Una triste historia de desacatos militares y vacilaciones políticas
El traspaso del poder de manos del Presidente Bordaberry a las Fuerzas Armadas no fue un acto espontáneo como pretende decirse. Fue la consecuencia de un proceso de meses y de una estrategia prefijada
A l promediar 1972, las Fuerzas Armadas pasaron de la presión más o menos disimulada sobre los órganos de gobierno constituidos, a la exposición sin ambages de una filosofía que presagiaba la inminente toma del poder por la fuerza. En julio, luego de una reunión en el Centro Militar aprobada por aclamación por sus quinientos cincuenta y un concurrentes, se dio a conocer un comunicado y a nadie escaparon sus veladas amenazas. Uno de sus fragmentos decía: "que toda acción o manifestación corporativa o individual que tienda a menoscabar u objetar maliciosamente los procedimientos de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión o lo que es lo mismo traición a la patria, constituye una complicidad embozada con los enemigos del régimen republicano democrático que la ciudadanía ha elegido y afirmado". Esto, para los buenos entendedores, quería decir varias cosas. Primero: que en las desavenencias internas de los grupos militares entre los que buscaban una tregua y los que eran partidarios del sometimiento total de la sedición (ver número anterior) se habían impuesto estos últimos. Segundo: que ni los partidos políticos, ni los gremios ni los movimientos religiosos, ni el Poder Judicial ni la prensa podían en adelante criticar el accionar de las Fuerzas Armadas bajo sospecha de incurrir en traición a la patria. De modo que todos los controles y las opiniones adversas quedaban bajo rigurosa observación. Tercero: que el poder se desplazaba lenta pero implacablemente del ámbito gubernamental al militar. Por último -y esta es la conclusión más importante de todas- que a los militares no les daba ningún escozor violar decididamente la Constitución de la República cuyo artículo 77 en su inciso 4 dice: "Los militares en actividad cualquiera sea su grado (...) deberán abstenerse bajo pena de destitución o inhabilitación de dos a diez años, de (...) ejecutar cualquier acto público o privado de carácter político, excepto el voto". Concluyendo: un año antes de la disolución de las cámaras, los militares ya habían violado groseramente la Constitución y para esto no habían necesitado ningún golpe de Estado. Si se mantenían bajo una fachada de respeto a las instituciones era para ganar tiempo o para engañar a quienes en su buena fe, preferían creer que el orden no sería quebrado. El doctor Jorge Batlle, conductor de una importante fracción del Partido Colorado que apoyaba con varios ministros el gobierno de Bordaberry fue uno de los que no calibró el peligro militar o fingió no verlo para tranquilizar a la ciudadanía. En un reportaje que le formularon el 10 de octubre dijo: " Tengo confianza en las instituciones; en el ejército la casi unanimidad de los oficiales están en la misma línea, la de hacer las grandes transformaciones del país, respetando la ley y la Constitución. Digo casi todos porque siempre hay algún loco, como existen en todas las instituciones, capaz de algo inmaduro o insensato, pero eso no es representativo de nada. Tengo la absoluta certeza de que todo se hará bien a través de un gobierno firme y prestigioso, tengo confianza en la gente, tengo la seguridad que los rumores no pasarán de eso. (...) Cada día que veo al presidente Bordaberry, tengo y hago más confianza en él".
