Secuestros y violencias de un período trágico para el país
A mediados de julio de 1970, Uruguay vivía uno de los momentos más convulsionados de su historia. Tanto la situación social como la política se habían tornado irrespirables, la intolerancia era el lugar común de todos los posicionamientos y realmente nadie sabía como salir del atolladero. La estrategia del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros para corroer lenta y pacientemente a las instituciones democráticas parecía estar ganando la cuereada y el destino del país se pronosticaba, en el mejor de lo casos, como incierto.
En los últimos meses se habían sucedido los asaltos a bancos, los robos de armas, los asesinatos, las bombas colocadas en los domicilios de militantes de uno y otro signo, los enfrentamientos a tiros en plena calle, con muertos y heridos, los secuestros, los allanamientos e incluso diferentes intentos de negociación en busca de una tregua.
Aunque el gobierno siempre negó radicalmente toda posibilidad de entendimiento, lo cierto es que el día 16 de junio, el doctor Carlos Fleitas, ministro de Educación y Cultura del gobierno de Jorge Pacheco Areco, había mantenido una conversación en plena cárcel de Punta Carretas, con los sediciosos presos Julio Marenales Sáenz y Jorge Maneras Lluveras. Y luego muchos políticos más (entre ellos los senadores Wilson Ferreira Aldunate, Zelmar Michelini y Amílcar Vasconcellos, el vicepresidente Alberto Abdala, el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz) también intentaron un diálogo que nunca pudo fructificar.
Dos semanas antes del intento de acuerdo promovido por el ministro Fleitas, exactamente al comenzar el mes de junio, hubo dos hechos políticos que contribuyeron a alterar aún más las posiciones y a reforzar las actitudes extremas.
Por uno de ellos, la Justicia luego de analizar el informe de la comisión respectiva del Senado, resolvió archivar el expediente conteniendo las denuncias por infidencia contra el doctor Jorge Batlle, acusado de haber empujado en provecho propio, la devaluación decretada por el ministro César Charlone el 29 de abril de 1968, en pleno Turismo, que llevó el dólar de 200 a 250 pesos.
El mismo día, se gestó en el Senado otro hecho de enorme importancia que contribuyó a redondear el análisis ciudadano de la situación imperante: el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre violación de Derechos Humanos y comisión de actos de tortura a detenidos y regímenes de detención vejatorios de la dignidad humana, un largo nombre que identificaba el trabajo de un grupo de legisladores de todos los partidos. Esta comisión, que había comenzado su labor seis meses antes y estaba integrada por los senadores Alba Roballo, Amílcar Vasconcellos, Mario Durán Rubio, Edwin Amstrong Brum, Alejandro Zorrilla de San Martín, Washington Guadalupe y Luis Hierro Gambardella, emitió su informe por unanimidad.
Más allá del palabrerío formal, sus conceptos fueron estremecedores. "Del conjunto total de las denuncias y la investigación realizada puede efectuarse una clasificación previa:
a) han sido sometidos a malos tratos y torturas, personas detenidas accidentalmente que luego fueron sometidas a la justicia y procesadas;
b) han sido sometidas a malos tratos y torturas personas detenidas accidentalmente que en ningún momento fueron imputadas de ningún delito, que no fueron en ningún momento sometidas a la justicia y que no fueron en consecuencia procesadas;
c) han sido sometidas a malos tratos y torturas personas detenidas como consecuencia de la aplicación de medidas extraordinarias;
d) una situación especial se planteó respecto a malos tratos colectivos a que fueron sometidos algunos sectores de detenidos en aplicación de las medidas extraordinarias y régimen especialmente vejatorio a que fueron sometidas las mujeres en la Escuela Carlos Nery;
e) casos que merecen examen especial es el régimen de malos tratos y torturas a que fueron sometidas mujeres detenidas, algunas en avanzado estado de gravidez y otras en compañía de sus hijos lactantes y de escasa edad y en carácter de verdaderos rehenes de familiares "imputados" de actividad gremial.
Del examen de declaraciones de detenidos, de testigos, de técnicos —abogados y médicos— de documentos manejados por esta comisión surge que los regímenes de malos tratos y torturas a que son sometidos los aprehendidos, los más habituales son:
1o.) Los malos tratos de palabra;
2o.) El sometimiento a la privación de agua y comida.
