Secuestros de 1970, por Di Candia - II

A las cuarenta y ocho horas de los secuestros efectuados por el MLN de Dan Mitrione y Aloysio Días Gomide, el grupo subversivo dio a conocer un nuevo comunicado planteando sus exigencias. Esta vez un llamado telefónico a la radio El Espectador, anunció que entre el espejo y la pared del gabinete higiénico femenino del bar Las Vitaminas, situado en 18 de julio y Tristán Narvaja, había sido colocado un sobre con el texto mimeografiado del comunicado número 4 de la organización terrorista, junto con dos cartas a sus familias de los dos capturados.

De acuerdo al texto, los tupamaros ratificaban su pedido anterior y exigían la libertad de los ciento cuarenta detenidos, tanto en Montevideo como en el interior, con la excepción de aquellos que prefirieran esperar el final de sus procesos y su traslado inmediato a Argelia, Perú o México.

Agregaban que el estado de salud de Pereyra Manelli era bueno y continuaba siendo interrogado, que tampoco tenía problemas Días Gomide, quien recibía medicinas para su hipertensión y que Dan Anthony Mitrione se recuperaba de su herida y era sometido a preguntas que no alteraran su estado.

La carta de este último a su familia decía: "Querida Henrietta: yo me estoy recobrando después de la herida recibida cuando me secuestraron. Por favor llama al embajador para que haga todo lo posible para liberarme lo antes posible. Yo continúo siendo intensamente interrogado sobre el programa de AID para la policía. Te envío todo mi amor para ti y los chicos.Te quiero, Dan.

La misiva del primer secretario de la embajada brasileña era un poco más larga. "Querida Aparecida: estoy bien en el sentido de que no fui golpeado ni herido. Escribo mal porque estoy sin lentes. Sé fuerte y ten fe en Dios. Dicen mis captores que quieren canjearme por colegas suyos presos. Me parece que ya transcurrieron 24 horas. No puedo escribir más porque estoy cansado y tomé diversas inyecciones en el trayecto y en el cuarto donde estoy. Prometen tratarme bien. Esperando y deseando que este asunto termine pronto envío besos para ti y los niños. (Que recen) Aloysio".

El mismo comunicado número, 4 aunque naturalmente sin las cartas, fue dejado en el buzón del domicilio del escribano Ramón Queiruga, actuario del juzgado donde desempeñaba funciones el juez letrado de Instrucción Pereyra Manelli. Era claro que por la liberación de éste, no se pedía ni rescate ni canje, lo que parecía indicar una rápida solución a su secuestro.

¿Qué opinaba la prensa extranjera? La de Brasil era la más alarmada al punto de proponer y exigir urgentes soluciones. El Jornal do Brasil recordó medidas tomadas por su gobierno en casos similares y llegó a justificar los secuestros por la situación económica en que estaba inserto nuestro país. "Debe prevalecer el espíritu humanitario que nos inspiró cuando cedimos a los terroristas brasileños para salvar al embajador estadounidense, al de la República Federal Alemana y al cónsul japonés en San Pablo. El secuestro del cónsul brasileño es apenas un nuevo episodio en la ola de violencia que se expande sobre el país vecino desde hace algún tiempo y que es principalmente un reflejo de las condiciones económicas y financieras en que se debate el pueblo uruguayo. Comprendemos que el primer deber de un gobierno colocado en la misma situación de desafío en que se encuentra el jefe del Ejecutivo uruguayo, es preservar la vida de los agentes diplomáticos a pesar de los sacrificios que le sean exigidos".

Por encima de la estrategia política del presidente Pacheco, la libertad de los 140 presos que planteaban los tupamaros como condición, tropezaba con problemas jurídicos. El Poder Ejecutivo no tenía constitucionalmente potestades y solamente hubiera podido hacerlo interpretando de un modo bastante laxo el mecanismo de las Medidas Prontas de Seguridad previstas para casos de peligro externo o conmoción interna.
Los secuestros —decían algunos juristas del oficialismo— podían ser incluidos en la última de estas hipótesis. Los poderes Legislativo y Judicial preveían salidas más acordes con las leyes vigentes.