Pese a estas declaraciones que pretendían tranquilizar, a la semana siguiente, las relaciones entre el poder civil y el militar volvieron a agravarse. Cuatro médicos acusados de pertenecer al MLN, los doctores Francisco Isern, Washington Zapata, Carlos Benavidez y Luis Felipe Díaz, fueron detenidos y los senadores Zelmar Michelini y Wilson Ferreira Aldunate denunciaron en la Cámara Alta que habían sido sometidos a torturas. La Justicia militar dispuso su libertad por falta de pruebas, pero la orden no fue obedecida por el sexto de Caballería donde estaban recluidos. El ministro de Defensa doctor Augusto Legnani dijo a la prensa que había dado la orden de que se cumpliera lo dispuesto por el juez e involucró al Presidente de la República afirmando que su resolución la había hecho "en consulta con el Primer Mandatario". A las pocas horas se reunieron los comandantes de las tres armas sin ser autorizado el ministro a participar de la discusión y resolvieron por mayoría que la orden judicial no iba a ser obedecida. Como consecuencia, renunciaron el Ministro de Defensa y el Comandante en Jefe del Ejército, General Gravina. Este nuevo y gravísimo desacato puso bien en claro hacia qué lado se inclinaba la balanza del poder. Quienes creen que el golpe de Estado se gestó el 9 de febrero, olvidan estos hechos. De nuevo salió al cruce de ellos el doctor Batlle procurando que el fuego no se propagara demasiado. "Es absurdo pensar que los militares de tradición incontestablemente civilista, vayan a quebrar su juramento de lealtad a las instituciones", contestó en una rueda de prensa. A la semana de estas declaraciones, el día de su cumpleaños, los militares (no se sabe si los locos a que hacía mención su primera declaración o simplemente cuerdos) lo condujeron preso a un cuartel a raiz de una alocución realizada en una cadena de radios y televisoras en la que se defendía de la acusación de algunos grupos uniformados acerca de la infidencia devaluatoria de 1970. (Ver Historias Coleccionables No 80 de octubre de 2001). La reacción política fue inmediata y renunciaron los tres ministros quincistas Julio María Sanguinetti (Educación y Cultura), Walter Pintos Risso (Obras Públicas) y Francisco Forteza (Economía). En cambio el Secretario de la Presidencia Luis Barrios Tassano y el Director de Planeamiento Gustavo Zerbino, ambos del mismo grupo político, permanecieron en sus cargos. Parecía obvio suponer que a ocho meses de asumido el cargo, el presidente Bordaberry se encontraba desde el punto de vista político, cada vez más solo.
Un mes más tarde, el Poder Ejecutivo pidió a la Asamblea General otra prórroga (la quinta) del estado de guerra interno y la suspensión de garantías individuales votados por primera vez el 15 de abril. En la discusión, el senador Amílcar Vasconcellos leyó un documento secreto filtrado de medios castrenses fechado un año antes el que contenía un plan de las Fuerzas Armadas para ocupar el poder. "Los mandos militares" - decía en uno de sus párrafos más comprometedores- "(...) han decidido gravitar directamente en la vida del país". Llamado el sala el nuevo Ministro de Defensa doctor Armando Malet, explicó que solamente era un borrador de estudio y que prohibir estos análisis era coartar la libertad de pensamiento. La respuesta de Vasconcellos, fue muy dura. "Esto no tiene nada que ver con la libertad de opinión. Esto es simplemente un plan de enfrentamiento al poder político". Y luego le preguntó a sus colegas. "¿El país y el Parlamento están dispuestos a dejarse llevar al matadero como corderos indefensos o por el contrario se aprestan a defender las instituciones y a luchar contra estas intenciones que se manifiestan aquí?" Era la pregunta que todos se hacían en ese momento. Pero los partidos políticos, unos por no irritar a las Fuerzas Armadas, otros por aparentar no creer en la gravedad de la situación y otros por arrimar agua para sus molinos, no compartieron la alarma de Vasconcellos ni demostraron la menor solidaridad con sus palabras. A esa altura era clarísimo que todos tiraban la pelota afuera para hacer tiempo mientras buscaban algún arreglo capaz de salvar las instituciones.
Durante el receso parlamentario no pasó gran cosa, excepto una gran campaña periodística llevada a cabo por el diario El País, denunciando gastos excesivos y corrupciones de algunos ediles utilizando los fondos de la Junta Departamental. No sólo se hablaba de dispendios en restaurantes costosos y boites (en tres de estas últimas, Zum Zum, Lancelot y Parador del Cerro se habían gastado dos millones de la época) sino que además se mencionaba la ubicación de familiares en dependencias de la Junta, los viajes al exterior y la compra de whisky, siempre con el dinero de la comunidad. Con una irresponsabilidad difícil de entender, los ediles daban pie para que las Fuerzas Armadas, convencidas de las fallas morales de la clase política, se aferraran a estos ejemplos para justificar su accionar.