3o.) Prohibición de hacer sus necesidades fisiológicas en lugares y formas adecuadas;
4o.) Encierro en calabozos con excrementos;
5o.) Golpes en los momentos de detención sin necesidad racional de utilizarlos para reducir al aprehendido, golpes una vez detenidos ya sea mediante simple utilización del puño o de objetos contundentes; (a un detenido en una seccional policial por simple acto arbitrario, se le golpeó de tal manera que al salir de la comisaría hubo que extirpársele de urgencia un testículo);
6o.) Plantones prolongados generalmente acompañados de palizas sistemáticas;
7o.) Distorsión de miembros provocada por esas posiciones de forzoso plantón durante lapsos extensos, torceduras provocadas por funcionarios que castigan a quienes deben trasladar de un lugar a otro o a quienes no resisten los plantones impuestos;
8o.) Utilización de sistemas de "ataduras" en forma especialmente dolorosa —manos atadas a los miembros inferiores en posiciones difíciles—;
9o.) Picana eléctrica en diferentes partes del cuerpo, especialmente: talones, órganos sexuales, en un caso concreto se pudo constatar en los ojos (certificado médico y declaraciones);
10o.) Quemaduras de cigarrillos en los genitales, en el ano y se ha señalado en un caso concreto conocido, de un procesado que resultó quemado con más de sesenta quemaduras de cigarrillo en el bajo vientre (declaración de médico forense);
11o.) A todo esto se agrega el uso cotidiano de la tortura psicológica agravando los malos tratos y la tortura física que toma diversas formas y modalidades y en algunos casos se han señalado intentos de violación y manoseo a mujeres detenidas y exposición en lugares donde tienen acceso funcionarios de jóvenes, incluso menores de edad, obligadas a desnudarse;
12o.) Mujeres embarazadas sometidas a trato inhumano, privación de agua y alimentos, en algún caso concreto, mujeres detenidas en represalia contra sus familiares junto a sus hijos menores, debieron permanecer sin alimentos para atender sus indispensables necesidades alimenticias". Es imperioso recalcar que todo esto ocurría no en una dictadura, sino en un gobierno constitucional.
La presencia en Canal 12 del cantautor catalán Joan Manuel Serrat prevista para el 1º de julio de 1970, apenas si había desviado la atención de los orientales, absorbida por una alteración social que llenaba de angustias a la gente. En conferencia de prensa previa, Serrat había declarado que tenía 26 años, que era soltero y que el año siguiente se retiraría para dedicarse a su profesión, que era la de ingeniero agrónomo. Muy pocos de aquellos que el día del concierto abarrotaban los estudios del canal y que a duras penas pudieron ser contenidos por el presentador Ruben Castillo y los directivos Olivencia y Germán Araújo, se lo creyeron. A partir de Tu nombre me sabe a hierba, hubo en la platea suspiros, llantos, gritos, desmayos e histerias varias, pero a la mañana siguiente se volvió a la dramática realidad de todos los días.
Ya el 30 del mes anterior había sido capturado en una casa de la avenida San Martín Héctor Amodio Pérez, un hombre de extrema importancia en los cuadros superiores del MLN considerado uno de los responsables de los secuestros del dirigente pachequista Ulysses Pereyra Reverbel y del banquero y propietario de la empresa Seusa editora de La Mañana y El Diario, Gaetano Pellegrini Giampietro.
Amodio Pérez, un ex obrero gráfico quien posteriormente se fugó de la cárcel de Punta Carretas junto a 104 compañeros más y seis presos comunes, fue detenido otra vez y en esa oportunidad negoció su libertad y la de su compañera Alicia Rey Morales, a cambio de abundante información que proporcionó a las Fuerzas Armadas, y resultó decisiva para destruir el aparato armado del movimiento sedicioso. No fue el único hecho removedor de esas horas. El 4 de julio se produjeron varios enfrentamientos con armas de fuego a consecuencia de los cuales fue muerto el agente Armando Leses, que permanecía de custodia en la casa del subjefe de Policía de Montevideo. El 1º, el 17 y el 22 los tupamaros asaltaron tres sucursales bancarias.
