Golpe de Estado - Di Candia (IV)

Bordaberry: el Estado de Derecho no debe confundirse con la democracia

Los primeros artículos del decreto del Poder Ejecutivo que dio comienzo a once años de gobierno de facto, disolvieron las Cámaras de Senadores y Diputados y crearon un Consejo de Estado con el cual se pretendió suplir las funciones de Asamblea General: debía controlar la gestión del Ejecutivo en lo referente al respeto de los derechos individuales y elaborar finalmente un proyecto de Reforma Constitucional. El tercero, que dio la vuelta al mundo y hasta fue calificado como una humorada, prohibió a toda la prensa calificar como tal a la dictadura, que había establecido los dos primeros artículos amenazando a quienes directa o indirectamente atribuyeran estos propósitos al Presidente de la República. Por un curioso resabio democrático, Bordaberry no vacilaba en erigirse dictador pero trataba de impedir que se lo considerara de esa manera. El 27 de junio y como consecuencia de esas medidas, renunciaron el ministro de Educación y Cultura José María Robaina Anzó, el de Industria Jorge Presno, el de Obras Públicas Angel Servetti, el de Salud Pública Pablo Purriel y el Director de Planeamiento Ricardo Zerbino. Ese mismo día la CNT puso en práctica lo que ya tenía planificado desde tiempo atrás: una huelga general con ocupación de lugares de trabajo, la que fue acompañada por el estudiantado y contó con el apoyo del Partido Nacional y del Frente Amplio. El 9 de julio a las cinco de la tarde tuvo lugar por la avenida 18 de julio una multitudinaria marcha callejera de oposición a las determinaciones dictatoriales, que fue duramente reprimida. Hubo veintisiete heridos y cientos de detenidos, entre ellos por primera vez, el general Líber Seregni. El 11 fue levantada la huelga general por cuarenta votos de organizaciones obreras a favor, dos en contra y una abstención. En un mensaje dirigido a los trabajadores la CNT justificó esa medida diciendo: "en las presentes circunstancias la prolongación indefinida de la huelga sólo llevaría a desgastar nuestras fuerzas". En los días inmediatos fue disuelta la CNT, se solicitó la captura de sus dirigentes, se detuvo a algunos legisladores y fueron clausurados varios medios de prensa.

Para tener en cuenta el mapa político- ideológico de la opinión pública nacional luego de comenzado el gobierno de hecho, habría que recordar que la Unión Nacional Reeleccionista, integrante del Partido Colorado, apoyó a Bordaberry e incluso el presidente saliente Jorge Pacheco Areco, en ese momento embajador en España, le envió un hábil telegrama lo suficientemente ambiguo como para no levantar rispideces pero adhiriéndose a las medidas tomadas. El otro grupo mayoritario del Partido Colorado, Unidad y Reforma lista 15, liderado por el doctor Jorge Batlle se opuso al proceso pero no adoptó una actitud militante. En el Partido Nacional, quienes habían acompañado a la candidatura presidencial del general Mario Aguerrondo también apoyaron a Bordaberry, mientras los grupos Por la Patria y Movimiento de Rocha, claramente mayoritarios se manifestaron enconadamente en contra y la misma actitud asumió el Frente Amplio. Incluso estos tres últimos grupos hicieron público el 5 de julio un documento conjunto llamado Bases para la salida a la actual situación en el que se volvió a insistirse con la renuncia del presidente y el establecimiento de un gobierno provisional para luego llamar a elecciones. Sin embargo, nada podría ya ser cambiado. El mismo día del golpe de Estado el Presidente de la República pronunció un discurso transmitido en cadena en el cual dijo: "Afirmo hoy una vez más y en circunstancias trascendentes para la vida del país, nuestra profunda convicción democrática y nuestra adhesión sin reticencias al sistema de organización política y social que rige la convivencia de los uruguayos. Y va con ello entonces el rechazo a toda ideología de origen marxista que intente medrar con nuestras dificultades, que intente aprovecharse de la generosidad de nuestra democracia para presentarse como doctrina salvadora y terminar como instrumento de opresión totalitaria. Este paso que hemos tenido que dar no conduce y no va a limitar las libertades ni los derechos de la persona humana. Para ello y para su vigilancia estamos nosotros mismos; para eso además hemos cometido esas funciones al Consejo de Estado y más allá, aún por encima de todo ello, está el pueblo uruguayo que nunca dejó avasallar sus libertades"

