Facsímil de la escritura de la casona de Millán realizada por la escribana Luisa Puig esposa del mayor de Caballería Carlos A. Warschum Khun.
Facsímil del Registro de la Propiedad Inmueble de Argentina donde se confirma que la Base de Coronel Díaz la adquirió la Sociedad Osgra SRL, fachada de la SIDE. 
Facsímil del plano de la casona de Millán 4269 comprada con el dinero de Orletti, donde desapareció el maestro Julio Castro. El lugar donde ahora existe la cooperativa de viviendas de Cutcsa fue escriturado por la esposa de un agente de Inteligencia. En Buenos Aires, además de la base de la calle Coronel Díaz 2079, al menos dos inmuebles robados se constituyeron en "ratoneras" de la dictadura.
Las fuerzas de las dictaduras uruguaya y argentina que operaron en el "pozo" Automotores Orletti en 1976, destinaron parte de ocho millones de dólares que le quitaron a uruguayos exiliados en Buenos Aires a la instalación de nuevas bases represivas en donde desaparecieron personas.
En operativos coordinados entre las dictaduras militares de ambos países, entre junio y octubre de aquel año, los represores "recuperaron" ocho de diez millones de dólares que los grupos que en 1975 constituyeron el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) habían obtenido en un secuestro de 1974.
En la investigación periodística publicada por LA REPUBLICA el pasado 1º de junio, cuando se cumplieron 30 años desde la inauguración del centro clandestino de represión Automotores Orletti, se adelantaron detalles del destino que aquellas patotas de represores dieron al dinero conseguido.
Nuevas fuentes de información confirman ahora que La Casona de la calle Millán donde desapareció el maestro Julio Castro fue efectivamente adquirida con aquel dinero, en una compra ficta escriturada por la esposa de un miembro de los servicios de Inteligencia.
La instalación de una base también fue parte del destino de la cuota parte de dinero que se quedaron los represores argentinos, cuyo gobierno decidió entonces instalar la base de la calle Coronel Díaz 2079 de Buenos Aires, cuyo origen, denunciado por LA REPUBLICA, promete detonar un escándalo.
Inmuebles capturados
A aquel importante monto de dinero se debe sumar lo que los represores obtuvieron con la venta de locales, casas y apartamentos que aquellos uruguayos opositores a la dictadura habían comprado en Buenos Aires para instalar comercios, locales de reunión o sus propios domicilios.
Con el dinero del secuestro del empresario Federico Hart en marzo de 1974, los miembros de la Federación Anarquista del Uruguay (FAU), la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE) y la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR 33) habían adquirido varios inmuebles.
Entre ellos, se puede mencionar el local de una carpintería en H. de Almería 719, en la localidad provincial de El Tropezón (donde fue secuestrado el bancario Ary Cabrera, hoy desaparecido) y el apartamento en la calle Manzanares 2331 (donde fue secuestrado el sindicalista Gerardo Gatti).
En los testimonios realizados por Pilar Nores Campodónico, colaboradora de los represores tras su detención con Gatti, cuenta que "entregó" una serie de locales que habían adquirido: un apartamento en la calle Grecia, otro en la calle Arcos y otro en la calle Ecuador.
Nores fue obligada a vender ese inmueble de la calle Ecuador a sus propios captores. "Una tarde fui con dos argentinos de la banda a una escribanía y firmamos un documento de venta. Ni siquiera me quedó claro si el escribano estaba al tanto de la clase de "negocio" que se estaba haciendo...", dijo.
Un destino similar pudieron tener algunos de los otros inmuebles que el PVP había adquirido en Argentina: un taller mecánico con casa en San Justo, un local en Patagones 299 (Villa Dominico), un apartamento en French 443 y otro sobre la calle Suecia.
"Ratonera" de represión
Ana Inés Quadros, quien trabajaba en el sector de masas junto a León Duarte, aclaró a LA REPUBLICA que ese grupo del PVP tenía una política distinta sobre los inmuebles, ya que prefería alquilarlos con un pago adelantado de un año como garantía, antes de comprarlos.
Quadros recuerda que vivía en un apartamento arrendado en la calle Díaz Vélez y Duarte lo asía en otro sobre la calle San Juan. El sector dirigido por Duarte sólo compró dos inmuebles: una casa en el barrio La Floresta y el departamento de Ensenada, donde fue secuestrada Elba Rama.
La sobreviviente de Orletti, hoy docente, aclaró expresamente que ella no llegó a "vender" ninguno de aquellos locales. "Estando en Orletti fui muy torturada, mis condiciones físicas, las heridas, moretones etc. no me daban ni siquiera para poder caminar por mí misma", recuerda.
"Incluso cuando me llevaron al avión (del primer vuelo de Orletti) me subieron en andas", explica Quadros, quien subraya que "hasta el día de hoy reivindico mi actitud de resistencia que evidentemente me costó mucho sufrimiento pero pude conservar mis límites en cuanto a qué hacía y decía".