El mismo día 17, en un suceso ajeno, pero que confirmó la violencia de los grupos guerrilleros americanos, apareció el cadáver del ex presidente argentino general Eugenio Aramburu, secuestrado semanas atrás. El 26 fue sancionado por diez días el diario comunista El Popular a causa de un artículo titulado Voltear al gobierno. El 28, un grupo armado perteneciente al MLN secuestró en su domicilio al juez letrado de Instrucción Daniel Pereyra Manelli y al día siguiente se difundió un comunicado según el cual los tribunales revolucionarios habían comenzado a actuar y el juez sería interrogado durante 48 horas por irregularidades judiciales.
El último día del mes los hechos se agravaron con dos secuestros con violencia a dos funcionarios extranjeros y otros dos fallidos contra empleados de la embajada de Estados Unidos.
Los diarios del 1º de agosto no se dieron descanso publicando notas, fotos, entrevistas y esquemas gráficos. En orden cronológico, el inicial había sido el de Dan Anthony Mitrione, perteneciente a la Asistencia Técnica de la Jefatura de Policía de Montevideo. Era experto en Seguridad de la AID (Agencia Internacional para el Desarrollo), había sido jefe de Policía en Richmond, Indiana, luego agente de Seguridad en Brasil y ahora trabajaba en una oficina montada en la Dirección de Investigaciones de nuestra capital. Tenía 50 años, medía 1,85 y era padre de nueve hijos.
A las 8 y 15 de la mañana, no bien salió de su casa situada en Pilcomayo y Alejandro Gallinal, en un coche Opel conducido por un sargento de apellido González, su vehículo fue chocado de atrás por una camioneta International con caja de donde saltaron cuatro individuos que los redujeron, quitaron las armas e introdujeron a Mitrione, pese a su corpulencia, en un Peugeot que apoyó la maniobra. González, muy golpeado, pudo dar aviso a la Policía y dijo que Mitrione estaba herido. En el operativo participaron, según testigos, 10 jóvenes con armas cortas. Una, era una mujer.
Media hora después, un hombre vestido como empleado de UTE llegó hasta la casa de la calle Potosí, en Carrasco, donde vivía Aloysio Días Gomide, cónsul brasileño y primer secretario del embajador, con la aparente intención de arreglar una línea telefónica rota. Es necesario aclarar que en ese momento, Antel no existía.
La empleada le abrió la puerta y tras él entraron ocho o nueve personas, incluidas dos mujeres, quienes portando armas llegaron hasta el dormitorio donde aún se encontraba el diplomático, lo obligaron a vestirse y lo condujeron hasta el garaje llevándoselo en el propio Mercedes Benz verde propiedad de Días Gomide. Tras ese auto partió una camioneta gris tipo rural que servía de cobertura. Más tarde el Mercedes fue encontrado en los alrededores del Parque Rivera. Trascendió que los captores habían llamado a la embajada de Brasil solicitando un millón de dólares para su liberación.
El operativo para el tercer secuestro que terminó en fracaso, comenzó más temprano, pero culminó un par de horas después. A las 7 y 10 de la mañana, unas personas se acercaron a una camioneta oficial perteneciente al Ministerio de Obras Públicas que estaba estacionada en Scosería y la Rambla, encañonaron al conductor, lo subieron al vehículo y lo dijeron que "se lo pedían prestado para realizar un trabajito y luego se lo devolverían".
El chofer fue abandonado en la zona de Trouville y la camioneta llegó hasta la puerta del edificio Acapulco sobre la calle Benito Blanco, donde vivían en un apartamento Michael Gordon Jones, segundo secretario de la embajada de Estados Unidos y su familia, mientras en otro lo hacía Nathan Rosenfeld, agregado cultural. Como normalmente hacían juntos el trayecto a la Embajada, los esperaron en el garaje y forzaron a subir al auto diplomático a Gordon, que era quien realmente les interesaba abandonando a Rosenfeld, quien en el forcejeo recibió un culatazo. Posteriormente, Gordon fue atado de pies y manos, envuelto en una frazada, también atada y trasladado a una camioneta Austin. (Parecía una mortadela, dijo el primer testigo que lo socorrió). Sin embargo, en el camino el segundo secretario logró arrojarse al pavimento donde magullado y maltrecho pudo pedir ayuda.
