El pasado martes 9, el comandante en jefe del Ejército, el teniente general Ángel Bertolotti, le entregó al coronel Miguel Dalmao la réplica de la espada fabricada y obsequiada por la provincia de Córdoba al general José Artigas, convirtiéndolo así en general. La ceremonia se produjo en el Comando del Ejército y en ella participaron la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, y el subsecretario José Bayardi.
El ascenso del coronel Dalmao fue promovido por el presidente Tabaré Vázquez a pesar de que el militar del arma de Comunicaciones está acusado de violar los derechos humanos durante la dictadura. Al iniciar su mandato, Vázquez había anunciado que respetaría el ascenso de los militares por antigüedad, y que el único impedimento para la promoción sería la presunción de que el postulado en cuestión hubiera estado implicado en violaciones a los derechos humanos.
Tal parece ser el caso de Dalmao. En nota publicada en el semanario BRECHA del 15.07.05, el periodista Walter Pernas advierte que Dalmao "deberá comparecer próximamente ante la justicia por su eventual responsabilidad penal en los hechos que determinaron la muerte, en 1974, de la militante de izquierda Nibia Sabalsagaray" (caso excluído de la Ley de Caducidad debido a la participación de al menos un civil en el crimen); ya que en la respectiva denuncia penal, aparece mencionado como uno de los oficiales que revistaba en el Batallón de Ingenieros número 5, donde fue asesinada la joven.
En el mismo sentido se expidieron los ex presos políticos Anahit Aharonián y Ruben Elías Dutra, detenidos desde el 11 de setiembre de 1973 en ese cuartel, quienes identificaron a Dalmao como uno de los oficiales que se paseaba por los calabozos "verdugueando" a la gente. Aharonián y Dutra explicaron a BRECHA que estas denuncias fueron realizadas ante el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) en 1985 y ante Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos en 2002. Señalaron que la documentación que presentaron ante Serpaj se traspapeló hace algunos años, pero que los mismos testimonios constan en los registros de los Familiares.
"Me acuerdo clarito de ese alférez, lo registré porque ofendía, molestaba, verdugueaba a los que estábamos encerrados; yo no puedo decir que me torturó porque la mayoría del tiempo estaba encapuchada, pero me acuerdo clarito de su nombre, y por eso al salir lo denuncié junto a otros de mayor grado", dijo Aharonián a BRECHA. "Dalmao hizo un curso en la Escuela de las Américas como cadete y luego se incorporó al Batallón 5. Al menos, tiene que poder contar qué pasó en 1974 con Sabalsagaray porque era uno de los que actuaba en la unidad militar", dijo a la publicación Elías Dutra, quien estuvo en ese cuartel hasta fines de 1973.
Aharonián fue trasladada del Batallón los primeros días de junio de 1974, unas semanas antes del fallecimiento de Sabalsagaray, hecho que ahora investigan el juez Rolando Vomero y la fiscal Mirtha Guianze. Sin embargo, la Comisión de Defensa del Senado aprobó la venia a Dalmao por unanimidad, aunque su presidente, Eleuterio Fernández Huidobro (MPP), fue alertado por Serpaj de que el militar aparecía mencionado en la denuncia penal en trámite.
Pernas detalla en su nota que Serpaj realizó consultas con Familiares, que poseía el testimonio de Aharonián, pero que esa organización consideró que no había elementos contundentes para acusar a Dalmao de torturador, aunque tampoco descartó esa posibilidad. Juan Errandonea, abogado de la familia Sabalsagaray, admitió no tener elementos para acusar al militar, pero señaló que es "preocupante" el ascenso de Dalmao porque "no se ha investigado su actuación en el Batallón donde murió Nibia".
Dalmao habrá torturado o no, pero estuvo ahí cuando murió Nibia, y es muy probable que haya tenido tiempo de "verduguearla" -como hizo con Aharonián y Dutra- antes de que la asesinaran. Habrá participado en su calvario o no, pero sabe lo que pasó y no dijo nada antes ni dice nada ahora. En el mejor de los casos, es cómplice de los asesinos. Ante la duda, lo lógico hubiera sido dejar su promoción en suspenso; aclarar primero y decidir después. En los casos de violaciones a los derechos humanos, de delitos de lesa humanidad, sería lógico utilizar el mecanismo de inversión de la prueba, y -por las dudas- considerar a todos culpables hasta que se demuestre su inocencia.
El presidente Vázquez había dicho que el único impedimento para la promoción de militares, sería la "presunción" de que el postulado en cuestión hubiera estado implicado en violaciones a los derechos humanos. Ahora parece que cambió de opinión y hay que presentar "pruebas" hasta para que se comience a investigar.
Comcosur
11/08/05
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