Al menos dos de los inmuebles en los que fueron detenidos uruguayos en Buenos Aires terminarían transformándose en sendas bases de operaciones de los propios represores: la casa de Juana de Azurduy 3163, de la que desapareció Simón Riquelo, y un apartamento en la calle Murature.
La existencia de una base de represión en Juana de Azurduy fue reconocida años atrás por ex agentes de la SIDE argentina, quienes señalaron ese lugar y un apartamento en la calle Amenabar como centros operativos en un informe publicado por la web Servicio Privado de Información (Seprin).
Dos bases para matar
"Si a un niño le dan dinero compra una pelota, una niña compra una muñeca, y un represor es lógico que tienda a instalar una base de operaciones", reflexionó un ex represor uruguayo que se contactó con LA REPUBLICA luego de leer la investigación publicada el pasado jueves.
El informante local aceptó que una de las "inversiones" realizadas por la "patota de la OCOA" luego de traer a Uruguay los millones de dólares quitados a las víctimas de Automotores Orletti, fue la adquisición de la llamada Casona de Millán, ubicada en Millán 4269 casi Loreto Gomensoro.
El lugar, donde actualmente se encuentra la Cooperativa de Viviendas de Empleados y Obreros de la Empresa Cutcsa, aún mantiene las rejas del frente de aquel tétrico centro de represión donde desapareció el maestro y periodista Julio Castro y el militante Ricardo Blanco.
La Casona fue comprada el 31 de marzo de 1977 bajo el nombre falso de Virginio Pomato, en una escritura realizada por la escribana Luisa Puig Robaina de Warschum, esposa del entonces mayor de caballería Carlos A. Warschum Khun, miembro de los servicios de inteligencia de la dictadura.
También los represores argentinos, por orden del dictador Jorge Videla, terminaron instalando con el dinero de Orletti la principal base de operaciones clandestina con la que en la actualidad cuentan los servicios de inteligencia del gobierno del presidente Néstor Kirchner.
La Base de Coronel Díaz 2079, ya estaba integrada a la historia de los escándalos de espionaje en Argentina, al ser el lugar donde se hizo la polémica "investigación" del Caso AMIA, el lugar de escuchas telefónicas ordenadas judicialmente y donde hoy se analiza el tema "tres fronteras".
Los documentos a los que accedió LA REPUBLICA abren una nueva línea de indagación para confirmar si alguna de aquellas propiedades robadas a las víctimas de Orletti no terminaron también en manos de las firmas Osgra Srl. o Tiumayu SA, sociedades de fachada para las inversiones de la SIDE.
Roger Rodriguez
La República
04/06/06
Las fuerzas de las dictaduras uruguaya y argentina que operaron en el "pozo" Automotores Orletti en 1976, destinaron parte de ocho millones de dólares que le quitaron a uruguayos exiliados en Buenos Aires a la instalación de nuevas bases represivas en donde desaparecieron personas.
En operativos coordinados entre las dictaduras militares de ambos países, entre junio y octubre de aquel año, los represores "recuperaron" ocho de diez millones de dólares que los grupos que en 1975 constituyeron el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) habían obtenido en un secuestro de 1974.
En la investigación periodística publicada por LA REPUBLICA el pasado 1º de junio, cuando se cumplieron 30 años desde la inauguración del centro clandestino de represión Automotores Orletti, se adelantaron detalles del destino que aquellas patotas de represores dieron al dinero conseguido.
Nuevas fuentes de información confirman ahora que La Casona de la calle Millán donde desapareció el maestro Julio Castro fue efectivamente adquirida con aquel dinero, en una compra ficta escriturada por la esposa de un miembro de los servicios de Inteligencia.
La instalación de una base también fue parte del destino de la cuota parte de dinero que se quedaron los represores argentinos, cuyo gobierno decidió entonces instalar la base de la calle Coronel Díaz 2079 de Buenos Aires, cuyo origen, denunciado por LA REPUBLICA, promete detonar un escándalo.
Inmuebles capturados
A aquel importante monto de dinero se debe sumar lo que los represores obtuvieron con la venta de locales, casas y apartamentos que aquellos uruguayos opositores a la dictadura habían comprado en Buenos Aires para instalar comercios, locales de reunión o sus propios domicilios.
Con el dinero del secuestro del empresario Federico Hart en marzo de 1974, los miembros de la Federación Anarquista del Uruguay (FAU), la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE) y la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR 33) habían adquirido varios inmuebles.
Entre ellos, se puede mencionar el local de una carpintería en H. de Almería 719, en la localidad provincial de El Tropezón (donde fue secuestrado el bancario Ary Cabrera, hoy desaparecido) y el apartamento en la calle Manzanares 2331 (donde fue secuestrado el sindicalista Gerardo Gatti).