No se sabe si sus captores no se dieron cuenta de su ausencia o prefirieron no regresar a buscarlo. Hasta ese momento, contando al juez letrado Pereyra Manelli, sumaban tres las personas secuestradas por los tupamaros, pero ahora las cosas empezaban a tener repercusión internacional, poniendo en estado de alarma a países amigos.
El mismo 31 de julio por la tarde, una voz femenina llamó a la redacción de El Diario y dijo que en el baño de un local de determinada galería céntrica, el MLN había dejado un comunicado que le interesaba fuera difundido. El procedimiento no era nuevo y el autor de estas notas, trabajando en el diario Ya, llegó a realizar más de una diligencia parecida, respondiendo a un telefonazo anónimo.
Los periodistas del colega llegaron hasta el lugar indicado y encontraron un comunicado del MLN que no solamente daba pruebas de que los secuestrados estaban en su poder sino que fijaba condiciones para su liberación.
El texto era el siguiente: "exigimos la inmediata liberación de los presos políticos cuyos nombres daremos oportunamente a conocer, para poner en libertad a los funcionarios diplomáticos detenidos por nuestra organización. El estado de salud del cónsul de Brasil es bueno. El funcionario de Estados Unidos recibió una herida de bala durante la acción, dictaminada por nuestro servicio sanitario de la siguiente manera: "herida de bala con orificio de entrada a la altura del manubrio external borde derecho con orificio de salida en la región axilar izquierda. Herida en sedal. Hay un pequeño orificio sobre el borde izquierdo del esternón, que parece producido de adentro afuera al pasar el proyectil hacia afuera. La bala siguió su trayectoria hacia el orificio de salida descrito. Pleuro pulmón, normal. No hay elementos de neumo ni hemotórax. Cardiovascular, corazón y pulso, normales. No hay seguramente heridas del paquete axilar ni tampoco visceral. Tenemos en nuestro poder los objetos personales que llevaban al ser detenidos: un reloj pulsera marca Rólex con la siguiente inscripción: "A Dan Mitrione, sus amigos de PM. Río, 23/6/67". "Y también una alianza con la siguiente inscripción: "María Aparecida, 16/10/54", que pertenece al señor cónsul de Brasil. Serán devueltas oportunamente. En cuanto al señor Pereyra Manelli se encuentra bien, mientras prosigue su interrogatorio. Una vez aceptado el canje, haremos conocer la lista de presos políticos que deberán ser liberados y al país donde deben ser remitidos".
Claramente, el MLN arrojaba la pelota a la cancha del adversario y al mismo tiempo pulseaba sus reacciones. Ahora era el gobierno del presidente Pacheco Areco, quien debía decidir si negociaba o no con los tupamaros. Hasta ese momento, su posición había sido siempre muy firme al no aceptar treguas ni acuerdos, pero los guerrilleros pensaban que al estar en juego la libertad o incluso la vida de funcionarios de otros países, todo podía variar.
Llevado por las circunstancias impuestas por la violencia interna, Pacheco se encontró ante la decisión más difícil de su vida pública. Por un lado, aspiraba a la reelección y para eso debía demostrar que seguía siendo el hombre duro y firme que la gente quería. Esos propósitos solamente podrían consolidarse mediante una reforma constitucional y para cumplir esos fines, sus partidarios ya habían comenzado a reunirse configurando la Unión Nacional Reeleccionista. No parecía un logro imposible y posteriormente, los números electorales del 71, probaron que se había estado a un paso.
Pero por otro lado, se vio de buenas a primeras con la presión de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil. Los embajadores en Uruguay de ambos países, habían mantenido reuniones urgentes y secretas con el ministro de Relaciones Exteriores Jorge Peirano Facio. El propio vicepresidente Alberto Abdala, que aspiraba a la candidatura presidencial que se plantearía al año siguiente, acababa de hacer declaraciones públicas que podían ser entendidas de varias maneras. "Somos gente de paz, así lo hemos proclamado siempre. La violencia demuele y no construye. La de ahora, es la hora de la conciliación, del entendimiento e incluso de la amnistía". No hay que ser indiferente. Es absolutamente imprescindible defender al país con valentía y en la valentía entra también reconsiderar errores que durante años han esperado ser borrados" (Los subrayados son nuestros).
Los días inmediatos, complicarían aún más la situación.
Los días inmediatos, complicarían aún más la situación.
Leer: Secuestros de 1970, por Di Candia - II
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