Bordaberry, el presidente que no quería a los políticos (II)

El poder detrás del trono: comienza la presión de las Fuerzas Armadas

Con el fantasma de las Fuerzas Armadas detrás suyo el Presidente Bordaberry trató de capear sin lograrlo los temporales que acechaban su gobierno: inflación, crisis económica, violentismo, falta de apoyo político.


Los sucesos del 14 de abril de 1972, su secuela de doce muertos y la declaración del Estado de Guerra Interno y la suspensión de las garantías individuales, que fueron sus inmediatas consecuencias, hicieron pensar seriamente a la ciudadanía que el país se hallaba muy cerca del poder militar. El propio senador Zelmar Michelini hizo al respecto una advertencia en la Asamblea General del 15 de abril. "Lo que yo digo señor presidente, es que en el ambulatorio ha estado permanentemente el fantasma de las Fuerzas Armadas. Se ha dicho que si no se hacía tal cosa, las Fuerzas Armadas adoptarían tal actitud. En definitiva, han existido el fantasma y el cuco del golpe de Estado. Todo esto lo rechazo completamente. Cada cual en el país tiene que cargar con su responsabilidad. Los gobiernos que son tolerantes con los planteos militares terminan siendo sus prisioneros". Hubo muchos que recordaron además, en aquellos terribles momentos, que en ocasión de la elección de sus ministros, el Presidente Bordaberry había sido presionado por las Fuerzas Armadas para que no nombrara al brigadier Danilo Sena Ministro de Defensa, como eran sus deseos. De ser cierta la versión (y el señor Bordaberry se perdió la oportunidad de aclararlo al negarse a hablar para esta serie de notas) las Fuerzas Armadas ya habían empezado a sobrevolar por encima del presidente aún antes de la transmisión de mando. "Lo que puedo decirle" — expresó a este respecto el comandante en jefe de la Marina de aquellos años contralmirante Juan José Zorrilla a este periodista en marzo de 1998— "son versiones que circularon en esos momentos aunque difícilmente a mí, como comandante en jefe de la Marina podían llegarme rumores equivocados. Efectivamente parece que Bordaberry designó en un primer momento a brigadier Danilo Sena como ministro de Defensa y la noche anterior al primero de marzo, dos generales fueron a hablar con el presidente para decirle que el Ejército no aceptaba a Sena para ese cargo. A raíz de eso fue designado el general Magnani. De ser cierta la información, queda claro que ya antes de asumir Bordaberry, se estaban ejerciendo presiones contra él".

Si Bordaberry aceptó comenzar su gobierno sujeto a controles militares que obviamente se iban a incrementar a cada semana si supuso que podría superar el trance y actuar libremente o si no previó que tarde o temprano él mismo iba a ser la víctima, quien tendría que aclararlo es su propio protagonista. En aquellos meses era difícil manejar la información más allá de los rumores que llenaban las calles. Desde luego, los hechos que siguieron fueron dando ciertas pautas aclaratorias. Apoyándose en la resolución de la Asamblea General, los ministerios de Interior y Defensa Nacional promulgaron un decreto por el cual los medios de difusión no podían: a) Brindar ningún tipo de noticia sobre operaciones militares o policiales que no fueran las suministradas oficialmente. b) Difundir información acerca de actos realizados por las organizaciones subversivas y reproducir documentos o noticias relacionados con ellas. c) Emitir opiniones o juicios sobre las actuación de las Fuerzas Armadas y Policía que conspiraran contra su moral o reputación. La violación de las prohibiciones precedentes configuraba delito militar.