Ni el calor ni el olvido de los problemas que suelen aportar de los veranos, hicieron disminuir la tensión que seguía agitando sordamente los medios políticos. Se vivía una calma peligrosa y otra vez el senador Vasconcellos se encargó de alterarla. El primero de febrero en la audición de larga trayectoria de radio Carve "Tomándole el pulso a la República", tiró una piedra que alborotó el charco hasta grados que todavía no se habían alcanzado." Nadie, salvo por cobardía, comodidad o ceguera histórica" - expresó en un mensaje cuidadosamente redactado- "tiene el derecho de ignorar que hay en marcha en nuestro Uruguay un movimiento que busca desplazar las instituciones legales para sustituirlas por la omnímoda voluntad de los que pasarían a ser integrantes de la internacional de las espadas. El pueblo tiene que saberlo, porque él y sólo él, es capaz de evitar que esta afrenta vergonzosa y ultrajante pueda ocurrir. Es ladrón quien roba los dineros del pueblo, pero también es ladrón el que roba las libertades del pueblo. (...) Que nadie se haga ilusiones: Latorre llegó y nadie se ha olvidado cómo se tuvo que ir. Los latorritos que tratan de llegar -aunque puedan lograrlo con la ayuda de cobardes y traidores- que no olviden la lección histórica".
Era natural que el mensaje de Vasconcellos se tomara como un desafío para ver cuál de las dos fuerzas, la democrática o la golpista tiraba más fuerte de la cuerda. Pero las que tenían que hacerlo para el lado de la defensa de la legalidad, prefirieron el disimulo o el intentar sacar alguna ventaja. El diario El Día ignoró totalmente lo expresado por su correligionario como si lo hubiera puesto en penitencia por su osadía. El País le dedicó un breve comentario elogioso. Marcha, en quien confiaba la izquierda más reflexiva, no se hizo eco de las declaraciones. El que lo hizo, fallando gravemente en su interpretación, fue el diario comunista El Popular : "Esto nos conduce al error garrafal del planteo de Vasconcellos a saber en los hechos la oposición dilemática entre civiles y militares. Lo dijimos muchas veces y cabe repetirlo hoy: los problemas esenciales del país, los de las libertades y la crisis económica, no se resuelven en un enfrentamiento entre civiles y militares sino en la lucha de todo el pueblo contra la oligarquía, la rosca y el fascismo (...) Lo que importa es la unión de todos los orientales honestos, civiles y militares para abordar las transformaciones". Y el diario también frenteamplista Ahora fue todavía más lejos. En su tapa se leía Libelo del senador Vasconcellos, mientras en su última página reproducía el texto completo de la alocución bajo el título El senador Vasconcellos publicó ayer una violenta diatriba contra las Fuerzas Armadas. Considerando que la palabra libelo significa escrito denigratorio y la palabra diatriba es sinónimo de insulto, para el órgano no oficial de la izquierda uruguaya, Vasconcellos le había faltado el respeto a las Fuerzas Armadas tratando de ensuciarlas. En ediciones posteriores el diario mencionado confirmó este peligroso concepto. "Las Fuerzas Armadas uruguayas -y bien se sabe que no las adulamos, que no acallamos nuestra críticas cuando corresponde formularlas- no están embarcadas en una aventura de tiranía y ambición. (...) El pueblo está a la espera de orientación y propuestas de cambio. En la elaboración de éstas, los militares jugarán un papel sin exclusivismos ni mesianismos. Mejor entonces buscar las modalidades de una participación que puede ser muy positiva". Este gruesísimo error de enfoque político fue reconocido más de diez años después, pasada ya la dictadura, por el director de Ahora Oscar Bruschera en un libro titulado Las décadas infames. También Wilson admitió pasado el tiempo que se había equivocado al votar la Ley que proclamaba el estado de guerra interno y la supresión de las garantías individuales sancionado el 15 de abril. En aquellos agitados meses que precedieron al golpe de febrero, no le resultaba fácil a los líderes políticos mantener la cabeza fría. En cambio quienes tenían su estrategia definida y sabían perfectamente para qué lado se dirigían, no vacilaban. El semanario Azul y Blanco que respondía a los generales más duros, no tuvo problemas en burlarse de las expresiones del senador Amílcar Vasconcellos. En edición inmediata a la alocución radial, su tapa estaba cubierta por un título de enormes caracteres que decía Latorritos para rato.
