II -Antecedentes históricos del sistema político.

Una de las características específicas del Uruguay fue la temprana instalación de un sistema político pluralista, con un sistema electoral que permitía la renovación regular de sus figuras públicas, una participación universal (incluido analfabetos) masculina desde 1916 y femenina desde 1934. A esto se suma una rotación cierta de los partidos en el Gobierno (aunque los colorados lo controlaron de forma casi monopólica desde 1865 hasta 1958), lo que arroja una cultura democrática atípica entre los países en desarrollo, que sucumbiría por primera vez luego de prolongada resistencia (G. Rama, 1987).

El proyecto modernizador e industrial – democrático.
Desde la colonia, nuestra economía estuvo vinculada a un sistema de tipo mercantilista. Aún bajo el "dominio honorario" del Imperio Británico al cual nuestro país se asoció hacia 1870, la base de la economía nacional fue de tipo "extractiva", donde el interior rural-ganadero marcaría fuertes contrastes con el puerto-capital. Aquí se consolidarían tres órdenes económicos: el nuevo empresariado rural de tipo capitalista y productor de lanas, los estancieros-caudillos propiamente extractivos y productores de carne, y los comerciantes vinculados al puerto.
En ese marco, el Estado durante todo el Siglo XIX se puede caracterizar como muy débil. Ello iba de la mano con una identidad nacional muy difusa. Así tiene lugar el desarrollo de los partidos blanco y colorado, participantes de numerosos enfrentamientos hasta el año 1904 donde el Estado y el Partido Colorado –gobernante- pasaban a detentar el monopolio de la violencia pública. Por entonces empezaban a definirse los perfiles de simpatías: los colorados con mayor presencia en la capital y adhesiones de los sectores comerciales de origen europeo, en los inmigrantes (fundamentalmente italianos) y entre los pequeños agricultores; los blancos con mayor presencia en el medio rural y específicamente con amplio apoyo entre los ganaderos.
Ante la ausencia de un Estado fuerte, el siglo pasado fue testigo del surgimiento de numerosas experiencias asociativas ya sea de base comunitaria (inmigrantes) o sindical. También los grupos superiores se fueron organizando dando origen a la Asociación Rural, la Bolsa de Comercio, grupos bancarios, etc. En todos estos casos, una de las características de la cultura política del país fue la ausencia de los integrantes de la burguesía en el sistema político. No sería hasta el Gobierno de Bordaberry que éstos se integraran al aparato del Estado. Hasta entonces constituirían grupos de presión que influirían en la toma de decisiones del Estado.
Sobre principios de este siglo se fue generando el proyecto innovador. Algunas de las condiciones previas para que éste pudiera afirmarse fueron: el agotamiento precoz de la modernización ganadera (recordemos el alambramiento de los campos) articulada con el dominio inglés, la transformación de una burguesía agraria emprendedora, y la crisis del esquema político tradicional (G. Rama, 1987). Esto último tuvo lugar en 1904 con la muerte de Aparicio Saravia, y la posterior desarticulación del sistema de reparto de departamentos que no respondían al Estado, sino al caudillo partidario.
Recién entonces estaban dadas las condiciones para emprender tres décadas de transformaciones que irían a fundamentar la creación del Uruguay moderno.
En materia económica las principales transformaciones tuvieron lugar entre 1911 y 1915: creación de un sistema bancario nacional, con funciones monopólicas en la emisión, hipotecas y seguros; creación de empresas públicas en diferentes actividades: puertos, electricidad, ferrocarriles, pesca, química, y más adelante (1932) refinación de petróleo y teléfonos. En ese marco fueron generándose discursos fuertemente progresistas, donde el Estado tenía un rol fundamental en la distribución de la riqueza, y donde no faltaban citas y referencias hacia el socialismo, y el bienestar obrero.