Más allá de las palabras, una elemental precisión histórica que no se puede pasar por alto: el Consejo de Estado, el cual según Bordaberry debía velar por los derechos de la persona humana, recién fue creado el 13 de diciembre, seis meses después. Su primer presidente fue el ex senador nacionalista, doctor Martín Echegoyen. Tuvo una integración trabajosa y por tratarse de un órgano político demandó negociaciones y acuerdos. El propio Bordaberry pensó en algún momento que el vicepresidente electo Jorge Sapelli, era la persona indicada para presidirlo y le ofreció el cargo a lo que aquél se negó. Esto promovió un intercambio de cartas cuyas fotocopias fueron entregadas a este periodista por el hijo de Sapelli, en las que ambos integrantes del Ejecutivo juzgaron mutuamente sus actitudes con profunda severidad. "Sin participación alguna en los sucesos últimamente vividos" - dice la enviada por el vicepresidente fechada el 28 de julio- "ahora como en cualquier momento en aras de la imprescindible pacificación nacional, estoy dispuesto a colaborar con el país hasta el límite de mi capacidad y mis energías para su normal encauzamiento institucional y jurídico, pero con el libre pronunciamiento y actitud de los partidos políticos, esencia de la democracia, de obrar con el mismo espíritu y en idéntico sentido". El 1o de agosto, Bordaberry le envió su respuesta en tres carillas. En algunos de sus fragmentos substanciales expresó: "Sí, ha jurado usted por su honor como yo, guardar y defender la Constitución de la República. La diferencia radica en que mi sentido del deber y de cumplimiento del juramento prestado me impidió presenciar impávido cómo el desprestigio de las instituciones por la acción de malos políticos y su utilización por los enemigos de la Patria enquistados hipócritamente en ellas, iban a terminar con las bases mismas de nuestra organización política y social. (...) No ha tenido usted, es cierto, participación alguna en los sucesos últimos. Me cuidé bien de que así fuera para evitarle la violencia que eso le significaría y usted me lo agradeció. En cambio su preocupación por remarcar ese hecho no lo sitúa a usted favorablemente para presidir el Consejo de Estado. No hemos cometido ningún delito, señor Vicepresidente; estamos salvando la Patria y para ayudarnos en nuestro empeño, hay que estar convencido de ello, como lo está el pueblo uruguayo".

Ajuntándose estas nota como ya se ha dicho, al propósito de encarar los treinta años del Golpe de Estado del 73, haciendo más hincapié en sus fundamentos filosóficos, ideológicos y políticos que en la sucesión de hechos que lo jalonaron, resulta de fundamental importancia recabar la interpretación dada a aquellos sucesos por dos figuras de relevancia: Julio María Sanguinetti y el propio ex Presidente Bordaberry.

En una entrevista llevada a cabo en 1996 por el periodista Alfonso Lessa para su excepcional libro Estado de Guerra, quien fuera ministro del gobierno de Bordaberry y posteriormente dos veces Presidente de la República, dio una explicación del Golpe de Estado basada en una serie de hechos que se fueron encadenando. "En primer lugar" - dijo- "la culminación de una crisis general de la situación económica y social del país; un país que desde el año 56 empieza a no crecer y entonces comienza a buscar caminos. (...) Un segundo factor era una situación política muy apasionada, muy enfrentada, muy confrontada. (...) Un tercer ingrediente muy claro era el sindicalismo. Nosotros vivimos un sindicalismo realmente reivindicativo, de resistencia, que mantenía al país en vilo; era la huelga permanente, el conflicto constante. (...) En cuarto lugar teníamos también un clima intelectual de confrontación. La Universidad, los medios intelectuales habían desarrollado una teoría general de revolución, es decir la machacona convicción hacia vastos sectores del país de que no había ninguna solución que no fuera por la vía violenta. (...) Toda la izquierda hablaba de la democracia burguesa como de un fenómeno a extinguir. (...) No hay ninguna duda de que hubo una corriente intelectual que desmoralizó, desprestigió y despreció la democracia política. (...) En quinto lugar, tenemos el fenómeno de la violencia. Cuando en ese contexto general del que estamos hablando - de elevada confrontación, de cierto descontento social, de un desacuerdo confrontativo entre todos los actores aparece el fenómeno de la violencia, el país se ve sacudido por una situación que no conocía. (...) Y una causa incidental fueron los Tupamaros. Yo no caigo en el simplismo de decir que el golpe es de exclusiva responsabilidad de los Tupamaros, pero no hay ninguna duda que sin Tupamaros, el Ejército no salía a la calle y no quedaba en la posición en que quedó ubicado para dar el golpe".

