LA MARCHA DEL 20 DE MAYO EN OTRO CONTEXTO POLÍTICO

UN SILENCIO CARGADO DE SENTIDO. LA MARCHA DEL 20 DE MAYO EN OTRO CONTEXTO POLÍTICO

La llamada Marcha del Silencio, por verdad y justicia, que este año se realizará al atardecer del martes 20, adquiere definitivamente una connotación artiguista: no es necesario convocar, un pueblo se convoca a sí mismo y se moviliza contra la impunidad y el terrorismo de Estado. En ese marco, la campaña por la anulación de la ley de caducidad cargará de un nuevo sentido el silencio.

ESTE AÑO ESE formidable gri­to silencioso de dignidad se hará sentir en un escenario político y social distinto, ca­racterizado por nuevos fac­tores, irreversibles, producto de los niveles de conciencia y determinación que ha al­canzado la lucha por la plena vigencia de los derechos hu­manos.

Concurren elementos de­finitorios para la resolución del conflicto social instalado hace 22 años cuando una mayoría parlamentaria cedió a la pre­sión de los militares y sancio­nó la ley de caducidad. A sa­ber: el procesamiento y la pri­sión del ex dictador Gregorio Álvarez, que constituyó un punto de inflexión respecto de la impunidad de los mandos militares responsables en últi­ma instancia de las aberracio­nes durante la dictadura; ese y otros procesamientos, como consecuencia de las investiga­ciones judiciales, iniciaron una etapa de rescate pleno de la justicia, en la que el castigo es resultado de la recuperación de la verdad que exhibe en toda su dimensión (el secues­tro en el exterior, el traslado clandestino y la eliminación sistemática, en el país, de cien­tos de compatriotas desapare­cidos) el terrorismo de Estado en el plano de la coordinación represiva del Plan Cóndor; el traspaso del umbral de 100 mil firmas para habilitar el plebis­cito por la nulidad de la ley de caducidad; la decisión del Frente Amplio de participar orgánicamente en ese proceso de recolección de firmas, y, finalmente, el despliegue de un debate nacional sobre el terrorismo de Estado, que obli­ga a sus responsables a romper el corsé del silencio y a ensa­yar justificaciones de aquellas prácticas, con lo que, inevita­blemente, los militares que has­ta hoy concedieron respaldo a los represores impunes, y los políticos cómplices de la dere­cha, deberán definir si siguen apoyando la impunidad. No tienen otra alternativa ante el reclamo de verdad y justicia que interpela en el comienzo de la campaña electoral.

AMBIGÜEDADES.
El nuevo escenario, sin embargo, está plagado de ambigüedades, y por ello, en más de un plano, la marcha del martes también ten­drá un carácter de plebiscito. Algunas de esas ambigüeda­des tienen patas cortas. Quizás las declaraciones de los gene­rales Carlos Díaz y Ángel Bertolotti, ante el juez penal Luis Charles, en el expediente del llamado “segundo vuelo”, sean representativas de las “justifi­caciones”: ya no se producen las negativas altaneras a con­currir ante un magistrado, como antes, pero las explica­ciones son hasta cierto punto infantiles. Ambos generales adujeron que el Organismo Coordinador de Actividades Antisubversivas (OCOA) no ha­bía operado en Argentina, como si con ello pudieran eli­minar la responsabilidad insti­tucional en el Plan Cóndor. Si no fue el OCOA, ¿qué organis­mo fue? No lo saben. En los hechos, no existe demasiada distancia de la otra “justifica­ción” ensayada, con mayor cinismo, por uno de los oficia­les que actuó en el exterior: se le atribuye a Gilberto Vázquez la afirmación de que concurre a los juzgados “para mentir”.

La ambigüedad mayor, entonces, está referida a lo que el abogado Oscar López Goldaracena califica como un dé­ficit persistente de este proce­so: la incapacidad del Estado para dar el paso decisivo del reconocimiento de la respon­sabilidad institucional en los crímenes de lesa humanidad.

“Se ha votado una ley de repa­ración para los presos y per­seguidos de la dictadura –dice López Goldaracena-. Por tanto, si se repara, es porque ha habido daño. Pero el Estado, que repara, no reconoce su responsabilidad en el daño.”

La ambigüedad de la polí­tica gubernamental respecto de las Fuerzas Armadas ex­plica la ausencia de responsa­bilidad estatal. La exclusión de ciertas denuncias de los alcances de la ley de caduci­dad fue el elemento determi­nante para que la justicia reto­mara el proceso de investiga­ción y ello marcó un quiebre fundamental con la política de impunidad de los gobier­nos anteriores. Los casos de desapariciones investigados judicialmente en los últimos dos años modificaron la ver­sión oficial de los hechos. Pero, sostiene López Goldaracena, no se verifica una ac­titud “proactiva” del Poder Ejecutivo respecto de las his­torias que emergen de esas investigaciones. Según el abo­gado, el gobierno debería “disponer todas las medidas para llegar a la verdad. No alcanza con que solamente se saquen casos de la ley”. La justicia maneja elementos de convicción suficientes como para afirmar que hubo trasla­dos clandestinos de prisione­ros secuestrados en el exterior. “El gobierno tiene la obligación de exigir a sus su­bordinados que brinden la información. Y si no lo hacen, deben adoptarse las medidas disciplinarias.” Sin embargo, pese a la confirmación de esos extremos, el presidente, en tanto comandante supremo de las Fuerzas Armadas, se abs­tiene de dar la orden y se limita a “invitar” a los oficiales involucrados a que aporten los datos.