El dos de febrero de 1973, once meses después de asumido Bordaberry, el ambiente político nacional se mantenía en suspenso calibrando la situación. Hasta ese momento, la oposición al régimen no había avanzado más allá de los límites impuestos por las denuncias en el Parlamento, señalando malos tratos a los detenidos e incluso asesinatos cometidos por las fuerzas parapoliciales. Ahora las cosas parecían mucho más graves: un legislador se acababa de enfrentar decididamente a las Fuerzas Armadas acusándolas directamente de estar preparando un derrocamiento de las instituciones.
Naturalmente, quien primero contestó fue el que se encontraba más involucrado, es decir el propio Presidente de la República. A través de una carta de respuesta a Vasconcellos, reproducida por la prensa escrita y la cadena de radios y televisoras, Bordaberry expresó. "He afirmado una y otra vez y lo reitero en esta oportunidad, que no será con mi consentimiento que el país se apartará de su tradición democrática. Y reafirmo una vez más la voluntad de cumplir con el mandato de entregar el poder sólo a quien determine la voluntad soberana. No puedo aceptar por tanto bajo ningún concepto su afirmación en cuanto a la existencia de un movimiento que quisiera desplazar la legalidad y que contara para ellos con la pasividad y complicidad de las Fuerzas Armadas de la República. Puedo asegurar a usted que si a alguien se le ocurriera el desvarío de pensar lo contrario, el Presidente de la República y sin duda las Fuerzas Armadas leales al mismo por lo que representa, reafirmarían en los hechos la voluntad implícita en sus obligaciones de responsabilizar a todo aquél que que pretenda violentar el "hecho histórico" de la vigencia de las instituciones. Sepan pues el señor senador y quienes a raíz de sus expresiones públicas puedan tener dudas acerca de mi conducta, que para el Presidente de la República no hay más compromiso que el de la defensa de las instituciones".
A las Fuerzas Armadas, ya jugadas en una dirección que no tenía punto de retorno, estas afirmaciones de Juan María Bordaberry atribuyéndoles propósitos de defensa de las instituciones democráticas, que por cierto no tenían, no les gustaron nada. Si bien la carta había contado con la aprobación de la jerarquía militar, los generales "halcones" pensaron que la respuesta presidencial no representaba su opinión y decidieron, con el apoyo del ministro de Defensa Armando Malet, elaborar una contestación que en cierta forma fuera más allá de los dichos del propio Presidente de la República. El día seis se lo propusieron y éste obviamente dijo que no y le pidió la renuncia al ministro Malet designando el general Antonio Francese en su lugar. Las Fuerzas Armadas no retrocedieron y el mismo día el Ejército y la Fuerza Aérea (no la Armada) hicieron público el documento que el presidente Bordaberry les había vetado. Refiriéndose a Vasconcellos aquél expresaba: "Su actitud no constituye un hecho aislado y personal sino que se inscribe dentro de una concertada maniobra política que persigue entre otros fines desprestigiar a las Fuerzas Armadas ante la opinión pública y sustituir al actual Ministro de Defensa Armando Malet. Se comprende que se haya prestado como portavoz de una conjura de sectores partidarios en base a la posibilidad de ganar prestigio o caudal electoral".
Mientras el diario Acción, propiedad del doctor Jorge Batlle y portavoz de su posición política se mantenía en una actitud equidistante ante el duelo verbal de Vasconcellos y Bordaberry y lo reconocía en un editorial titulado salomónicamente Valiente planteo y valiente respuesta, toda la oposición se preocupó por archivar algunas de las expresiones de la carta del Presidente de la República ("No será con mi consentimiento que el país se apartará de su tradición democrática". (...) "Para el Presidente de la República no hay más camino que el de la legalidad") convencidos que algún día se las habrían de enrostrar. No tuvieron que esperar mucho. La oportunidad de hacerlo se planteó apenas una semana después.
Leer: 4ª Parte - 9 de febrero: Golpe de Estado ante la indiferencia general
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