Juan María Bordaberry, principal protagonista de aquellos sucesos, comparte algunos de los puntos mencionados por Sanguinetti, pero agrega otros que los políticos de la época nunca admitieron: ateniéndose a sus opiniones, el naipe de las culpas y las responsabilidades del acceso de las Fuerzas Armadas al poder, comenzó a repartirse el 9 de febrero de 1973. En este momento, la actitud del Ejército, la Fuerza Aérea y parte de la Armada desobedeciendo la medida adoptada por el Poder Ejecutivo, al designar al general Antonio Francese ministro de Defensa Nacional, vulneró a la democracia partitocrática. Nadie reaccionó en ese momento, afirmó el entonces Primer Mandatario, porque nadie tenía ya capacidad para reaccionar. Simplemente, por la razón de los hechos, el poder había sido transferido de los partidos políticos a las Fuerzas Armadas. Al desacatar estas una orden del Poder Ejecutivo sin que pasara nada a nivel político, los partidos acabaron aceptando el cambio de roles. Si esto lo hicieron deliberadamente para ganar tiempo y buscar salidas legales o para mantener sus puestos aunque fuera pegaditos mínimamente, es una discusión que nunca se dio y seguramente tampoco se dará. Cuatro meses y medio después de ese pregolpe, la situación era otra, al punto que algunas fuerzas de izquierda como el Partido Comunista y la CNT, que habían brindado un apoyo esperanzado al movimiento de febrero, en junio fueron las primeras en sufrir persecuciones, torturas, destierros y prisiones.

Bordaberry tampoco se ha manifestado partidario de creer que el caso del frustrado desafuero del senador Enrique Erro, señalado por los analistas políticos como el detonante del golpe de junio, haya sido tan fundamental. Parece desmentirlo el hecho de que el propio decreto de disolución de las cámaras traiga a colación el ejemplo de Erro, pero él piensa que aquellos hechos no se debieron a una persecución personal sino que tuvieron causas que venían de más lejos y eran más amplias y profundas. Siempre se ha mantenido convencido que con el desafuero de Erro o sin él, el golpe se habría producido igual porque se había llegado a un punto sin retorno. En un reportaje publicado por el diario El Observador en noviembre de 1992 que lleva la firma del periodista Alfonso Lessa, ante la pregunta ¿Cómo evalúa el golpe de Estado de 1973 casi dos décadas después de concretado? Bordaberry respondió:

-Antes que nada me gustaría hacer algunas precisiones y una de ellas es acerca de la misma expresión Golpe de Estado. Esta es una expresión exitosa, sin duda, pero no es neutra, no califica objetivamente porque al mismo tiempo que pone el rótulo, condena. Por eso yo no la puedo aceptar porque no fue el Estado uruguayo el que resultó alterado por el decreto del 27 de junio de 1973, fue la institución política representativa de la democracia liberal, el Parlamento y con él la idea de la representación a través de los partidos como única manifestación posible de la voluntad popular. También me parece erróneo y creo que es oportuno aclararlo antes de contestar la pregunta el concepto según el cual al caer la institución parlamentaria cae el Estado de Derecho en lo que se llama un régimen de facto. En junio del 73 se trataba justamente de salvar el Estado de Derecho agredido. Esa pretensión de asimilar la vigencia de la democracia con la vigencia del derecho es históricamente inaceptable, porque querría decir que antes de existir los sistemas democráticos del siglo XX no habría derecho.

-¿Pero no cree que el Parlamento era un elemento esencial en el Estado de Derecho?

-No para la vigencia del Derecho. El Parlamento se disolvió pero la vigencia del derecho se mantuvo. Lo que no continuó fue la institución política parlamentaria democrática.