¿A qué obedece esa ambi­güedad? A la falta de una po­lítica de Estado para las Fuer­zas Armadas, postura condi­cionada por “el día a día” en la relación con los militares, que impide, entre otras cosas, una necesaria depuración de las filas y que provoca situacio­nes que debilitan la verticali­dad, como los reproches del comandante del Ejército, Jor­ge Rosales, a la actuación de la justicia chilena en el caso de los tres oficiales extradita­dos por el asesinato de Eugenio Berríos. “Es necesaria una política de Estado sobre las Fuerzas Armadas en cla­ve de derechos humanos “, reclama López Goldaracena.

“No se solucionan los temas con un pacto de silencio. Quie­nes cometieron esos delitos son indignos de tener armas”, agrega.

En el reclamo de una pos­tura proactiva del Ejecutivo para rescatar la verdad y habili­tar la justicia, el acceso a los archivos militares juega un pa­pel predominante. En este pla­no también se comprueba una dualidad: hubo una actitud res­pecto de los archivos de la can­cillería, en que se habilitó el acceso a investigadores, y otra de total restricción respecto de los archivos militares (véanse páginas 18 a 20). En este plano se da, además, una paradoja: el gobierno no logra ubicar la in­formación sustancial que per­mitiría conocer la verdad sobre algunos de los casos más em­blemáticos del terrorismo de Estado, pero “la mano de obra desocupada” accede a esa in­formación, esté donde esté, y la utiliza en un manejo de inteli­gencia clandestino. Esa “mano de obra desocupada” manipula la información todavía secreta para interferir en las investiga­ciones y para presionar. Tal es el caso de la transcripción par­cial del contenido de una gra­bación del interrogatorio a una detenida en Argentina que co­laboró con los comandos re­presivos en la persecución de militantes del PVP en Buenos Aires en 1976. La transcrip­ción tuvo el inequívoco objeti­vo de desacreditar y exponer al escarnio a quien, aun habiendo colaborado hace años con los represores, accedió finalmente a facilitar la búsqueda de María Claudia García de Gelman y de su hija Macarena, secuestrada después de nacer en cautive­rio. La reproducción de parte de su interrogatorio, en un li­bro del periodista Álvaro Alfonso, recogido después en el libro editado recientemente por el Centro Militar, tuvo todas las características de una vengan­za. Su utilización sólo sirvió para el desprestigio; sin embar­go, el gobierno no tiene acceso a esa cinta grabada, que podría aportar elementos sobre la identidad de quienes torturaron y asesinaron a uruguayos en Buenos Aires.

A caballo de las ambigüe­dades que se manifiestan en el ámbito judicial (hay algunos magistrados decididos a ac­tuar y otros que prefieren una actitud de prescindencia, situación que López Goldaracena define como la coexistencia de “una cultura jurídica renovadora y otra conser­vadora”), los nostálgicos re­toman las prácticas de seguimientos y amenazas, que di­latan la total superación del terrorismo de Estado. Con­viene recordar que, pese a las invocaciones permanentes del diputado colorado Daniel García Pintos a la “banda te­rrorista tupamara”, en los úl­timos 20 años los únicos que han practicado terrorismo, explotando bombas e impul­sando atentados, son aquellos que, en los cuarteles, se escu­dan en la impunidad y se apro­vechan de una supuesta soli­daridad de cuerpo.

LA ANULACIÓN INEXORABLE.
Parece llegado el momento de eliminar los factores de impu­nidad que impiden la total de­mocratización. La anulación de la ley de caducidad se convierte en el paso cualitativo. En ese sentido, la consigna que exige verdad y justicia en la marcha del próximo martes sólo puede concretarse con la anulación de la ley, y si ese reclamo no está en la convocatoria es porque no existe consenso en la Asocia­ción de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, don­de un sector, aparentemente mi­noritario de familiares, se ads­cribe a la “visión oficialista”.

La reprobación del presi­dente Tabaré Vázquez a la decisión del Frente Amplio de adherir a la campaña de recolección de firmas instala una nueva contradicción, que se sintetiza en la oposición entre dos fechas: el 20 de mayo, que reclama verdad y justicia, y el 19 de junio, pro­puesto por el presidente como el Día del nunca más hermanos contra hermanos.

La contradicción, como se sabe, no necesariamente deri­va en parálisis. La exclusión de casos de la ley de caduci­dad fue determinante para avanzar, y la obtención de las 100 mil firmas, atribuible en gran medida a la participa­ción de los militantes del Fren­te Amplio que se incorpora­ron a esa tarea, parece volver inexorable la instancia del ple­biscito. Con una movilización masiva y nacional por la reco­lección de firmas, ¿se atreve­rá la derecha a defender la impunidad en tiempos elec­torales? Todo hace presumir que la “mano de obra desocupada”, sin apoyaturas consistentes, se desflecará en sus pujos desestabilizadores anodinos, porque el miedo parece definitivamente desterrado de la sociedad. Aun­que, como señala Luis Puig, se­cretario de Derechos Humanos del PIT-CNT. “hay que permanecer alertas”.

Samuel Blixen
Tomado de Brecha, 16/5/08.