En ese marco absolutamente restrictivo, en el cual los medios uruguayos no podían informar y los argentinos, en especial Clarín, La Prensa y La Nación eran habitualmente requisados, se produjeron los trágicos sucesos del lunes 17 de abril, frente a la sede del Partido Comunista de la seccional 20 situado en Agraciada entre Raffo Arrosa y Valentín Gómez, al intentar las Fuerzas Conjuntas hacer una requisa en el lugar. Por supuesto, los dos bandos políticos, el oficialista y el opositor dieron acerca de ellos versiones absolutamente opuestas. El comunicado número 77 de la Oficina de Prensa de las Fuerzas Conjuntas afirmó que "... uno de los integrantes del grupo ocupante que se entregaba disparó un arma que llevaba oculta entre sus ropas, contra uno de los oficiales de las Fuerzas Conjuntas hiriéndolo gravemente en la cabeza: el tiroteo originado al ser repelido el fuego determinó que siete de ellos resultaran muertos. (...) En el interior del local una vez finalizado el procedimiento se encontraron armas de fuego". Lo que sostuvieron en voz baja los vecinos y aún los fotógrafos fue otra cosa: los militantes habían sido sacados desarmados de la sede y fusilados en plena calle. La autopsia por su parte demostró que por lo menos dos habían muerto a causa de balazos en la nuca. Para difundir estas últimas versiones, los medios interesados reprodujeron los discursos de algunos legisladores de la oposición pronunciados en las dos cámaras, cuyas palabras no podían ser censuradas. Otros líderes políticos en cambio, prefirieron la cautela. Washington Beltrán expresó: "El gobierno será fuerte ante la opinión pública si trata con la misma dureza y severidad a las fuerzas de izquierda como a las de derecha". Y Jorge Batlle que tenía ministros de su grupo en el gabinete dijo: "Como ustedes comprenderán es difícil definir una situación como ésta". Sin embargo en la discusión planteada ante la Asamblea General, hubo opiniones más incisivas como la de Wilson Ferreira Aldunate: "Quiera Dios que venga el señor Ministro de Defensa Nacional a decirnos además de lo que hoy nos expresó, que están presos y sometidos a la justicia los criminales cuyos nombres todos conocemos". Esta brevísima reseña de los hechos no quedaría completa si se omitiera decir que otro ocupante del club comunista baleado en aquella oportunidad murió a los once días elevando los muertos a ocho y que el oficial herido en la cabeza, capitán Wilfredo Busconi agonizó largamente en medio de grandes sufrimientos y falleció dos años después sin haber recuperado el conocimiento. Si a esas desgracias se suman los dos tupamaros abatidos en operativos efectuados en Soriano y Treinta y Tres, el horrible mes de abril de 1972, había terminado con veintidós muertos en enfrentamientos. Y la gravedad de los hechos cotidianos no permitía aguardar ningún alivio. Por el contrario, a la lista de condenados a muerte hecha pública por el MLN (ver Historias Coleccionables de la semana pasada) se agregaba ahora otra publicada en un comunicado titulado Advertencia y atribuido a un grupo que firmaba El auténtico pueblo oriental. Reaccionando contra el anterior, este anuncio auguraba igual destino a varias figuras de la izquierda a las que definía como cabecillas tupamaros y traidores de las Fuerzas Conjuntas. Los más notorios eran el abogado defensor de tupamaros Alejandro Artuccio, el decano de la Facultad de Medicina Pablo Carlevaro, el director de Marcha Carlos Quijano, el periodista Ernesto González Bermejo, el contador Jorge Notaro, el doctor Jorge Risi el mayor Rodolfo Rolando, el capitán de navío Walter Pérez y un magistrado cuyo nombre omitían para evitar que pasara a la clandestinidad.

La esperanza de que las semanas inmediatas aportaran un aflojamiento en las tensiones se diluyó con rapidez. El día 2 de mayo resultó asesinado probablemente por integrantes del MLN (aunque también se sostuvo que eran rapiñadores comunes) el médico Julio Federico Morató, al resistirse a ser secuestrado. El 11, el grupo sedicioso OPR 33 secuestró al industrial Hugo Molaguero. El 18, el produjo una acción contra los custodias del comandante en jefe del Ejército general Alfredo Gravina como consecuencia de la cual fueron ametrallados cuatro soldados que se hallaban dentro de un jeep. El 24 se descubrió en el kilómetro 113 de la ruta 9 un establecimiento denominado Spartacus que tenía una amplia tatucera con polígono de tiro, sistema de alarma y entrada falsa. Cuando un peón rural de nombre Pascasio Baéz ubicó casualmente esta entrada, fue capturado y ejecutado. Estos últimos crímenes terminaron de derrumbar el escaso prestigio popular que tenía en ese momento el MLN. Hasta el semanario Marcha con el estilo inconfundible de Carlos Quijano, condenó la atrocidad. "La implacable dinámica de la guerra o de la guerrilla no puede llevar a que se mate como se denuncia que se mató a Pascasio Ramón Báez. El Che no procedía así. Pero si así fue sólo corresponde una vez más condenar sin reparos un crimen que por su insensatez monstruosa, es increíble". Justo es admitir que años después los tupamaros se arrepintieron de estos hechos sangrientos e inútiles. Retomando el hilo de la reseña, el 25 de mayo el militante frenteamplista Luis Carlos Batalla fue torturado hasta morir en el cuartel de Treinta y Tres y el 27 fue descubierta en la calle Juan Paullier la llamada Cárcel del Pueblo y liberados Ulises Pereyra Reverbel y Carlos Frick Davies. Ambos llevaban más de un año presos. Para la culminación de este exitoso operativo y de muchos otros llevados a cabo en ese período, las Fuerzas Conjuntas contaron con la ayuda de dos delatores que habían pertenecido a los cuadros del MLN: Amodio Pérez y Arquímedes Píriz Budes, quienes les aportaron datos valiosísimos.