-¿Pero puede haber Estado de Derecho cuando no rige uno de los tres poderes esenciales como el Legislativo?

-Usted sigue confundiendo el Estado de Derecho con la democracia y por eso vale la pena aclararlo más. En este tiempo y particularmente después de la salida del régimen propiamente militar, desde el 76 al 85, se difundió la idea de que lo que define a la democracia es le plena vigencia de los derechos individuales. Eso es lo que se ha llamado democracia como forma de vida. (...) La democracia no es eso, es un sistema político. Y cuando yo hablo de democracia me refiero al sistema político, al parlamentarismo, a los partidos, a la idea de representación, al concepto de delegación periódica de la facultad de gobernar, a la forma política del pensamiento liberal. La democracia con esto ha pretendido apropiarse de instituciones que son del derecho natural. Y se ha colocado a sí misma como si fuera un hecho natural y no lo es; es lo opuesto a lo natural, es una lucubración de la razón, es una ficción elaborada por el hombre".

El ex Presidente Bordaberry nunca ha sido un hombre fácil para las entrevistas, ya ha sido dicho. Pero en las pocas que ha otorgado, ha ampliado más las razones que lo impulsaron a sugerir a las Fuerzas Armadas la toma absoluta del poder. Quien promovió la reunión del 22 de junio ya detallada, para plantear frontalmente la disolución de las cámaras en los días inmediatos, juzgó según sus propias expresiones que eso era imprescindible para librar al Estado de presiones demagógicas de los partidos políticos y eliminar de una buena vez a las pretensiones marxistas. Sin unificar el poder público que se encontraba atomizado entre partidos, fracciones partidarias, sindicatos politizados, grupos de interés y grupos de presión- son sus textuales palabras- no se podía hacer nada. Para eso hubo que liquidar el Parlamento, eliminar a la CNT, intervenir la Universidad en manos izquierdistas y declarar ilegales a los partidos marxistas. Bordaberry no solamente creyó y sigue creyendo que el golpe debió llevarse a cabo necesariamente, sino que hoy piensa que sus medidas debieron haberse profundizado, como se lo propuso a las Fuerzas Armadas en junio del 76, cuando estas las rechazaron y le retiraron su confianza. "La autoridad no es sinónimo de arbitrariedad" (...)- ha declarado- "Lo que hizo el Estado fue defenderse de la violencia subversiva por medio de la fuerza legítima. Lo opuesto a la autoridad no es la arbitrariedad ni la injusticia sino la anarquía, es decir desorden, confusión, flaqueza de la autoridad pública". Más adelante, en el mismo reportaje de Alfonso Lessa, afirmó: "Creo que el 27 de junio de 1973 fue la culminación de un proceso muy largo de deterioro del país, iniciado a partir de la Constitución del 52 que se desarrolló en tres líneas: en lo político, con la falta de autoridad propia del sistema democrático liberal, y por la demagogia de los partidos; en lo económico, por grandes dificultades en este terreno, pero por la propia imposibilidad del sistema político para superarlas (...) y por último, medrando con esos factores, la acción de la izquierda en campos muy extensos de la vida nacional. Paros, huelgas injustificadas o no, daños a la economía y con ello a las personas fueron minando más aún las posibilidades del gobernar y la fe en los gobernados. Generaciones de jóvenes se formaron en centros de enseñanza con profesores que inculcaban marxismo".

Además de todo lo antedicho, hubo factores vinculados a la política regional y a la presión de Estados Unidos que muchos analistas políticos sospecharon habían tenido que ver en la decisión de Bordaberry y los militares que dieron el golpe. Es cierto que todavía se vivían los coletazos de la Guerra Fría y que en países vecinos como Brasil y Bolivia, controlaban el poder grupos militares de extrema derecha. No es menos cierto que en la misma semana en que se desarrolló la crisis institucional uruguaya, se produjo un intento de derrocamiento del presidente socialista chileno Salvador Allende. De cualquier manera no está probado que los Estados Unidos hayan prohijado o impulsado entre bambalinas el golpe en nuestro país, aunque nadie puede dudar que lo miraron con ojos complacidos. Todavía es temprano para que los documentos secretos puedan ser estudiados y hasta ese momento seguirá la discusión.

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