El Parlamento podía votar una ley de amnistía para la cual se requería mayoría absoluta en ambas cámaras, pero que estaba sujeta al veto del Ejecutivo. La otra posibilidad era una ley de indulto, que debía ser aprobada por la Asamblea General por dos tercios de votos y no podía ser vetada.

La Constitución también disponía que el Poder Judicial, por vía de la Suprema Corte, pudiera otorgar una gracia especial en ocasión de la visita de cárceles que normalmente se efectúa en noviembre, pero podía ser adelantada. De cualquier manera llegar a cualquiera de estos extremos, era sumergir al país en nuevas y mayores borrascas políticas.

Mediante los secuestros, el MLN había ganado el primer round, es decir, convulsionar a la sociedad uruguaya. Por otro lado y augurando otros problemas, quienes sostenían que el Uruguay siempre era un mero espejo de la Argentina, habían leído con gran preocupación ese mismo día una noticia medio perdida en los diarios: un comunicado publicado sin firma pero con el sello de la Policía de Buenos Aires publicado en algunos medios argentinos, en el cual se anunciaba la creación de un escuadrón de la muerte en el estilo de los que ya actuaban impunemente en Rio de Janeiro. Este grupo se llamaría CRAS (Comando de Represión de Actividades Sediciosas) y se comprometía "a ejecutar por los medios más inhumanos (textual) a toda persona con antecedentes sediciosos sin especificar tendencias, ante la inoperancia de las autoridades competentes como así también de la protección de los magistrados que juzgan a los sediciosos".

Utilizando otros nombres pero parecidos argumentos, los grupos parapoliciales argentinos se constituyeron en un plazo muy breve, en unas fuerzas represivas incontrolables que cometieron en aquel país cientos de crímenes.

Desgraciadamente y confirmando las previsiones, experiencias similares fueron adoptadas al poco tiempo en nuestro país. Los famosos "comandos caza-tupamaros" que actuaron en los meses inmediatos totalmente al margen de la investigación policial o la intervención de la Justicia, fueron la mejor prueba.

Una medida insólita que se transformó de inmediato en comidilla pública, fue la primera consecuencia del pedido de amnistía de los presos tupamaros a cambio de la libertad de los secuestrados. Todos los penados por delitos comunes integrantes de la población carcelaria enviaron un mensaje a los tres poderes del Estado planteando la gracia también para ellos también.

"Sin violencia ni presiones" —decía el petitorio— "consideramos que si hay amnistía debe ser para todos. Debe considerarse que hay gente penada por delitos mucho más leves que aquellos que violan la Constitución y atentan contra la sociedad y el orden constituidos".

Si ya era difícil que el Ejecutivo aceptara las imposiciones de los terroristas, las de los presos comunes sonaban como muertas apenas nacidas. La misma mañana del día 3 de julio, luego de reunirse con sus ministros, el presidente Pacheco dispuso que el ministro del Interior hiciera saber que la respuesta al canje era negativa. De igual manera varios de los integrantes del Poder Legislativo consultados por la prensa ya habían declarado, aunque a título personal, no ser partidarios del canje porque "acceder a él sería sustituir el orden jurídico por el caos".

En cambio, los senadores Francisco Rodríguez Camusso y Alba Roballo como también el pachequista Nassim Ache, dijeron ser partidarios de la amnistía. En realidad, consultados fuera de toda exposición pública, la mayoría de los legisladores se manifestaba partidaria de no considerar el asunto y de transferir la responsabilidad de la decisión al Poder Ejecutivo.