El proceso de modernización termina robusteciéndose con otros acontecimientos: el proceso de secularización, que se centra en la separación entre Iglesia y Estado; pioneras legislaciones liberales en política familiar (Ley de Divorcios de 1907); y en definitiva, un espectro de políticas reformistas como gratuidad de la enseñanza media y universitaria; legislación laboral protectora (Ley de 8 horas de 1915; día semanal de descanso de 1920; obligación patronal de tomar medidas preventivas contra accidentes de trabajo de 1914; salario mínimo para trabajadores rurales de 1923, etc.). En materia de seguridad social se comprendió la pensión de vejez para indigentes (1919); reorganización de caja de jubilaciones para empleados públicos (1904), creación de caja para empleados de servicios públicos (1919), empleados bancarios (1925) y empleados de la industria y el comercio (1928), etc. Todos estos cambios progresivos tendrían lógicamente su repercusión en la más equilibrada estratificación social de la región. Aún así, y más allá de los éxitos indudables en los diferentes campos, hay cierto concenso en señalar el mantenimiento de statu quo en la estructura minifundio – latifundio, manteniéndose además la baja productividad por hectárea en el medio rural.
A todo esto, Batlle quiso sumar a su proyecto de transformación, cambios en el sistema de gobierno que permitieran privilegiar un sistema de dominación de tipo carismático a uno de tipo antiautoritario, por medio de un organismo colegiado. Un organismo de este tipo, además, según la concepción modernizante obligaría a los Partidos a adecuar sus estructuras sin hacerlas depender de figuras y liderazgos individuales.
En el plano social, se habla de una "estatización de la sociedad" (G. Rama, 1987), que tuvo lugar conforme se privilegiaba la integración democrática, que luego reforzará la identidad de la sociedad uruguaya. Posteriormente cuando la sociedad devenga hiperintegrada y el Estado carente de proyecto de desarrollo, la imagen será la inversa. Sin embargo esta tesis ha sido cuestionada por numerosos historiados, quienes releyendo la historia de estos años, han logrado posicionar en sus justos términos a una sociedad civil que nunca dejó de carecer de fuerza. Valga en tal sentido, citar el rol de los sindicatos anarquistas y cristianos de principios de siglo, como agentes particularmente importantes para la reivindicación de numerosas leyes aprobadas por el parlamento (Zubillaga y Cayota, 1988; Zubillaga, 1989).
Este período signado por el proyecto innovador tendrá un revés con la crisis del 29. En términos generales, esta crisis provocó en A.L. la crisis del sistema oligárquico de dominación. Para el Uruguay redundará en crisis institucional (dictadura de Terra en 1933) y la irrupción luego de un nuevo estilo de desarrollo, esta vez basado en la sustitución de importaciones.
El Golpe de 1933 fue liderado por Gabriel Terra, electo por el Batllismo y aliado en su nueva aventura con los colorados riveristas y a la mayoría del Partido Nacional, liderada por el notorio conservador Luis Alberto de Herrera. Ambas tendencias, entonces, se caracterizaban sin dudas, por ser fieles representantes de la alta oligarquía nacional. Las orientaciones económicas, tendientes a privilegiar la ganadería exportadora, vuelve a recordarnos el esquema del Dominio Honorario Británico. La oposición estaba conformada por el futuro Partido Nacional Independiente, por el batllismo, por la Unión Cívica y los socialistas. Desde la sociedad civil no irrumpieron revueltas, lo que evidencia la debilidad de la misma, a pesar de los matices ya sugeridos. La dictadura (o "dictablanda" como se le llamó popularmente por la ausencia de represión masiva) duró hasta 1938, legitimada por una nueva Constitución Presidencialista (1934). En 1938 asume la presidencia el Gral. Baldomir quien inicia una apertura que dará lugar a elecciones libres en 1942.
Luego de una caída en la economía en los años que van de 1930 a 1944, se emprende nuevamente una expansión que genera un "decenio glorioso" entre 1945 y 1955, con un crecimiento anual del 8.5%. Son años en que los dirigentes catalogarán al Uruguay como "Suiza de América", "a la vanguardia del mundo en materia social", etc. El neo-batllismo, en este marco lanza otra serie de políticas de bienestar social, lideradas esta vez por los Consejos de Salarios de 1943 (Finch, 1989). Este espacio histórico ha sido denominado por Rama, "proyecto democrático – industrializador". En efecto, la industrialización fue dominante en este período histórico. La concepción del desarrollo giraba en torno al papel de la Industria y del Estado. Evidentemente se cometerían los mismos errores que en el resto de A.L. en cuánto al modelo sustitutivo. A su vez, nuevamente estos momentos históricos irían de la mano con un mayor nivel de conflicto entre los intereses rurales y los industriales.
En el plano social, se rescata un reforzamiento de la sociedad civil, y una vigorosa movilidad social que despertó una numerosa clase media.
En lo político el Partido Colorado se organizó en torno al liderazgo de Luis Batlle Berres, a la vez que el Partido Nacional robustecería sus perfiles conservadores.

