Rodríguez Buratti era el jefe del Departamento III, del Servicio de Información de Defensa (SID) que tenía a su cargo "Planes, Operaciones y Enlace". Era el "301", el superior de José Gavazzo (el "302") y de los demás elementos de la patota criminal. Se lo involucra a la sanguinaria represión del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), el secuestro de Simón, hijo de Sara Méndez, e incluso al trágico destino de María Claudia García de Gelman. Gracias a estas acciones llegó a coronel de la dictadura.
La tarde del lunes 12, mientras el Juez Luis Charles redondeaba su sentencia contra los oficiales José Gavazzo, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, Ricardo Arab, Ernesto Rama, Luis Maurente y los ex policías Ricardo Medina y Pedro Sande, muy lejos del Juzgado se realizaba el sepelio de los restos de Rodríguez Buratti.
El cadáver fue despedido no sólo por su familia. También se manifestó un selecto grupo de gorilas retirados: Paulós, Rebollo, Mermot y otros. El Gral. Paulós no perdió la oportunidad de arrojar un mensaje que merece transcribirse en su totalidad:
"Reciban la solidaridad de quien fue su superior en algún momento, que cree interpretar el sentir de toda la familia militar. Hoy asistimos a un sepelio distinto, porque la sangre sacrificada del coronel Juan Rodríguez Buratti lo identifica como la primer baja de combate en esta guerra psicopolítica de la que fue víctima. Guerra psicopolítica manejada a su antojo por los terroristas tupamaros y sus aliados, que ayer militarmente derrotados y hoy desde sus nuevas posiciones políticas ejercen y se vanaglorian de su revanchismo. La muerte del coronel Rodríguez Buratti es un mensaje que desborda el ámbito militar, para alcanzar a toda la sociedad. Es un hito que señala una diferenciación con la anterior etapa de palabras y escritos, con los que los vaivenes leguleyos nos han ido envolviendo, favorecidos por indecisiones y desvíos del ámbito militar. Esta primera baja de combate es un acontecimiento histórico-militar que no se extingue con este acto sino que llama a responsabilidad y reflexión, que a todos nos alcanza y en especial a los mandos.
"Querido camarada, Coronel Juan Antonio Rodríguez Buratti, primera baja de combate de esta guerra psicopolítica, hoy no hay toque de silencio, quizá sea este tu mensaje final el silencio austero y mal interpretado como aceptación del agravio que por 20 años hemos tenido debe tener fin. Llegó el momento que los mandos ahora tomen la palabra.”
Los encubridores
Mientras se dispersaba la treintena de asistentes a las exequias del “301”, en la otra punta de Montevideo, el Juez Charles concluía el procesamiento con prisión de todos los implicados (salvo “301” por razones obvias). Fueron acusados de asociación para delinquir y privación de libertad sólo por la desaparición del militante del PVP Adalberto Soba, aunque la investigación incluía a otros militantes del PVP (Alberto Mechoso, León Duarte y Gerardo Gatti) y a Washington Barrios (MLN).
Cuando se develaba la sentencia del Juez Charles los ex presidentes Sanguinetti, Lacalle y Batlle estaban el la Bolsa de Comercio siendo nombrados "Académicos de Honor, Académicos de Número y Académicos Supernumerarios" a la Academia Nacional de Economía. Ante los requerimientos de la prensa Lacalle prefirió callar. Batlle fingió cierta sorpresa y se refirió en general a la independencia del Poder Judicial. Pero Sanguinetti, padrino de los impunes, no pudo dejar de defender sus viejas prácticas de obstrucción a la justicia, revalidando sus credenciales de obsecuente encubridor de los crímenes del terrorismo de estado. "El Ejecutivo cambió el espíritu de la Ley de Caducidad” sentenció.
La justicia bienvenida
Por su parte, Sandro Soba, hijo del desaparecido Adalberto Soba, manifestaba al frente el Juzgado: “Creo que se abre un paso para romper la impunidad, lo que quedó en el debe de otros gobiernos, y eso es lo más importante”.
En declaraciones para Últimas Noticias, el Secretario de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, Luis Puig, señaló que estos hechos constituyen un "paso adelante que permite a la sociedad uruguaya recobrar el valor ético de la justicia". Y espera que sirvan de impulso para la anulación de la ley de caducidad. El sindicalista dijo que "al igual que lo hicieron muchos compañeros, como la Tota Quinteros, que no descansaron en la lucha a pesar de las dificultades", habrá que seguir trabajando.
Hebe Martínez Burlé resaltó categóricamente: "hoy sí empieza el derrumbe del muro de la impunidad en este país, la recuperación de la dignidad de la justicia".
De este modo, los represores no podrán ser extraditados a Argentina, donde tienen juicios pendientes, hasta después de que cumplan penas de hasta 12 años de prisión en Uruguay.
El Fallo
Frente la Juez habían declarado: Ricardo Gil Iribarne, Ruben Prieto, Alicia Cadenas, Ana Inés Quadros, Sergio López Burgos, Beatriz Barboza, Francisco Peralta, Sara Méndez, María Rama, Eduardo Dean, María del Pilar Nores y Beatriz Castellonese. Según el dictamen: "Corresponde destacar que los testimonios vertidos en autos, por denunciantes y testigos, han sido contundentes ya que en ningún momento resultaron dubitativos, sino claramente aseverativos; minuciosos en los detalles relativos a la forma de comisión de los hechos''.
Y concluye, entre otros aspectos, reconociendo que ''Es posible ubicar los hechos denunciados relativos a la detención y posterior desaparición de Adalberto Waldemar Soba Fernández, militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) (...) en el contexto de la coordinación operacional de los gobiernos de hecho que regían en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, denominado Plan Cóndor''.
PVP
Montevideo, 12/9/06.
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