Esa misma mañana, varios diarios capitalinos habían dedicado abundante espacio en la formulación de elogios a la personalidad del asesor de la policía Dan Mitrione. Se decía que había nacido en Illinois, la misma tierra de Lincoln, que había dedicado su vida de funcionario público a la protección de la colectividad y a la rehabilitación de los jóvenes, que era un hombre de paz convencido y católico práctico, que había combatido en la Segunda Guerra Mundial y que había formado una familia ejemplar con nueve hijos a los que había transmitido sus mismos principios morales y de respeto para sus semejantes.

Aunque era aguardada por momentos, la noticia de la liberación del juez letrado Pereyra Manelli fue recibida como un alivio y como un augurio de soluciones felices para los otros dos secuestrados.

Pereyra fue dejado por sus captores a las nueve de la noche en Soca y Feliciano Rodríguez y las mismas personas que lo dejaron libre llamaron por teléfono al actuario de su juzgado, escribano Ramón Queiruga para que lo fuera a buscar. Seguramente por disposición de las autoridades, el juez de instrucción no hizo declaraciones a la prensa acerca de los siete días y medio en los que estuvo cautivo. De cualquier manera, por las informaciones aportadas por Queiruga, se supo que estaba física y anímicamente bien, que había permanecido en una habitación muy reducida, que lo habían alimentado correctamente, que no le habían dado drogas, que ignoraba el secuestro de Días Gomide y Mitrione y que lo habían autorizado a escuchar el partido entre Peñarol y Rampla del domingo anterior. Pereyra entregó a las autoridades un sexto comunicado de los sediciosos en el que se ratificaba el tratamiento a los secuestrados, pero al parecer incluía datos de importancia que por orden expresa de las Fuerzas Conjuntas no fueron entregados a la prensa.

Si la liberación del Juez había aportado alguna esperanza, el comunicado número siete entregado también a radio Universal, terminó de ensombrecer el panorama. Según él, los secuestradores prevenían a las autoridades que el plazo para las negociaciones ofrecidas, vencía indefectiblemente el 7 de agosto a las 24 horas y que en caso de no ser aceptadas sus condiciones, se procedería a hacer justicia, es decir a la ejecución de uno o los dos capturados. El anuncio agregaba que en caso de que el Ejecutivo se aviniera a lo propuesto, el plazo de entrega de los tupamaros detenidos vencía el martes siguiente también a medianoche.

Mientras tanto, gobierno y prensa de Brasil intensificaban sus presiones. El diario conservador de Rio de Janeiro O Jornal (que no vacilaba en comparar a Pacheco Areco con uno de los más sanguinarios dictadores militares argentinos) afirmaba: "El gobierno de Montevideo sigue la orientación mantenida por el entonces presidente argentino Juan Carlos Onganía en ocasión del secuestro de un cónsul paraguayo. Una decisión idéntica ( a la adoptada por el gobierno guatemalteco que tuvo como desenlace el asesinato del embajador de Alemania Federal Von Spreti) crearía una situación dolorosa para el pueblo brasileño que solidario con su cónsul desea que su vida sea salvada sin tomar en consideración sacrificios de otra naturaleza que ello pueda costar".

Naturalmente, la llegada del día considerado límite intensificó no solamente el nerviosismo generalizado sino además las gestiones diplomáticas y los rastrillajes en toda la capital. Por un lado, el presidente Pacheco convocó a la prensa para justificar en tono muy duro, su posición política. En uno de sus aspectos medulares decía: "Quiero que mi pueblo comprenda la responsabilidad que pesa en estos momentos sobre mis hombros. (...) Que frente a esta pena inmensa que me aflige por la angustia de las víctimas de este episodio y la congoja y la desesperación de sus familias frente a la incertidumbre, siento como presidente de todos los orientales el supremo deber de sostener la vigencia del Estado de Derecho, la vigencia de la institucionalidad y la vigencia de los fueros intangibles de la justicia legítima que es la sola que puede juzgar y condenar".

