuerdan que en las elecciones de 1971 Bordaberry había sido electo presidente constitucional y asumió funciones el 1º de marzo de 1972, pero terminó dando un golpe de Estado el 27 de junio y se convirtió en presidente de facto hasta ser destituido el 12 de junio de 1976.
Un prueba clave es el propio decreto 464/973 por el que Bordabery disolvió el Parlamento y creó un Consejo de Estado que debía cumplir funciones de la Asamblea General y "controlar la gestión de Poder Ejecutivo relacionada con el respeto a los derechos individuales de la persona humana...".
Los decretos, afirman, "atentaron contra la Constitución, cambiaron la forma de gobierno, de vida, de sentimientos y crearon tragedias y sufrimientos a toda la población (...) y aunque (...) Bordaberry fue destituido, continuaron las dolorosas consecuencias hasta la reconstrucción institucional, en 1985".
Para Martínez Burlé y De León, "el golpe fue encabezado por Bordaberry, luego, tres años más tarde, lo continuaron los propios militares", por lo que el ex dictador también habría participado como autor o coautor de otros delitos ocurridos como consecuencia de la represión del Plan Cóndor.
El proceso
La denuncia contra Bordaberry había sido presentada el 19 de noviembre de 2002 ante la Suprema Corte de Justicia que, en un pronunciamiento histórico, consideró que el dictador debía ser encausado en un Juzgado penal aunque no se le había sometido al constitucional "juicio político".
A lo largo de tres años la causa sufrió diversos enlentecimientos procesales debido a recursos presentados por el abogado defensor, Gastón Chaves, hasta que el expediente derivó al Juzgado Penal de 7º Turno, entonces a cargo del juez Pedro Hackenbruch, quien terminó por excusarse de actuar.
El caso derivó entonces a la jueza penal Fanny Canessa, quien luego de negarse a citar a Bordaberry terminó por clausurar las actuaciones el 23 de diciembre de 2004. La Fiscalía apeló en febrero de 2005 y la defensa pidió la prescripción. Canessa terminó por declarar que el caso era "cosa juzgada".
Recién en marzo de 2006 el proceso continuó cuando el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er Turno, integrado por los ministros Bernadette Minvielle, Eduardo Borges y José Bonavota, resolvieron que Bordaberry debía ser juzgado por "atentado a la Constitución" y también por los otros delitos.
Los comandantes
Desde que la jueza Gatti tomó el expediente sobre Bordaberry, la causa comenzó una nueva etapa, con el aporte de nuevas pruebas, documentos y testimonios, en particular, frente a las implicancias de la ubicación de los restos de los desaparecidos Ubagesner Chaves Sosa y Fernando Miranda.
Chaves Sosa y Miranda fueron secuestrados y asesinados en 1974, cuando Bordaberry mantenía el poder. Por eso citó para el martes 3 a los comandantes en jefe de las fuerzas armadas quienes firmaron los informes oficiales sobre desaparecidos que permitieron la búsqueda de esos restos.
El comandante de la Fuerza Aérea, brigadier general Enrique Bonelli, se constituye en una pieza clave en la medida en que en su informe se dio la certeza del paradero de los restos de Chaves Sosa en una chacra de Pando, donde aún no fue encontrado el también desaparecido José Arpino Vega.
También son trascendentes las declaraciones que puedan hacer los ex comandantes del Ejército, teniente general (r) Angel Bertolotti, y de la Armada, vicealmirante (r) Tabaré Daners, quienes en sus informes reconocieron la existencia de un aparato represivo que operó desde el golpe de Estado.
Testigo de cargo
Otro testimonio fundamental surgirá el miércoles 4, cuando el ex coronel (r) en estado de reforma Gilberto Vázquez sea trasladado al juzgado de Misiones desde la Cárcel Central donde se encuentra procesado junto a otros ocho militares por "asociación para delinquir" y "privación de libertad".
Gilberto Vázquez fue un represor que actuó desde la declaración del Estado de Guerra en 1972, durante el golpe de Estado y aún después de la caída de Bordaberry, como miembro del Servicio de Información y Defensa (SID) y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA)
Vázquez, quien desde su inicial detención administrativa para su extradición a la Argentina y particularmente luego de protagonizar una breve fuga se constituyó en un operador mediático, tendrá ahora una nueva oportunidad de revelar datos reales y aún falsos de lo ocurrido durante la dictadura.
En anteriores presentaciones judiciales y mediáticas, Gilberto Vázquez llegó a denunciar al ex presidente Julio María Sanguinetti como autor intelectual de la llamada "Operación Zanahoria" por la que los desaparecidos habrían sido desenterrados y cremados antes de la reinstitucionalización de 1985.
Más testimonios
La agenda de testigos solicitados por los denunciantes incluye para este lunes 2, a las 17 horas, la presencia del abogado Javier Miranda, miembros de la organización de Familiares de Desaparecidos e hijo del escribano Fernando Miranda, cuyo cuerpo fue recuperado del Batallón 13 de Infantería.
Este lunes, desde las 14 horas, la jueza Gatti Santana recibirá una ampliación testimonial sobre las investigaciones que sobre varios casos vinculados a las violaciones a los derechos humanos en los años del régimen de facto, se ha venido realizado desde LA REPUBLICA.
El miércoles 4, la magistrada también recibirá el testimonio del ex asesor presidencial de Jorge Batlle, Carlos Ramela Regules, quien en su condición de ex miembro de la Comisión para la Paz ya ha aportado datos reservados en otras causas relacionadas con delitos de lesa humanidad.
Finalmente, el jueves 5 de octubre, asistirán a la sede penal dos víctimas de la represión como Alicia Sabatel y Estela Reyes, quienes sufrieron la desaparición de Washington Barrios en Buenos Aires y el asesinato de su esposa en Montevideo en noviembre de 1974.
La República
01/10/06
Leer: Proceso de Bordaberry II
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