En los testimonios realizados por Pilar Nores Campodónico, colaboradora de los represores tras su detención con Gatti, cuenta que "entregó" una serie de locales que habían adquirido: un apartamento en la calle Grecia, otro en la calle Arcos y otro en la calle Ecuador.
Nores fue obligada a vender ese inmueble de la calle Ecuador a sus propios captores. "Una tarde fui con dos argentinos de la banda a una escribanía y firmamos un documento de venta. Ni siquiera me quedó claro si el escribano estaba al tanto de la clase de "negocio" que se estaba haciendo...", dijo.
Un destino similar pudieron tener algunos de los otros inmuebles que el PVP había adquirido en Argentina: un taller mecánico con casa en San Justo, un local en Patagones 299 (Villa Dominico), un apartamento en French 443 y otro sobre la calle Suecia.
"Ratonera" de represión
Ana Inés Quadros, quien trabajaba en el sector de masas junto a León Duarte, aclaró a LA REPUBLICA que ese grupo del PVP tenía una política distinta sobre los inmuebles, ya que prefería alquilarlos con un pago adelantado de un año como garantía, antes de comprarlos.
Quadros recuerda que vivía en un apartamento arrendado en la calle Díaz Vélez y Duarte lo asía en otro sobre la calle San Juan. El sector dirigido por Duarte sólo compró dos inmuebles: una casa en el barrio La Floresta y el departamento de Ensenada, donde fue secuestrada Elba Rama.
La sobreviviente de Orletti, hoy docente, aclaró expresamente que ella no llegó a "vender" ninguno de aquellos locales. "Estando en Orletti fui muy torturada, mis condiciones físicas, las heridas, moretones etc. no me daban ni siquiera para poder caminar por mí misma", recuerda.
"Incluso cuando me llevaron al avión (del primer vuelo de Orletti) me subieron en andas", explica Quadros, quien subraya que "hasta el día de hoy reivindico mi actitud de resistencia que evidentemente me costó mucho sufrimiento pero pude conservar mis límites en cuanto a qué hacía y decía".
Al menos dos de los inmuebles en los que fueron detenidos uruguayos en Buenos Aires terminarían transformándose en sendas bases de operaciones de los propios represores: la casa de Juana de Azurduy 3163, de la que desapareció Simón Riquelo, y un apartamento en la calle Murature.
La existencia de una base de represión en Juana de Azurduy fue reconocida años atrás por ex agentes de la SIDE argentina, quienes señalaron ese lugar y un apartamento en la calle Amenabar como centros operativos en un informe publicado por la web Servicio Privado de Información (Seprin).
Dos bases para matar
"Si a un niño le dan dinero compra una pelota, una niña compra una muñeca, y un represor es lógico que tienda a instalar una base de operaciones", reflexionó un ex represor uruguayo que se contactó con LA REPUBLICA luego de leer la investigación publicada el pasado jueves.
El informante local aceptó que una de las "inversiones" realizadas por la "patota de la OCOA" luego de traer a Uruguay los millones de dólares quitados a las víctimas de Automotores Orletti, fue la adquisición de la llamada Casona de Millán, ubicada en Millán 4269 casi Loreto Gomensoro.
El lugar, donde actualmente se encuentra la Cooperativa de Viviendas de Empleados y Obreros de la Empresa Cutcsa, aún mantiene las rejas del frente de aquel tétrico centro de represión donde desapareció el maestro y periodista Julio Castro y el militante Ricardo Blanco.
La Casona fue comprada el 31 de marzo de 1977 bajo el nombre falso de Virginio Pomato, en una escritura realizada por la escribana Luisa Puig Robaina de Warschum, esposa del entonces mayor de caballería Carlos A. Warschum Khun, miembro de los servicios de inteligencia de la dictadura.
También los represores argentinos, por orden del dictador Jorge Videla, terminaron instalando con el dinero de Orletti la principal base de operaciones clandestina con la que en la actualidad cuentan los servicios de inteligencia del gobierno del presidente Néstor Kirchner.
La Base de Coronel Díaz 2079, ya estaba integrada a la historia de los escándalos de espionaje en Argentina, al ser el lugar donde se hizo la polémica "investigación" del Caso AMIA, el lugar de escuchas telefónicas ordenadas judicialmente y donde hoy se analiza el tema "tres fronteras".
Los documentos a los que accedió LA REPUBLICA abren una nueva línea de indagación para confirmar si alguna de aquellas propiedades robadas a las víctimas de Orletti no terminaron también en manos de las firmas Osgra Srl. o Tiumayu SA, sociedades de fachada para las inversiones de la SIDE.
Roger Rodriguez
La República
04/06/06
Ver también:
Gravedad de denuncia periodística impone exhaustiva investigación"
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