Sociedad hiperintegrada y crisis.
Como se dijo, el modelo sustitutivo cometió errores que fueron manifestándose en la economía desde fines de los cincuenta. Al inicio esta crisis se hace sentir menos pues se echó mano al capital preexistente, a las reservas monetarias, y al endeudamiento. Incluso la inflación producida por la presión de los grupos sociales dio al principio una imagen de dinamismo. No obstante ello se empezó a sentir las consecuencias de las transferencias del sector ganadero al urbano, lo que unido a la caída de los precios de la lana luego de finalizada la guerra con Corea, irían a afectar la relación gobierno – ganaderos.
Se crea así en 1951 la Liga Federal de Acción Ruralista de tendencia conservadora, liderada por Benito Nardone. En definitiva, el crecimiento de este grupo le daría la victoria por fín al Partido Nacional en 1958, donde al ruralismo le cupo la mitad de los puestos de la mayoría del Consejo Nacional de Gobierno.
En el plano social, la sociedad civil pasa a invadir el Estado, por medio de crecientes demandas y reivindicaciones particularistas. En el plano económico, el triunfo del Partido Nacional en 1958, traería cambios. En el primer período de Gobierno (1959-63) comienza un traslado de riquezas hacia el sector agrario y una desarticulación de los mecanismos intervencionistas del Estado. La influencia de Nardone se hizo sentir en las políticas económicas, lideradas entonces por el Ministro de Hacienda, Juan Eduardo Azzini, para quien la "vieja mentalidad de oligarquía capitalina, nunca comprendió que primero estaba el sector agropecuario". Estudios posteriores confirmarían sin embargo, que a pesar de las políticas económicas impuestas en su momento (fundamentalmente la Ley de Reforma Monetaria y Cambiaria de Diciembre de 1959), la alianza herrero-ruralista no pudo revertir claramente la transferencia de recursos del medio rural al urbano. Las elecciones de 1962, vuelven a dar la victoria al Partido Nacional, pero esta vez a una nueva mayoría, integrada por la UBD y el herrerismo ortodoxo, liderado por Eduardo V. Haedo. Acabado el modelo neobatllista, y fracasado su alternativa ruralista, el perfil de este segundo gobierno nacionalista, que predicaba fundamentalmente limitaciones al intervencionismo estatal, pasó por el intento de buscar fórmulas técnicas que permitieran al país salir de la crisis. Se rescata, en ese marco, la necesidad de contar con instrumentos de planificación en el plano socio-económico, lo que llevaría a la constitución de una Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE), fuertemente inspirada en los planteos Cepalinos de la época. Sus principales contribuciones, sin embargo, no pudieron nunca llevarse a la práctica.
Por lo demás, en el plano político, se afirmaron tendencias en el bipartidismo que incidirían en la posterior crisis del sistema:

A.-mayor fraccionalización al interior de los partidos

B.-se exacerbó la política de clientelismo

C.-se abusó del pasaje de políticos de segundo rango a funciones públicas

D.-polarización a la interna de los partidos

E.-instalación de grupos económicos en esferas estatales

El primer punto es de enorme interés. Fíjese el lector, el dinamismo de las fracciones al interior de los partidos tradicionales. En el Partido Nacional, luego de la muerte de Herrera, el herrerismo se quiebra en dos alas: una más ligada el ruralismo, liderada por Martín Etchegoyen, y la otra, conocida como herrerismo ortodoxo, liderada como se dijo, por Eduardo V. Haedo. Este sector, a su vez, se alió para las elecciones de 1962 con la única intención de detener a "Chico-Tazo". La alianza electoral se realizó con la Unión Blanca Democrática (UBD), fundada en 1956, por tres vertientes nacionalistas: el Movimiento Popular Nacionalista (MPN), "Reconstrucción Blanca" y Partido Nacional Independiente. El triunfo de 1962 fue para los liderados por Daniel Fernández Crespo, conocidos como la ubedoxia. La muerte de Fernández Crespo, sin embargo, vuelve a facilitar los desgarramientos: el MPN se alía con los herrero-ruralistas en la "Alianza Nacionalista"; en tanto los nacionalistas independientes y "Reforma Blanca" se unen al Movimiento de Rocha (fundado en 1964) integrando el "Movimiento Reforma y Desarrollo".
En el Partido Colorado, por su lado, a la tradicional divergencias entre las listas 14 y 15, se sumaron interesantes movimientos políticos. En 1958 concurrieron tres listas batllistas: el quincismo (Manuel Rodríguez Correa); el catorcismo (Cesar Batlle Pacheco); y la minoritaria lista 16. Fuera del lema se presentaron algunos terristas, reunidos al amparo de la Unión Demócrata Reformista. Para 1962 se logran rearticular los sectores riveristas, terristas, baldomiristas y blancoacevedistas; pero surge el sublema "Por el Gobierno del Pueblo", provisto de dirigentes de la 15 (Michelini, Batalla, Lanza) y de la 14 (Renán Rodríguez, Enrique Martínez Moreno). La 14, por su lado, conformaría la "Unión Colorada y Batllista". Tras la muerte de Batlle Berres, sin embargo, vuelven a sucederse nuevos recortes. Jorge Batlle logra "ganar la interna" del sector y funda "Unidad y Reforma". Los disidentes se reunirán en torno a la "315". Así se llega a 1966 con cinco fórmulas presidenciales: la que se impuso (Oscar Gestido y Pacheco); seguida de Batlle-Lacarte Muró; Vasconcellos-R.Rodríguez; Michelini-Lanza; y la lista encabezada por Justino Jiménez de Aréchaga, de poca significación.
A esto se sumaron crisis en las dimensiones de la identidad de las clases medias, obreros e intelectuales, que se expresaron en la radicalización del movimiento estudiantil y la gravitación del mov. sindical; la ampliación de bases de los partidos marxistas; la transformación progresista de la Unión Cívica en PDC; y la posterior creación del Frente Amplio, etc.
En efecto, los años sesenta también marcaron importantes hitos en los partidos menores: cívicos, socialistas y comunistas. La Unión Cívica, empieza a mostrar signos de decadencia en lo programático, lo que motivara el surgimiento de jóvenes demócrata cristianos y un "Movimiento Social Cristiano" que levantarían banderas progresistas en lo socio-económico, inspirados en el éxito de otras democracias cristianas en Europa y América, fundamentalmente el caso chileno. El complicado proceso de gestación del PDC, tiene importantes avances en los años 1963, 64 y 65. En este último, se integra el citado Movimiento Social Cristiano, y se alejan figuras conservadoras vinculadas a la vieja dirección de la UC. Estos disidentes, junto al senador Flores, fundan el "Movimiento Cívico Cristiano", que en disputa electoral con el PDC sólo cosecharían 4.230 votos. Por su lado, la dupla Gelsi Bidart-Chiarino, conseguiría 37.219 votos. Por su lado, el Partido Socialista, que venía de una polémica interna entre una concepción más social-demócrata de Frugoni, con otra más ideologizada, concreta con otras fuerzas acuerdos electorales que dan origen a la Unión Popular, de escaso impacto electoral. Mientras tanto el Partido Comunista, conforma sus propias alianzas, fundando el Frente Izquierda de Liberación (Fidel) que lograría más de 40 mil votos en las elecciones de 1962, y casi 70.000 en 1966.
En este marco las elecciones de 1966, en medio de un bipartidismo fragmentado, volvían a proponer nuevas vías de solución a la crisis. Se plebiscitaría entonces una Reforma Constitucional por la cual se vuelve a un régimen presidencialista para darle mayor ejecutividad al gobierno. El otro cambio fue la elevación por parte de los partidos tradicionales de figuras alejadas de la cara demagógica y clientelística de la política. Gestido ganaría entonces las elecciones, pero con su fallecimiento, asume un prácticamente desconocido Sr. Pacheco Areco, quien accede a la postulación después de haberse negado Michelini, Luisi y Lacarte Muró. El ex director de "El Día", inauguraría así un nuevo período crucial para nuestra historia política.
El Gobierno de Pacheco aplica en lo económico un modelo de intervencionismo estabilizador, transfiriendo ingresos de los salarios al capital, unido a políticas antiinflacionarias que no pudieron modificar el estancamiento. Aquí el sistema político se volvió a mostrar inoperante. A duras penas se llega a las elecciones de 1971 donde se polarizan las posiciones e intervinieron de diversa forma, los actores sociales. Esto se dio en medio de un panorama anómico, de desagregación social, con irrupción de la violencia. No es raro ni fortuito entonces, que los tupamaros integraran sus filas con un perfil que sintetiza claramente la crisis de integración entre quienes habían conformado el eje social del modelo mesocrático batllista).
En lo concerniente al sistema político, merece especial atención a nuestros efectos, el pasaje a un cuadro de "pluralismo limitado", o sistema de dos partidos y medio: nos estamos refiriendo sin duda al origen de un Frente Amplio que logra terciar en el panorama electoral. Esta coalición empieza a manifestarse como una opción real luego del llamado que hace el PDC en Junio de 1968 a adelantar las elecciones de acuerdo con las normas constitucionales; y a conformar un frente de partidos y fracciones opuestos a la orientación política, social y económica del gobierno (Zubillaga y Pérez, 1983). En Febrero de 1971 se constituye entonces el FA con la participación de la democracia cristiana, la 99, el Movimiento Blanco Popular y Progresista, el Fidel, el Partido Comunista, los socialistas, el movimiento socialista, y la lista 58 del Partido Nacional.
Luego de las elecciones del 71, que son ganadas por el continuismo pachequista, en este caso, a través de la presidencia de Bordaberry, se procesan duros años que manifiestan una alta polarización política, y un fuerte enfrentamiento entre los poderes legislativos y ejecutivo; lo que termina con la disolución de las Cámaras el 27 de Junio de 1973. Se llega así, en una apretada síntesis, al golpe de Estado. Luego le sucede la restauración democrática. Aquí sobresale, por fín, la discusión sobre cómo el sistema político y el sistema de gobierno pudieron haber influído en la caída de las instituciones.


Leer: La importancia de las estructuras políticas en la Democracia uruguaya.