De manera muy distinta pensaba la diplomacia brasileña de Itamaratí, que manifestaba claramente su intención de enfriar las relaciones con nuestro país, al anunciar que suspendía su asistencia a la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Cuenca del Plata en Asunción, porque su Cancillería estaba hondamente preocupada por el secuestro de su cónsul en Uruguay.

Trascendió además que por indicación del presidente general Emilio Garrastazú Médici, su canciller Mario Gibson Barboza había convocado en Brasilia al embajador uruguayo Adolfo Folle Martínez. Algunas versiones no confirmadas anunciaban la formación de un frente común antisubversivo integrado por militares de Brasil Argentina y Uruguay con la intención de combatir la subversión.

Es muy probable que este haya sido el inicio (o una de las formas) del Plan Cóndor, formado con el apoyo de la CIA para los mismos fines. En las mismas horas, el ministro del Interior general Antonio Francese, el subsecretario doctor Carlos Pirán y el jefe de Policía de Montevideo coronel Guillermo Rivero, ofrecían una recompensa de un millón de pesos a quienes voluntariamente aportaran datos que permitieran dar con el paradero de los secuestrados, una medida extrema que no cayó bien porque muchos la interpretaron como consecuencia de la impotencia.

La última novedad de esas horas dramáticas fue el intento de mediación de tres sacerdotes: Haroldo Ponce de León, cura párroco de San Juan Bautista, Ismael Rivas, cura párroco de Nuestra Señora del Carmen y el jesuita Justo Asiaín Márquez. Los tres hombres de la Iglesia, considerados de ideas izquierdistas independientes (el Frente Amplio demoraría aún algunos meses en fundarse) se presentaron ante las cámaras de Canal 12 pasadas las diez de la noche y plantearon la idea de que Días Gomide fuera canjeado por terroristas brasileños y Mitrione por algunos tupamaros uruguayos de significación.

Otras tres noticias que tuvieron directa relación con los sucesos, enredaron todavía más las aguas políticas. Por una de ella el doctor Martín Recaredo Echegoyen, líder de la Alianza, un importante grupo nacionalista que colaboraba con el gobierno de Pacheco, se manifestó inesperadamente partidario del canje de presos por secuestrados, sorprendiendo a sus correligionarios y seguramente también el propio presidente.

Por otra, se supo de la posición el gobierno de Perú negándose a dar asilo a los tupamaros, quienes en sus comunicados habían mencionado ese país junto a México y Argelia como destinos de los liberados en caso de llegar a buen término la negociación.

La tercera se configuró cuando la señora María Aparecida, esposa del diplomático brasileño en poder del MLN, llamó a los medios a su casa de Carrasco y les entregó una fotocopia de una carta que acababa de enviarle al presidente de su país. Esta decía: "Montevideo, 6 de agosto de 1970. Sr. Presidente Garrastazú Médici. Pasados ya seis días de la angustiosa espera desde que fue secuestrado mi querido esposo, en mi nombre, el de mis seis hijos y en el nombre de mi suegra depositamos en Dios y en vuestra excelencia toda la esperanza que aún nos queda. Este es un pedido de una madre, esposa e hijos desesperados. Quiero también pedir a su excelentísima esposa doña Scyla que es madre y comprende, que tenga la certeza de toda nuestra aflicción. Muy respetuosamente: María Aparecida Gomide y Ericina Días Gomide".

Como si todo esos hechos políticos fueran poco removedores, en la noche trascendió una insólita información de corte deportivo: el presidente de la Junta Dirigente del fútbol Julio Lacarte Muró había enviado a sus padrinos al presidente de Nacional Miguel Restuccia a causa de expresiones ofensivas vertidas por éste en una reunión de la Comisión Directiva. Al llegar la prensa a su domicilo de la calle Potosí, ya estaban allí otros compañeros de directiva. Uno de ellos, el doctor Eduardo Carrera Hughes comentó: "esta es una payasada digna de un payaso".


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