A medida que se acercaba la mitad del año 1972, en el panorama social y político, se percibían claramentos dos hechos. Primero, que el movimiento sedicioso luego de sufrir derrota tras derrota, presos sus dirigentes y sus activistas, desmantelados sus depósitos de armas y privado casi totalmente de bases operativas, se encontraba en franco retroceso. Segundo, que como consecuencia de lo anterior pero también siguiendo con una estrategia programada que iba más allá de sus triunfos militares, las Fuerzas Conjuntas tenían cada vez mayor ascendencia. Fuera de todo control, eran continuamente acusadas de muertes, robos en los allanamientos, torturas o simples humillaciones. Una denuncia muy pintoresca la formuló el diputado de Por la Patria Luis Ituño. Al regresar a su casa de madrugada, luego una reunión parlamentaria bastante agitada, su coche había sido interceptado en Yaguarón y Lima por funcionarios policiales. El exhibir a un oficial su cédula de identidad y su carné de legislador, ocurrió lo que luego detalló en la inmediata sesión de la Cámara de Representantes. "Aceptó la validez del primero y rechazó la del restante con una afirmación que yo quiero denunciar en el seno de este cuerpo. El funcionario de que se trata me dijo que el carné de legislador —le aclaré que legislador quería decir diputado porque no estoy seguro de que tuviera un concepto cabal de lo que realmente significaba— sólo le servía para limpiarse una parte de la anatomía sobre la cual supongo habitualmente se sienta y con la que imagino que también piensa, como alguna gente de este país¨. El nivel de grosería, de autoritarismo sin límites y de irrespetuosidad por parte de los denominados incontrolables que simbolizaba este episodio —multiplicado en todos los ámbitos de la actividad pública— definía claramente el rol que comenzaban a tomar el ejército y policía frente a una sociedad desprotegida y a una clase política a la cual despreciaban.

En el mes de junio, abrumado por un país que se le iba de las manos y carente de apoyo político, Bordaberry concretó un acuerdo con los grupos nacionalistas de la Alianza, que lideraba el doctor Martín Echegoyen, del Movimiento acaudillado por Alberto Heber y de la fracción del doctor Wáshington Beltrán. A raíz de eso entraron al gabinete Urraburu, Carlos Abdala y Balparda Blengio abandonando sus cargos Jorge Echevarría Leúnda, Julio Amorín Larrañaga y José Mora Otero. Haciendo hincapié en las posiciones administrativas que esas fuerzas lograban más que en los beneficios que podía traer consigo la cogobernabilidad, el senador nacionalista de la oposición Wilson Ferreira Aldunate calificó a sus colegas de partido utilizando su habitual manejo de la ironía, blancos baratos. Todo ese mes y gran parte del siguiente, se vio ocupado por los rumores de una posible tregua entre el Ejército y el MLN, cuyos detalles recién se conocieron al recuperarse la democracia. En un reportaje a Eleuterio Fernánez Huidobro publicado en el libro de Alfonso Lessa "Estado de Guerra", una suerte de Biblia imperdible del proceso dictatorial, el cabecilla tupamaro contó que fueron muchos los líderes políticos que pretendieron pactar en su momento con el MLN "porque cuando vos sos fuerte todos negocian con el sombrero en la mano". Entre ellos mencionó al Ministro de Educación del Presidente Pacheco Carlos Fleitas, al aspirante a la presidencia doctor Alberto Abdala y a Wilson Ferreira Aldunate. Sin embargo la tregua más importante tuvo lugar durante el gobierno de Bordaberry y a espaldas de éste. Según Fernández Huidobro, algunos militares separaban claramente el concepto de sedición y el de subversión. Con el primer vocablo identificaban el alzamiento terrorista de los tupamaros y en una etapa final, del aparato armado del Partido Comunista. Con el segundo, al estado de corrupción latente en algunos detentadores del poder (incluyendo a ciertos militares) y en los grupos económicos que les servían de apoyo. Al caer derrotada la sedición, las miradas se dirigieron hacia este sector. "La información" —explicó el actual senador en el reportaje mencionado— "la capturaron de los archivos del MLN y en base a ella salieron después a buscar más. (...) Acá hubo una persona muy honesta que se llamó Miguel Angel Cossini Morrison que en determinado momento fue director de la Comisión de Investigación de Ilícitos económicos del gobierno de Pacheco y juntó una cantidad enorme de material. (...) Cuando los sucesos del 14 de abril y los días posteriores, de casualidad, la policía se apoderó de esas carpetas en los archivos del MLN. Esas carpetas están desaparecidas hasta hoy". A impulsos de la publicación clandestina a mimeógrafo El Rebenque que respondía a una fracción del Ejército y cuyo primer ejemplar es del 16 de julio de 1972, pocas semanas después de la captura de las mencionadas carpetas, algunos militares salieron a investigar ya que como decía un editorial del semanario, "los intereses corruptos son mucho más poderosos que nuestros actuales enemigos". Tal como lo fue definiendo El Rebenque en ediciones sucesivas, los enemigos eran los tupamaros y los políticos pero también los militares "civilistas y entreguistas" que no atacaban la raíz de los delitos socio económicos.

A mediados de junio los generales Esteban Cristi, Jefe de la Región Militar número 1 y Gregorio Alvarez, Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Conjuntas (ESMACO) junto al coronel Ramón Trabal, Director de Inteligencia Militar, comenzaron a conversar con distintos integrantes de la jerarquía tupamara, sin que se enteraran ni el Ministro de Defensa, ni en el Presidente de la República ni los demás comandantes en jefe del Ejército. Como consecuencia de ellas, los cabecillas del MLN a la par de facilitar informaciones, se manifestaron dispuestos a trabajar junto a las Fuerzas Armadas en la concreción de distintos planes de desarrollo social y económico y a cambio de eso pidieron un mejor trato y la liberación progresiva de los militantes presos en un máximo de dos años y medio, con envíos a granjas especiales tipo kibbutz para los más duros. Miradas a la distancia todas las salidas previstas parecían golpes de voluntarismo. Incluso el traslado de quienes hasta ese momento estaban sometidos a torturas y castigos permanentes por sus crímenes para que pudieran rehabilitarse en el campo, sonaba un tanto extraña. Con el fin de facilitar las consultas entre los tupamaros presos y sus bases varios de estos —uno de ellos nada menos que Raúl Sendic— fueron dejados salir de los cuarteles bajo estricta guardia. Las gestiones, que demostraban hasta qué punto había grupos militares que actuaban con total autonomía, quedaron bloqueadas cuando Bordaberry, con el apoyo de los otros comandantes en jefe se negó radicalmente a todo tipo de negociación. Las conversaciones terminaron abruptamente y todo regresó a su estado anterior. El 25 de julio, consecuencia o no de estos hechos, el coronel Artigas Alvarez, hermano de Gregorio y Director de la Defensa Civil, fue asesinado a la salida de su casa y frente a su esposa e hijos por tupamaros disfrazados de estudiantes. En los mismos días, el detenido Carlos Alvariza moría según versión de sus familiares, al haber sido obligado a caminar con los ojos vendados por una cornisa hasta caer al vacío. A cuatro meses de su asunción, la violencia sostenida, el poder militar escondido detrás de su sillón presidencial y la terrible crisis económica en que estaba sumergido el país, hacían tambalear peligrosamente el gobierno de Juan María Bordaberry. Le quedarían todavía varios tragos amargos más.


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